jueves, 21 de febrero de 2008

Al menos cuatro muertos dejó la represión a las protestas campesinas en Perú

TeleSUR

En Perú cuatro campesinos murieron y ciento cincuenta permanecen detenidos producto de la represión policial durante los dos días de jornada del paro agrario. Los manifestantes reclaman al Gobierno de Alan García ayudas para la deuda agraria, compensaciones por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y menores pagos por el uso del agua.


- Gobierno de Perú suspende garantías en ocho provincias por huelga campesina contra TLC


En la segunda jornada de protesta de agricultores en ocho regiones de Perú, cuatro personas murieron, decenas están detenidas y las principales carreteras se mantienen bloqueadas para exigirle al presidente Alan García medidas eficientes que disminuyan los efectos nocivos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Frente a esta nueva huelga, el Gobierno se vio obligado a decretar el Estado de Emergencia.

La decisión del Ejecutivo implica la suspensión de garantías constitucionales ciudadanas, con lo cual el Estado queda libre para realizar detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial, prohibir concentraciones e impedir el libre tránsito.

Este martes un agricultor perdió la vida en el sureño departamento de Arequipa, al caer por un precipicio cuando huía de los gases lacrimógenos que había lanzado la policía, en la Panamericana Sur, a unos 900 kilómetros al sur de Lima. El caso se sumó al de un comunero muerto el lunes en Barraca.

Asimismo, a estas víctimas se sumaron otros dos campesinos muertos por herida de bala en el andino departamento de Ayacucho durante la dura represión policiar a una marcha, reportó Radio Programas del Perú (RPP), en un incidente en el que varias personas resultaron heridas.

Durante esta segunda jornada de huelga nacional un buen número de vías de comunicación se mantienen bloqueadas en la costa e interior del país, especialmente en los departamentos de Cuzco, Arequipa, Ancash y Ayacucho.

El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, justificó las acciones de represión al decir que "las Fuerzas Armadas asumen el orden del control interno en las citadas provincias para defender el orden público, defender a la ciudadanía, defender a las familias, defender a los ciudadanos que estaban transitando".

Del Castillo sostuvo que los responsables de los actos de violencia serán investigados por la Fiscalía y para ello, agregó, ya ha entregado a esa institución "pruebas" que ayudarán a identificarles.

Argumentó que la medida de emergencia decretada se debió a la necesidad de "restablecer el orden y la dignidad de todos los peruanos".

Asimismo, consideró que los desórdenes son consecuencia de la "irresponsabilidad" de los dirigentes de la Junta Nacional de Usuarios de Riego y de la Convención Nacional del Agro (Conveagro), que -a su juicio- se plegaron al paro sólo por "compañerismo", sin medir las consecuencias.

El alto funcionario hizo un llamado a los dirigentes agrarios que impulsan desde este lunes un paro indefinido, a que acepten el diálogo con el Gobierno para solucionar así sus demandas.

A esta solicitud, los gremios campesinos y la Junta Nacional de Usuarios de Riego (JNUDR) mantienen la firme decisión de continuar con el paro nacional en demanda de soluciones a la deuda agraria, compensaciones por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el uso del agua.

Maestros reclaman en el Congreso

A la par de esta crisis nacional, el Gobierno de Alan García está enfrentado a casi todas las gobernaciones y al gremio magisterial de su país, debido a la aprobación de un decreto que condiciona el ingreso de profesores de mayor calificación universitaria en el sistema de escuelas públicas.

Este martes los maestros marcharon hasta la sede del Congreso de la República por este caso.

Varios gobiernos regionales han dictado ordenanzas que abren las contrataciones a todos los maestros, sin exclusiones, pese a amenazas oficiales de enjuiciar a los discrepantes.

El presidente García anunció el domingo la flexiblización de la norma; sin embargo, los presidentes regionales (gobernadores) exigen la anulación del decreto, tema que trataban este martes en reunión a puerta cerrada con el primer ministro, Jorge del Castillo.

Desde que asumió la presidencia, en julio de 2006, Alan García se ha enfrentado a huelgas de maestros, médicos, enfermeras, trabajadores de puertos, mineros, campesinos y agricultores, productores de coca, trabajadores de las morgues y obreros en general.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=63549

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