REPORTAJE /A diez años de acteal

5 de noviembre del 2007

Ninguno de los encarcelados ha sido sentenciado como paramilitar
El origen: múltiples episodios de un plan contrainsurgente

Hermann Bellinghausen /I

Acteal marcó la historia y la imagen de México ante el mundo de manera indeleble. La masacre no fue un hecho aislado. Antes y después de aquel 22 de diciembre, en el Chiapas indígena se han sucedido ataques directos de paramilitares, tropas regulares o policías contra comunidades y familias bases de apoyo zapatistas, así como de otras organizaciones fuera del espectro gubernamental. Muertes, quema de casas, despojos de cultivos y tierras, desplazamientos, agresiones fratricidas.
Como hizo desde el 1º de enero de 1994 al ocurrir el levantamiento zapatista, La Jornada cubrió puntualmente los hechos violentos que se fueron sumando en diversas regiones y municipios: Sabanilla, Tila, El Bosque, Ocosingo, Chilón, Pantelhó, Chenalhó. Corresponsales, enviados, fotógrafos, incluso analistas desde el lugar de los hechos fueron con frecuencia testigos de decenas de episodios en apariencia aislados que trazaban la ruta de una estrategia de contrainsurgencia y potencial guerra civil.
Al mismo tiempo, decenas de reporteros y articulistas documentaban los ires y venires desde el centro político. Las declaraciones y acciones del gobierno federal, el Congreso, los empresarios, la Iglesia católica. Y también la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, la academia. Por lo demás, La Jornada continuaba con el seguimiento del movimiento zapatista.
Alzamiento indígena
En las páginas de este diario se fue registrando un proceso social, político y cultural que con la masacre de Acteal enfrentaría un terrible baño de sangre. Y por donde más dolía: entre hermanos de pueblo. Lo que en 1994 había sido una declaración de guerra y un alzamiento indígena contra el gobierno del país se fue convirtiendo en una “guerra civil” permitida, propiciada, construida, forzada incluso por instancias gubernamentales. Antes de ella, las comunidades rebeldes y las oficialistas convivían en paz. La rebelión de unos no era contra los otros.
Hubo lugares donde la confrontación inducida “prendió”. Con programas sociales, educativos y productivos, con adoctrinamiento y control de la “población leal” al gobierno y al Ejército Mexicano. Primero en el territorio chol de la zona norte, donde la organización priísta Paz y Justicia intensificó desde 1995 una ofensiva contra la población zapatista y la “sociedad civil” de variable filiación perredista. Costaría decenas de muertes, incontables emboscadas, saqueos, violaciones, miles de desplazados. Primero Sabanilla, Tila y Tumbalá. Luego Chilón. A partir de 1997 se expandió a Chenalhó.
Aún duele decirlo, pero la matanza de Acteal pudo evitarse. Las señales eran abundantes y se hicieron públicas de múltiples maneras. Como escribió aquí Fernando Benítez el 27 de diciembre de 1997: “¿Qué más decir, si han sido inútiles los numerosos artículos que he escrito en defensa de los indios, así como los de mis colegas de La Jornada y de muchos otros periódicos? Parecen inútiles las palabras”.
Hay que recordar que en los días posteriores a la masacre se realizaron protestas y actos multitudinarios en más de 100 países, la mayor manifestación global hasta entonces, antes de las grandes movilizaciones internacionales contra la globalización y la guerra imperial. Se demandaba justicia al gobierno mexicano, y un alto a la guerra de baja intensidad, que oficialmente no existía. De hecho, nunca ha “existido”. Como jamás existieron oficialmente grupos paramilitares. Ni entonces ni ahora. No obstante, han pisado la cárcel con diversa fortuna miembros y dirigentes de Paz y Justicia, los Chinchulines, el “grupo de autodefensa” de Chenalhó, y más recientemente la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).
Todos tienen en común ser priístas o de partidos afines, y vinculados in situ con el Ejército, pero ninguno ha sido sentenciado como paramilitar. Sólo los procesados por los hechos de Acteal pagan cárcel por participar en acciones armadas contra otros indígenas. Y esto, porque llegaron demasiado lejos y fueron capturados casi con las manos en la masa. El escándalo mundial fue inmenso, alguien tenía que pagar. Como siempre que las cosas se le complicaban al gobierno, alguien serviría de fusible. Acteal “costó” mucho: un secretario de Gobernación, un comisionado para la paz del gobierno federal, un gobernador y sus colaboradores; fueron procesados un general retirado (director de la policía auxiliar y coordinador de asesores de Seguridad Pública del estado), algunos mandos policiacos y decenas de indígenas “autoarmados”. Allí se cortaba la correa de transmisión. Antes de irse, el titular de Gobernación, Emilio Chuayffet, alcanzó a remachar: “No se puede culpar al gobierno, ni siquiera por omisión”. El Ejecutivo y el PRI se deslindaron, condenaron enérgicamente la violencia, abrieron (y cerraron) investigaciones, y siguieron tan campantes.
Vayamos un poco más atrás. Desde 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo fue extendiendo en la entonces llamada “zona de conflicto” el fenómeno de la paramilitarización de comunidades, simétrica a la masiva ocupación militar decretada el 8 de febrero de ese año, cuando el gobierno salió a la caza de la comandancia zapatista, lanzó una ofensiva de tropas en la selva Lacandona, la zona norte y los Altos, y prácticamente ocupó las comunidades.
Con ello, el Ejecutivo quebrantaba su palabra, una oferta de diálogo hecha al EZLN poco antes de la ofensiva, mediante el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, y la subsecretaria Beatriz Paredes. Ese encuentro abortado quiso funcionar como carnada para capturar a la comandancia rebelde. Desde entonces, los zapatistas llaman a aquello “la traición de Zedillo”. No sería la única. Otra más cancelaría las negociaciones de paz (que no se han vuelto a concretar) al incumplir los acuerdos de San Andrés, firmados en febrero de 1996 por los representantes del gobierno federal y directamente aprobados por el secretario Chuayffet. Su antecesor Moctezuma había dejado el cargo un año atrás, a raíz de su “negociación” desfondada por el propio presidente.
Se fueron sucediendo episodios diversos, algunos de envergadura. Los gobernadores priístas de Chiapas caían uno tras otro, antes y después de las elecciones de 1995, oficialmente “ganadas” por el candidato del PRI, Eduardo Robledo Rincón, en un ambiente de fraude e imposición. El presunto perdedor, Amado Avendaño, tras sobrevivir a un atentado que lo dejó en silla de ruedas varios meses, se convirtió en “gobernador en rebeldía” con el apoyo del PRD, las organizaciones independientes, la sociedad civil y el EZLN. Robledo dejaría el cargo en pocas semanas, y lo sustituyó Julio César Ruiz Ferro, ex funcionario federal que desconocía por completo la entidad. Su mandato, que culminó abruptamente con la matanza de Acteal, fue pasivo y obediente a una política trazada desde arriba.
El verdadero “gobierno” de Chiapas lo ejercía el Ejército; la administración ruizferrista colaboraba o dejaba hacer. Como jefe militar en la zona de conflicto fungía desde 1995 el general Mario Renán Castillo Fernández, quien así llegó a ser un “jefe de ejércitos”, algo que hasta entonces sólo podía ser el secretario de Defensa Nacional, a la sazón el general Enrique Cervantes Aguirre. Remplazado por el general José Gómez Salazar, Renán Castillo dejaría el cargo el 16 de noviembre de 1997, a sólo cinco semanas de Acteal. Durante su periodo se larvó y auspició una estrategia deliberada, basada en los manuales de contrainsurgencia del Pentágono y el propio Ejército, para “quitar el agua” al “pez revolucionario”, adaptando procedimientos probados en Vietnam y Guatemala.
Mes y medio antes de la tragedia, los investigadores Andrés Aubry y Angélica Inda recapitulaban: “La colaboración de los políticos con la ‘guerra irregular’, mexicanización semántica del conflicto de baja intensidad, hace resurgir ante nuestros ojos un nuevo actor, el paramilitar”.
Aubry e Inda señalaban (La Jornada del Campo, 29 de octubre de 1997): “A partir de 1995 se probó en la zona norte (chol) de Chiapas, que ha sido el laboratorio donde se ensayó con la desorganizada organización campesina llamada Paz y Justicia, que no sirve para una cosa ni la otra. Luego, afinado el modelo, se extendió a la zona tzeltal con Los Chinchulines. Escurrió después a la zona tzotzil, Chenalhó y su paraje Los Chorros, su escenario actual sin haber cobrado (¿o revelado?) su nombre”. No tendría tiempo de revelarlo.
Camino del abismo
¿Cuándo empieza el “camino” que desembocó en el abismo de Acteal? Pudo ser aquel 8 de febrero de 1995. O el 19 de agosto de 1996, con el asesinato de seis jóvenes de Chenalhó en las simas de Chixiltón, “hecho aislado” que la prensa local atribuyó a “brujería”, y que marcaría el debut de la violencia antizapatista en el municipio tzotzil. O bien el 22 de mayo de 1997, cuando miembros del PRI quemaron nueve casas de familias zapatistas en Las Limas Chitamucum, Pantelhó, muy cerca de Chenalhó. Según informaba La Jornada (23 de mayo), “85 indígenas tuvieron que huir”. ¿O fijamos el principio al día siguiente, 24 de mayo, cuando el profesor Cristóbal Pérez Medio, representante del municipio autónomo, fue asesinado por priístas armados en Unión Yaxjemel mientras se dirigía a negociar con ellos la liberación de los primeros zapatistas rehenes? El clásico “maten al mensajero”. El gobierno nunca investigó. El cráneo y el cuerpo del maestro aparecerían por separado cuatro meses después, cuando la suerte de Chenalhó estaba echada.

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6 de noviembre del 2007

En Chenalhó, los primeros hechos que derivaron en el baño de sangre
La negativa al diálogo garantizó la vía paramilitar
Hermann Bellinghausen /II


En mayo de 1997 emergen en Chenalhó los primeros acontecimientos, larvados desde meses atrás, que concluirían siete meses después en la hondonada de Acteal con la ejecución de 45 personas pacíficas e inermes, mujeres y niños la mayoría.
El hecho más grave ese mes fue el asesinato de Cristóbal Pérez Medio, el día 24 en Unión Yaxjemel, cuando un grupo de priístas emboscó a una comisión del municipio autónomo de Polhó que se dirigía a negociar la liberación de tres campesinos zapatistas capturados y encarcelados en Yaxjemel. Mientras los responsables de la balacera minimizaron los hechos e insistieron débilmente en que los zapatistas pretendieron agredirlos, el concejo autónomo manifestó que el día 18 fueron “detenidos” tres bases zapatistas por negarse a “pagar” 75 pesos para una presunta brecha que ellos no aprobaban: “Los amenazaron que si no cooperaban los iban a ‘despachar’, y ellos dijeron que no, aunque los mataran no iban a cooperar porque la brecha sólo beneficiaba a los transportistas” (La Jornada, 25 de mayo).
Liberados y vueltos a apresar
Los tres indígenas pasaron dos días presos, fueron liberados por gestión del concejo de Polhó, y 48 horas después, tras reunirse priístas de siete comunidades en Yaxjemel, donde eran minoría, los volvieron a aprehender. “A dos los metieron en un horno y otro estaba amarrado a un poste”. Los autónomos demandaron su liberación al presidente municipal oficial sustituto de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, del PRI.
El 24 salió de la cabecera municipal autónoma una comisión de 16 personas para tal encuentro; la encabezaba el profesor Pérez Medio. Cuando llegaron a Yaxjemel, “la comunidad estaba rodeada por unos 500 del PRI y los recibieron a balazos”. Pérez Medio fue capturado al momento y ejecutado allí mismo, pero su cuerpo desapareció y a partir de entonces los priístas negarían sistemáticamente el hecho. Dos autónomos más resultaron heridos, Fidencio Guzmán Arias y José Pérez Arias.
Ocupada la comunidad por los priístas armados, unas 350 personas tuvieron que abandonar sus viviendas. El concejo de Polhó declaró al día siguiente: “La persecución se ha extendido, también compañeros de Yabteclum, Puebla y Naranjatic Alto salieron de sus parajes porque no quieren enfrentarse entre hermanos”. Desde entonces arreciaría el fenómeno de los desplazados en Chenalhó. Al principio fueron de todos los grupos involucrados, pronto serían sólo zapatistas y miembros de Las Abejas. Llegarían a ser más de 10 mil; miles siguen fuera de sus poblados 10 años después.
La autoridad municipal autónoma acusó al edil Arias Cruz de “provocar a los zapatistas porque dice que los va a acabar. Él fue quien les dio las armas a los del PRI, e incluso los compañeros dicen que los que los emboscaron eran policías de Seguridad Pública (SP) vestidos de civil”.
Dos días después, el corresponsal de La Jornada fue a Yaxjemel y encontró “una comunidad fantasma” en manos de la minoría priísta, cuyos miembros aseguraron ser ellos los agredidos (La Jornada, 28 de mayo), lo que nunca se pudo demostrar. Un simpatizante del gobierno en la vecina comunidad de Yibeljoj mencionó: “Mis compañeros del PRI me dijeron que hay tres o cuatro muertos de los ‘contrarios’ (zapatistas), tirados allí en el monte, pero nadie los ha visto. Mis compañeros vieron que los ‘contrarios’ iban por la montaña el sábado al mediodía, y como al acercarse tuvieron miedo que los atacaran, pues les dispararon y allí se armó la balacera” (que vino de un solo lado: nunca se probó lo contrario).
Dos kilómetros más adelante, en la colonia Puebla, los reporteros encontraron unos 2 mil priístas de Yaxjemel y Poconichim, refugiados “en espera de que el gobierno estatal envíe a la SP para que los defienda”. La noche del 26 la SP había entrado a Puebla y rescatado al zapatista Antonio Pérez Pérez, detenido por negarse a cooperar con los priístas para el mismo camino que atizó el problema de Yaxjemel (proyecto personal del alcalde priísta, originario de Puebla y cacique del transporte). Los refugiados priístas negaron haber visto “contrarios” muertos, mientras ellos no tuvieron ni siquiera heridos. El gobierno del estado negó los hechos.
El consejo autónomo sostuvo que el ataque había sido ocasionado por los priístas para justificar la entrada de la policía y el Ejército Mexicano, “con el fin de ir ganando terreno y cercar más a los zapatistas para que se rindan”. Ya se habían producido agresiones contra rebeldes y simpatizantes en Yabteclum, Puebla, Chimix y especialmente en Las Limas Chitamucum, en el vecino municipio de Pantelhó, pero por los mismos grupos del PRI y el llamado Partido del Frente Cardenista; éstos, después de repetidas amenazas, el 22 de mayo dispararon contra la población, quemaron nueve casas, expulsaron a 85 personas y capturaron a Alberto Gutiérrez Núñez y Mateo Hernández Sánchez, quienes participaban en el municipio autónomo (La Jornada, 23 de mayo).
El concejo autónomo de Polhó denunció el día 27 que los priístas de Yaxjemel amenazaban a los 534 zapatistas desplazados “con no dejarlos regresar” al poblado. El día 28 el concejo expresó su disposición a negociar con los priístas, pero también exigió “que apararezca Cristóbal Pérez Medio”. Ese día estaba anunciada una visita del agente del Ministerio Público (MP) a Yaxjemel “para verificar si realmente hubo un muerto” (La Jornada, 29 de mayo), pero no llegó. En cambio, 70 policías se apostaron en Puebla para “proteger a los refugiados priístas” que los habían mandado llamar.
Esto aumentó los temores de los autónomos, quienes previeron nuevos ataques “ahora que la policía ya los está protegiendo” (a los priístas), mientras éstos señalaban: “La situación está más tranquila porque nos sentimos más seguros”. Por entonces arreció la persecución contra zapatistas en Yabteclum, Chimix, Poconichim, Naranjatic Alto. Desde la colonia Los Chorros (bastión oficialista, cardenista y priísta) y el ejido Puebla comenzaron a difundirse las amenazas contra los autónomos.
Mesas de diálogo
La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), compuesta por diputados y senadores federales, convocó a una “reunión urgente” por la “preocupante” intensificación de la violencia en Chiapas y el hecho de que no se instalaron unas mesas de diálogo anunciadas por el gobierno federal mediante el comisionado de paz, Pedro Joaquín Coldwell. El diputado perredista César Chávez, miembro de la Cocopa, expuso la alarma de los legisladores por la creciente violencia en Chenalhó, sumada a la afincada de tiempo atrás en Sabanilla, Tila y El Bosque. Chávez señaló la “respuesta negativa” del gobernador Julio César Ruiz Ferro, al impedir la instalación de las mesas anunciadas el 14 de mayo con bombo y platillo por Coldwell, comisionado del presidente Ernesto Zedillo (La Jornada, 28 de mayo).
La secretaría de Gobierno chiapaneca, mediante su delegado, Rogelio Contreras, informó el 28 de mayo que el día 31 se reunirían las partes en Yabteclum. Los priístas condicionaron que el encuentro fuera en Yaxjemel, en poder los priístas armados, mientras el concejo de Polhó aceptaba la propuesta de Yabteclum, el poblado “viejo”, entonces neutral, donde residía la autoridad tradicional de los ancianos de Chenalhó. Los priístas se negaron.
El día 28, el agente de MP Manuel Valdez había visitado Yaxjemel finalmente, para buscar el cuerpo de Pérez Medio. También fue a Naranjatic y entrevistó a los familiares del desaparecido, quienes le confirmaron que no lo habían vuelto a ver desde que acudió a la fallida negociación. Los zapatistas siempre sostuvieron que estaba muerto y los priístas lo negaron sistemáticamente. Los restos no aparecerían hasta septiembre en Poconichim.
Elementos reveladores
El día 30, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) reveló elementos para explicar tanto la escalada de los priístas como su reticencia a dialogar con los autónomos (La Jornada, 31 de mayo). Por lo demás, tal actitud la sostendrían los oficialistas hasta la última tentativa de diálogo, el 19 de diciembre de ese año, cuando la masacre de Acteal se puso en marcha para consumarse tres días después.
Mariano Arias, vocero de los priístas, desmintió las acusaciones: “Los ‘contrarios’ andan diciendo que en los alimentos que nos manda el presidente municipal (para los desplazados en Puebla) vienen las armas, pero ésos son argumentos falsos” (La Jornada, 1º de junio).
De acuerdo con nuevas evidencias (La Jornada, 31 de mayo), el CDHFBC ubicaba el origen de los hechos de Yaxjemel en un incidente ocurrido el 12 de mayo, cuando trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad llegaron al barrio de Petum Pale para cortar la energía a las familias autónomas en resistencia. Éstas se opusieron, y “decomisaron” material de la paraestatal. Luego los priístas golpearon al dueño de la casa donde se encontraba el material, que fueron a entregar al alcalde Arias Cruz. Éste, “en agradecimiento, les dio varios cartones de cerveza”.
Durante la “celebración”, afirmó el CDHFBC, el alcalde dijo a sus correligionarios “que tenían que organizarse para otras acciones, y les pidió que juntaran todas las armas disponibles”. El día 18 detuvieron a tres zapatistas en Yaxjemel; el 21 sitiaron a cuatro familias zapatistas de Puebla durante dos días; el 23 detuvieron allí a 29 familias más “que se negaban a aliarse con los priístas”, y el 24 asesinaron y desaparecieron a Cristóbal Pérez Medio.
Mayo concluyó sin ninguna negociación. En adelante, diferir, abortar e impedir las negociaciones entre oficialistas y autónomos sería la marca de fábrica de los gobiernos estatal y municipal priístas. La vía paramilitar quedó garantizada.
(Fe de erratas: En la entrega de ayer se mencionan las elecciones “de 1995” para elegir gobernador de Chiapas. Debió decir 1994.)

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7 de noviembre del 2007

Chenalhó, laboratorio de una estrategia amplia de contrainsurgencia
En dos años se dispuso en zona chol una “guerra” dentro de la guerra

Hermann Bellinghausen /III


Para la relación de los hechos que sacudieron a Chenalhó la segunda mitad de 1997 es necesario recordar su contexto. Chenalhó se había convertido en un laboratorio más de una estrategia amplia de contrainsurgencia, en un territorio en guerra que abarca la tercera parte de Chiapas e involucra a casi todos los indígenas de la entidad. La militarización era (y sigue siendo) abrumadora.
Iniciada en 1995, durante los dos años siguientes se organizó y activó en la zona chol de Chiapas una “guerra” dentro de la guerra, con la expansión paramilitar de la organización priísta Paz y Justicia. En 1997, mientras Chenalhó entraba en su propia espiral contrainsurgente, los asesinatos, desplazamientos y despojos proseguían en la zona norte. Ambos casos, en territorios cercados por el Ejército Mexicano y un importante despliegue policiaco.
Éxodo y saqueos
El 14 de marzo de 1997, la comunidad San Pedro Nixtalucum, municipio de El Bosque, colindante con Chenalhó, fue atacada por la policía y el Ejército, quienes mataron a cuatro indígenas zapatistas y causaron el éxodo de más de 80 familias. La policía había disparado en El Vergel, por tierra y desde un helicóptero (matrícula XC-BGC), sobre la población civil. Después saquearon Nixtalucum. Durante dos meses, los tzotziles zapatistas permanecieron desplazados, mientras las policías federal y estatal y el Ejército, posicionados dentro y en torno a esa comunidad, “convivían” con los priístas del lugar, quienes dejaron de trabajar el campo, se adueñaron del poblado, sembraron mariguana (según se comprobó después) y recibieron adoctrinamiento y adiestramiento militar.
Igual sucedía en Sabanilla y Tila, y sucedería pronto, de manera brutal, en Chenalhó. Algún día habrá que explicar por qué en unas partes funcionó la formación de grupos paramilitares y en otros, como El Bosque, no. Por ello, cuando el gobierno decidió atacar el municipio autónomo San Juan de la Libertad en 1998, serían directamente tropas federales y policías.
El 17 de mayo de 1997, una marcha de 4 mil civiles zapatistas acompañó el retorno de los desplazados a Nixtalucum, y pareció cerrarse ese capítulo (La Jornada, 18 de mayo). Al otro día arrancó la agresión contra zapatistas en Yaxjemel. En las semanas siguientes se revelará otro grupo paramilitar en Ocosingo y Oxchuc, el Movimiento Revolucionario Indígena Antizapatista (MIRA), cuya existencia jamás fue admitida por las autoridades y en buena medida fue un fracaso.
En algún momento imposible de fechar, durante la primavera de 1997, las comunidades identificadas como “priístas” o “cardenistas” (en referencia al Partido del Frente Cardenista que por entonces existía, sin relación con el cardenismo histórico y menos aún con el de Cuahutémoc Cárdenas, quien ese mismo año ganaría las elecciones para gobernar la capital del país), comenzaron a llamar “el contrario” y “los contrarios” a las familias y comunidades que se habían unido al municipio autónomo de Polhó, como bases de apoyo del EZLN o miembros de organizaciones civiles más o menos perredistas, cuando su partido era de oposición en un estado controlado hasta 1994 por numerosos cacicazgos, indígenas o mestizos según la región, pero siempre priístas.
El “contrario” en muchos pueblos del país es el “demonio”. El giro idiomático, inusual en Chenalhó, al parecer fue inducido por quienes aplicaron la estrategia contrainsurgente, y representa una de las primeras adaptaciones locales de los preceptos de la guerra de baja intensidad: ahondar las diferencias, demonizar al otro, deshumanizarlo. Así es más fácil dañarlo.
Las informaciones de la época, incluso en los medios oficialistas, nunca fundamentaron convincentemente que los conflictos en Chenalhó, que se fueron sumando y complicando, se originaban en agresiones de “los contrarios” (zapatistas) contra los oficialistas. Las “emboscadas” de los primeros apenas se pudieron probar; los verdaderos enfrentamientos, que no fueron la regla, se debieron a ataques de paramilitares y respuesta defensiva de los zapatistas; los desplazamientos de familias del PRI y cardenistas obedecían al temor a ser agredidos, mientras los zapatistas, perredistas y Abejas eran perseguidos y tiroteados, sus casas quemadas y sus propiedades robadas o destruidas.
El argumento de que los zapatistas “despojaban” a los oficialistas de sus tierras no se sostiene ante la evidencia, entonces y hasta la fecha, de que ellos fueron los verdaderos despojados en las comunidades de donde salieron. Los desplazados priístas y cardenistas retornarían en poco tiempo, escoltados y protegidos por la policía, y ya no debieron desplazarse. La versión de que éstos se organizaron para “autodefenderse”, propalada entre otros por la Procuraduría General de la República (PGR) en su libro blanco (1998), fue una construcción posterior, que buscaba “explicar” la matanza de Acteal y los múltiples episodios previos, aportando versiones que durante 1997 nadie se molestó en demostrar. La táctica de los grupos armados, y de los gobiernos municipal, estatal y federal, había sido “negar todo”, sin insistir en demostrar las versiones de su lado. Les bastaba con desdeñar, acusar y difamar a “los contrarios”, a los defensores de derechos humanos y los periodistas independientes. Su “verdad” comenzó a preocuparles después del terrible desenlace, que los confrontó con la responsabilidad penal.
Violencia administrada
El verano de 1997 se anuncia con declaraciones del gobernador Ruiz Ferro minimizando el tema chol como “conflicto entre dos grupos de siete ejidos” (La Jornada, 2 de junio), mientras el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, acusaba: “Todo apunta a concluir que la violencia en la zona norte es ‘administrada’ por las fuerzas de seguridad pública”. Las autoridades consideraban “religioso” el conflicto, y culpaban a la diócesis católica. Ruiz García insitía en el carácter “político” de aquella violencia. Para Chenalhó también se intentarían explicaciones “religiosas”, sobre todo después de Acteal; hoy sólo los abogados de los paramilitares presos actúan con ese enfoque.
El 2 de junio se suspendió por segunda ocasión el diálogo entre los municipios autónomos de Polhó y el oficial de Chenalhó, pues los representantes del segundo no se presentaron en Yabteclum, donde era la cita. Inesperadamente, el día 3 se encontraron al fin las partes en esa comunidad. Avanzaban en un “acercamiento” y convenían respeto mutuo y libertad de tránsito, cuando irrumpió en un helicóptero el subsecretario de Gobierno Uriel Jarquín; su presencia no había sido acordada y abortó la reunión (La Jornada, 4 de junio).
El día 5, las autoridades autónomas del vecino municipio de San Andrés denunciaron: “Ha aumentado la presión militar en los Altos. Hacen diario patrullajes desde hace 10 días” (La Jornada, 6 de julio), así como vuelos rasantes. Relataron: “Entran en los pueblos, se entrenan dentro de los pueblos”, y aseguraron que las tropas adiestraban a los priístas. “Recibimos información de que ya hay guardias blancas en los Altos. Ya tienen radios para comunicarse entre ellos.”
Poco después ocurrió un incidente a 400 metros de Acteal, que aún no tenía campamentos de desplazados. El día 9, la Subprocuraduría de Justicia del estado informó de una “emboscada” a un camión de Seguridad Pública, “atacado por zapatistas”. Según pobladores de Pechiquil, hubo una detonación y entre 70 y 100 balazos. El municipio autónomo de Polhó dijo que los policías dispararon bombas y tiros “sin haber ningún problema” (La Jornada, 10 de junio). Diez indígenas fueron golpeados a culatazos, dos fueron detenidos por la policía y luego arrojados del camión al camino. Ese día, unos 200 desplazados de Yaxjemel, miembros de Las Abejas y refugiados en Yibeljoj, se disponían a retornar a sus casas. La “emboscada” los disuadió.
Provocación para la militarización
Al día siguiente, los pobladores de Acteal negaron la “emboscada” y afirmaron que la acción “fue premeditada para provocar más conflictos y justificar la militarización de nuestros parajes” (La Jornada, 11 de junio). Los pobladores y desplazados en Polhó, a pocos kilómetros, “ya querían huirse por el miedo”, dijo Javier Ruiz Hernández, secretario del concejo autónomo. En un boletín, la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Chiapas reiteró que los policías fueron “agredidos por desconocidos”, con saldo de dos agentes lesionados. “Los desconocidos arrojaron botellas con gasolina y mecha”, decía el boletín, contradiciendo a la subprocuraduría de Justicia que la víspera aseveró que los presuntos atacantes habían disparado. Según la gente de Acteal, la versión oficial era “falsa”, pues “los mismos policías tronaron bombas y tiraron balazos para amedrentarnos”.
Un día después, el ayuntamiento oficial de Chenalhó se reunió en Pantelhó con el gobernador Ruiz Ferro y el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas Gutiérrez (La Jornada, 12 de junio). El juez Antonio Pérez Arias, vocero del municipio oficial, insistió en que el gobierno enviara más policías a las comunidades, y pidió la intervención de las comisiones Nacional de Intermediación (Conai) y de Concordia y Pacificación (Cocopa). En tanto, el municipio autónomo denunció que en Yabteclum, unos 50 priístas armados agredieron la casa de Rosa Gutiérrez “y se llevaron a uno de sus hijos a la cabecera municipal”.
En las semanas siguientes, la primera petición del ayuntamiento oficial sería satisfecha: en las comunidades y caminos de Chenalhó, cientos de policías instalaron campamentos que devendrían permanentes, escudarían el retorno de los priístas y frentecardenistas desplazados y el inmediato despojo de las casas y cafetales de los ausentes zapatistas, perredistas y Abejas. Así aparece un nuevo actor visible en las comunidades de Chenalhó en poder de priístas: la policía.

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