REPORTAJE /A DIEZ AÑOS DE ACTEAL

12 de noviembre del 2007

Paramilitares a escena; falsedades del Libro blanco, la otra historia
“Sabemos que nos están apuntando, anden disparen, estamos sin armas”
El 26 de septiembre de 1997 La Jornada reportó el primer retorno de desplazados zapatistas y perredistas de Chenalhó; 5 mil indígenas se dirigieron a Polhó
Hermann Bellinghausen / VIII

El 23 de septiembre de 1997, un grupo de reporteros llegamos a Polhó, cabecera municipal de los autónomos zapatistas. Una comunidad de un millar de pobladores, a quienes se agregaban centenares de desplazados de todos los parajes donde la ley paramilitar quemaba casas, emboscaba y asesinaba a simpatizantes del EZLN y priístas por igual. A los segundos se les castigaba si no respaldaban la aventura armada de los ya entonces llamados paramilitares.
El panorama era desolador. No había nadie. Ni perros. Sólo pollos. Las casas estaban cerradas; las calles y edificios comunitarios, desiertos. Tras el ataque a Majomut por los priístas y frentecardenistas de Los Chorros, el día 21, ya ni siquiera Polhó era un lugar seguro. Al amanecer el 21, comunidades como Yibeljoj habían sido evacuadas; sólo permanecieron algunos hombres. Mujeres y niños, incluso priístas, buscaron refugio en las montañas. Sabían del ataque paramilitar.
El 26 de septiembre, La Jornada reportó el primer retorno de desplazados zapatistas y perredistas de Chenalhó, en una marcha de 5 mil indígenas y 70 camiones con destino a Polhó. El episodio fue relatado con falsedades e inexactitudes palmarias en el informe de la PGR llamado Libro blanco de Acteal (1998), y esa versión ha sido repetida de oficio por diversos autores que han querido contarnos “otra historia” de aquellos acontecimientos. El lector interesado puede comparar la versión oficial, o sus transcripciones posteriores, de Gustavo Hirales (1998) a Héctor Aguilar Camín (2007), con el relato presencial que a continuación se transcribe.
El fracotirador del tinaco: cazador cazado
La movilización de las bases de apoyo del EZLN, el día 25, fue pacífica. Había durado casi toda la jornada. Antes de las 17 horas llegó a Yabteclum. Un orador encapuchado arriba de una camioneta, señalando las laderas circundantes, dijo:
–Sabemos que nos están apuntando. Anden, disparen, aquí estamos, sin armas.
Empezaba el mitin de miles de zapatistas de 15 municipios en la cancha y plaza central del “pueblo viejo” de Chenalhó, cuya mayoría priísta expulsó meses atrás a los simpatizantes del EZLN. Una hora después, cuando el acto estaba por concluir, una veintena de zapatistas trepó a la azotea de la escuela con gran aspaviento. Corrieron al tinaco, lo escalaron y se metieron en él precipitadamente. Segundos después brotó un rifle Máuser, que fue pasado de mano en mano. La multitud se agitó, y más cuando sacaron del tinaco a un hombre que, de mano en mano, saltó al suelo, cayó como gato y echó a correr. Tras él salieron varios zapatistas. Del tinaco salió, por último, una caja llena de balas Remington 410.
Nada más sobrecogedor que una multitud airada. La ira se apoderó de todos al descubrir que todo ese tiempo los acechó un francotirador. Muchos decían haber visto gente armada en las casas de arriba, en las laderas. Las bases de apoyo del EZLN provenían de Pantelhó, Mitontic, San Juan Chamula, San Andrés Sakamchén, Zinacantán, San Juan de la Libertad, Bochil, Simojovel, Sitalá, Ixtapa, Tenejapa, San Juan Cancuc y Chenalhó. Habían salido de Tzabaló a la cabecera oficial. En la descubierta, el conductor del acto decía al megáfono:
–Somos misma carne, misma sangre, mismo pueblo. No venimos a lastimar a nadie. No queremos matarnos entre hermanos. Los hermanos priístas quemaron su casa de nuestros compañeros. Los hermanos priístas no entienden lo que pasa. Venimos a explicar.
En tzotzil, otro orador invita a la gente a unirse a la marcha, que a las 12 del día alcanza la plaza pedrana y se forma en caracol, dejando en el centro a los desplazados de Yabteclum, Los Chorros y otros poblados.
–Venimos a demostrarles que los compañeros zapatistas en el municipio no están solos. No queremos tomar venganza. Venimos a decirles de buena manera que entiendan. No traemos armas. Vamos a ir a entregar a sus comunidades a los compañeros perredistas y zapatistas que corrieron ustedes –dice el orador ante las oficinas del municipio oficial.
Los mensajes insisten en decir a los priístas: “Nuestro enemigo no son ustedes, sino el gobierno”. No faltan mueras e improperios contra el alcalde Jacinto Arias Cruz, los caciques, las guardias blancas y la policía; contra Zedillo, Ruiz Perro (los tzotziles pronuncian la letra F como P, pues en su lengua no existe el sonido fricativo) y contra el funcionario priísta Antonio Pérez Hernández, a quien acusan de armar las nuevas guardias blancas.
Los municipios rebeldes advirtieron en un comunicado: “Los compañeros desalojados van a regresar a sus comunidades. Nadie lo va a impedir”. El mitin terminó pacíficamente. La radio estatal, encadenada al noticiero de las 14:30, informaba del acto tal como queda dicho. Unos anuncios comerciales. Y entonces la voz de un locutor, distinto del que daba las noticias, relató una versión contrapuesta a la que se acababa de radiar, y totalmente falsa, según la cual “grupos de zapatistas habían ido a amenazar a la cabecera municipal armados de palos”, “encabezados por Alianza Cívica” (sic).
Horas más tarde, durante el juicio popular que se hizo al hombre del tinaco, éste confesaría que en Yabteclum se reunieron para esperar a los zapatistas y le indicaron ponerse donde se puso “porque pensaban que los zapatistas venían armados y enojados”.
A las 18 horas, los periodistas acaban de recorrer las casas destruidas y saqueadas de los desplazados. Ese horror de muebles rotos, ropa rasgada, robos, muñecas decapitadas, papeles quemados, mazorcas regadas. El mitin está por concluir cuando descubren al hombre del Máuser, José Pérez Gómez, a quien apodan El Morral, y a otros dos que al parecer lo intentaron defender. Pérez Gómez viene severamente golpeado. Sus captores lo arrastran entre la multitud que parece a punto de írsele encima. Lo suben a la camioneta que preside el mitin. Y el hombre golpeado, sin camisa, es objeto de una especie de juicio popular.
La gente de Yabteclum lo identifica con un grupo de cinco personas que introducen armas a la comunidad. Micrófono en mano, entre el tzotzil y el castellano, transcurre un interrogatorio urgente. El hombre del rifle, con voz doliente, va hilando:
–Fue un acuerdo de toda la comunidad. Lo estamos organizando todos.
–¿Para matar los zapatistas?
–Noombre, pensamos que son ustedes que van a venir a matarnos. Estábamos ahí, preparados.
–¿Cuántas armas hay?
–No sé. No hay armas. Puro .22 de un tiro.
Sorprende verlo entero y firme, en el predicamento en que está. Pérez Gómez, sofocado, aguantando el sollozo, casi de rodillas, dice que “el arma es de Chamula” y que no sabe esto, ni aquello.
–Di “que mueran los asesinos”.
–No hay asesinos.
Lo interrogan sobre quién asesinó a los zapatistas, quién quemó las casas, quién robó a los desplazados. “No sé, no sé”.
La multitud rodea la camioneta. Se aproximan los responsables de las regiones para decidir qué harán con el detenido. Las laderas empiezan a mostrar grupos inquietos de hombres que observan la escena. Finalmente, los zapatistas dejan ir a Pérez Gómez, “a que informe a sus compañeros”. Como por ensalmo, la multitud se desentiende de él, que baja de la caja de la camioneta y arrastra sus pasos hacia las casas más próximas. Se sienta en un escalón. Le duele el cuerpo. Nadie se le acerca. La multitud se dispersa rumbo a los camiones que conducirán la marcha a Polhó. El hombre se ha vuelto invisible.
Días de balas en Chenalhó
El 27 de septiembre, La Jornada describe “las aguas revueltas de Chenalhó”, donde “es abierta la existencia de grupos paramilitares auspiciados por la policía y el Ejército federal”. A la vez que aparecen armas en Santa Martha, Puebla se convierte en un campo de tiro, se expulsa a familias enteras por apoyar al municipio autónomo o no dar dinero para las obras de los priístas y la compra de balas. Cada día, la vida de las comunidades se descompone más.
Santa Martha está prácticamente incomunicado con la cabecera de Chenalhó, su salida natural es San Andrés. Allí, el fiel de la balanza es el gobernador tradicional. Y sobre él viene la presión. Un día llega un teniente del Ejército federal, oriundo de Zacatecas. Se presenta al gobernador y el maestro de la escuela. Los convence de que los zapatistas, abundantes en la comunidad, representan un peligro y hay que combatirlos.
Después, el gobernador se arrepiente. Le dan dolores de cabeza y lo aquejan dudas de conciencia. Como quiera, las armas ya llegaron, y de noche “brillan como plata” cuando se adiestra a los hombres. “Primero, instrucciones para el manejo de armas. Luego películas pornográficas. Para rematar, baile con mujeres en bikini. Terminan con ejercicios militares. Los hombres llegan muy tarde a sus casas”, revelan alarmadas las mujeres del pueblo.

http://www.jornada.unam.mx/2007/11/12/index.php?section=politica&article=006r1pol

13 de noviembre del 2007

El francotirador de Yabteclum y los muertos de Los Chorros, sus razones
Priístas de Chenalhó pidieron a Zedillo permiso para armarse
El mandatario habría dicho a los alcaldes del tricolor que las razones del alzamiento zapatista ya no eran “legítimas”, lo que fue interpretado por algunos como “luz verde” para combatir a los pueblos autónomos
Hermann Bellinghausen

El 2 de octubre de 1997, en un encuentro con el presidente Ernesto Zedillo en San Cristóbal de las Casas, el alcalde oficial de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, entregó al mandatario una carta donde el ayuntamiento pedía “permiso” para que sus seguidores pudieran tener armas de fuego en sus casas, para “defenderse”, invocando el artículo 10 de la Constitución. A raíz del episodio del francotirador en Yabteclum, el 25 de septiembre, las autoridades priístas acordaron lo anterior y demandaron una investigación sobre la muerte de sus compañeros de Los Chorros, el 22 de septiembre, “luego de que éstos quemaron 14 casas –según cifras oficiales– de los zapatistas” (La Jornada, 3 de octubre).
Según versiones recogidas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), en esa misma reunión el presidente de la República habría dicho a los alcaldes priístas de los Altos que las razones del levantamiento zapatista ya no eran “legítimas”, lo cual fue interpretado por algunos como “luz verde” para combatir a los pueblos autónomos.
Con el presidente Zedillo de vuelta de su gira por Chiapas, el 3 de octubre el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, se manifestó por “reanudar el diálogo” y expuso con optimismo que “el gobierno ha desplegado acciones importantes” en la entidad, “por lo que la situación es muy distinta a la que imperaba en 1994” (LJ, 4 de julio), en una frase que a esas alturas ya admitía diversas interpretaciones.
Las víctimas de Las Limas
Al mismo tiempo, cuatro integrantes de una familia eran asesinados en Las Limas Chitanucum, municipio de Pantelhó, vecino de Chenalhó. Una niña de seis años estaba entre las víctimas. También hubo seis heridos. Todos priístas. Los atacantes fueron unos 25 hombres encapuchados que “llegaron tirando piedras y balazos en las puertas de las casas” y saquearon la tienda de uno de los heridos, Francisco Gutiérrez Maldonado, quien aseguró haber conocido “por la voz” a varios de los atacantes, pero no dio los nombres (LJ, 4 de octubre) ni los vinculó con algún grupo. Curiosamente, ni siquiera los priístas dijeron en ese momento que los agresores, a quienes reconocieron, fueran zapatistas.
En ese mismo pueblo habían sido quemadas varias casas de zapatistas (y éstos expulsados) el 23 de mayo, “aunque luego fueron reparadas porque las partes y el ayuntamiento priísta llegaron a un acuerdo para resolver sus diferencias”, añade la nota de La Jornada, que registra también el retorno a sus casas de cien militantes priístas de Polhó, “de donde salieron hace más de una semana después de que dos de sus compañeros de Los Chorros fueron asesinados”.
En octubre y noviembre se incrementa el número de muertos, heridos y desplazados. El 4 de octubre, Sebastián López López resultó lesionado en una “emboscada” cuando iba a su milpa en el ejido La Esperanza, a un lado de Los Chorros. Las autoridades priístas dijeron temer “nuevos ataques de los contrarios (LJ, 5 de octubre)”. Sin embargo, son ellos los que atacan: el mismo día 4, el concejo autónomo de Polhó denuncia que la comunidad La Esperanza fue agredida por un grupo armado proveniente de Los Chorros, con un saldo de varias casas quemadas y el desplazamiento de 52 familias.
Ese mismo día, 2 mil miembros de Las Abejas marcharon “por la paz y la reconciliación” en la cabecera municipal de Chenalhó, con banderas blancas y pancartas, demandando que “termine la violencia entre hermanos”. Los manifestantes expresaron “dolor por esta gran desgracia de los enfrentamientos entre hermanos, con armas de alto calibre usadas por paramilitares y militantes del partido oficial”. Las Abejas aseveraron que las autoridades municipales estatales y federales “no tienen voluntad de resolver las mortandades ocurridas en nuestro municipio: parece que quieren acabar con nuestra raza (LJ, 5 de octubre)”.
El día 8, la comunidad de Yibeljoj acordó no participar de ninguna manera en hechos violentos. El acuerdo fue suscrito por 329 habitantes, según informó el CDHFBC.
El 10 de octubre el concejo autónomo declaró: “Nosotros los zapatistas no queremos mancharnos las manos con sangre indígena, pues son nuestros hermanos, son nuestra misma gente, nuestra misma sangre”. En un comunicado, los autónomos ratificaron su voluntad para el diálogo, afirmaron que las amenazas provenían de los ejidos Los Chorros y Puebla, y exigieron: “Primero, que los priístas creen condiciones necesarias para el diálogo, es decir, retirar la policía de Seguridad Pública. Son las autoridades priístas las que deben comprometerse a la reconstrucción de las casas quemadas. Queremos que regresen todos los desplazados, pero ¿dónde llegarán los que tienen sus casas quemadas?”
El banco de arena, insistían los autónomos, “es un pretexto”. El ayuntamiento de Polhó “tiene en su poder los planos límites del predio que ocupa el banco de grava” y lo explota “para beneficio del municipio”.
En La Realidad, el subcomandante Marcos se reúne el 11 de octubre con los poetas chiapanecos Óscar Oliva y Juan Bañuelos, miembros de la Comisión Nacional de Intermediación, y responde a las presiones declarativas del gobierno sobre la reanudación del diálogo. Según Marcos, la “confusión” al respecto “la está creando el gobierno”. Los poetas transmiten: “Los zapatistas pidieron el cumplimiento de las cinco condiciones mínimas expresadas el 7 de septiembre de 1996, cuando el EZLN se retiró de las negociaciones (LJ, 12 de octubre)”.
Oliva manifestó su preocupación porque el incumplimiento de dichas condiciones “está generando problemas cada día más graves”, pues “todos los días hay desalojos, represión e injusticia hacia las comunidades zapatistas”. Bañuelos, a su vez, considera que ésta es “una política bien meditada del caos”.
En la zona norte, donde los elementos de la contrainsurgencia no son los mismos de Chenalhó, la situación es grave. La presencia del Ejército federal es directa, y los conflictos comunitarios que se explotan para la confrontación poseen un hipertrofiado componente religioso. La Comisión Episcopal para la Reconciliación y la Pacificación en Chiapas denuncia ataques y amenazas contra catequistas y sacerdotes. Los paramilitares han quemado ermitas e iglesias. El párroco de Tila, Heriberto Cruz Vera, “ha tenido que esconderse, pues lo quieren matar, al parecer los de Paz y Justicia”. La situación se repite en Tumbalá y Salto de Agua (LJ, 14 de octubre). Para entonces hay 4 mil 112 indígenas desplazados en esa zona; desde 1995 han muerto unas 40 personas de la “sociedad civil perredista” y bases zapatistas, así como “varias decenas” de priístas de Paz y Justicia (LJ, 17 de octubre).
Llamado al diálogo
El día 14, el concejo autónomo de Polhó llama al diálogo al municipio oficial, con la condición de que se retiren la policía de Seguridad Pública y el Ejército federal (LJ, 17 de octubre). El 16, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informa de la muerte de Gabriel Gómez Guillén y Romeo Hernández Gómez, priístas, en Tzanembolom. Además hay tres heridos. La Jornada sólo da la versión de la PGJE y los priístas, quienes aseguran que todo comenzó con una discusión “por diferencias políticas” dos días atrás, cuando los zapatistas “detuvieron” varias horas a cinco priístas. Horas después “un grupo de aproximadamente 20 perredistas-zapatistas… acribilló” a los priístas (LJ, 17 de octubre).
En sus informes posteriores, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolemé de las Casas documentó también la versión de las bases de apoyo zapatistas, según la cual “un grupo de priístas llegó a la comunidad, amenazándolos y disparando contra la población, y por ello 475 personas salieron huyendo a las montañas para protegerse. El grupo de invasores saqueó sus propiedades y mató muchos de sus animales”.
Para entonces, 20 por ciento de la población de Chenalhó se encuentra desplazada, especialmente de las localidades de Yaxjemel, Los Chorros, Takiukum, Acteal, Canolal, Puebla, Tzanembolom y Cruztón. Antonio Gutiérrez Pérez, representante de Las Abejas, asegura que en los últimos días se ha incrementado el tráfico de armas, y los grupos armados controlan el acceso a las comunidades donde habitan simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (LJ, 21 de octubre). Esos grupos “recorren las comunidades, roban animales y las milpas de las personas que han huido y amenazan a los que se niegan a tomar las armas”.

http://www.jornada.unam.mx/2007/11/13/index.php?section=politica&article=005r1pol

14 de noviembre del 2007

Desmantelar las desarmadas bases zapatistas, su propósito
Paramilitar: joven frustrado por las autoridades agrarias
Un trabajo de los investigadores Andrés Aubry y Angélica Inda, difundido al día siguiente de la matanza, describía el perfil del “agente protagónico de la violencia”

Hermann Bellinghausen /X

En los meses anteriores a la masacre de Acteal, los investigadores Andrés Aubry y Angélica Inda, buenos conocedores de los Altos, y particularmente de Chenalhó, se dieron a la tarea de indagar el fenómeno de violencia que sacudía la región. Por extraña coincidencia, habrían de publicar sus conclusiones iniciales el día que se difundieron las primeras informaciones de la matanza. Su documento fue elaborado antes, pero tuvo una oportunidad muy importante. Se titulaba “¿Quiénes son los ‘paramilitares’?” (La Jornada, 23 de diciembre). Vale la pena adelantar un poco el calendario y escuchar sus hallazgos en los mismos meses finales de 1997 que este reportaje recapitula:
“El conflicto de Chiapas cobró a los antropólogos una tarea más: la de identificar a un nuevo sujeto social, el agente protagónico de la violencia”, admiten de entrada. Los autores hacen un rastreo metódico de la información proporcionada por indígenas y precisan: “Sólo en Chenalhó, 17 parajes son afectados: la tercera parte de sus asentamientos y la mitad de su población”.
Por rutina histórica, explican Aubry e Inda, “se le llamó primero pistolero o guardia blanca, por las heridas que aquellos han plasmado en la memoria colectiva de Chiapas. Sin que ellos se hayan extinguido, los medios empezaron a darle la identidad de paramilitar para diferenciarlo de los anteriores (agentes externos a las comunidades, mientras que el nuevo brote de ellas), porque actúa con una relación ambigua y no confesada con las fuerzas del orden, e interviene con armas propias de ellas.
“Con repetidos desmentidos, el Estado ha negado la existencia de paramilitares, dando argumentos que fracciones del Congreso local y la opinión pública se resistieron a creer. Por carencia semántica y por respeto a las autoridades, seguiremos llamándolo como los medios, pero entrecomillado.”
Ni tierra ni trabajo
“¿Quiénes son?”, se preguntan. “Aparecen casi exclusivamente entre jóvenes frustrados por las autoridades agrarias. En los 17 parajes de Chenalhó en que logramos documentar la existencia de unos 246 de ellos, la inercia agraria combinada con el crecimiento demográfico no da ni tierra ni trabajo, aun no agrícola, a los jóvenes en edad de ser derechohabientes del ejido. Los ya casados y jefes de familia, a la par de sus padres, han vagado sin éxito en busca de empleo, sobrevivido de milagro, o de robos de parcelas y cosechas. Obligados a vivir como delincuentes, no sólo carecían de medio de subsistencia sino que, además, no tenían por qué sesionar en las asambleas y, por tanto, eran excluidos de las decisiones del ejido. Primera conclusión, estos criminales son productos del sistema y de sus opciones económicas, agrarias y laborales”.
De repente, la “paramilitarización” ofrece a estos campesinos solución y prestigio. “Solución porque el impuesto de guerra que cobran (25 pesos quincenales por adulto si es permanente, 375 pesos de una vez para quienes se niegan) les proporciona ingresos, y porque el botín de animales, cosechas y enseres (incluidas camionetas) legitima los hurtos humillantes de elotes, café y aves de corral. Prestigio porque las armas –que no son escopetas– les confieren un poder y un estatus que nunca han tenido, ni ellos ni sus padres sin tierras”.
Aquí, Aubry e Inda señalan: “Por haber tenido una vida itinerante en busca de trabajo, o no ser ejidatarios, nunca tuvieron la educación cívica que proporcionan las asambleas periódicas en las cuales se decide el destino colectivo de su paraje, colonia o municipio, y escaparon a toda responsabilidad comunitaria. Los ‘paramilitares’ no tienen proyecto social o político alguno. No pregonan nada, tan sólo se imponen. Los únicos maestros que han tenido son sus monitores del entrenamiento militar al que está condicionada la adquisición de las armas que exhiben.
“Sus mentores, ya sea en sus campamentos o en los patrullajes, tienen una conducta muy parecida a la de los kaibiles de Guatemala. ¿A qué le tiran? ¿Por qué están operando sólo en el estrecho perímetro de la zona de influencia en la cual gozan de perfecta impunidad? La razón es estratégica, y probablemente lo ignoran”. Los investigadores destacan que los parajes donde finalmente “prendieron” estos grupos armados forman una cuña entre los municipios colindantes de Chenalhó, Pantelhó, Cancuc y Tenajapa.
Hacen comparaciones con la ubicación de otros grupos paramilitares: “El estado mayor de Paz y Justicia, en torno a El Limar (Tila), controla los cinco municipios choles y el acceso a varios más. Hacen las veces de las políticas públicas en la casi totalidad de los municipios que administra la secretaría estatal de Atención a los Pueblos Indígenas. El objetivo de todos es el desmantelamiento de algún bastión de las bases –desarmadas– de apoyo zapatistas”.
Después del “golpe militar” contra las comunidades rebeldes el 9 de febrero de 1995, una de las tácticas militares denunciadas por las Misiones de Observación era la destrucción de instalaciones productivas, cosechas y aperos de cultivo “para quitar porvenir” a los disidentes, subrayan. “La táctica ‘paramilitar’ de Chenalhó es la misma: los operativos empezaron con el inicio de la tapizca del café, en un año de buen precio. Y se desplaza masivamente a los productores. Tal como a los indeseables se les corre el tapete, a los indígenas de Chiapas se les quita su futuro”.
Espiral imparable
Entre septiembre y diciembre, las comunidades del norte y el oriente de Chenalhó se ven atrapadas en un proceso que parece imparable. Los hechos criminales en Acteal el 22 de diciembre confirman que al menos el Estado mexicano no pudo, o más bien no quiso, detener esa espiral. De hecho, fue obra suya. Anuncios, denuncias y alarmas no faltaron. Lo que faltó fue otra cosa.
De los entrenamientos de la Seguridad Pública en la comunidad de Puebla no hubo testimonios directos, aparte de los tiros que todas las noches se escuchaban en el valle. Pero sí de lo que ocurría en Los Chorros. Desde julio, el edil Arias Cruz había encargado a sus agentes municipales que levantaran listas de quienes eran del PRI y quienes no, en cada paraje. Se hace asamblea. El agente toma nota. Casi nadie se apunta. Los de la “sociedad civil” instauran un debate y mandan decir a Arias Cruz que el agente no tiene derecho a dividir las comunidades. Lo mismo dicen muchos priístas que tampoco se apuntaron (La Jornada, 27 de septiembre).
En septiembre, los agentes exigen dinero a los pobladores de Puebla, Los Chorros y otros parajes para comprar armas y municiones. Se castiga a los que no colaboran. En algunos lugares, como Los Chorros, se les expulsa. El concejo autónomo de Polhó asegura que el promotor de la contra para dividir a las comunidades es el ex diputado priísta Antonio Pérez Hernández (significativamente, oriundo de Polhó), ahora secretario estatal de Atención a los Pueblos Indígenas, en sustitución del escritor Jacinto Arias Pérez. Entre pedranos te veas.
El 23 de octubre, La Jornada informa desde la cabecera municipal de San Andrés que grupos de tzotziles de los municipios de Chenalhó, San Andrés y Simojovel “reciben entrenamiento militar para oponerse a la permanencia de los simpatizantes del EZLN y evitar la formación de municipios autónomos en los Altos”, según autoridades civiles rebeldes y representantes de organizaciones independientes.
Las comunidades de Puebla y Santa Martha, en Chenalhó; Santiago el Pinar, en San Andrés, y cerca de Chitamulkum, en Simojovel, son consideradas por los concejos autónomos “como centros de entrenamiento de personas que posteriormente formarán parte de grupos paramilitares”. En todos esos lugares se suceden agresiones violentas contra las comunidades en resistencia.
Creciente trasiego de armas
Por su parte, Las Abejas denuncian que “el trasiego de armas en los municipios indígenas se incrementa y los grupos armados aparecen continuamente en los caminos del municipio de Chenalhó” (La Jornada, 24 de octubre).
Los días posteriores se suceden en cascada hechos muy graves en el camino a Los Chorros y las comunidades de Chimix, La Esperanza, Aurora Chica, Puebla, Canolal, Tzanembolom y Acteal. Los ataques armados de los paramilitares contra la población civil, con la intención de expulsarlos de las comunidades, producen un muerto y más de una decena de heridos; los primeros casos que se conocieron, contabilizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado y los representantes priístas de Los Chorros, fueron 13 priístas heridos, y estas fuentes insisten en que todos fueron “emboscados” por “presuntos simpatizantes del EZLN” (La Jornada, 26 y 28 de octubre). En los días posteriores se vería que las cosas no eran así de simples.

http://www.jornada.unam.mx/2007/11/14/index.php?section=politica&article=014r1pol

15 de noviembre del 2007

Grupos armados de priístas preparaban ofensiva desde octubre: autonomías
Violencia y desalojos crecieron sin control en las zonas zapatistas
Meses antes de la matanza, el surgimiento de bandas se desató sin que las autoridades intervinieran, lo que fue denunciado por activistas

Hermann Bellinghausen/ XI

Para fines de octubre de 1997, La Jornada ya cubre constantemente los hechos que se suceden en Chenalhó, y entre lo tupido y lo complicado de la situación, los corresponsales no se dan abasto. El día 28, uno de ellos reporta desde distintos puntos de la geografía pedrana lo siguiente:
En medio de la carretera, frente a la comunidad de Acteal, dos camiones de tres toneladas llenos de indígenas priístas armados y con los rostros descubiertos entorpecen el tráfico. Son 40 hombres venidos de distintas comunidades que se preparan en plena vía pública para bajar, por segundo día consecutivo, a la comunidad de Chimix, donde habría de registrarse este martes un segundo enfrentamiento con simpatizantes zapatistas.
En las montañas de Chimix han habido, desde el pasado domingo 26, enfrentamientos de militantes de los partidos Revolucionario Institucional y Cardenista contra simpatizantes del EZLN, dejando un saldo de por lo menos ocho personas heridas.
“Es mentira que zapatistas emboscaron a miembros del PRI. Los priístas llegaron el lunes acompañados de la Seguridad Pública y agredieron a los simpatizantes zapatistas de Chimix; ellos protegieron a su familia y se defendieron”, aseguraron Antonio Pérez, Mariano Luna y Domingo Pérez Paciencia, miembros del consejo municipal autónomo de Polhó.
Para los representantes del gobierno autónomo, las cuatro personas heridas –Juan Pérez Hernández, Elías Pérez Pérez, Lorenzo Ruiz Vázquez y Agustín Pérez Gómez– no fueron emboscadas, sino que resultaron lesionados en el enfrentamiento. “Los compañeros respondieron para proteger a sus familias, después huyeron a las montañas y a las comunidades cercanas”.
En la región comprendida entre la comunidad zapatista de Polhó y la comunidad cardenista de La Esperanza (ya en los linderos de Pantelhó) se vive una fuerte tensión. Los simpatizantes del EZLN han reforzado su vigilancia alrededor de la comunidad donde se encuentra el consejo autónomo y, por su parte, los priístas-cardenistas recorren los principales caminos y mantienen una vigilancia permanente de los accesos a las comunidades consideradas zapatistas.
La mayoría de sus 400 familias –priístas y zapatistas– abandonaron Chimix. De acuerdo con la información proporcionada por campesinos del lugar y el propio consejo autónomo, unas 170 familias volvieron a dejar sus viviendas en Yaxjemel, 54 más se fueron de La Esperanza, 30 familias salieron de Aurora Chica, cerca de 300 abandonaron Chimix y dos docenas de Puebla.
La mayoría de los indígenas que huyeron de sus comunidades por temor a ser agredidos por grupos armados –priístas y zapatistas– se encuentran refugiados en las comunidades de Tzajalchén, Naranjatic Alto, Poconichim y Polhó, en la cabecera municipal de Chenalhó y la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
De acuerdo con información obtenida en el recorrido por varias comunidades de Chenalhó, los grupos armados priístas –igual al que encontramos en la comunidad de Acteal– estaban concentrados desde hace cinco días en Bajo Beltic y, según el consejo autónomo de Polhó, se espera una fuerte embestida de los grupos paramilitares contra otras comunidades zapatistas.
Llamado a negociar
En otras informaciones de esa fecha (La Jornada, 29 de octubre) fuentes de la Procuraduría General de Justicia del estado informaron que unos 300 policías de Seguridad Pública “pusieron en marcha hoy un operativo de despistolización en Chenalhó para evitar nuevos hechos de violencia”. A la luz de los hechos que no dejaron de ocurrir, el frívolo operativo no ocurrió jamás.
Por otra parte, representantes de los municipios de rebeldes de los Altos de Chiapas pidieron a los priístas que “reflexionen’” y “se acerquen para buscar soluciones pacíficas sin la intervención del mal gobierno y sus funcionarios corruptos, que sólo quieren que haya división y enfrentamientos entre indígenas”.
En un documento dirigido a los priístas de Chenalhó, los representantes de los municipios autónomos agregaron: “No es justo que nos sigamos matando entre indígenas sólo porque no somos de la misma organización, partido o religión”, precisaron. Asimismo, acusaron a los presidentes municipales del partido oficial de ser los causantes de la división entre los indígenas y de “engañar a los priístas, con todo el dinero que les da el gobierno, y por eso no les conviene que haya una solución”.
Los autónomos aseguraron que “no queremos pelear contra nuestros hermanos indígenas, por eso nos hemos aguantado hasta donde hemos podido, pero si ustedes comienzan a provocarnos no nos queda más camino que defendernos. No podemos quedarnos callados”.
Se precipitan los acontecimientos
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) elaboraría sus propia relación de los tumultuosos acontecimientos: “El consejo autónomo de Polhó informó que el 23 de octubre, a bordo de un camión de tres toneladas, propiedad del municipio de oficial, un grupo de priístas, junto con elementos de la policía de Seguridad Pública, agredió con arma de fuego al señor Manuel Santiz Gómez en la comunidad de Las Láminas. Como resultado de esta agresión, 28 familias (130 personas) salieron huyendo a las montañas cercanas” (El camino a la masacre, diciembre de 1997).
El 25 de octubre, “en un enfrentamiento en las inmediaciones del entronque de Majomut” resultaron heridos Mariano Pérez Santiz, Lucio Luna Guzmán, Manuel Vázquez Pérez, Agustín Gómez Negocio, Juan Luna Entzín, Abelardo Girón Luna, Antonio Entzín López, Andrés Santiz Jiménez, Sebastián Gómez Arias, Cristóbal Ruiz Pérez, Miguel Vázquez Vázquez y María Vázquez Pérez. “Todos ellos, al parecer originarios del ejido Los Chorros y militantes del PRI y del Partido Cardenista (PC). Los heridos fueron trasladados de urgencia a San Cristóbal de Las Casas. Algunas de las víctimas fueron dadas de alta el mismo día. La agresión se llevó a cabo por un grupo embozado al parecer miembros del municipio autónomo. Las autoridades municipales autónomas lo negaron”.
El 27 de octubre por la mañana un grupo de paramilitares armado con rifles de alto poder, originario de Los Chorros, se trasladó a Chimix, en el norte del municipio. “Al llegar a la comunidad dispararon al aire para amedrentar a la población. De igual manera destrozaron la tienda de Manuel Pérez Luna y saquearon sus pertenencias”.
El CDHFBC relata: “Al día siguiente, 28 de octubre, los mismos individuos armados regresaron a Chimix. En esta ocasión la comunidad ya los esperaba. Se registró un enfrentamiento en el cual, según la subprocuraduría de Justicia, resultaron heridas cuatro personas”. El 12 de noviembre aparecería en Chimix el cadáver de Benito Moreno Hernández y la subprocuraduría informó que “había perdido la vida en el enfrentamiento”.
En la comunidad de Canolal, un grupo de priístas quemó el día 27 varias viviendas y expulsó a los simpatizantes del municipio autónomo. Los desplazados se refugiaron, al parecer, en la comunidad de Santa Cruz. Según estimaciones del CDHFBC, en esa ocasión se desplazaron unas mil 200 personas.
El 29 de octubre, Manuel Anzaldo Meneses (miembro del comité estatal del Partido Cardenista, “ex guerrillero” presunto, pues nunca lo fue, considerado en la región como uno de los líderes de los paramilitares, y a la sazón representante de un grupo, Los Chorros) dijo a la reportera Gabriela Coutiño del oficialista diario local Cuarto Poder “que la responsabilidad de todos los hechos violentos la tienen los zapatistas de la región”. Esa misma fecha, en las inmediaciones de Majomut, Lorenzo Jiménez fue arbitrariamente detenido por elementos de la SP y el juez municipal. “Ante la protesta de los vecinos y la exigencia de que mostraran alguna orden de aprehensión fue liberado”.
El 3 de noviembre, el municipio autónomo de San Andrés Sakamch’en acusó al gobernador Julio César Ruiz Ferro de “armar” a paramilitares y guardias blancas. El consejo informó también que Cirilo Hernández López, su secretario municipal, fue sobornado por las autoridades priístas con un típico cañonazo de 50 mil pesos. Ni un peso más ni menos, para robar un vehículo. Él mismo reconoció luego que Marcos Hernández López (presidente municipal priísta de San Andrés) “le platicó que al principio existían 50 guardias blancas, pero que en los días recientes se han incrementado en todo el municipio, y que reciben entrenamiento militar en la casa del padre Diego Andrés Locket (quien siempre se enfrentó a la diócesis indígena de Samuel Ruiz) para atacar a los ‘perredistas’. Dijo Marcos Hernández que primero recibió 100 armas que mandó el gobernador del estado y recientemente recibió más y que lo repartieron en la noche en la casa del sacerdote” (La Jornada, 4 de noviembre).

http://www.jornada.unam.mx/2007/11/15/index.php?section=politica&article=016r1pol