REPORTAJE /A diez años de Acteal

23 de noviembre del 2007

“Es la Navidad más triste de nuestras vidas”: Samuel Ruiz
Sobrevivientes identifican los cadáveres destrozados
Autoridades chiapanecas nunca efectuaron el trámite respectivo
La CNDH hace abrir los 45 ataúdes; el olor se subleva
“Ellos, nuestros padres y madres, harán que se cumpla el sueño de la justicia. Su sangre regará nuestro suelo, nuestra milpa, nuestra casa, para que la paz amanezca y brille la justicia”
Hermann Bellinghausen /XIX

Acteal, 25 de diciembre de 1997. Poco a poco sube el olor, rodeando con su cálida contundencia todo este inmenso y sólo en apariencia callado dolor de los tzotziles. No, no es la pestilencia de la muerte, aunque conforme avanza la mañana las 45 cajas se vayan poblando de moscas, miles de ellas, golosas. Tampoco es el olor dulzón de esta tierra removida y pisoteada tanto en tan pocos días. Los sobrevivientes de la matanza de Acteal llevan su dolor y su rabia con una grandeza inmune a todo. ¿Ya qué más puede pasarles?
Mariano, en el vértice de la explanada que ocupan los ataúdes de todos sus muertos, preside, junto con la demás autoridad tradicional del pueblo de Chenalhó, la misa de cuerpo presente que oficia el obispo Samuel Ruiz García, quien llama a ésta “la Navidad más triste de nuestras vidas”.
Representante de Paz de Acteal, Mariano es el único de los cientos de hombres presentes que lleva sombrero ceremonial de listones. Él conduce la ceremonia. Es quien habla a los hombres y mujeres de Quextic y La Esperanza, cuyos familiares vinieron a morir aquí. A la vez supervisa la excavación de las dos grandes fosas de dos metros por 20, que en ese momento ocupa a decenas de hombres y muchachos que con picos y palas rompen la tierra. Mariano distribuye crisantemos blancos a las mujeres y les pide ponerlos sobre las cajas de los suyos. Él mismo va y pone uno sobre el ataúd de su mujer, y otros dos sobre los de sus hijas. Sobre cada uno se inclina y deposita un beso.
Es uno de los hombres más respetados de Chenalhó. Su cargo anterior, hasta hace pocos meses, fue de pashión, máxima autoridad espiritual. Durante un año descansó sobre sus hombros el peso del universo. En el vértice del campo de cajas, Mariano habla con claridad. También llora. Sólo quedaron él y su hijo de 12 años. Lo rodean los demás principales, mientras transcurre la misa que concelebran Ruiz García y varios sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal de las Casas.
Crisantemos y artículos constitucionales
Han hablado varios hombres, como acostumbran cuando están en asamblea. Uno dice al obispo: “voy a morir también, pero quiero la justicia, que sean castigados los culpables, los priístas, principalmente. No me importan las diferencias de organización ni partido político”. E invoca la Constitución, en misa: “Hay el artículo 24, que va a respetar los partidos y las religiones. ¿Dónde está el artículo 24, señor gobernador?”
También los principales reparten crisantemos a las mujeres. Un catequista, señalando hacia las cajas, expresa en la ceremonia: “ellos, nuestros padres y madres, harán que se cumpla el sueño de la justicia. Su sangre regará nuestro suelo, nuestra milpa, nuestra casa, para que la paz amanezca y brille la justicia”. Es creyente de la intercesión de los ancestros ante las potencias superiores. Así, comenta de los caídos: “ellos y ellas harán que la palabra hable”.
Con sobriedad admirable, los sobrevivientes escuchaban al Tatic hablar del perdón, en el mismo sitio donde cayeron sus familiares. Samuel Ruiz García ha estado con ellos desde temprano. Antes de la misa permaneció sentado frente a los indígenas reunidos sobre la explanada cavando la fosa. Durante horas, solo y en silencio, miró ese campo sembrado de cadáveres. Seguramente sintió, como todos los presentes, la sobrecogedora paz, más allá de las lágrimas, que irradiaban los indígenas de Las Abejas.
Pocos metros arriba de esta explanada corre la carretera por la que llegaron la mañana del lunes los asesinos. Por la que hoy temprano transitaban algunos de los implicados en un vehículo oficial, se presume que protegidos por la policía municipal del ayuntamiento constitucional de Chenalhó, que viajaba en otro vehículo.
Dio la casualidad. Y entonces pasaron por el sitio, y en medio del cortejo, miembros del grupo paramilitar que ejecutó el crimen. Fueron reconocidos por la procesión que traía los 45 cuerpos desde el vecino pueblo de Polhó, donde anoche los entregaron las autoridades de Tuxtla y la Federación a los mandos del municipio autónomo.
¿Enviaba el gobierno a los paramilitares a un probable linchamiento, poniéndolos en manos de los sobrevivientes? La disciplina de las bases zapatistas que acompañaban el cortejo y la presencia del Tatic impidieron que los paramilitares fueran agredidos. Como con los dolientes venían la Policía Judicial Federal y la CNDH, se aprehendió de inmediato a los sospechosos, no lejos del flamante campamento del Ejército instalado en la escuela primaria de Acteal.
Más tarde, durante la misa, bajó de la carretera, atravesó con descaro la explanada llena de indígenas y caminó hasta la ermita, a 50 metros del lugar, un hombre de traje. Tal vez el único de los miles de presentes con saco y pantalón de vestir. Ostentaba una pistola escuadra metida en la cintura. Minutos después apareció Gustavo Moscoso Zenteno, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas y representante del gobierno ruizferrista en las negociaciones de paz y reconciliación que culminaron en matanza.
Buscaba a Mireille Roccatti, titular de la CNDH, pero ésta ya se había retirado. Como quiera, permaneció un rato en el entierro. Encarnaba aquí al gobierno. No estuvo mal que presenciara, aunque sólo fuera por unos minutos, la terrible ceremonia. No estuvo mal que, también a él, lo envolviera ese olor.
A pocos pasos, bajo los maltrechos cobertizos del campamento en ruinas y a partir de hoy cementerio, las mujeres cuidan en la sombra y amamantan a sus hijos. Uno de ellos vomita bilis, dolorosamente. Una bebita llora. Varios niños, circunspectos y todo, medio juegan. Pasa entonces el hijo de Mariano, cargando en la frente una red. Heredó el porte de su padre. Un príncipe sin tierra. Sonríe tristemente y se pierde entre los hombres que esperan su turno para cavar las fosas. “No fosa común, sino comunitaria”, según Carlos Monsiváis, testigo del desenlace de la ignominia.
La presencia gubernamental
Y entonces, el brutal trámite burocrático: identificar los cadáveres. Por increíble que parezca, las autoridades del gobierno chiapaneco no efectuaron nunca ese trámite, en lo que varios observadores consideran otra maniobra de ocultamiento. Otra más. Ahora es competencia federal. Un agente, uno solo, de la Policía Judicial Federal, escucha, abrumado, decenas de denuncias. La historia de X’Cumumal, comunidad rodeada por los paramilitares y la policía, donde están a punto de morir de hambre más de 3 mil desplazados. Suda cuando escucha la historia de las mujeres secuestradas en Pechequil, obligadas por los priístas a realizar trabajos forzados bajo amenaza de muerte.
Aquí se inhuma a cinco mujeres embarazadas. La PGR mencionó sólo dos en su informe. Dos murieron a machetazos. Otra, Juana Pérez Pérez, de 33 años y siete meses de embarazo, recibió de arriba a abajo una bala expansiva en el tórax que le causó exposición abdominal de vísceras. En datos corroborados por Las Abejas, a Rosa Pérez Pérez, con dos heridas en tórax, le estalló el corazón, y recibió un machetazo. Marcela Capote Vázquez, de 15 años, bala en tórax. María Gómez Ruiz recibió dos tiros por la espalda, igual que todos los los niños caídos. También embarazada, Rosa Gómez sobrevivió; no su bebé.
Los operarios de la CNDH hacen abrir uno por uno los 45 ataúdes después del mediodía. Los familiares de los muertos enfrentan el momento de reconocer a su gente en esos cuerpos destrozados. Por descomposición o por efectos de la violencia, algunos están irreconocibles. El olor se subleva. Las moscas se incrementan. Así, una caja que dice “adulto femenino” o “niño masculino” recupera su nombre por última vez.
En llanto o en silencio, las mujeres meten en los ataúdes zapatos, cobijas y huipiles a su gente, desnuda como se la llevaron anteayer las autoridades, los cuerpos envueltos ahora en bolsas de plástico. A una mujer su hermana le coloca encima cinco huipiles nuevos, un rebozo, un cinturón, todos bordados y nunca estrenados por la difunta.
Mariano y los demás principales organizan el traslado de las cajas hasta las fosas. Algunos miembros de la caravana Para Todos Todo auxilian a los hombres que cargan. No hay agobio ni prisa. Jóvenes capitalinos, mujeres de ciudad que, como los demás, no acaban de entender qué está sucediendo.
La expresión “aquí quedó”, frecuente en estas tierras para dar a entender el lugar de una muerte, se cumple por dos. Aquí quedaron las víctimas, aquí sacrificadas. Ésa es la penitencia que imponen los desplazados a esta tierra cruel donde, según sus tradiciones, dejan sembrada la memoria. Los vivos llevan sobre sus hombros todo el peso del universo. Ahora, fuera de eso, despojados entre los despojados, estos campesinos nada tienen (La Jornada, 26 de diciembre).


24 de noviembre del 2007


“No fue un choque armado; fue, llanamente, una ejecución”
La investigación zapatista: Zedillo financió la agresión
El 22 de diciembre de 1997 Ruiz Ferro recibió dos llamadas de alerta de la Conai, pero respondió que “todo estaba bajo control”
“Prefiero pasar a la historia como represor antes que cumplir los acuerdos con el EZLN”, fue el mensaje del entonces mandatario a la Comandancia General rebelde
Hermann Bellinghausen /XX

Entre el 23 de diciembre de 1997 y los primeros días de 1998, el EZLN emite varios comunicados que revelan el resultado de sus propias investigaciones sobre la matanza. De entrada, la comandancia rebelde responsabiliza a miembros del PRI “patrocinados por los gobiernos federal y estatal”. De acuerdo con transmisiones radiales del gobierno chiapaneco interceptadas por el EZLN, “en las inmediaciones de Acteal y al tiempo que se realizaba la masacre, policías de Seguridad Pública respaldaron la agresión y, en horas de la tarde y noche, se dedicaron a recoger cadáveres para ocultar la magnitud de la matanza” (24 de diciembre).
“El señor Julio Cesar Ruiz Ferro estuvo continuamente informado del desarrollo del operativo, por lo menos desde las 12 horas del 22 de diciembre, cuando la matanza llevaba ya una hora. Aprobado por los gobiernos federal y estatal, el ataque se afinó el 21 de diciembre en una reunión de paramilitares de Los Chorros, Puebla, La Esperanza y Quextic”, continúa el primero de cuatro comunicados zapatistas.
“La responsabilidad directa de los hechos sangrientos recae en Ernesto Zedillo Ponce de León y la Secretaría de Gobernación, que desde hace dos años dieron luz verde al proyecto de contrainsurgencia presentado por el Ejército federal. Dicho proyecto intenta desplazar la guerra zapatista hacia un conflicto entre indígenas, motivado por diferencias religiosas, políticas o étnicas. Para cumplirlo, se dedicaron a financiar equipo y armamento y dar entrenamiento militar, que fue dirigido por oficiales del Ejército federal a indígenas reclutados por el PRI. Para dar tiempo a que estos escuadrones de la muerte estuvieran listos, el gobierno mexicano diseñó una estrategia paralela de diálogo simulado, sin intención alguna de cumplir lo que se acordara y aumentando la presencia militar. El gobierno de Chiapas quedó encargado de garantizar la impunidad de los grupos paramilitares y facilitar su operación en las principales zonas rebeldes.”
Como muestra de su “voluntad de paz”, por diversos canales “el señor Ernesto Zedillo mandó amenazas a la Comandancia General del EZLN con el siguiente mensaje: ‘Prefiero pasar a la historia como represor antes que cumplir los acuerdos con el EZLN’. Esta palabra sí la cumplió. Zedillo ya pasó a la historia como asesino de indígenas y lleva en las manos la sangre de Acteal”.
Ningún refugiado tenía armas
En un segundo comunicado (27 de diciembre), el EZLN informa del avance de sus investigaciones. “Ninguno de los refugiados tenía armas de fuego”, destaca. En cambio, todos los atacantes las tenían y algunos, además, poseían armas blancas. La mayoría de las armas largas eran AK-47 calibre 7.62 x 39. Las armas cortas o pistolas eran de modelo escuadra, calibre 22 largo rifle.
“Antes de que se iniciara la masacre, los vehículos de los paramilitares fueron detectados por bases de apoyo del EZLN, quienes fueron a avisarles a los refugiados en Acteal para que salieran y alertaran a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai). Un grupo de aproximadamente 15 personas alcanzó a salir, pero el resto alegó que no podían hacerles nada porque no habían hecho nada malo.
“El 22 de diciembre al mediodía, cuando apenas se iniciaba el ataque, bases de apoyo zapatistas escucharon las primeras detonaciones y se comunicaron a la Conai para informarle. La Conai respondió a los compañeros que se iba a avisar al gobierno del estado. A las 12 horas del 22 de diciembre, el gobierno del estado recibió la denuncia. A las 19 horas el aviso se repitió. El gobierno del estado dijo que todo estaba bajo control.
“El comando paramilitar que realizó la masacre se movilizó en vehículos propiedad de la presidencia municipal priísta de Chenalhó y de particulares. Todos los miembros del grupo agresor portaban uniformes de color oscuro. Los vehículos, así como el armamento, uniformes y equipos de los agresores, se obtuvieron con dinero proveniente de la Secretaría de Desarrollo Social. Terminado el ataque, agentes de Seguridad Pública se dieron a la tarea de recoger los cadáveres y desaparecerlos dentro de una cueva y en el fondo de un barranco”.
La comandancia zapatista expuso algunas conclusiones. No se trató de un conflicto religioso, ni étnico. “No se trató de un enfrentamiento, como lo quieren presentar los gobiernos federal y estatal; los muertos estaban desarmados. No hubo choque armado. Fue, simple y llanamente, una ejecución”.
El objetivo era “acabar con todos”, que no quedaran testigos y limpiar las evidencias: “El plan gubernamental era que el hecho no fuera del dominio público. Las autoridades primero quisieron negar la matanza, luego minimizarla. Ahora quieren confundir a la opinión pública sobre el verdadero móvil del crimen”.
Para el EZLN, “es evidente que el grupo agresor contaba con preparación militar ‘de comando especial’. Sus armas, equipos y uniformes son los de una organización militarizada y revelan que se trató de una acción concertada, preparada y dirigida por personas o instancias que no participaron directamente.
“Desde el inicio del deterioro y crisis de la situación social en Chiapas, producto de la estrategia contrainsurgente gubernamental, el CCRI-CG del EZLN orientó a sus bases de apoyo para que evitaran en todo momento, aun a costa de perder sus pocas pertenencias, el enfrentamiento con otros indígenas. El propósito gubernamental era y es que mudáramos de enemigos y nos enfrentáramos a otros indígenas. Por eso cada vez que fuimos agredidos no respondimos en forma violenta, sino que recurrimos a la Conai (cuya existencia combate con toda decisión el gobierno federal) y a la prensa nacional e internacional (cuya labor profesional molesta tanto a los gobernantes).
“En una televisora se documentaron objetivamente las condiciones de persecución y hostigamiento en que viven los indígenas de Chenalhó. Todos los entrevistados denunciaron la presencia y acción de guardias blancas”. El secretario de Go-bernación “protestó por el ‘tono parcial y tremendista’ de la información televisada y vetó su repartición”, dice el EZLN.
“Conforme a las evidencias encontradas, se deduce que el crimen de Acteal fue preparado con antelación, con plena conciencia, bajo la dirección de autoridades estatales y la complicidad de diversas secretarías del gobierno federal, entre las que destacan Gobernación, Desarrollo Social y Defensa Nacional, así como de las dirigencias nacional y estatales del PRI.
“La guerra actual en Chenalhó no se inició en los años 30. Empezó a gestarse en agosto de 1995, cuando los gobiernos federal y estatal acordaron su actual estrategia antizapatista. Antes de eso, más de año y medio después del primero de enero de 1994, la convivencia pacífica entre grupos políticos diferentes había sido posible. Todavía hace algunos meses, las autoridades oficialistas de Chenalhó habían acordado con las autónomas respeto mutuo y tolerancia. Pero llegó la orden de acabar con los rebeldes”.
Análisis de balística
A principios de 1998, el EZLN añade (5 de enero): “De acuerdo con las heridas que presentan algunos sobrevivientes, al análisis de los impactos en las construcciones de Acteal, según estudios de la balística de efecto, los paramilitares también usaron armas calibre 5.56 milímetros, con balas de punta blanda”, de efecto parecido a la bala expansiva. Entre las armas que usan el calibre 5.56 MM está el fusil automático M-16 (R-15 en su versión semiautomática), que actualmente portan los elementos de Seguridad Pública de Chiapas”.
Según comunicaciones radiotelefónicas interceptadas por el EZLN, “la Secretaría de Gobierno está dando órdenes a sus sicarios en los Altos para que se escondan. Se les dice que entierren las armas y esperen ‘a que pase el problema’. ‘Hay que dejar que se cansen y se calmen las protestas’, dijo la voz (mestiza) que dio las indicaciones al cabildo priísta de Chenalhó. La comunicación interceptada proviene del teléfono 8-48-33. Se dice que pertenece a la delegación en San Cristóbal del gobierno de Chiapas”.
La presencia masiva del Ejército “ha envalentonado a los paramilitares, que ahora amenazan con atacar a otros grupos de desplazados. Esto ha provocado que miles de indígenas se refugien en Polhó”, donde se han concentrado 4 mil 273 refugiados. “Hay cuando menos otros 2 mil 440 en condiciones de aislamiento, vulnerables a un nuevo ataque”, asevera el EZLN.
En los primeros días de enero de 1998, el Ejército ocupa Aldama, Morelia, Yaltchiptic, San Caralampio, 10 de Abril y otras comunidades zapatistas en la selva Lacandona y los Altos, y sitia durante 17 horas La Realidad. La guerra no ha terminado.

25 de noviembre del 2007


El trauma de la matanza es superado pronto por el gobierno, no así por las comunidades
El camino de la impunidad oficial
Desplazar a unas 10 mil personas conduce a problemas alimentarios y de salud
Una década después siguen sin castigo los promotores y autores intelectuales
Hermann Bellinghausen / XXI y último

La última semana de diciembre de 1997 es para las comunidades de Chenalhó tan difícil como la anterior a la matanza del día 22. Seguirían en estado de emergencia por meses. Años. Los zapatistas del municipio de Polhó, y sus simpatizantes perredistas y Las Abejas, pagan cara su rebeldía. La militarización de unas 15 comunidades y la permanente condición de desplazados de la tercera parte de la población de Chenalhó (unas 10 mil personas al terminar el año) genera graves problemas alimentarios, de salud, de trauma social, desempleo (por despojo de cafetales y milpas) y seguridad. Aún después de la matanza, sordos al escándalo mundial por sus acciones, los paramilitares siguen disparando, amenazando, secuestrando comunidades enteras. Hoy sabemos que además nunca fueron desarmados, aunque muchos estén en la cárcel.
La PGR monta inmediatamente la teoría del “conflicto intercomunitario” y de familias “que se disputan el poder” desde “los años 30” (*27 de diciembre). Ahora sí que Shakespeare en Chenalhó. La investigación que concluye con el Libro blanco de Acteal en 1998 se sujeta a la hipótesis que el procurador Jorge Madrazo Cuéllar divulga inmediatamente después de la matanza. Con ello se asegura un “control de daños” del lado gubernamental. La responsabilidad no llega más allá de los mandos policiacos; los funcionarios estatales no tocan la prisión. Contra los discursos y trastabilleos del presidente Zedillo, su gabinete, los legisladores del PRI y lo que queda de gobierno en Chiapas, para los indígenas el drama continúa.
El rescate
El día 27 llegan a Polhó tres mil 500 desplazados de X’Cumumal, y otros 400 que desde hace un mes son retenidos a la fuerza por grupos priístas en Pechiquil y Los Chorros. Este último grupo es “rescatado” por una brigada de organizaciones de derechos humanos y la Cruz Roja, reforzada con autoridades de la PGR y del Ejército federal.
Primero llegan los desplazados de distintas comunidades que habían permanecido sitiados por desconocidos armados en X’Cumumal, a ocho horas a pie. Un río de indígenas agotados, silenciosos, entra a Polhó enmedio de una valla de seguridad de ONG diversas. Más tarde arriba otra columna con los retenidos de Pechiquil. Entre la espesa neblina, la pertinaz lluvia y el lodo, la gente invade la carretera entre Polhó y Pantelhó. Llanto y felicidad se mezclan durante la entrada al poblado donde vivirán por un largo tiempo. En el camino, las escenas son de niños sufriendo frío y calentura, viejos descalzos apoyados en bastón, mujeres con uno o dos niños en su espalda o su pecho, hombres cargando costales de café.
El escudo de protección para los tzotziles que abandonan su refugio en X’Cumumal está integrado por la Cruz Roja Mexicana, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, legisladores federales perredistas, organizaciones civiles por la paz y actrices como Ofelia Medina y Ana Colchero, informa La Jornada. Diez años después, la primera sigue apoyando a los desplazados en sus campamentos.
En tanto, en una operación sorpresa organizada por la PGR, el Ejército federal, organismos de derechos humanos y la Cruz Roja, unos 400 indígenas secuestrados por priístas en Los Chorros y Pechiquil son rescatados y llevados a los nuevos refugios. El convoy arriba a Los Chorros, principal centro de los paramilitares, a las 8:30 del día 27. Ante el asombro de los militares, las personas secuestradas y obligadas a trabajar y entregar cooperaciones para comprar armas rebasaban las 300. El número de vehículos es insuficiente para trasladar a todos los indígenas. Los legisladores piden al mando militar llevar en sus camiones a los liberados (28 de diciembre).
El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, acepta que el gobierno federal tuvo información de “grupos civiles armados” en Chiapas, y sabía de la situación en Chenalhó, pero que un ataque como el de Acteal “escapa a cualquier sistema de información” (27 de diciembre). El señor secretario por lo visto no lee los periódicos y por una vez no le creyó a la televisión. El dirigente perredista Andrés Manuel López Obrador y decenas de ONG acusan a Madrazo y Chuayffet de “maniobrar” con las investigaciones, buscando exonerar a las autoridades involucradas. Los abogados democráticos hablan de “genocidio” (28 de diciembre).
La PGR realiza infructuosos cateos en busca de armas (30 de diciembre), mientras las enfermedades y el hambre se apoderan de los desplazados en Polhó, Xoyep y otros campamentos. En el país se realizan movilizaciones de protesta, que se incrementan la primera quincena de enero de 1998. Unas 50 ONG de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos demandan investigar al gobernador Ruiz Ferro por su “responsabilidad” en los crímenes (31 de diciembre).
Protesta internacional
En el mundo se suscita la serie de protestas más extensa de la historia, antes de las movilizaciones antiglobalización del siglo XXI. Del 23 de diciembre al 22 de enero de 1998 se reportan 249 acciones en 22 países; 118 en Estados Unidos, donde la respuesta es generalizada; 21 en España; 20 en Italia y 11 en Canadá. (Un amplio análisis del fenómeno está documentado en “La red transnacional de solidaridad con la rebelión indígena de Chiapas y el ciclo de protestas contra la globalización”, investigación de Giomar Rovira, UAM-X, 2007). Un gran número de las acciones internacionales ocurren el 12 de enero de forma simultánea a la marcha de 80 mil personas en el Distrito Federal, 2 mil en San Cristóbal de las Casas y movilizaciones en diferentes ciudades de México. Toda Europa, Bolivia, Australia, Puerto Rico, Cuba, Nicaragua.
En Italia y Alemania (11 de enero de 1998) se destaca que desde el papa Juan Pablo II hasta estrellas de rock como Jovanotti y Modena City Ramblers, los grupos autónomos, partidos políticos, las grandes cadenas de televisión y los principales periódicos se refieren al tema con voces de reprobación contra el gobierno mexicano e iniciativas en favor de los zapatistas. Embajadas y consulados de México son sitiados y a veces ocupados por manifestantes en todo el mundo. Decenas de intelectuales y personalidades se pronuncian con indignación. El Parlamento Europeo recuerda al gobierno mexicano que “el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación firmado en diciembre de 1997 aporta una cláusula democrática, que en su primer artículo basa el acuerdo en el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales”.
Desde Togo, la Internacional Sur-Panafricana difunde “su gran preocupación” por la situación. “Enviamos nuestro pensamiento y plegarias a nuestros hermanos chiapanecos muertos. Denunciamos la falta de respeto a los derechos humanos con que se pretende hundir al pueblo de Chiapas, que sufre para no caer en el olvido”.
Continúa la violencia
Estados Unidos y Canadá, socios comerciales de México, también le aprietan algunas tuercas al gobierno zedillista, pero nada más. El trauma de Acteal sería “superado” pronto por el gobierno; no así por las comunidades (y hasta los grupos paramilitares: fue tal el shock, que desistieron de la violencia por un bien tiempo). El gobierno debió continuar la guerra de baja intensidad con sus propias fuerzas. A lo largo de 1998 son “desmantelados” violentamiente los municipios autónomos San Juan de la Libertad (donde hubo otras masacres en Unión Progreso y Chavajeval en junio), Tierra y Libertad y Ricardo Flores Magón; sobre Polhó pendió siempre la amenaza de un ataque, sin concretarse.
Con nuevo gobernador interino (el senador priísta Roberto Albores Guillén) y nuevos mandos policiacos y militares al frente de una renovada ocupación de Chenalhó y el resto del territorio indígena, el gobierno federal no sólo no repliega su estrategia de guerra sino que la generaliza. Pero ese es otro capítulo de una historia donde los terribles acontecimientos de Acteal son sólo un episodio. La impunidad institucional fue la regla. Una década después lo sigue siendo. El gobierno de Felipe Calderón mantiene intocados a los promotores, organizadores y autores intelectuales de la masacre, y además reactiva el esquema paramilitar en las comunidades y municipios autónomos.
¿Otra vez se “desbordarán” conflictos “entre familias y parajes”, aunque sean denunciados y documentados? ¿Toparemos nuevamente a funcionarios con cara de “yo no fui”? El horror prefabricado no termina en Acteal. Sin embargo, la verdad sobre la masacre es ya un triunfo cultural, como se dice (se dijo siempre) del 2 de octubre de 1968. Cualquier “rescritura” resulta vana, aunque podría servir para refrendar la impunidad del gobierno mexicano, esa “tradición” política que sigue siendo impermeable a la justicia.
Créditos finales
Este reportaje fue elaborado fundamentalmente a partir de la información enviada desde las regiones indígenas de Chiapas entre mayo y diciembre de 1997 por los reporteros Juan Balboa, Elio Henríquez y quien firma este trabajo, así como por Ángeles Mariscal, corresponsal en Tuxtla Gutiérrez.
También se emplearon crónicas y notas de Blanche Petrich, Jesús Aranda, Alma E. Muñoz y Jesusa Cervantes. Algunas informaciones adicionales se deben a Juan Manuel Venegas, Andrea Becerril, Triunfo Elizalde, Matilde Pérez, Jaime Avilés, José Gil Olmos, Salvador Guerrero Chiprés, David Aponte y Martha García. Los artículos de opinión de diversos autores y los comunicados del EZLN que se citan aparecieron originalmente en las páginas de este diario. Fue invaluable el respaldo brindado por Juan Martínez, responsable de la hemeroteca de La Jornada.
Además resultaron de gran utilidad las investigaciones inéditas de Dolores Camacho, Arturo Lomelí y Jesús Ramírez Cuevas, testigos presenciales del periodo, así como los reportes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y su documento Camino a la masacre: Informe especial sobre Chenalhó (diciembre de 1997). Otras fuentes se especifican en el texto.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.


http://www.jornada.unam.mx/2007/11/25/index.php?section=politica&article=010r1pol

http://www.jornada.unam.mx/2007/11/24/index.php?section=politica&article=012r1pol

http://www.jornada.unam.mx/2007/11/23/index.php?section=politica&article=014r1pol