REPORTAJE / A diez años de Acteal

8 de noviembre del 2007

La marcha de los 1,111 frenó algo la violencia; faltaba agosto
En 97, la contrainsurgencia abortó la paz en Chenalhó

Hermann Bellinghausen / IV

A mediados de junio de 1997 Chenalhó ya es un escenario de activa contrainsurgencia. La asignación de recursos oficiales, que fluyen en abundancia, está detonando conflictos comunitarios. Como en otras comunidades, en Saclum y Matzeclum se amenaza con expulsar a las familias de los dos municipios autónomos que abarcan Chenalhó: Polhó y Magdalenas La Paz.
En la cabecera de San Pedro Chenalhó, un priísta de nombre Mariano (pidió omitir su apellido), poblador de Saclum, declaró: “Nos dijeron que iban a repartir el dinero, con la condición de que lo solicitaran todos de la comunidad. Les dijimos que los zapatistas no iban a aceptar, y nos repitieron que ‘todos’. Entonces preguntamos que qué hacíamos si no aceptaban, y nos dijeron ‘pues córranlos, o los obligan’” (La Jornada, 14 de junio*).
“Tenemos diferencias, sí, pero llevamos tres años viviendo desde que comenzó el problema de los zapatistas y sólo ahora, con la obligación para un programa del gobierno, nos obligan a pelear”, agregaba el hombre de Saclum, comunidad ubicada al oeste del municipio, en el extremo opuesto de la zona donde finalmente “prendió” la paramilitarización y en cuyo corazón geográfico se encuentra Acteal. El edil Jacinto Arias Cruz había solicitado, en nombre de “todo el municipio”, la presencia de la policía. Mariano advirtió a La Jornada que al menos en Saclum no era así. “No queremos más problemas entre hermanos”.
Aquí no pasa nada
Ese día estuvo en Chenalhó el senador priísta Sami David en un acto proselitista (pues se avecinaban elecciones de diputados federales), en un ambiente de “aquí no pasa nada”. Poco antes, el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas, de gira por Chiapas, había asegurado que la inversión social no se orientaba a la contrainsurgencia. También visitó la entidad, por segunda vez en 15 días, el secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre (13 y 14 de junio).
En ese momento ya se calculaba en mil 200 el número mínimo de desplazados zapatistas y simpatizantes (sólo de Yaxjemel y Yabteclum eran 534 y 527, respectivamente). En Polhó, el consejo autónomo recordaba que antes, en Chenalhó, cuando había conflictos, “en vez de encender el fuego” lo aplacaban negociando (16 de junio). Las cosas cambiaron desde un año atrás, cuando renunció el alcalde oficial Manuel Arias Pérez y lo sustituyó su secretario Jacinto Arias Cruz. Ahora, éste “es el que desbarata, insiste en que haya enfrentamiento”.
La caída del edil electo se debió al primer crimen contra zapatistas, cuando la noche del 19 al 20 de agosto de 1996 una turba de priístas ebrios “capturó” a seis jóvenes zapatistas en una posada de la cabecera municipal, los linchó y arrojó sus cuerpos en la sima de Chixiltón. Hubo tres detenidos por los asesinatos, que salieron libres tiempo después. También por entonces renunció, “por motivos personales”, el secretario estatal de Atención a los Pueblos Indios, el conocido escritor pedrano Jacinto Arias Pérez (homónimo del nuevo alcalde priísta y primo del anterior). Estaba inconforme con lo que pasaba y prefirió hacer mutis (Suplemento Masiosare, 28 de diciembre). Algo estaba pasando en San Pedro Chenalhó. El grupo oficialista dominante era desplazado por gente nueva, más agresiva y desarraigada (como documentarían más adelante Andrés Aubry y Angélica Inda en La Jornada).
En Yabteclum se saqueaban las casas de los desplazados zapatistas. El consejo de Polhó refirió el caso de Felipe Gómez Gómez, priísta, quien en vez de participar en un ataque contra simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) “se quedó dormido” en su casa. “Les dio coraje a los del PRI que no obedeciera. Lo fueron allanar la casa del muchacho y lo llevaron preso a Chenalhó. Y (eso que) es uno de ellos” (17 de junio). Las explicaciones oficiales del conflicto por “fundamentalismo religioso” disfrazaban la realidad; se trataba de un nuevo fundamentalismo ejercido con el presupuesto.
Presiones contra Las Abejas
En tanto, Las Abejas denunciaron que los priístas los “presionaban” para votar por el partido oficial. En diversas reuniones pretendían obligarlos “a sacar sus credenciales” y volver al PRI. Yabteclum, el “pueblo viejo” del municipio, punto de encuentro entre autónomos y priístas, fue devorado por la marea contrainsurgente tras ser expulsado medio millar de zapatistas (18 de junio).
La militarización crecía en Ocosingo y Altamirano, con la llegada de 3 mil soldados más (19 de junio) y la “guerra” del grupo paramilitar Paz y Justicia escalaba nuevamente en Tila y Sabanilla; en Emiliano Zapata y Shushupá, entre los días 22 y 24 fueron asesinados ocho simpatizantes zapatistas, y heridos muchos más, luego de que Juan López Jiménez, dirigente de Paz y Justicia, fue asesinado en Pasijá el día 15 (24, 26 y 27 de junio). Los simpatizantes del EZLN se encontraban sitiados por Paz y Justicia en 14 comunidades de Tila y Sabanilla y era inminente una nueva oleada de desplazados.
El día 26 el gobierno oficial de Chenalhó detuvo en Yabteclum a los simpatizantes zapatistas Fidencio Ruiz y Ernesto Gómez, responsabilizándolos de la desaparición de Manuel Takiumut, un mes atrás. La aprehensión fue mientras se efectuaba allí mismo una reunión más de acercamiento entre autónomos y priístas. “Estaban a punto de llegar a un acuerdo para que más de mil desplazados pudieran retornar” cuando se dio la captura (27 de junio) y se interrumpió el diálogo. Una vez más.
Protesta por falta de créditos
Un día después, la sociedad cooperativa de productores de Bajxulum envió una carta al gobierno federal anunciando que en 21 comunidades de Chenalhó sus socios no votarían el 6 de julio, “y menos por el PRI”, pues los productores no habían recibido los créditos ofrecidos y presumían que “alguien cobró” por ellos millón y medio de pesos. Argumentaron “falsas promesas, engaños y mentiras” (28 de junio). Versiones posteriores indicarían que ese dinero se destinó a la compra de armas.
El EZLN anunció, a su vez, que las comunidades rebeldes no votarían en protesta por la militarización, “el ambiente de guerra promovido por el gobierno y el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés”. El subcomandante Marcos escribió en un comunicado: “¿Con qué cara exigirles (a las comunidades) que voten si ni siquiera viven en condiciones normales? ¿Se les puede pedir que aparenten una normalidad ciudadana un día y regresen al terror cotidiano el resto del año?” (3 de julio).
En tanto, representantes de comunidades zapatistas de Chenalhó y San Andrés (dentro del municipio autónomo Magalenas La Paz) exigieron cancelar la formación de grupos paramilitares y el retiro del Ejército federal. Indígenas de las comunidades Atzamilhó, Saclum, Xux’chen, San Pedro Cotzinam y Aldama aseguraron que priístas armados “están planeando y uniendo sus fuerzas para provocar enfrentamientos” (2 de julio).
Rebeldía y abstencionismo
La víspera de las elecciones marcharon en San Andrés 2 mil zapatistas anunciando que impedirían los comicios. Realizaron un acto contra el gobernador Julio César Ruiz Ferro “por mantener una amplia campaña de desprestigio contra el EZLN” y “distorsionar” la información para enfrentar a los pueblos (6 de julio). Los desplazados de Tila, Sabanilla y Tumbalá tampoco estaban en condiciones de sufragar.
El domingo 6 de julio, las elecciones federales en Chiapas registraron el mayor abstencionismo del país; no votó 65 por ciento y unas 600 casillas no fueron instaladas. Hubo quema o retiro de urnas en Chenalhó, San Andrés, Tenejapa, El Bosque, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Amatenango del Valle y Pantelhó, y en muchos otros municipios indígenas faltaron casillas y, sobre todo, votantes. En la zona norte, Paz y Justicia “controló” las elecciones para que sólo participaran los priístas. En Yabteclum (Chenalhó) fueron expulsados los observadores de Alianza Cívica, y “sólo votaron los del PRI” (7 de julio).
Agresión inminente
Poco después, el presidente municipal autónomo de San Andrés, Juan López González, alertó sobre una posible agresión de policías y grupos paramilitares cuyo centro de operaciones era Santiago el Pinar (10 de julio). En los caminos de los Altos se veían pintas como: “Somos Máscara Roja, si nos quieres conocer nos vemos en el infierno” y “Ya no estamos engañados, estamos para salir”.
Al otro día, la policía de Seguridad Pública detuvo en Santiago el Pinar, donde había un campamento del Ejército federal, a siete priístas armados (cuatro de ellos menores de edad) con pistolas 3.80 y 38 especial, así como cartuchos para AK-47 (cuerno de chivo) y otros calibres. Los detenidos participaban en un bloqueo carretero con otras 40 personas (11 de julio). Esto confirmaba las reiteradas acusaciones de la existencia de grupos civiles armados en San Andrés y Chenalhó, pero no tuvo ningún efecto.
Ante la situación en Chiapas, el EZLN inició una estrategia hacia fuera, para llamar la atención del país y del mundo de lo que sucedía en las comunidades. Las protestas a escala local eran ignoradas. El 21 de julio se levantó un plantón frente al palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez, donde unos 300 representantes de los desplazados de la zona norte habían permanecido ¡87 días! demandando inútilmente al gobernador Ruiz Ferro el cese de la violencia para que los desplazados pudieran retornar a sus comunidades.
El EZLN anunció que del 25 de julio al 3 de agosto dos delegados suyos asistirían al segundo Encuentro Intercontinental (Intergaláctico) en cinco localidades del Estado español. En agosto, los rebeldes anunciaron una marcha de mil 111 bases zapatistas a la ciudad de México para septiembre, mientras otros dos delegados indígenas viajarían a Venecia y Roma. Estas iniciativas civiles frenarían pasajeramente la violencia paramilitar, la cual recrudecería brutalmente en la segunda mitad de septiembre. Pero aún faltaban los relámpagos de agosto.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a la publicación de las citas en La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2007/11/08/index.php?section=politica&article=010r1pol

9 de noviembre del 2007

“Retiro” de campamentos y agresiones contra zapatistas
La “estrategia” oficial que desembocó en desastre
El 22 de septiembre ocurrió un hecho que serviría a la PGR y a autores oficiosos como explicación de la matanza que ocurriría tres meses después en Acteal: “un conflicto intercomunitario” por la “disputa de un banco de arena” en Majomut, barrio de Polhó

Hermann Bellinghausen / V

En agosto de 1997, de manera inesperada, el Ejército federal hizo cambios significativos en los territorios indígenas de Chiapas. Pareció un retiro. Los medios informaron de una “reducción de tropas y desmantelamiento de campamentos en tres regiones”, y el relevo de “unos 5 mil militares de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano” (La Jornada, 18 de agosto)*. “Previo al tercer Informe de gobierno del presidente Ernesto Zedillo y en una acción sin precedente desde 1994, el Ejército destruye sus propios asentamientos y retira tropas de siete campamentos en los Altos, la zona norte y la selva”, prosigue la información. El gobierno federal abrió también los frentes económico y diplomático para divulgar que en Chiapas había paz, atención a los pueblos y respeto a los derechos humanos.
El presidente municipal autónomo de San Andrés, Juan López González, se mostró sorprendido y optimista: “¿Nos quiere decir el gobierno que quiere regresar a los diálogos de paz?” Antes de 24 horas, el general Mario Renán Castillo Fernández, comandante de la séptima Región Militar, ofreció la respuesta al informar que el Ejército “puso en marcha un reajuste en su dispositivo militar, pero de ninguna manera significa el retiro de tropas” (19 de agosto).
En San Andrés, las posiciones en San Cayetano, Jolnachoj y Santiago El Pinar, retiradas la víspera, sí “fueron removidas”, según el general, pues “salían sobrando”. Ello, no obstante que las dos primeras rodeaban Oventic y la tercera estaba cerca de Chenalhó, donde la violencia paramilitar y el problema de los desplazados se agudizaban.
Desde la séptima Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, el general Castillo Fernández comandaba decenas de miles de soldados que ocupaban los Altos, la selva y la zona norte. Además, tenía bajo su mando 12 grupos de la Fuerza de Tarea Arcoris, creados a raíz del levantamiento zapatista, “un equipo único en todo el país” (11 de agosto). Como única era considerada la concentración de tropas en esa circunscripción.
Rechazo a la militarización
El 22 de agosto, el EZLN reitera que, “en demanda del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y en contra de la militarización de las zonas indígenas, marchará a la ciudad de México con mil 111 pueblos zapatistas”. El 23, en lo que parece un cambio de planes, el Ejército intenta restablecerse en San Cayetano, donde había destruido sus instalaciones. El 24 se suscita una confrontación entre indígenas sin armas y unos 250 soldados. “Centímetros dividen a los efectivos del Ejército –entre ellos tropas de elite transportadas en helicóptero– y los zapatistas desarmados, que repudiaban a gritos su presencia; los calificaban de ‘asesinos, defensores del mal gobierno’, tocaban sus armas y les palmeaban la quijada con una expresión retadora: ‘soldadito’” (25 de agosto).
“La tensión aumentó cuando arribaron cuatro helicópteros que transportaban fuerzas de elite con fusiles de asalto R-15”. Un tzotzil espetaba a un soldado “visiblemente nervioso”, con un “dispárame de una vez”. La protesta se extendió hasta las bases militares de Puerto Caté y San Andrés. El Ejército había decidido “recuperar las tres estratégicas posiciones contrainsurgentes –San Cayetano, Jolnachoj y Santiago El Pinar–, que quemó y abandonó el pasado 12 de agosto”, añade la nota. Eventualmente, el Ejército se reinstaló allí, y sólo la base de Jolnachoj sería retirada tres años después.
El primero de septiembre de 1997, el presidente Zedillo rinde su tercer Informe, con una tumultuosa danza de cifras y cuentas alegres que no le dejan espacio para mencionar el conflicto de Chiapas. Su silencio fue considerado “preocupante” por el diputado perredista Gilberto López y Rivas (2 de septiembre). El dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, señaló que “fue una omisión deliberada”, pues era un tema “obligado a tratar ante el Congreso de la Unión”. Hasta el Partido Verde Ecologista se extrañó: “es una gran omisión, que confirma el poco interés que tiene el Presidente en la solución del problema” (4 de septiembre).
El 9 de septiembre, delegados de los mil 111 pueblos zapatistas salen de San Cristóbal de las Casas rumbo a la ciudad de México, que estrena como jefe de Gobierno a Cuauhtémoc Cárdenas, triunfador en las elecciones de julio. La conflictividad de Chenalhó entra en un relativo impasse. En las comunidades dominadas por los paramilitares sube la presión contra zapatistas y simpatizantes, y hasta contra priístas que no aceptan agredirlos.
Al paso de la marcha por Oaxaca, el “compañero Isaac” lee un mensaje del EZLN: “Desde que está el Ejército dentro de nuestros pueblos estamos en la inseguridad, porque ellos entrenan y protegen guardias blancas que han sido causa de enfrentamientos y están dejando viudas, huérfanos, encarcelados y desaparecidos” (11 de septiembre).
Mientras los zapatistas prosiguen su marcha a la capital del país, se suceden declaraciones de la clase política. El dirigente del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, se declara “respetuoso del derecho de expresión pública” de los rebeldes, pero “no podemos darles la bienvenida mientras no dejen las armas y la clandestinidad” (12 de septiembre). El dirigente del blanquiazul rechazó “las autonomías indígenas superiores (sic) a los municipios y los estados”, y deploró la actuación del gobierno zedillista frente al conflicto de Chiapas. El incumplimiento de las “legítimas demandas de los pueblos indígenas” los ha mantenido “en el atraso, la marginación y la miseria”.
El día 13, la marcha zapatista llega al Zócalo capitalino y es recibida por una multitud entusiasta. El secretario de la Defensa Nacional “saluda” la marcha y el presidente Zedillo se pronuncia por el diálogo “y no la vía de las armas” (14 de septiembre).
Agresión en Los Chorros
Tras 11 días de marcha, los mil 111 zapatistas regresaron y fueron festejados en San Cristóbal de las Casas por miles de bases de apoyo del EZLN el 19 de septiembre. Ese mismo día, los priístas de Los Chorros queman 60 casas y 150 personas se refugian en Naranjatic Alto. En Los Chorros quedan “detenidos” seis miembros de Las Abejas (20 de septiembre).
El concejo autónomo de Polhó denunció que los priístas armados amenazaban con atacar Naranjatic y Yibeljoj “para acabar con esos cabrones” (los desplazados). Portando “armas de grueso calibre” hicieron disparos en las inmediaciones de Yibeljoj “para atemorizar a nuestros compañeros”. Así, de golpe, volvía la violencia a Chenalhó.
La disputa por el banco de arena
El día 22 sucede el hecho que después de la masacre de Acteal serviría a la Procuraduría General de la República y a autores oficiosos como “explicación” de la matanza que ocurriría tres meses después: un “conflicto intercomunitario”, la “disputa por un banco de arena” en Majomut, barrio de Polhó. Un grupo de Los Chorros, comunidad ubicada a unos 10 kilómetros, se ostentaba como propietario del banco de arena desde dos años atrás, cuando el gobierno lo “compró” y dio a los priístas (23 de septiembre). La historia de esa disputa data de los años ochenta.
Los zapatistas, considerando la mina dentro del municipio autónomo (de hecho, en terrenos de la cabecera autónoma de Polhó), desde abril habían comenzado a extraer grava. Ese 22 de septiembre pierden la vida Joaquín Vázquez Pérez y Mariano Vázquez Hernández, de Los Chorros, parte de un grupo de unos 30 priístas armados que llegaron el día 21 a preparar el arribo de un destacamento de policía. También murieron dos zapatistas: Agustín Luna Gómez (quien había participado en la marcha de los mil 111) y Antonio Pérez Castro. “Las represalias contra simpatizantes del EZLN comenzaron esa misma tarde” cuando la policía detuvo y golpeó a Vicente Ruiz “porque no portaba credencial del PRI”.
Representantes de 12 municipios zapatistas denunciaron que los ataques eran “la respuesta del gobierno a la marcha”. Mientras los priístas los acusaban “del asesinato de sus compañeros”, en una situación “muy tensa” los desplazamientos estaban “a la orden del día en diversos parajes” (24 de septiembre).
Los autónomos manifestaban que los paramilitares, “en coordinación con la policía y pagados por el gobierno, se van metiendo en las comunidades para desalojar, quemar viviendas, robar, perseguir y asesinar a los simpatizantes del EZLN y el PRD que están desarmados. Pero ya no nos vamos a dejar”.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2007/11/09/index.php?section=politica&article=010r1pol

10 de noviembre del 2007

Falso que posesión de un banco de arena detonara el problema
La paramilitarización minó la convivencia entre pueblos

Hermann Bellinghausen / VI

En Chenalhó, como en buena parte de las montañas de Chiapas donde viven los pueblos indios, cada paraje, ciertos promontorios y piedras, cavidades, cerros o vados tienen nombre y memoria. En su relativa pequeñez de 139 kilómetros cuadrados como municipio oficial, que incluye también el municipio autónomo de Polhó y parte de su homólogo Magdalenas la Paz, es un mundo complejo donde nada es trivial, y cuando las comunidades y regiones toman decisiones o acuerdos, no predominan la superstición ni la ignorancia, como luego se piensa.
No es necesario usar desleídos recursos del realismo mágico ni abusar de la vena etnográfica para describir esta realidad. Mucho menos creer a pie juntillas los boletines de prensa y las averiguaciones previas de la policía en el periodo previo a la matanza de Acteal. Está sobradamente documentado que la policía misma fue un actor del conflicto que aquejó a Chenalhó durante aquellos meses terribles de 1997.
Para entender episodios como el del 22 de septiembre en el banco de arena de Majomut, cerca del centro de Polhó, hay que insistir en que la rápida paramilitarización de ciertas comunidades, con Los Chorros a la cabeza, dañó severamente el tejido cultural de pueblos que habían sobrenavegado la modernidad como les llegó a ellos durante el siglo XX sin romperse en lo profundo: terratenientes y patrones abusivos, y luego diferencias religiosas; luchas agrarias legítimas aprovechadas por partidos políticos, lo que llevó a muchos a simpatizar con el levantamiento zapatista y la creación de municipios autónomos.
Así hasta que, por primera vez, suceden cosas como las que describe en sus memorias quien fuera párroco de Chenalhó durante tres décadas, y el gobierno federal lo expulsó del país dos meses después de la masacre: “Los paramilitares se burlan de la ‘costumbre’ que enseña el respeto hacia los ancianos y los jefes de familia. Así, nuestro amigo Petul, de Los Chorros, quien desempeñó muchos cargos tradicionales dentro del municipio, tuvo que dejar su casa y su paraje porque uno de sus hijos, paramilitar, quería matarlo” (Las andanzas del padre Miguel, por Miguel Chanteau, San Cristóbal de las Casas, 1999).
La sed de venganza
Ni las disputas por el poder político o un banco de arena (que no eran nuevas) explican la sed de humillación y venganza que invadió a unos centenares de indígenas cuya conducta devino aberrante y criminal. “En Pechiquil, un ‘Pasado’ (anciano de autoridad) muy respetado por la gente de su paraje fue abofeteado por su yerno, paramilitar priísta, al recibir un regaño por su mala conducta. En los parajes que tienen bajo su control, para humillar a las Autoridades, los paramilitares les obligan a cumplir tareas normalmente reservadas a las mujeres, como por ejemplo arrancar las plumas de los pollos”, agrega Chanteau.
Es a la luz de esta situación que deben verse decenas de “episodios” como el del banco de arena, que causó cuatro muertes. Y también ciertas acciones institucionales que resultan, por decir lo menos, sospechosas. Como informó en su momento La Jornada, el 16 de septiembre de 1997 hay un cambio en el gabinete del gobernador Julio César Ruiz Ferro, cuando el escritor tzotzil de Chenalhó Jacinto Arias Pérez deja la Secretaría Estatal de Atención a los Pueblos Indios (SEAPI), y ocupa su lugar Antonio Pérez Hernández, ex diputado priísta, también de Chenalhó, y que rápidamente se vinculará, si no lo estaba ya, con los grupos civiles armados de extracción priísta y del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) que finalmente perpetraron la masacre de Acteal.
Es curioso que para ese cargo no se pensara en un funcionario tzeltal, chol, tojolabal o zoque, o un tzotzil de otra parte. ¿Por qué esa insistencia gubernamental en dar el puesto a un líder de ese pequeño municipio de 30 mil habitantes, en un momento que ya había una suerte de “guerra” declarada (según expresión de los organismos de derechos humanos)? Sigue siendo una pista a seguir para hacer justicia por lo que ocurrió en los meses posteriores.
“Se insiste en que la causa de la matanza en Acteal es un conflicto provocado por la posesión de un banco de arena en el cerro Majomut. Al analizar la situación es evidente que eso está muy lejos de la realidad”, expone una investigación reciente e inédita de Dolores Camacho y Arturo Lomelí.
“Si bien muchos pueblos indios se han organizado en la figura de ‘municipios constitucionales’, las estructuras que rigen su funcionamiento son más complejas; cada municipio está compuesto por pueblos históricos que comparten costumbres, fiestas, normas de convivencia, y que se juntan o separan de acuerdo con momentos coyunturales específicos para constituir un municipio con una estructura distinta”. Cada grupo, “aunque vive y tiene una historia común, también proviene, desde su relación con la tierra, de una historia particular que concurre con las de los demás. Tienen que acordar y negociar para mantener la convivencia, como menciona el profesor Enrique Pérez López”.
Hacia 1939 aún había terratenientes en Chenalhó. Una finca se convertiría en el ejido Los Chorros, que tuvo un crecimiento extraordinario. Con más de 5 mil habitantes de diversa procedencia, se convirtió en la comunidad más poblada del municipio. Camacho y Lomelí mencionan que el ejido se funda, “pero las tierras son repartidas tiempo después, y el comisariado ejidal, devenido cacique, decide cuánto y qué tierra dar”.
En Los Chorros, la mayoría de los habitantes son avecindados sin tierra. “Con el levantamiento zapatista hay tomas en todo Chiapas. En febrero de 1994 un grupo de jóvenes de Los Chorros, asesorado por el PFCRN, toma posesión del predio San José Majomut bajo las siglas del EZLN”. Incluso su dirigente nacional Rafael Aguilar Talamantes se atrevió a declarar en los primeros días de 1994 que el PFCRN (ya para entonces un simple partido “paraestatal”) “sería vocero del EZLN”. Una verdadera bufonada.
Ellos participaron en el primer paquete de regularización del gobierno. A principios de 1995, con 62 hectáreas, San José Majomut quedó registrado como ampliación de Los Chorros. La convulsión de esos días “ayudó a que no se percibiera el hecho, hasta que los beneficiados crearon una sociedad de solidaridad social (SSS) para explotar comercialmente el banco de arena, de manera exitosa porque se construían caminos y carreteras y el gobierno fue su principal comprador”.
Aunque el banco de arena había sido motivo de conflictos anteriores, “lo era en cuanto representaba un predio que varios parajes y comunidades, incluido el ayuntamiento, querían no por el valor de la comercialización, sino porque sacaban arena todos los que la necesitaban. No se sabía que se podía hacer un negocio tan bueno”, según el indígena Sebastián Pérez, quien añade que cuando los demás “ven que los ‘cardenistas’ sacan dinero, pues se enojan; también en Los Chorros, porque la tierra sería del ejido, no de la SSS”.
El municipio autónomo “decide expropiar el banco de arena, pues considera una irregularidad que unos cuantos se posesionen de un recurso natural. Esto se basa en el discurso zapatista de que dichos recursos son de todos y no se pueden privatizar, y porque consideran que el cerro se encuentra dentro de los bienes comunales de Polhó, que consta de treinta parajes”.
Situaciones frecuentes
Así, el 16 de agosto 1996 queda expropiado el banco por el municipio autónomo. “Un argumento de peso fue que las autoridades de Polhó detuvieron en un camino a Juana García Palomares, esposa de Manuel Anzaldo (ambos dirigentes del PFCRN y asesores de los solicitantes de Los Chorros), y la hacen firmar un documento donde ella reconoce que el banco de arena es de Polhó”.
El grupo de Los Chorros “no acepta la firma y anuncia que recuperará el predio, lo cual ofende a los habitantes de Polhó porque están desconociendo la firma de su representante. Sigue una serie de incidentes entre Los Chorros y Polhó; sin embargo, de ninguna manera son causa de la matanza de Acteal. Como indican tanto miembros de Las Abejas como del municipio autónomo y el PRI, esos problemas siempre han existido, pero nunca llegaron a tales consecuencias. Siempre se habla y se toman acuerdos para mantener el equilibro”.
Los entrevistados por los investigadores “coinciden en que para llegar a este grado de violencia tuvo que haber una influencia externa muy fuerte, una preparación”. Los priístas “no son asesinos por ser priístas, ni los cardenistas, sino algunos que aceptaron la idea de que había que destruir al otro”.

http://www.jornada.unam.mx/2007/11/10/index.php?section=politica&article=005r1pol

11 de noviembre del 2007

Prometió apoyo policiaco para enfrentar a rebeldes en Majomut
El gobierno propició choque entre paramilitares y EZLN

Hermann Bellinghausen / VII

Una investigación en curso del periodista Jesús Ramírez Cuevas y el informe de la CDHFBC sobre la masacre arroja nuevos elementos, los cuales conducen a la hipótesis de que los gobiernos federal y estatal fabricaron conflictos de tierras, recursos, religiosos o políticos para inducir a la confrontación entre indígenas de Chiapas
El episodio del banco de arena de Majomut el 21 de septiembre de 1997 transparenta dos condiciones del momento. Una, que la beligerancia de los paramilitares de Los Chorros ya equivalía a una “declaración de guerra”, cuya intención no era “recuperar” una mina, sino atacar la cabecera municipal autónoma de Polhó. Y dos, la menos conocida intervención directa del gobierno (aunque por omisión), a través del secretario de Gobierno de Chiapas, Homero Tovilla Cristiani, quien se comprometió con los representantes frentecardenistas de Los Chorros a enviar ese día a Majomut un destacamento de la policía de la Seguridad Pública, para el que pudo ser un ataque en forma contra la comunidad zapatista.
Según revelaciones recientes de pobladores del área sobre aquellos días, dos cosas fallaron en el plan de los paramilitares de Los Chorros. No se lanzaron con ellos los demás civiles armados de Puebla, Tzanembolom y otras comunidades, a quienes trataron de convencer, pues contaban con que también llegaría a la cita la Seguridad Pública (SP), lo divulgaron y se sintieron fuertes. Al no intervenir ni cumplirles, el gobierno propició un previsible choque entre paramilitares y zapatistas en la zona donde se encontraban los primeros campamentos de desplazados, en las afueras de Polhó.
La cosa venía de semanas atrás
Como ya empezaba a ser la regla en Chenalhó, también la agresión paramilitar en el banco de arena del 21 de septiembre fue anunciada de muchas maneras. El episodio fue reportado por La Jornada, pero es útil considerar otras fuentes de la época. El informe Camino a la masacre, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC, 1998), refiere: “A finales de julio de 1997 llegó a Los Chorros el regidor del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) del cabildo constitucional, José Ruiz Pérez, solicitando apoyo a los ejidatarios para quitar a los miembros del municipio autónomo el control del banco de arena. Algunos estuvieron de acuerdo”.
El 25 de agosto, “el municipio autónomo abrió los mojones entre el banco de arena y Majomut, donde sólo quedaban ocho familias. El resto se refugiaron en otras comunidades; la mayoría regresó a Yibeljoj, su comunidad de origen. Al día siguiente en Los Chorros fueron amenazadas varias familias leales al municipio de Polhó con ser desalojadas”. El 30 se realizó una asamblea en la casa ejidal de Los Chorros. Las Abejas dijeron que no querían más problemas ni más muertos, pero no fueron escuchados. Al día siguiente la SP se acantonó en la ‘casa grande’ de Majomut”, a menos de un kilómetro del centro de Polhó, y a más de 10 de Los Chorros. Tiempo después, la SP se retiró.
El 16 de septiembre, las autoridades de Los Chorros exigieron 100 pesos por familia para comprar armas y municiones para “recuperar” el banco de arena. “De manera coordinada, las autoridades del vecino ejido Puebla hicieron lo mismo. Seis familias del municipio autónomo y Las Abejas que se opusieron a cooperar para atacar a sus propios compañeros fueron detenidas”. El 17 de septiembre, ante las amenazas, 60 familias de Los Chorros se refugian en Naranjatik. Las autoridades de Los Chorros encerraron a siete simpatizantes del municipio autónomo.
Miembros del Consejo de Polhó solicitaron al CDHFBC su “urgente intervención, a fin de evitar lo que parecía un grave enfrentamiento. No obstante, desde Los Chorros se nos informó que ‘no pasa nada, todo está tranquilo’. La persona operadora de la caseta telefónica en Acteal confirmó que la situación era muy delicada”, añade el informe del centro.
El 18 de septiembre, vecinos del municipio de Tenejapa informaron que desde la distancia se veían muchas casas incendiadas en Los Chorros. En efecto, 17 casas de los desplazados fueron quemadas por las autoridades. El día 19 algunos priístas y militantes del PFCRN convocaron a las comunidades de Acteal, Nueva Esperanza y Yibeljoj para reunirse en Los Chorros al día siguiente. Antonio Vázquez Gómez intentó presentar una denuncia ante la Subprocuraduría de Justicia respecto a la quema de casas en Los Chorros, pero ésta fue aceptada hasta el día 21.
Clima de “guerra”
Ese mismo día el CDHFBC recibe el testimonio escrito de una mujer de Yibeljoj: “Está fuerte el problema en la colonia Los Chorros, quieren hacer enfrentar al nuevo municipio autónomo y también quieren obligarnos (los priístas) a que hagamos la guerra los hombres y mujeres”. Pide al centro de derechos humanos “que nos diga que sí se están moviendo para resolver el problema porque hay mucho sufrimiento aquí, apúrense, lo más pronto, y nos digan si vamos a salir de aquí porque está fuerte la tristeza de las mujeres y con sus hijitos”.
En aquellas comunidades del confín pedrano (Puebla y Los Chorros) sonaban clamores de “guerra”, y los civiles armados creyeron que serían secundados por Yabteclum y Tzanembolom, para rodear Polhó. Una investigación (aún en curso) sobre la escalada de violencia en Chenalhó durante 1997, a cargo del periodista Jesús Ramírez Cuevas y un grupo de pobladores de Chenalhó, arroja nuevos datos y sistematiza la información disponible para descifrar qué sucedió en el banco de grava. Tras el escenario previo, narrado hasta aquí como lo registró en su informe el CDHFBC, surgen nuevos elementos que indican que “los gobiernos estatal y federal fabricaron conflictos de tierras, de recursos, religiosos o políticos para inducir a la confrontación entre indígenas en Chiapas”.
El clima en Los Chorros era de “guerra”; para muchos pobladores de todos los grupos políticos o religiosos no quedaba claro por qué. Según Ramírez Cuevas (quien cubrió en 1997 y 1998 todos los acontecimientos de San Pedro Chenalhó para la agencia Reuters), en ese ambiente, y “ante la insistencia de los dirigentes frentecardenistas Juana Palomares y su marido Manuel Anzaldo Meneses, el secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani, se comprometió por escrito a enviar un destacamento de policías de SP a San José Majomut el 21 de septiembre. Los agentes instalarían un campamento para proteger a los frentecardenistas para que tomaran posesión del paraje que colindaba con los primeros campamentos de refugiados instalados en Polhó”.
El 21 de septiembre, “con la promesa de apoyo policial, 30 hombres armados salieron de Los Chorros para tomar Majomut”. Y como se ve, el gobierno estatal no cumplió su promesa. “Sabía lo que iba a ocurrir pero no hizo nada. Este episodio confirma la política oficial de propiciar el enfrentamiento entre indígenas zapatistas, priístas y frentecardenistas para debilitar la organización del movimiento rebelde y justificar la ocupación militar de la región”, añade el reporte.
En tres camiones de tres toneladas, priístas y frentecardenistas armados pasaron por el camino llamando a otros, pero nadie se les unió. “Al mediodía arribaron al lugar y tomaron posiciones con sus armas, a la espera de la llegada de los policías. A las tres horas, como no llegó la SP, decidieron enfrentar a los zapatistas y tomar Majomut”.
Para situar al lector, cabe señalar que en ese lugar se encuentra una edificación de grandes proporciones, un beneficio de café, y es el acceso a un barrio entre cerros llamado Majomut; todo esto en las afueras de Polhó. En realidad, la famosa mina (hay otra más pequeña) se encuentra en el otro lado del cerro, sobre la carretera San Cristóbal de las Casas-Pantelhó. El barrio servía en esos momentos como refugio para decenas de familias desplazadas de sus comunidades debido a la violencia desatada en caminos, poblados y parajes por los paramilitares.
“En Polhó se sabía que en Los Chorros se preparaba un ataque”, prosigue el citado reporte. “Así que cuando los frentecardenistas y priístas armados avanzaron disparando, los zapatistas respondieron al fuego para defender a los refugiados. El saldo del enfrentamiento fueron varios heridos y cuatro muertos, dos priístas de Los Chorros, Joaquín Vásquez Pérez y Mariano Vásquez, y dos zapatistas, Antonio Pérez Castellanos y Agustín Luna Gómez. La Procuraduría General de Justicia estatal, como era su costumbre, sólo mencionó a los priístas fallecidos”.
De haber llegado, ¿qué hubiera hecho la policía de SP? El “hubiera” no existe, ya se sabe. Pero si en algo abunda la tentación de los “si hubiera” es en la ruta de acontecimientos anunciados que condujo al gobierno mexicano hasta el abismo de la matanza de Acteal.

http://www.jornada.unam.mx/2007/11/11/index.php?section=politica&article=005r1pol