20 de noviembre del 2007
Funcionarios estatales ordenan borrar rastros de los muertos
Intentan ocultar la masacre
Rescatar cuerpos “antes que lleguen los reporteros”, la consigna
Hay zozobra en otra comunidad ante amenazas de nuevo ataque
El obispo Samuel Ruiz García calificó la matanza de “crimen contra la humanidad”, y destacó el clima de violencia “creciente e impune denunciado acuciosamente a las autoridades, que lo podían haber frenado”
Hermann Bellinghausen /XVI
El 23 de noviembre de 1997, La Jornada cubrió desde Acteal, Tuxtla Guitérrez, Polhó y San Cristóbal de Las Casas las distintas piezas del trágico desenlace. En un rápido operativo montado por Seguridad Pública (SP) del estado, con apoyo de la Cruz Roja Mexicana, se logró rescatar de un barranco y una cueva los 45 cuerpos masacrados con armas de fuego y mutilados con machetes. Todos los organismos involucrados en el rescate y la atención médica (Cruz Roja, IMSS y ERUM) y el propio gobierno de Chiapas reconocieron el asesinato de 45 personas, sacrificadas todas a mansalva el lunes pasado (24 de diciembre).
Sobrevivientes, heridos y testigos entrevistados por La Jornada este martes coincidieron en acusar a militantes del PRI de las comunidades de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal de ser los autores de la masacre contra los refugiados de Las Abejas.
A pesar de negar insistentemente que hubiese muertos en Acteal, el gobierno de Julio César Ruiz Ferro implantó esta madrugada un operativo coordinado por el subsecretario Uriel Jarquín Gálvez y por el ex procurador Jorge Enrique Hernández Aguilar, quien tenía como objetivo principal, según el concejo autónomo, borrar los rastros de los muertos para poder manejar a su antojo el número de éstos.
La Cruz Roja hizo rectificar
Información pública de la delegación de la Cruz Roja Mexicana en San Cristóbal hizo reaccionar al gobierno estatal. La orden de rescatar los cadáveres fue dada “a las cuatro de la madrugada” del martes. “Antes que lleguen los reporteros”, fue la consigna. Hasta el momento sólo reconocía la existencia de cinco heridos leves.
La Cruz Roja recibió a las 20:07 horas del lunes una llamada del Ministerio Público, el cual avisó que “había enfrentamientos” en el municipio de Chenalhó. Tres horas y media después movilizaron las unidades 162 y 158 de la delegación de San Cristóbal, y una más de Tuxtla Gutiérrez. Dos de las unidades realizaron el reconocimiento de la zona y hallaron cuerpos sin vida en un barranco. Otras seis unidades de la Cruz Roja y otro vehículo se integraron a las tareas de rescate.
A las cuatro de la madrugada, el gobierno autorizó a SP y la Cruz Roja el rescate de los cuerpos, una vez que el Ministerio Público hizo las diligencias correspondientes. La Cruz Roja informó que se levantaron 45 cuerpos: un bebé, 14 niños, 21 mujeres y nueve hombres. Los restos fueron entregados a la policía estatal, que los trasladó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. No se permitieron más testigos.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Madrazo Cuéllar, informa por televisión que las primeras investigaciones revelan que fueron alrededor de 25 los agresores, quienes iban vestidos de negro, con el rostro cubierto, y utilizaron tres camiones de tres toneladas para transportarse.
Cerca de las 14 horas del lunes 22, Homero Tovilla Cristiani y Uriel Jarquín, secretario y subsecretario de Gobierno, respectivamente, fueron notificados por la diócesis de San Cristóbal de Las Casas de los hechos violentos que ocurrían en esos momentos en el campamento de desplazados de Acteal, según reportes de Las Abejas. Los funcionarios se comprometieron a investigar la situación y dar una respuesta en las próximas horas. A las seis de la tarde, Tovilla Cristiani se comunicó a la diócesis para informar que la situación en la comunidad de Acteal estaba controlada y sólo se escucharon “unos tiros”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido dos recomendaciones en menos de 30 días al gobierno de Ruiz Ferro para apoyar a los indígenas desplazados por la violencia e investigar los hechos sangrientos ocurridos desde la segunda quincena de noviembre en Chenalhó. A estas recomendaciones, y a otras que han realizado organismos no gubernamentales, el gobierno del estado ha hecho caso omiso y mantiene su política de no aceptar que existen unos 6 mil desplazados, la mayoría de Las Abejas y simpatizantes zapatistas, en cinco comunidades.
Temores de un nuevo ataque en X’Cumumal
A pesar de que el Ejército redobló el número de efectivos que mantiene en la cabecera municipal de Pantelhó, a escasos kilómetros de Acteal, y que los agentes de SP fueron triplicados en la zona, el grupo armado de priístas amenazó hoy con atacar la comunidad de X’Cumumal.
El concejo autónomo de Polhó aseguró que unos 50 hombres armados se dirigen a X’Cumumal, donde se encuentran refugiados unos 3 mil desplazados del EZLN y Las Abejas.
El presidente del concejo autónomo, Domingo Pérez Paciencia, puntualizó que la masacre del lunes en Acteal es la “guerra del gobierno” contra las comunidades indígenas. “Esto es lo que nos da el gobierno en vez de reconocer nuestros derechos.
“Llamamos urgentemente a toda la sociedad civil, nacional e internacional, para que se organice y obligue a que se desarme inmediatamente a los paramilitares, pero que sea supervisado por organismos nacionales e internacionales. También para que salgan inmediatamente los policías de SP, porque son cómplices de los paramilitares”, apuntó.
El obispo de San Cristóbal de la Casas y presidente de la Comisión Nacional de Intermediación, Samuel Ruiz García, calificó de “crimen contra la humanidad” la masacre perpetrada en Acteal, y destacó el clima de violencia “creciente e impune denunciado acuciosamente a las autoridades, que lo podían haber frenado”.
Los funcionarios, a escena
En Tuxtla Gutiérrrez, el procurador Madrazo Cuéllar sentía el calor que ya abrasaba los Altos de Chiapas, al dar los primeros resultados de las averiguaciones abiertas por la PGR.
Las necropsias practicadas a los 45 indígenas masacrados, “en la inmensa mayoría de los casos muestran que las balas de grueso calibre tienen una trayectoria de atrás hacia adelante, y esto quiere decir que fueron sacrificados por la espalda”, ratificó el subprocurador de Averiguaciones Previas, Everardo Moreno.
Se llamó a declarar al secretario general de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani, acusado de negligencia, al no haber actuado inmediatamente cuando supo de la agresión, según denuncia del vicario de la diócesis de San Cristóbal, Gonzalo Ituarte. No se concluyó que tuviera responsabilidad alguna. El subprocurador Moreno afirmó que en sus declaraciones los indígenas detenidos mencionan “algunos de ellos, que pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Cardenista (PC)”.
“¿Son paramilitares?”, preguntaron los reporteros a Madrazo Cuéllar. Respondió: “lo que puedo calificar es que tienen que ver con la asociación delictuosa y con el crimen organizado; no puedo entrar con otro tipo de adjetivos que no tengan que ver con los estrictamente jurídicos y constitucionales. Hay diversas líneas de investigación y acciones concretas que se están desarrollando”.
Lluvia de voces
Los articulistas de La Jornada se vuelcan a escribir sobre el tema en los días siguientes: Manuel Vázquez Montalbán, Horacio Labastida, Paulina Fernández, Adolfo Gilly, Arnoldo Kraus, Carlos Fuentes, Luis Javier Garrido, Fernando Benítez, Andrés Aubry, Angélica Inda, Luis González Souza, Adelfo Regino, José del Val, Ana Esther Ceceña, Néstor de Buen, Cristina Barros, Antonio Gershenson, Gilberto López y Rivas, José Agustín Ortiz Pinchetti, Luis Hernández Navarro, Julio Moguel, Alberto Aziz Nacif, José Blanco, Marco Rascón, Arnaldo Córdova, Antonio García de León, Carlos Monsiváis, Luis Linares Zapata, Jaime Avilés, Bernardo Bátiz, Jaime Martínez Veloz. Hasta Carlos Tello, quien aprovecha para pedir que se cumplan los acuerdos de San Andrés.
Héctor Aguilar Camín, a contracorriente del resto, desde la primera plana de La Jornada descalifica a la “prensa pro zapatista” por poner las cosas “en blanco y negro”, pues “nadie en su sano juicio” puede culpar al gobierno de Ernesto Zedillo, salvo de la “omisión” de no enfrentar el problema (o sea, no deshacerse a tiempo de los zapatistas). Y explica: “no es, sin embargo, la guerra de los aparatos lo que hace incontrolable y moralmente opresiva la situación de Chiapas, sino el odio interiorizado y radicalizado de la gente del común, el odio atizado por la vendetta familiar y la intolerancia religiosa, por la codicia comunitaria y la rencilla política a mano armada. No matan ni mueren ahí guardias blancas y pistoleros a sueldo. Matan y mueren gentes del pueblo llano, vecinos y parientes jurados a muerte” (29 de diciembre).
Para Eduardo Huchim (24 de diciembre), “nunca en este siglo mexicano la muerte masiva había sido tan anunciada. Prensa, radio y televisión habían descrito los signos ominosos de lo que hoy es una realidad dolorosa e indignante. En otros tiempos, el sólo anuncio reiterado de lo que se preparaba habría tenido efectos disuasorios eficaces. Ahora pareciera que fue un incentivo”.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/20/index.php?section=politica&article=012r1pol
21 de noviembre del 2007
Policías “revisaron” casas que sus habitantes dejaron cerradas con candados
En el lugar de los hechos, todas las huellas del trabajo de exterminio
No hubo elementos para suponer que se trató de un “conflicto intracomunitario” ni de “venganza”. Fue una acción preparada y realizada por bandas armadas que recibieron apoyo del ayuntamiento
Los atacantes, identificados; entre las víctimas, 21 mujeres y una decena de niños
Hermann Bellinghausen/XVII
Acteal, 23 de diciembre de 1997. En donde ha estado la muerte se siente su presencia. Aquí acaba de suceder la mayor masacre de mujeres y niños en la historia “moderna” de México. En esta hondonada rota, surcada de huipiles ensangrentados y toda la destrucción de una horda, apenas anteayer se asentaba un campamento de 350 refugiados. Sus casas habían sido quemadas un mes atrás (La Jornada, 24 de diciembre).
Las víctimas se encontraban a orillas de Acteal, rezando. Así, de rodillas, los cogieron por la espalda, desde los cerros circundantes, los disparos de armas de alto poder. Según los sobrevivientes, la balacera comenzó a las 10:30 de la mañana, y Seguridad Pública (SP) acepta haber entrado a Acteal a las 17 horas. “No había nada, y luego que aquí es normal que haya disparos”, dice un comandante de la policía, sin insignias (resultó ser el teniente coronel Roberto García Rivas).
Con seis horas a su disposición, los sicarios pudieron efectuar su trabajo con eficiencia numérica: la cifra de muertos duplica la de heridos. “No teníamos ni con qué defendernos”, lamenta con rabia Juan. Incluso a los más bilingües se les dificulta hoy hablar castilla. Relatan el horror en tzotzil, esta mañana, en Polhó. En la escuela de Polhó, unas 200 personas lloran intermitentemente. Una hora pasamos allí los reporteros, y en ningún momento se acalló el llanto. Todos querían hablar. El traductor omitía cosas; varias veces, él lloraba.
Una mujer embarazada cayó moribunda en la explanada del campamento. Los asesinos llegaron hasta ella para rematarla. Y uno de ellos, “con un cuchillo –relata un testigo y hace un ademán de puñalada, que inmediatamente reprime con un temblor– le sacó su niño y lo tiró allí nomás”. (La nota original decía que esa víctima fue Rosa Gómez Cruz; un error de nombre en medio de la confusión trágica. Al parecer, el testigo se refería a Catarina Luna Pérez, con cinco meses de embarazo, quien recibió cinco machetazos. Sobre esto volveremos más adelante).
A Juana Vázquez “primero la mataron y luego la robaron”, dice un joven mostrando una bolsa de red. “La traían los paramilitares, y salió este chamaquito. Le preguntaron adónde vas, y él dijo al baño, y le dijeron ten esta bolsa, apúrate y cuando regreses nos ayudas a cargar la bala”. El aludido, Miguel, permanece silencioso, sucio, con los ojos abiertos. De la red salen dos naguas de mujer, un huipil primoroso y un cinturón bordado en rojo. El tesoro de la bordadora lo llevaban sus asesinos de botín.
María, pequeña madre, carga su bebé a la espalda, apoya su cabeza en el pecho del reportero. Se estremece. Su hermana, Elena, habla: “murió su padre, su hermano, su cuñado”. El niño de María, envuelto en el rebozo, llora ya cansado de llorar.
Una hermosa niña de unos 12 años, Guadalupe Vázquez Luna, y su hermanito, son los únicos sobrevivientes de otra familia. Su padre, Alonso Vázquez Gómez, era jefe de zona de los catequistas. Guadalupe lo vio morir, a su mamá, a su tío Victorio, quien era promotor de salud, y a un hermanito.
Operación limpieza
Esta mañana, Acteal está desierto. En la cancha de basquetbol un centenar de policías y militares de Fuerza de Tarea vigilan a cientos de metros del lugar de la masacre. Nuestra llegada interrumpe su “revisión” de las casas abandonadas, cuyos habitantes dejaron cerradas con candados. Todas las casas están saqueadas, y no queda un sólo candado en su lugar.
En la madrugada, Jorge Enrique Hernández Aguilar, ex procurador chiapaneco y titular del Consejo Estatal de Seguridad, y el subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín, supervisaron, antes que llegaran los periodistas, la recolección de los cadáveres, cuya existencia negó ayer el secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani. Los agentes encargados de la operación debieron trabajar arduamente, así como los agentes del Ministerio Público. Limpiaron de casquillos y algunas ropas ensangrentadas, pero no todas.
La sangre ensucia. Todavía se ven grandes coágulos, jirones de ropa ensangrentada, así como huellas de la huída en el lodo y los matorrales. También huellas de la persecución. Un jefe policiaco, quien rehusó identificarse pero que ayer se presentó ante los indígenas como comandante, asegura haber visto a Hernández Aguilar. “A las cuatro de la mañana se ve con dificultad”, explica el oficial, quien a la señal radial de Trueno responde como Relámpago. Sus muchachos colaboraron en la recolección de cadáveres. Confirma la cifra de 45, y reitera que están aquí para ayudar a la población; se queja de la falta de confianza.
Antes de las 7 de la mañana la limpieza quedó concluida, y los funcionarios condujeros los cadáveres al Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez. No obstante, fue hasta la tarde de hoy cuando el gobierno local estuvo en condiciones de fijar una postura oficial.
En Polhó, donde están los sobrevivientes, una mujer aprieta entre las manos el blanco rebozo ensangrentado de su hija Susana, quien está muerta. Un hombre relata sollozante: “fallecieron en la balacera todos sus hijos y su nieto. Perdió seis de familia”. Aparte murió su nuera.
La explanada del crimen
Ayer, a las 11 de la mañana, el campamento de Acteal estaba en confusión. Quedan, maltrechos, los cobertizos de ramas y palma que fueron su refugio. “Aquí estábamos rezando”, señala Pablo. Un gran claro circular. Los primeros muertos cayeron aquí mismo. Los demás corrieron hacia la cañada, y prácticamente se desbarrancaron por la caída de un río. Los grandes helechos desgarrados, la vegetación arrancada, los trapos, las huellas, la sangre, los hoyos y los cardos arrastrados muestran el rumbo de la multitudinaria huída.
Cuenta Pablo cómo iban los bebés rodando con sus mamás. Los niños chicos cayéndose y corriendo. Él iba cuidando a su hijo. Otros cargaban a los heridos. Los paramilitares no dejaron de dispararles, pero a la barranca no se aventuraron. Les bastó con rematar en una cueva a los que allí se refugiaron y dejar la primera hondonada del río sembrada de cadáveres.
“Les dispararon de arriba”, indica Pablo al descender, y da un brinco. El poder de fuego que los abatió, a juzgar por las heridas de los internados en San Cristóbal, nunca fue menor. Balas expansivas, según Pablo, y cuernos de chivo. Él los vio. Reconoció a muchos atacantes. No todos traían el rostro cubierto. Muchos jovencitos llevaban un paliacate amarrado en la cabeza, y se sentían muy guerreros. Veintiún mujeres, una decena de niños: buen récord.
Los agraviados los llaman “priístas”, pero muchas comunidades priístas son inocentes del ataque. Se trata de bandas armadas que recibieron entrenamiento militar y el apoyo del ayuntamiento oficial. Jóvenes entrenados, transformados, que atacaron contando con la Navidad. No existen elementos para suponer un acto “de venganza” o “conflicto intracomunitario”, como maneja hoy la radio estatal. Hablan los noticieros de muertos a machetazos y pedradas. Cosa de indios salvajes.
Falso. El trabajo de exterminio fue eficiente, y a su manera limpio. ¿Se puede no dramatizar esta forma de muerte fría, calculada, preparada y anunciada? Nada que ver con pleitos de familias o diferencias políticas. No es una guerra civil. Chenalhó es un escenario, un laboratorio, una puesta en práctica. De manual.
Uno de los heridos en San Cristóbal fue identificado como paramilitar. Es vigilado por la SP. De muchos otros paramilitares, los sobrevivientes conocen sus nombres. “Muchachos que se hicieron malos”, afirma Juan, tan abatido como todos los de Acteal, Chimix y Polhó. Pero además, muy indignado, dice los nombres de un Javier, un Felipe, un José y un Noé que conoce. Son de Acteal, La Esperanza, Puebla, Los Chorros, Bajo Beltic, Yibeljoj, Naranjatic, y los vio venir para matar. Los vio asesinando por todas partes.
Después de reconstruir la ruta de la huída, Pablo y Javier nos llevan a recorrer las casas de otro barrio de Acteal. Javier llega a su casa, ve un alambre mal puesto donde él dejó ayer un candado. Es de las bases zapatistas. “¡Mi grabadora!”, exclama al detectar su ausencia en la casa saqueada. Cada casa que visitamos está destruida. “Estos no fueron los paramilitares. Ellos hubieran quemado. Fueron los policías”. Poco después encuentra tirado, en el dormitorio, un sombrero de policía. Lo recoge, se lo lleva a la nariz con sorprendente instinto, y dice: “huele a caxlán”.
Empiezan a llegar hombres de Acteal, a recolectar el café que dejaron secando, los costales. Pululan perros sin dueño, que se nos pegan para tener compañía.
Al atardecer, el Ejército desplaza cientos de efectivos a Chenalhó. En Polhó informan que hay disparos en Puebla, Los Chorros y Tzajalcum, de donde son los paramilitares. Y que amenazan con atacar otros campamentos de refugiados. Cae la noche. Acteal es hoy la boca del abismo.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/21/index.php?section=politica&article=022r1pol
22 de noviembre del 2007
En algunos países ocurrieron episodios peores, pero no tuvieron tal repercusión
Estupor en el mundo por la masacre
La fría parsimonia del gobierno mexicano ante lo que ocurría en el municipio de Chenalhó se sigue viendo con pasmo una década después
El agudizamiento de la violencia tiene que ver con la interrupción del diálogo: Samuel Ruiz
Hermann Bellinghausen/XVIII
La Nochebuena de 1997 todos los medios impresos y electrónicos hablan de la masacre. El mundo está azorado. Mucho más que con otras atrocidades similares del pasado y el presente. Tiempo después, hubo guatemaltecos y salvadoreños que externaron sorpresa ante las reacciones internacionales por Acteal. En sus países sucedieron episodios incluso peores y nunca tuvieron tal repercusión.
Diputados, senadores, obispos, observadores internacionales, abogados, funcionarios y periodistas habían conocido en persona a las víctimas. Todavía días antes eran parte de los indígenas desplazados que angustiaban a la sociedad civil. La fría parsimonia del gobierno mexicano ante lo que ocurría en Chenalhó se sigue viendo con pasmo una década después.
Aun el mismo día de la masacre, mientras ésta ocurría, el subsecretario de Gobierno de Chiapas, Uriel Jarquín Gálvez, se daba tiempo para desmentir –en inserción pagada– al suplemento Masiosare de La Jornada, que la víspera documentó la participación de diversas instancias oficiales en el financiamiento del grupo Paz y Justicia. “El gobierno federal y el estatal no apoyan la insurgencia ni la llamada ‘contrainsurgencia’. Combaten, eso sí, al enemigo común de todos los chiapanecos: la pobreza” (LJ, 23 de diciembre).
La información “negada” por las autoridades destacaba, con evidencias facsimilares, la presencia y firma como “testigo de honor” en la entrega de recursos a Paz y Justicia en la zona norte, del general Mario Renán Castillo Fernández, cuando aún era el comandante de la ocupación militar de los territorios indígenas de Chiapas (Masiosare, 21 de diciembre). Pocas veces un desmentido oficial ha caído en mayor vacío.
La Jornada registra también las opiniones del ex guerrillero y asesor gubernamental Gustavo Hirales, para quien referirse a Paz y Justicia como paramilitar “es un mito creado por los departamentos oficiosos de propaganda del EZLN, la diócesis de San Cristóbal y sus correas de transmisión”. Poco antes de la masacre, Hirales sostenía en El Nacional, diario de la Secretaría de Gobernación, que es una “fábula y un mito preconstruido” que en Chiapas “haya una guerra de baja intensidad orientada desde los más altos niveles del Estado”.
El presidente Ernesto Zedillo dirigió un mensaje a la nación el día 23, donde manifestaba que “no existe ninguna circunstancia que pueda justificar este cruel, absurdo, inaceptable acto criminal”. El hecho “llena de luto a toda la nación, es un hecho que nos duele y agravia a todos los mexicanos”. El mandatario se comprometió a que los responsables recibirían “todo el peso de la ley”.
El Ejército federal se declaró en “alerta máxima”. Argumentando un presunto “fuerte movimiento de tropas zapatistas”, desplazó miles de efectivos más hacia las montañas de Chiapas, y reinició patrullajes “en toda la zona controlada por el EZLN”. En pocas horas arribaron al estado más de cinco mil soldados; la mitad se instalaron inmediatamente en Chenalhó (LJ, 24 y 26 de diciembre).
El Congreso Nacional Indígena, el PAN y el PRD demandaron la desaparición de poderes en Chiapas (lo que nunca se cumplió). El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, negó que el gobierno auspiciara acto ilegal alguno. El dirigente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, diría y repetiría varias veces que su partido nada tuvo que ver con la matanza, y que si participaron priístas, fue “a título personal”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó (SRE) las “expresiones de voceros o funcionarios de gobiernos extranjeros u organismos internacionales” que demandaban acciones al gobierno mexicano en relación con “el homicidio colectivo de Acteal” (valga el eufemismo de la SRE). La cancillería de Ángel Gurría expuso: “ello constituye un inaceptable acto de injerencia en los asuntos internos de México, país que se ha caracterizado por su invariable respeto al principio de no intervención” (LJ, 26 de diciembre). Ahora sí, a defender la soberanía, aun de las reacciones de su amigo el mandatario estadunidense Bill Clinton, quien había manifestado su indignación. El primer ministro francés Lionel Jospin expresó “profunda consternación” y llamó al gobierno zedillista a “encontrar a los responsables de esta matanza que no debe quedar sin castigo”.
Detenidos, los primeros asesinos
Desde Chenalhó, La Jornada informa al detalle los eventos posteriores a la matanza. El 25 de diciembre se celebra el sepelio de las víctimas en Acteal mismo. A escasos 200 metros de donde fueron ejecutados, los 45 cuerpos mutilados, destrozados y descompuestos de los indígenas recibieron sepultura el jueves (LJ, 26 de diciembre).
El obispo Samuel Ruiz García apuntó que el agudizamiento de la violencia en Chiapas tiene que ver con la interrupción del diálogo en San Andrés Larráinzar entre el gobierno y los zapatistas, así como con el crecimiento de los “grupos paramilitares que nos dijeron que no existían, pero aparecieron en Chenalhó”.
A partir de las ocho de la mañana, vestidos con sus ropas tradicionales, cientos de tzotziles que la noche anterior velaron a sus muertos hicieron el recorrido fúnebre desde Polhó hasta Acteal. Al frente, dos niños cargaban una leyenda: “Herodes quiso, pero no pudo acabar con la criatura. Hoy tampoco lo logrará, aunque tantos inocentes tengan que fecundar con su sangre este suelo duro y árido”.
Habían caminado durante 20 minutos por la carretera entre las cabeceras municipales de Chenalhó y Pantelhó, cuando un camión de tres toneladas detuvo su marcha cerca de ellos. Familiares de los indígenas asesinados señalaron de inmediato a algunos de sus ocupantes como parte de los grupos paramilitares que acribillaron a las 45 personas de Las Abejas.
El camión fue registrado y 21 de sus pasajeros, entre ellos uno con chaleco antibalas, fueron obligados a bajar. Tres de ellos fueron arrastrados de los cabellos, para ser entregados como “asesinos” a Jorge García Sánchez, agente del Ministerio Público Federal.
Mireille Roccatti, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseguró durante el entierro en Acteal que el gobierno de Julio César Ruiz Ferro logró pocos avances en cuanto a las medidas cautelares que debió realizar con los desplazados por la violencia. Roccatti indicó que existió petición expresa al gobierno del estado para proporcionar, “en forma inmediata”, ayuda humanitaria a la población desplazada por la violencia política en el alteño municipio de Chenalhó.
La funcionaria recordó que también se solicitó realizar “las gestiones necesarias para que los desplazados pudieran regresar a sus comunidades de origen, con plenas garantías para su seguridad personal durante su retorno y permanencia en sus hogares”. Sin embargo, se negó a proporcionar informes sobre el avance de la investigación de la matanza, y señaló que se darían a conocer “en los próximos días”.
El alcalde agradecido
El alcalde Jacinto Arias Cruz agradeció al presidente Ernesto Zedillo “su apoyo e intervención para esclarecer los hechos violentos del pasado lunes en este municipio”. En una carta dirigida al jefe del Ejecutivo federal, el presidente municipal también dio las gracias al gobernador Ruiz Ferro por sus esfuerzos “para llegar al esclarecimiento de todos los hechos de violencia registrados en Chenalhó”.
El alcalde priísta recordó que desde mayo pasado han sido persistentes los enfrentamientos entre indígenas de la región, y manifestó que las 45 personas “fueron masacradas por criminales”. Poco después, él mismo sería apresado como cómplice y promotor de la masacre.
Después del día 22 afloraron muchos más detalles sobre la preparación del ataque. Vicente, indígena que participó en las últimas negociaciones entre autónomos y oficiales en Las Limas, relató su encuentro en Chimix con los paramilitares el día del último encuentro. Estaban bolos cuando lo amenazaron. “El alcohol huele de lejos”. En cambio, dijo, los atacantes en Acteal “no olían a nada. Echaban baba”, y se pasó la mano por las comisuras, con asco: “como perros que tienen rabia”. (LJ, 27 de diciembre). Otros testigos coincidían en que los agresores “parecían drogados” mientras ejecutaban su crimen culminante.
Vicente recordó que a principios de diciembre el gobierno de Chenalhó envió armas en costales de granos. Quiso obligar a un transportista a llevar la carga hasta Tzajalucum, pero éste la descargó en Majomut, luego de pasar sin problema un retén de la policía. Al llegar los costales a su destino, registra la nota, “los paramilitares vieron que había cuernos de chivo y escopetas de bajo calibre. Desecharon las segundas argumentando: ‘no sirven. Queremos armas que maten bien’. Días después recibieron armamento de las características que solicitaban”.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/22/index.php?section=politica&article=014r1pol
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