A pesar de las importantes deudas que en materia de derechos humanos mantiene el Estado mexicano, hay avances que es preciso reconocer.
Los esfuerzos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para sacar adelante un tratado internacional que regule el comercio de armas pequeñas y ligeras significa una contribución importante de México a la comunidad internacional en materia de derechos humanos.
También, la aprobación del Senado de la República de una propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos ha sido vista con buenos ojos por Amnistía Internacional y esperamos que de manera pronta la Cámara de Diputados apruebe este dictamen.
De igual forma, Amnistía internacional celebra la voluntad expresada por la Secretaría de Gobernación de crear un mecanismo permanente de protección de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, la cual confiamos estará en funciones a la brevedad.
Sin embargo, la situación de los derechos humanos en México durante el año 2009 ha significado una preocupación particular para Amnistía Internacional.
Durante este año, Amnistía Internacional documentó un incremento sustantivo y preocupante de informes sobre abusos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas, algunos de los cuales representan de las violaciones más graves reconocidas por el marco internacional de derecho, consistentes en actos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Muestra clara de ello son las 30 recomendaciones emitidas por Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional y el incremento de cerca del 1,000 % en las quejas recibidas por éste órgano protector de los derechos humanos en contra del Ejército mexicano entre el año 2006 y el año 2009.
Siempre poner nombre y apellido, ayuda a reconocer la gravedad de los hechos: En marzo de 2009, Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente fueron detenidos por miembros del ejército mexicano en Nuevo Laredo Tamaulipas. A pesar de haber acudido algunos de sus familiares a la PGR, PGJE de Tamaulipas y a la CNDH no supieron nada de los detenidos. El 29 de abril, en el municipio de Vallecillo, en el estado de Nuevo León, se descubrieron tres cadáveres carbonizados, que posteriormente fueron identificados como los de los hombres desaparecidos. No hay mayor información disponible sobre el juicio de 12 militares que fueron detenidos por estos hechos.
Tal y como se puede observar en este caso resulta especialmente preocupante la práctica sistemática de investigar y juzgar los abusos cometidos por las fuerzas armadas en el sistema de justicia militar que incumple con estándares internacionales de derechos humanos y del debido proceso, y que ha demostrado ser un espacio de impunidad.
Por otro lado, la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en México significó una preocupación especial para Amnistía Internacional durante el año 2009. Aún con medidas provisionales y casos abiertos bajo discusión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los actos de hostigamiento en contra de integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaá no cesaron. Por el contrario, las amenazas en contra de esta organización defensora de derechos humanos, obligaron en semanas recientes a su presidenta Obtilia Eugenio Manuel, a salir del estado de Guerrero buscando salvaguardar su integridad física. Su temor no es injustificado: en febrero de 2009, unos hombres armados sin identificar que afirmaron ser policías secuestraron, torturaron y asesinaron a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, Presidente y Secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco con quien la OPIM actuaba de manera conjunta.
Estos casos, sumados a la reciente emboscada que sufrió la caravana que se dirigía a la comunidad de San Juan Copala en el estado de Oaxaca, son sólo una muestra de la incapacidad que el Estado mexicano ha mostrado para garantizar protección y seguridad a quienes defienden los derechos humanos en nuestro país.
La falta de consistencia de los esfuerzos en materia de derechos humanos de las autoridades federales, ha sido evidente en lo relativo al tema migratorio. Mientras distintas autoridades han reprobado adecuadamente la llamada “Ley Arizona” que implica riesgos importantes en materia de derechos humanos, pocos pronunciamientos hemos escuchado con la misma contundencia reconociendo la existencia de abusos graves y generalizados contra migrantes centroamericanos en nuestro país.
La evidencia recuperada por Amnistía Internacional en ese sentido es escandalosa. Las y los migrantes que desde Centroamérica atraviesan México con la intención de llegar a los Estados Unidos enfrentan toda clase de abusos, incluidos secuestros, amenazas, violencia sexual y asesinatos. Estos actos son cometidos principalmente por bandas de delincuentes; sin embargo, en ocasiones, cuentan también con la participación de funcionarios públicos. Ha resultado lamentable para Amnistía Internacional verificar la falta de información pública disponible que permita dimensionar la magnitud y la gravedad de estos abusos. El resultado de la falta de atención gubernamental a este fenómeno, son los altos índices de impunidad que lo caracterizan.
Amnistía Internacional celebra la reciente liberación de las presas de conciencia Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan y reconoce la importante labor llevada a cabo por activistas, miembros y simpatizantes que desembocó en esta buena noticia.
La Procuraduría General de la República, sin embargo, tiene importantes explicaciones que dar respecto de la acusación injustificada y motivada por razones de identidad que le arrebató a estas tres mujeres indígenas otomíes años importantes de su vida, así como actualmente se los está arrebatando a los presos de conciencia Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja en el estado de Campeche, quienes el día de hoy cumplen 13 días en huelga de hambre.
Raúl Hernández, preso de conciencia recluido en el penal de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, significa una importante deuda más en materia de derechos humanos. Su injustificada detención prolongada por ya más de dos años, ha sido incluso motivo de un llamado reciente por parte del Congreso de la Unión al procurador general de justicia del estado de Guerrero para que revalore las pruebas en su contra. Amnistía Internacional espera que éste órgano investigador presente conclusiones no acusatorias a favor de Raúl una vez concluido el período de instrucción, reconociendo con ello su inocencia.
Son muchas las deudas en materia de derechos humanos que el Estado mexicano debe enfrentar; sin embargo, en definitiva el sistema de procuración e impartición de justicia ha sido el cuello de botella de prácticamente todos los temas de máxima preocupación para Amnistía internacional.
La rendición de cuentas no será una realidad en nuestro país mientras no se modifique el fuero militar para garantizar que todo abuso cometido contra un civil por parte de las fuerzas armadas sea investigado y juzgado por el sistema de justicia civil y no el militar.
La rendición de cuentas no será una realidad en México mientras la Procuraduría General de la República y las procuradurías de justicia de los estados, en particular la del estado de Guerrero, no garanticen que ningún individuo será procesado injustificadamente en virtud de su identidad, por la libre manifestación de sus ideas o por su lucha a favor de los derechos humanos. No queremos ver más Jacintas, Teresas y Albertas en prisión. Queremos ver libres de manera inmediata y sin condiciones a los presos de conciencia Raúl Hernández, Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, porque su detención es también una distorsión del sistema de justicia.
La justicia no será una realidad mientras el Estado mexicano no tome medidas efectivas para hacer rendir cuentas a los responsables de la comisión de crímenes del pasado, a quienes cometen abusos contra las y los migrantes irregulares en nuestro país, a quienes hostigan y persiguen a defensores y defensoras de derechos humanos, a quienes agreden en ocasiones hasta la muerte a mujeres y niñas en distintos estados de la república.
La rendición de cuentas no será una tarea cumplida mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado de México no tome medidas adecuadas y diligentes para que San Salvador Atenco no permanezca en la impunidad, mientras los integrantes del Ejército que violaron sexualmente a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú no sean llevados ante la justicia, mientras no sean investigadas las agresiones y la persecución en contra de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaá, en el estado de Guerrero.
Amnistía Internacional ha identificado la falta de rendición de cuentas como una de las más graves deudas pendientes del Estado mexicano en materia de derechos humanos y continuará trabajando como herramienta para alzar la voz y movilizar a sus miembros y activistas solidarizándonos con las y los sobrevivientes de violaciones de derechos humanos, exigiendo justicia con ellos y con ellas.
Muchas gracias.
Difusión: soberanía popular
No hay comentarios:
Publicar un comentario