miércoles, 5 de mayo de 2010

A cuatro años de injusticia, impunidad y criminalización la SCJN tiene la palabra

México D.F., 3 de mayo de 2010 (Cencos).- Dos asesinatos, más de 30 mujeres atacadas sexualmente, cinco extranjeros expulsados de México y más de 200 de detenidos fue el saldo del operativo conjunto (federal y estatal) que desbloqueo la carretera Lechería-Texcoco el cuatro de mayo de 2006.

Eran las siete de la mañana del tres de mayo de 2006 cuando iniciaron los enfrentamientos entre policías estatales y municipales contra floricultores de Texcoco que contaban con el apoyo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco. Hora y media más tarde 150 pobladores cierran la carretera Lechería-Texcoco y 500 policías federales y luego 500 policías estatales son desplegados en un operativo que fracasa. El cuatro de mayo, en una acción conjunta, la fuerza pública lanza gases lacrimógenos en el centro de San Salvador Atenco y reprime la protesta.

Impunidad e injusticia persisten hasta la fecha

Hasta el momento ningún funcionario público ha sido procesado por las diversas violaciones a los derechos humanos de aquellos días. Violación e impunidad persisten y lejos de alcanzar la justicia el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) ha tenido que concentrar todas sus fuerzas en lograr la libertad de 12 presos políticos.

La decisión de la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es ahora quien juzgará el destino de los presos de San Salvador Atenco y podría determinar la revocación de las sentencias tanto de Felipe Álvarez, Héctor Galindo e Ignacio del Valle, como de los otros 9 integrantes del FPDT recluidos en el penal de Molino de Flores.

Haciendo uso de su capacidad de atracción el máximo tribunal del poder Judicial conoció los amparos directos presentados por la defensa del FPDT en febrero de 2010, pero hasta el momento no han resuelto si se cometieron violaciones al debido proceso, ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas, en los procesos que criminalizan a los activistas sociales. Esta decisión fortalecería la doctrina que la SCJN implementó con el caso Acteal y se sumaría a otras acciones de atracción resueltas como la resiente liberación de Teresa y Alberta, indígenas victimas de procesos judiciales irregulares.

Además, los magistrados de la primera y la segunda sala podrán pronunciarse a favor de la revocación al considerar la inexistencias del delito de secuestro equiparado y terminarían con cuatro años de encierro y penas que van desde los 32 y hasta los 103 años de cárcel, como es el caso de Ignacio del Valle, líder del movimiento.

Judicialización de los movimientos sociales: los pendientes

La respuesta de las autoridades luego de cuatro años, fue girar nuevas ordenes de aprensión contra Felipe Álvarez, Héctor Galindo e Ignacio del Valle, sobre las cuales Leonel Rivero, defensor de los tres, dijo ignorar las causas.

Otros pendientes del movimiento son lograr que se retiren las ordenes de aprensión contra Adán Espinoza y América del Valle, alcanzar justicia por todos los abusos sexuales cometidos por elementos de seguridad del estado y, paralelo al proceso en la SCJN, avanzar en la estrategia jurídica para que se traslade a Héctor, Ignacio y Felipe a un penal que no sea de máxima seguridad y se encuentre cercano a su domicilio.

Megaproyectos reviven con nuevas estrategias

En otra vía, la resistencia a los megaproyectos en la zona del lago de Texcoco continua, primero fue el del aeropuerto, y ahora la Comisión Nacional del Agua anunció el proyecto de “mitigación y rescate ecológico del lago de Texcoco”, en cuyo primer paso pretende comprar 2 mil hectáreas que forman parte de seis ejidos en San Salvador Atenco (Santa Isabel Ixtapa, Nexquipayac, Atenco, Ampliación San Bernardino, Chimalhuacán y Huexotla).

En este proceso ya se han reportado presiones a los ejidatarios, y diferenciación de precios al comprar 600 Ha al ejido de Santa Isabel Ixtapa sin que el comisario consultara a la asamblea.

El FPDT, se conformó en 2001 como una reacción de los pobladores por la defensa de la tierra ante el proyecto de aeropuerto internacional que anunció Vicente Fox en 2001, cuando era presidente.

Ante la tentativa de comprar los terrenos de los campesinos de San Salvador Atenco a precios ínfimos para luego desarrollar la zona, estos se agruparon en el FPDT, se organizaron y lograron la cancelación del megaproyecto que se inscribía en el Plan Puebla Panamá. Fox fracasó en su objetivo y, aunque los campesinos de San Salvador Atenco conservan sus tierras y se organizan, la acción del Estado en su contra continua tras cuatro años.

Fuente: CENCOS
Difusión: Soberanía Popular

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