JAVIER PUGA MARTÍNEZ
Al menos un centenar de habitantes de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, acompañados de vecinos de otras comunidades que serán perjudicadas por los proyectos carreteros del gobierno del estado, se concentraron en el zócalo de la capital este domingo para repudiar el ingreso violento de la policía estatal a esa comunidad del sur del municipio de Puebla hace un año.
Tras una breve marcha por las calles del primer cuadro de la capital, llegaron hasta la plaza principal para reprobar la incursión a sangre y fuego de más de 500 agentes policiales la madrugada del sábado 25 de abril de 2009, refriega que dejó a más de 50 pobladores lesionados, 20 detenidos, impactos de bala en puertas y ventanas, así como en animales de ganado.
Esa acción fue una de las más brutales de las que se tenga memoria, y quedó como un precedente de lo que el gobierno estatal puede hacer en contra de quienes se oponen a sus proyectos, señaló el representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Mateo López Aguilar.
Subrayó que la administración de Mario Marín Torres ha hecho de la imposición un estilo de gobernar, y muestra de lo anterior es que hasta el candidato del PRI a la gubernatura fue impuesto por el mandatario.
En ese sentido, señaló que el gobernador poblano está imponiendo la realización de varios proyectos carreteros a costa de los campesinos, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, quienes tienen en sus predios su única fuente de subsistencia sólo por beneficiar a los grandes empresarios de la construcción, así como a los consorcios inmobiliarios y comerciales que ven en estos proyectos la posibilidad de enriquecerse aun más.
Por ello, a los habitantes de San Andrés Azumiatla se sumaron vecinos de La Resurrección, San Sebastián de Aparicio, Barranca Honda y San José El Conde que serán perjudicados por el Libramiento Norte.
De igual forma lo hicieron colonos de Acuexcomac, San Jerónimo Tecuanipan, San Martín Tlamapa y otras comunidades por donde cruzará el Libramiento Poniente.
En su conjunto expresaron su rechazo a las obras y afirmaron que continúan en pie de lucha para proteger su patrimonio, así como su derecho al consumo de agua. Los labriegos informaron que será antes de que concluya el mes de mayo cuando realicen un foro en donde se ponga en evidencia el actuar de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla, de la cual dijeron que pasó de ser un organismo defensor de las garantías individuales a ser algo semejante a un Ministerio Público.
López Aguilar aseguró que la CDH exige la totalidad de los nombres de personas que serán perjudicadas con los proyectos carreteros, así como el título de propiedad de los terrenos de cada uno de ellos, con el pretexto de demostrar la identidad de los campesinos y dar continuidad a una queja presentada contra el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Valentín Meneses, por los hechos violentos de Azumiatla y las presiones contra labriegos por el Libramiento Norte.
Asimismo, exigieron que los tribunales agrarios locales den celeridad a la denuncia que abrió el habitante Francisco Romero por el despojo de cerca de mil hectáreas de tierra de Azumiatla por parte de particulares; la defensa jurídica de esta extensión se pretende hacer llegar a tribunales internacionales, si es necesario.
Lamentaron que el gobierno del estado siga llamando a negociar al abogado Hilario Alonso, cuando este hombre no representa a los campesinos y dejó de formar parte del movimiento de defensa por la tierra.
Sin trabajo ni posibilidades
El jueves 2 de julio del año pasado 15 habitantes de Azumiatla, entre ellos dos mujeres, salieron del penal de San Miguel en la capital poblana luego de que el Juez primero de lo penal de esta ciudad determinó que no existían elementos para responsabilizarlos del secuestro de cuatro ingenieros de la SCT, así como por motín, lesiones, daño en propiedad ajena y otros cargos.
Así, Rufina Escalona Nava, Víctor Rojas Romero, Anastasio Romero Onofre, Eulogio Rojas Merino, Eleuterio Alameda, Carmelo Romero Santa María, Concepción Romero Sánchez, Fabián Orta Escalona, Calixto Romero Alameda, Concepción Romas Escalona, Francisco Onofre Cruz, Santiago Escalona Cordero, Job Romero Santa María, Gerardo Escalona Orta, Eleazar Rojas Escalona y Eutiquio Alameda Fuentes regresaron después de 60 días de cautiverio.
Varios de ellos siguen con el temor de ser reaprehendidos; otros no han podido conseguir trabajo pues perdieron el que tenían cuando fueron capturados hace un año pero todos saben que la lucha no se ha acabado aunque no vuelvan a participar en una sola marcha más.
Fuente: La Jornada de Oriente
Difusión: soberanía Popular
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