Difusión Cencos México D.F., 2 de octubre de 2009
Fuente: apro
Isaín Mandujano
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó la detención del dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), José Manuel Hernández Martínez, quien fue recluido en el penal El Amate, donde será procesado por delitos configurados en casi una decenas de averiguaciones previas.
Dijo que la captura de quien es conocido como El Chema en el movimiento social campesino de Chiapas, ocurrió la mañana de ayer en forma conjunta con la Procuraduría General de la República (PGR).
Hernández Martínez, quien es acusado de los delitos de asociación delictuosa, despojo agravado y daños y portación de armas cortas y largas, tiene un largo historial de averiguaciones por "homicidios y robos". En 1999 tenía pendientes seis mandatos judiciales.
Según la PGJE, Hernández Martínez fue puesto a disposición del juez instructor en el Centro de Reinserción Social, número 14, El Amate, en el municipio de Cintalapa, donde se le practicaron exámenes médicos, que determinaron que estaba "en buen estado de salud".
Dijo: "El 7 de mayo de 2003, a las seis horas, el indiciado, conjuntamente con un grupo de individuos, portando armas largas, cortas y machetes, con uso de violencia, se posesionó del bien inmueble denominado `Sociedad El Desengaño`, ubicado en el municipio de Venustiano Carranza, propiedad de la sociedad del mismo nombre".
Señaló que, el 25 de abril de 2005, nuevamente se posesionaron del mismo predio, cortando las cercas de púas y causando diversos daños.
La dependencia dijo que Hernández Martínez es investigado, además, por los delitos de daños en propiedad ajena, comisión de hechos delictuosos, daños calificados, robo calificado y despojo.
Además, se le acusa de atentados contra "los símbolos patrios o valores históricos nacionales o del Estado, despojo, conspiración y fraude específico".
Por su parte, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) condenó "la cobarde detención ilegal del luchador social chiapaneco" Hernández Martínez, quien, dijo, es uno de los "dirigentes históricos" de la OCEZ y de la Casa del Pueblo de Venustiano Carranza, "desde donde se convirtió en un valioso icono de la lucha campesina por la tierra y la defensa de los derechos de los oprimidos en Chiapas".
Para el FNLS, la forma "absolutamente ilegal y tramposa en que fue detenido-secuestrado" Hernández Martínez, "es una muestra más del sello arbitrario con el que el gobierno fascista de Felipe Calderón está reprimiendo a los luchadores sociales, a los que criminaliza e imputa delitos falsos con el fin de encarcelarlos".
Afirmó: "Este cobarde golpe al movimiento social chiapaneco se da en un marco de escalada de criminalización hacia las legítimas luchas sociales de nuestro pueblo, cuando el propio gobernador Juan Sabines declaró recientemente que, detrás de la lucha de resistencia contra las transnacionales mineras, se encuentran agitadores que buscan generar violencia y que se dedican al tráfico de armas".
Y preguntó: "¿Cómo es posible que si `Don Chema` tiene órdenes de aprehensión y averiguaciones previas de 1999 a 2005, las autoridades no hayan actuado en su contra cuando estaba a su alcance en plena vía pública y todavía el gobierno haya firmado acuerdos con él?".
Acoso judicial
Esta tarde, al rendir su declaración preparatoria ante el juez en el penal El Amate, Hernández Martínez, denunció que, aunque fue detenido por el delito de invadir tierras, durante varias horas fue sometido a un interrogatorio sobre los presuntos nexos de él y otras personas en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Hernández Martínez rindió su declaración en la rejilla de prácticas, luego de que le leyó el contenido de la averiguación previa 253/2005, donde se le acusa de los delitos de asociación delictuosa, despojo agravado y daños.
Al dirigente de la OCEZ se le acusa de promover la invasión, el 7 de mayo de 2003, del predio "Sociedad El Desengaño", en el municipio de Venustiano Carranza.
Ante el juez, Hernández Martínez afirmó que, si bien la acusación tiene que ver con este caso, fue interrogado sobre si pertenecía a algún grupo armado, como el EZLN o el EPR.
Explicó que, durante varias horas, estuvo en los separos de la PGJE, donde fue sometido a "un severo cuestionamiento", en el que le pedían dar detalles de supuestos grupos armados que operan en la región.
Dijo que también le preguntaron cuáles eran sus ligas con el Centro de Derechos Humanos "Frayba"; qué es los que hacen los activistas extranjeros que llegan a acampar a su comunidad, y si conocía al obispo Samuel Ruiz y al sacerdote de Carranza, José de Jesús Landín García.
"Cuando les dije que la única organización a la que pertenecía era a la OCEZ y que ésta luchaba por la vía civil y pacífica, me acusaban de pertenecer al EZLN", añadió.
"Me insistían si tenía relación con el obispo Samuel Ruiz, con el párroco de Venustiano Carranza; con Diego Cadenas, presidente del Frayba, o con Yolanda Castro, del FNLN (Frente Nacional de Lucha por el Socialismo). Y me preguntaban si poseía armas", señaló.
En la comparecencia estaba el fiscal del Ministerio Público, Neptalí Arcia del Marroquín, quien era asesorado constantemente por otra persona, que decía ser el titular de la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la PGJE.
Arcia de Marroquín volvió a interrogar a Hernández Martínez por su presuntos nexos con el EPR o el EZLN, pero fue interrumpido por el abogado del inculpado, Marcos López Pérez, quien le recordó que ese no era el motivo de la detención y que se limitara a lo contenido en la averiguación previa por la que fue detenido.
López Pérez pidió la ampliación del término constitucional para que se le dicte el auto de libertad o de formal prisión a su defendido.
En tanto, en la población Venustiano Carranza unos mil campesinos de la OCEZ-RC marcharon con el féretro del campesino Jordán López Aguilar, de 29 años de edad, quien murió en un accidente cuando pretendía rescatar a Hernández Martínez, luego de ser detenido por policías estatales disfrazados, según denuncias, de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
López Aguilar, originario de la comunidad Laguna Verde de Venustiano Carranza, fue sepultado en el panteón de la cabecera municipal, en medio de demandas por la libertad de "Chema".
Ahí, el vocero de la OCEZ-RC, José Manuel de la Torre, deslindó a su organización del EPR o de cualquier otro grupo armado. Dijo que la lucha de esa organización "siempre ha sido por la tierra", por lo que han tenido que recurrir a la "recuperación" de predios, que quedaron en manos de caciques y terratenientes de la región.
"Históricamente, nuestra organización se ha caracterizado por enarbolar la lucha en defensa de los mas necesitados. Desde hace tiempo hemos buscado un pedazo de tierra para trabajar y sostener a nuestros hijos", dijo De la Torre por la vía telefónica.
Añadió que el movimiento les ha traído una serie de acusaciones y señalamientos, vinculándolos a grupos armados "para desviar la lucha social y confundir a la población. Con ello, buscan justificar las incursiones militares, los patrullajes y una serie de intimidaciones en esta lucha social".
"Primero nos acusaron de pertenecer al PROCUP y ahora al EPR. También han fabricado delitos a algunos de nuestros compañeros, en el sentido de que pertenecen a grupos vinculados con el tráfico de drogas, de armas, de ilegales, tratándonos como delincuentes, no como luchadores sociales", dijo.
Por su lado, otras organizaciones, como el Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, y el Movimiento Nacional (CNPA-MN), condenaron la detención y el encarcelamiento de Hernández Martínez.
En una misiva, afirmaron que, durante casi 30 años, Hernández Martínez "enfrentó, al lado de cientos de campesinos, a los caciques de la región de Venustiano Carranza, principalmente a Jesús Orantes Ruiz".
Añadieron que Orantes Ruiz, ahora aliado del gobernador Juan Sabines, "formó grupos de choque para perseguir, combatir y asesinar a integrantes de la OCEZ, trayendo consigo el despojo de sus tierras, lo que a su vez generó la organización de cientos de familias campesinas para luchar por la tierra a través de tomas, ya que el gobierno no les dejó otra salida".
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 1 de octubre (apro).-
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
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