México: La administración del miedo

Difusión Cencos México D.F., 30 de septiembre de 2009

Fuente: El País

Sabino Bastidas Colina

El inminente cambio de Ombudsman abre la posibilidad para que se construya una cultura de derechos humanos de Estado

Occidente se ha hecho miedoso. Muy miedoso. Los occidentales vivimos con muchos miedos, continuos y permanentes. Miedo ante amenazas reales, pero también miedos inventados, creados, falsos y exacerbados. Zygmunt Bauman en su libro Miedo líquido da cuenta de los temores que han atrapado la vida cotidiana de los hombres y mujeres en muchas sociedades.

Miedo a perder una seguridad real o aparente, anhelada o deseada, imaginada o prometida, que se diluye ante la realidad, y que impacta la forma y la calidad de vida de todos los segmentos de la sociedad. Vivimos rodeados de miedos: al terrorismo, a la delincuencia, al crimen organizado, al desempleo, a la crisis económica, a la inflación, a la pobreza, a los extranjeros, a las enfermedades, a las epidemias, a los químicos de los productos que consumimos, a los pesticidas, al deterioro de nuestro medio ambiente, miedo a que los hijos caigan en drogas, a quedar solos, a perder los ahorros, a que el sueldo o la pensión no alcancen, miedo a ser jóvenes y miedo a llegar a viejos. El 11-S exacerbó esos miedos. Los profundizó. Las Torres Gemelas se cayeron en Nueva York, pero el polvo llegó a todos los rincones del mundo. Esa imagen se hizo cultura. Su efecto impactó para siempre, o por mucho tiempo, en nuestra adicción a la seguridad.

Ante el dilema ¿seguridad o libertad? la respuesta de la mayoría, después de 2001, parecía ser claramente: seguridad. Y se inició la gran paradoja de que las sociedades libres aceptaron sacrificar libertad, en aras de la seguridad.

Gobernar implica desde entonces administrar el miedo. Ningún país o gobierno escapa a esta nueva realidad, a esta nueva tarea. Los gobiernos administran el miedo de la gente. Lo usan y en ocasiones abusan de él. Hay un uso político del miedo, del que los ciudadanos debemos estar concientes. Los gobiernos construyen narrativas del miedo, que correctamente colocadas en el discurso y en la propaganda, justifican políticas, presionan parlamentos y construyen apoyos y legitimidades.

En México, el miedo tiene muchas caras y experimenta simultáneamente varios pasajes: el de la crisis económica y el desempleo, el del desmoronamiento de los sistemas de pensiones, el de la Gripe AH1N1, el de la inseguridad cotidiana y de manera señalada y destacada: el gran tema del narcotráfico. Los mexicanos hemos cultivado el miedo y vamos tolerando la pérdida de libertades en aras de la seguridad.

La guerra total contra el narcotráfico que se emprendió hace tres años ha hecho de la administración del miedo parte del estilo personal del gobernar. Calderón ha resultado un buen administrador del miedo.

La narrativa gubernamental lo justifica todo en el marco de una guerra total y permanente, contra un enemigo gigantesco, amorfo, sin rostro y de mil cabezas. Un adversario al que simplemente hay que tener miedo.

Y así, el miedo justifica los medios. En la lucha contra el narcotráfico se justifica todo: la pérdida de vidas, el uso desmedido de recursos, el crecimiento de las policías, la compra de armamento, la intervención en Estados y Municipios, el uso del Ejército para funciones de policía, la colocación de retenes, la entrada a domicilios y la detención de personas, la violación de garantías individuales.

El error es evidente: se planteó una estrategia que le apostó todo al modelo policiaco. ¿Mucho miedo? Respuesta: Muchos policías. Los policías fueron la respuesta de política pública al miedo contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y cuidado, porque México está transitando de modelo clásico ya exagerado del "Estado policía" al "Estado de los policías".

No es exageración. En el diseño institucional, con la primaria idea de que es necesario sacar al Ejército de la lucha contra el narcotráfico, se emprendió la construcción de un cuerpo policiaco suficiente para algún día "sustituir al Ejército" y con ello, poco a poco, estamos construyendo todo un "Ejército paralelo".

¿Estamos concientes de lo que estamos haciendo? ¿Sabemos lo que estamos haciendo? ¿Queremos de verdad una policía más grande? ¿Qué tan grande? ¿Tan grande como el Ejército? ¿Con qué controles? ¿Con qué marco jurídico? ¿Un Ejército de policía sin la disciplina del verdadero Ejército? ¿Hasta dónde nos puede llevar ese modelo? Y todo ese poder ¿quién lo va a administrar? ¿Es tan grande nuestro miedo? ¿Esta decisión no pone en riesgo nuestras libertades? ¿Esta estrategia no pone en riesgo nuestra democracia?

Por supuesto que hay otra manera de hacer las cosas. La estrategia en marcha es incorrecta. La lucha contra el crimen organizado basada y centrada exclusivamente en la policía desplegada en campo no es estructural, no es sustentable, no es integral y no es de fondo. La lucha contra el narcotráfico necesitaba mayor cálculo e inteligencia, coordinación, programas sociales, políticas agropecuarias, acciones financieras, acciones de empleo, acciones educativas, políticas de salud, políticas comunitarias, nuevas instituciones jurídicas, pero sobre todo: una política integral de defensa y protección de los derechos humanos.

Un buen diseño y articulación de la política de derechos humanos era fundamental para emprender una lucha contra el narcotráfico. La legitimidad y el respaldo de una adecuada protección de derechos humanos, ayudaba a construir el soporte y el respaldo social para ganar una guerra de esas proporciones.

Los derechos humanos eran la diferencia entre el actuar del narcotráfico y el actuar de la policía. Era el gran factor diferenciador. Era la fuente natural de apoyo de un gobierno democrático. Es una grave paradoja, increíble, que los nuevos gobiernos democráticos, tengan tal déficit en materia de derechos humanos. Los gobiernos de la alternancia, han vivido peleados continuamente con el tema y con las agencias, locales e internacionales, encargadas de la preservación de derechos humanos. Los gobiernos del PAN no han sabido construir una política pública seria, articulada, trasversal, y moderna, de protección y defensa de los derechos humanos. Vamos, ni siquiera un discurso que trascienda las menciones ocasionales y los lugares comunes.

Es muy curioso ver gobiernos democráticos que consideran la protección de los derechos humanos como un obstáculo en la lucha contra la delincuencia organizada y que perciban a los defensores de los derechos humanos como adversarios y enemigos.

Es incomprensible que quieran críticos a modo, organizaciones dóciles y recomendaciones inocuas. La política de derechos humanos del Ejecutivo Federal, en plena guerra contra el narcotráfico, ha consistido en reaccionar a los casos por los que presionan las organizaciones y los medios de comunicación. Se trata de una política de derechos humanos casuística, reactiva y exclusivamente orientada a responder en los medios de comunicación.

El reciente caso de Jacinta Francisco Marcial es un buen ejemplo. Una mujer, pobre e indígena, acusada de secuestrar a un grupo de policías, y que en el absurdo pasa años en la cárcel hasta que los medios y las organizaciones la convierten en causa, presionan al Gobierno y logran por fin sacarla de la cárcel. Ante ello, la respuesta del Gobierno: ninguna. No hay corrección, no hay nuevas políticas y no hay revisión de procedimientos.

En un país como México, un gobierno democrático, debe tener el tema de derechos humanos a flor de piel. Son tantos los casos, tantas las violaciones y tantos los abusos, que es absurdo negarlos y confrontarse con la realidad. La estrategia de derechos humanos de un gobierno democrático debe ser exactamente la inversa a la que se está asumiendo. En lugar de ser reactivos y vivir a la retaguardia, el Gobierno debe colocarse a la vanguardia, plantear políticas de avanzada. Se trata de un gobierno democrático que, en teoría, no tiene nada de que avergonzarse y no tienen nada que ocultar.

Los derechos humanos son solución y no problema. Un gobierno democrático debería ver esta agenda como una prioridad, porque en la lucha contra el narcotráfico, una política correcta y eficiente de defensa de los derechos humanos, es el seguro de vida y la tranquilidad futura, de todos los que están participando, a todos los niveles.

En unas semanas se renovará al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que es la versión mexicana del Ombudsman. El debate que veremos en el gobierno, en la sociedad y en el Senado será reflejo de todos nuestros miedos y todas nuestras carencias.

Sin embargo, el relevo en la CNDH es una oportunidad para corregir el rumbo. Se necesita romper inercias y comenzar una nueva etapa. Necesitamos un ombudsman neutral, acreditado, que trascienda la vieja visión de las recomendaciones y que sea capaz de construir una política de derechos humanos de Estado, no para el Estado. Lo peor que puede hacer el Ejecutivo es buscar un ombudsman a modo.

Necesita un interlocutor creíble, que sea capaz de trabajar en el diseño y la construcción de políticas públicas. El Ejecutivo necesita alguien que sea capaz de relanzar el tema y apoyar, con su crítica, la lucha contra el narcotráfico. Se trata de un cargo clave en la administración de los miedos, pero sobre todo, en la necesidad de poner atención a una agenda que hoy pone en riesgo y en entredicho la viabilidad y el futuro de la democracia mexicana.

29 de septiembre de 2009

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos