Fuente: La Jornada de Zacatecas
Redacción
Lourdes Godínez Leal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará minuciosamente los amparos, controversias y recursos de inconstitucionalidad presentados por algunas entidades federativas en contra de las leyes aprobadas que protegen la vida desde el momento de la concepción-fecundación y que criminalizan el aborto.
El objetivo es que las mujeres que tomen esa “difícil y lamentabilísima decisión no sean discriminadas, llevadas a tribunales y enfrenten procesos legales para privarlas de su libertad”.
Así lo señaló la ministra Olga Sánchez Cordero, entrevistada al término de la presentación del Diagnóstico en materia de equidad de género en la SCJN y que en 2008 votó a favor de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal.
Al ser cuestionada sobre si la SCJN mantendrá su postura de defensa a los derechos de las mujeres en el tema del aborto, como lo hizo en agosto pasado al declarar constitucional la despenalización del aborto en el DF al revisar los amparos contra las leyes locales, la ministra dejó en claro que “no está en contra de la vida ni a favor del aborto”.
Afirmó que “hay una situación muy particular” entre los ministros, como se vio en la votación del histórico 28 de agosto de 2008, ya que, insistió, “no estamos en contra de la vida, no estamos a favor tampoco del aborto”; de lo que se trata es de que una mujer que tome una decisión “lamentabilísima para su propia vida y emocionalmente muy desgastante” no sea discriminada y llevada a tribunales y a un proceso penal para privarla de su libertad.
“De eso estamos hablando, no de otros temas, de la conducta de esa mujer que en circunstancias muy personales y que no conocemos, toma una decisión tan difícil, porque así es, y que tras ésta se le lleve a un proceso penal y a tribunales para ser privada, en su caso, de su libertad”.
En su opinión, lo que sucede actualmente en 15 entidades federativas que protegen la vida desde el momento de la concepción “es una situación de penalización, de criminalización a las mujeres” que toman la decisión de abortar, independientemente de las circunstancias.
Cabe recordar que Baja California, Colima, Jalisco, Sonora, Puebla, Morelos, Campeche, Querétaro, Quintana Roo, Durango, Nayarit, Guanajuato, San Luis Potosí, Yucatán y recientemente Oaxaca han modificado sus constituciones locales para proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación, y algunas más sus Códigos Penales.
La ministra informó que “cada vez hay en la Corte más controversias constitucionales” de municipios contra las legislaciones modificadas y aprobadas.
“Cada caso tiene sus particularidades”, y precisó que no se puede hacer una afirmación generalizada porque no es lo mismo una acción de inconstitucionalidad, como la que se presentó contra la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que las que se han presentado de municipios y que son contra el Congreso local.
Olga Sánchez Cordero precisó que por tal motivo serán revisados todos los recursos interpuestos ante la máxima instancia de justicia del país con sus particularidades, y descartó opinar sobre el destino que tendrán en la Corte.
“Yo no sé cuál sea el destino de esos asuntos porque, insisto, las particularidades de cada caso son diferentes, son asuntos que debemos ver con toda precisión y con todo detenimiento y yo no tengo idea de cómo vayan a resultar las sentencias”, manifestó.
Por lo pronto, informó que no existe una fecha para discutir el tema, ya que depende de cuándo lo presenten los ministros encargados a consideración del pleno.
Recursos en la SCJN
A partir de dichas reformas algunas entidades federativas han recurrido a diversos recursos legales para que los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres les sean restituidos. Así, se han presentado ante la SCJN 497 amparos: 67 de Colima, 167 de Guanajuato, 115 de Puebla, 76 de Quintana Roo y 72 de Sonora.
También a principios de 2009 se presentó un recurso de inconstitucionalidad promovido por la Procuraduría estatal de Derechos Humanos de Baja California. En un hecho “histórico” por el contexto conservador que caracteriza a ese estado, el municipio de Uriangato, en Guanajuato, también hizo lo mismo en julio pasado.
Las organizaciones civiles han pedido al ombudsman yucateco y de Querétaro hacer lo mismo que sus pares de Guanajuato y Baja California; sin embargo, hasta la fecha no lo han hecho.
Casos en justicia internacional
Otras entidades federativas le han apostado a la justicia internacional al agotar los recursos nacionales, como Morelos, ya que las organizaciones civiles defensoras de los derechos sexuales y reproductivos presentaron el pasado 9 de junio, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su petición de admisibilidad de 150 casos.
El 29 de julio pasado las organizaciones fueron notificadas de la admisión de la solicitud de los 150 casos, al informarles que la Comisión haría la investigación correspondiente y emitiría un informe de fondo.
En el caso de Nuevo León, el pasado 22 de julio el gobernador de la entidad, José Natividad González Parás, ejerció su derecho al veto contra las reformas promovidas por los diputados panistas Enrique Barrios Rodríguez y Juan Manuel Villanueva Arjonque, que pretendían aplicar mayores sanciones a quienes aborten y practiquen abortos. (CIMAC)
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