México D.F., 22 de septiembre de 2009 (Cencos).- Esta mañana en conferencia de prensa, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y el Comité de Lucha Indígena Campesina (CLIC) emitieron conjuntamente su pronunciamiento en contra del paquete fiscal lanzado el pasado 8 de septiembre por gobierno federal cuyos principales ejes son la recaudación de impuestos y que, entre otras modificaciones, propone la absorción de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Carlos Ramos Alva, miembro del consejo consultivo de la CNPA, manifestó que la “desmantelación” de la SRA, implica dejar a cientos de trabajadores del campo sin resolución para sus problemas agrarios ya que sin el instrumento jurídico no hay forma de continuar con el proceso. “Al menos en la región de la Meseta en el estado de Michoacán, hay 80 focos rojos sin solución”, advirtió.
Ramos Alva hizo un llamado a frenar a las grandes empresas que pagan “impuestos de risa”. Se refirió a la desigualdad económica que impera en el país y la contrastante cifra entre los 80 millones de pobres y las 13 familias más ricas que “disfrutan de omisión en el pago de impuestos”. Asimismo, CLIC citó como ejemplo a las empresas Ford y Wal-Mart con una tasa impositiva bajísima “y que además van a despedir a 14 mil personas”.
Alertó sobre la crisis alimentaria, la crisis económica y la crisis de seguridad que golpea al país, ya que la elevación de precios en granos, alimentos básicos, el recorte a programas sociales con una visión recesiva y la privatización del gasto público como instrumento para garantizar la concentración de la riqueza en pocas manos atentando contra los intereses de los mexicanos, serían los factores claves para provocar un estallido social.
“Los gobiernos panistas en dos sexenios nos han agotado ya, las cifras son: 15 mil desempleados, 14 mil asesinados y ninguna detención, con este paquete fiscal, Calderón le está haciendo una revancha política al Cardenismo, no hay razones económicas para desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria, son razones políticas, ya que el presupuesto destinado a esta dependencia es tan solo del 1.7 por cierto.”
Por su parte, Emilio García Jiménez también miembro del consejo consultivo de la CNPA, expuso que los subsidios que se otorgan a las familias del campo van a convertirse en créditos por la pretensión de “bancarizar al campo” en detrimento de la distribución de los recursos destinados a los productores agrícolas. Dijo que si los subsidios parciales que se otorgan al campo dejan de darse como programas sociales y se vuelven programas de crédito, 7 de cada 10 familias no podrán obtener tierras, ni tractores, ni sistemas de riego a base de dichos créditos.
A su vez Abraham Castro Trejo, representante legal de la CNPA, hizo un llamado por la reestructuración de la SRA ya que los funcionarios que se encuentran al frente de esta dependencia carecen de conocimientos de desarrollo, tierra y territorio, en este sentido dijo que era urgente dicha reestructuración, más no la desaparición de la secretaría.
Explicó que continúan los enfrentamientos entre caciques y comuneros y cuestionó sobre el panorama que le espera al campo si faltase esta instancia, “con quién vamos a tratar de deslindar estos terrenos, cómo vamos a exigir la propiedad social, en manos de quien van a quedar los bosques, los minerales, a caso van a quedar en manos del libre mercado.”
Ante este panorama Miguel Acundo, representante del CLIC denunció que el 90 por ciento de los recursos que destina la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, van dirigidos a los grandes agroindustriales y que tan solo el 10 por ciento están destinados a los pequeños productores. Argumentó que es comprensible la situación de crisis por la que atraviesa la economía mundial y que es necesario hacer reformas fiscales, pero fijó su postura en contra de hacer recortes presupuestales que “castigan a los más pobres”.
Dada la coyuntura nacional y dentro del marco del 30 aniversario de la CNPA, los miembros de estas organizaciones hacen un llamado a impulsar una jornada de lucha pacífica y dentro de la legalidad en contra de estas políticas a fin de incidir en la toma de decisiones respecto a este nuevo paquete y frenar los recortes presupuestales, además de rechazar el IVA a alimentos y medicinas, evitar e impedir la reducción de un 16 por ciento del Presupuesto de Egresos en el 2010, la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria y la bancarización de los recursos destinados al campo. Las movilizaciones serán frente a la Cámara de Diputados y se llevarán conjuntamente en varios estados de la República. Las jornadas están programadas para el 5, 6, y 7 de noviembre y se prevé que para el 12 de octubre también se organice una movilización.
Centro Nacional de Comunicación Social
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