Fuente: La Jornada de Zacatecas
Redacción
Guadalupe Cruz Jaimes
Los asesinatos de Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista, comunicadoras comunitarias de La voz que rompe el silencio, en la región Triqui de Oaxaca, forman parte de los 12 homicidios contra periodistas registrados durante 2008, año considerado uno de los más violentos y con mayor número de ataques para el periodismo en México de los últimos 15 años.
Así lo indica el Informe Buendía 2008, elaborado por la Fundación Manuel Buendía, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dado a conocer ayer.
El documento relata, en 66 páginas, los 223 actos contra periodistas y medios de comunicación; “cifra abrumadora”, al tomar en cuenta que el Informe Buendía 2007 registró 133 casos y analiza las repercusiones de tales hechos en materia de libertad de expresión.
Las agresiones y los actos inhibitorios contra el trabajo periodístico se duplicaron durante 2008 y el primer trimestre de 2009, por tal motivo, asevera el Informe, ese lapso es “considerado uno de los periodos más violentos y con mayor número de ataques para el periodismo en el país de los últimos tres lustros”.
Sostiene que lo “alarmante” no es que el número de agresiones en contra de periodistas se duplicó, sino el aumento de los asesinatos, pues en 2007 consignaron cinco homicidios y el año pasado ultimaron a 12 trabajadoras y trabajadores de la información, de los cuales al menos en siete casos existen indicios de que su muerte está vinculada con su quehacer periodístico.
Los nombres de las y los periodistas asesinados son Felícitas Martínez y Teresa Bautista, Francisco Ortiz Monroy, Bonifacio Cruz Santiago, Alfonso Cruz, José Luis Villanueva, Candelario Pérez, Alejandro Zenón Fonseca, David García, Miguel Angel Villagómez, Armando Rodríguez y Raúl Martínez.
Las locutoras y reporteras de la estación La voz que rompe el silencio, Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, fueron acribilladas el 7 de abril de 2008, cuando se dirigían al Encuentro estatal por la defensa de los derechos de los pueblos, en San Juan Copala, Oaxaca. Ellas ya habían sido amenazadas por las denuncias hechas a través de la estación.
Zonas de riesgo
El Informe Buendía informa que del total de los homicidios, ocho ocurrieron en zonas donde la delincuencia organizada y el narcotráfico han logrado una gran influencia y parecen tener el control.
Los estados que concentraron mayor número de actos en contra de las y los comunicadores están encabezados con 15.3 por ciento por el Distrito Federal, seguido de Oaxaca con 11.7 por ciento, Veracruz 9.9, Chiapas 7.2 y Tamaulipas e Hidalgo con 4 por ciento cada uno.
El panorama para 2009 no es “alentador”, pues hasta junio pasado se registraron cinco homicidios, tendencia similar a la del año 2008: un asesinato por mes. Además, durante los primeros seis meses se sumaron 147 agresiones directas e indirectas en contra de periodistas y medios de comunicación. Según el Informe Buendía, 41.8 por ciento de las agresiones que reciben las y los trabajadores de la información en México es por ejercer su labor.
De acuerdo con el documento, las agresiones directas (ataques, acosos, allanamientos, intimidaciones, asesinatos, atentados y bloqueos informativos) representan 73 por ciento de las 233 registradas, mientras que las indirectas (demandas, denuncias, arrestos, despidos, detenciones y citas a comparecer) se estiman en 12.1 por ciento.
Los medios impresos fueron los más perjudicados en su libertad de expresión, con 71.6 del total de las agresiones, seguidas de la radio con 13.9 y la televisión con 7.6 por ciento.Las agresiones físicas son las de mayor incidencia, con 31.8 por ciento, seguidas de las amenazas e intimidaciones con 21 por ciento y los allanamientos con 10 por ciento. En este último rubro el Informe Buendía enlista el allanamiento que sufrió la Asociación Civil y Agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) entre el 26 y 27 de julio pasado.
Cabe mencionar que casi una cuarta parte de los actos registrados en 2008 correspondió a amenazas a periodistas, principalmente de elementos de las fuerzas del orden y funcionarios de gobierno. Ese tipo de intimidación ha generado mayor autocensura. En la actualidad las y los reporteros temen firmar sus notas y algunos medios han cancelado el tratamiento de ciertos temas.
Artículo 19 y Cencos
Ante tal panorama, las organizaciones Artículo 19 Oficina México y Centroamérica y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) en un comunicado de prensa dieron a conocer su informe trimestral Agresiones contra la libertad de expresión en México, junio 2009.
Señalaron que México sigue dando muestra de incapacidad para dar el salto a una democracia de calidad al negarse a proteger el ejercicio de la libertad de expresión, soslayar o minimizar las agresiones que sufren las y los periodistas.
En el segundo trimestre, que comprende los meses de abril, mayo y junio, las organizaciones reportan que las agresiones registradas a través de nuestra metodología fueron 51.
Los tres estados de la República que mayor número reportaron son Chihuahua, Oaxaca y Zacatecas, aunque en Durango ocurrieron dos asesinatos, hechos que, más allá de los números, sitúan al norte del país como una de las zonas de mayor riesgo para ejercer el derecho a expresarse. (CIMAC)
Además, una característica que llamó la atención durante esos meses, indican las organizaciones, fue que en Sinaloa se registraron algunos casos de agresiones a la libertad de expresión a académicos por académicos. Por tanto, dicen, resulta paradójico, pues la academia es el espacio de debate y libertad de flujo de ideas por excelencia que permite como fin último la construcción del conocimiento.
Los tres principales tipos de amenaza fueron física/material, intimidación/presión y amenaza (de muerte en la mayoría de los casos). El medio más agredido fue el escrito con 76.4 por ciento y el sujeto mayoritariamente agredido fue periodista con 74.50 por ciento.
Entre los principales responsables de las agresiones se encontraron los funcionarios públicos, quienes representan 47 por ciento del total, seguidos de los sujetos de los que no se tiene identidad clara, quienes representan 27.4 por ciento.
“La libertad de expresión es un indicador y condición necesaria para autodefinir a una nación como una democracia plena y madura”, añadieron Artículo 19 y Cencos. “En ese tema la voluntad política es necesaria en las distintas esferas y niveles de gobierno, sin ella el número de agresiones continuará y seguirá creciendo”, advirtieron dichas organizaciones.
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