El organismo seguirá insistiendo en que se castigue a los responsables de los hechos
Fuente: La Jornada de Jalisco
JUAN CARLOS G. PARTIDA
“Las investigaciones sobre casos emblemáticos recientes, como las torturas y otros malos tratos a decenas de manifestantes en Guadalajara en 2004, las torturas –incluida violación– de al menos 26 detenidas en San Salvador Atenco en mayo de 2006, y las decenas de casos de torturas, detenciones arbitrarias y homicidios ilegítimos registrados durante la crisis política de Oaxaca en 2006 y 2007, apenas arrojaron resultados positivos. Al finalizar el año no se conocían todavía los resultados de las investigaciones emprendidas por la Suprema Corte de Justicia sobre los abusos perpetrados en San Salvador Atenco y Oaxaca, y en Guadalajara ni siquiera se había iniciado una investigación formal pedida por múltiples organismos oficiales y ciudadanos defensores de los derechos humanos”.
Es el párrafo que en el informe mundial sobre el estado de derechos humanos en el mundo de Amnistía Internacional (AI) hace alusión a lo ocurrido en el gobierno de Francisco Ramírez Acuña hace cinco años, un hecho de violencia desde la autoridad hacia una mayoría de jóvenes que poco tuvieron que ver contra los provocadores infiltrados en la marcha altermundista que protestaba contra las políticas neoliberales que se ventilaban en la reunión internacional de jefes de Estado.
Durante la presentación a nivel local del informe mundial, realizada ayer en la Casa Iteso Clavigero, el director ejecutivo de AI en México, Alberto Herrera, fue enfático al señalar que lo ocurrido el 28 de mayo de 2004 en Guadalajara representa un caso de extrema gravedad y que, al mantenerse impune y sin ser investigado, es un referente que el organismo seguirá recordando e insistiendo para que se castigue a quienes estuvieron detrás de los hechos violatorios de derechos humanos.
“Es un caso de extrema gravedad no solamente por lo que significan los casos de tortura registrados en los sótanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sino por lo que significan autoridades estatales que en su momento y al día de hoy se continúan negando a abrir averiguaciones previas, investigaciones diligentes para hacer que los responsables rindan cuentas”, dijo.
Herrera explicó que si bien las violaciones a derechos humanos y los excesos contra los detenidos fueron en el sexenio del actual candidato a diputado federal por el Distrito 12, Francisco Ramírez Acuña, es obligación del gobierno que hoy encabeza Emilio González Márquez retomar un tema que se agrava por la impunidad después de tanto tiempo, armar una investigación independiente e ir hasta las últimas consecuencias sin importar de quién se trate.
Por su parte, el director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), Francisco Macías, consideró que el caso del 28 de mayo es sintomático de lo que ocurre en Jalisco, donde el respeto a los derechos humanos ha sido relegado de forma completa, lo que repercute en desigualdad, marginación, impunidad y represión.
“Como organización podemos testificar de ello en algunos de los casos que llevamos. El caso de Néstor Alán, dos años y medio después, no hay una sentencia en este caso. Quién no recuerda el asunto del niño Miguel Angel donde ni siquiera las investigaciones han caminado por un rumbo correcto, y qué decir de quien ostenta la representación social en el estado, el procurador de Justicia”, dijo.
Criticó que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos exista una “inexplicable baja” en el número de quejas por tortura, que contrastan con la actividad pericial que ha arrojado en años recientes 68 dictámenes por esta conducta violenta, mientras que hay cero denuncias investigadas en la Procuraduría estatal.
Durante la presentación del informe mundial estuvieron, además de Alberto Herrera, el jefe del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del Iteso, Jorge Rocha, y la activista de AI en Guadalajara, Kathia Torres Macías.
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