Fuente: La Jornada de Guerrero
REDACCION
Para un medio de comunicación, la libertad de informar encierra un proceso complejo muchas veces sujeto a atavismos oficiales que no sólo siguen limitando nuestro ejercicio, sino cargándolo de infinidad de riesgos. La Jornada Guerrero es víctima, por se-gunda ocasión en menos de dos años, de un hecho condenable en una entidad donde el grupo en el poder pregona el respeto a las garantías individuales. La mañana de ayer, sobre la carretera federal México-Acapulco, cerca del poblado Los Organos, hombres armados interceptaron una de nuestras camionetas de distribución con el tiraje de la zona Centro, Norte, Costa Chica, Tierra Caliente y La Montaña, es decir, gran parte de nuestros ejemplares. La madrugada del 15 de septiembre de 2007, trabajadores de la misma área fueron golpeados por seis hombres armados que, además, robaron el vehículo compacto donde se transportaba el periódico que circularía en Acapulco. Decir que se trata de un hecho dirigido sería una conjetura acaso irresponsable, cuando es la autoridad ministerial la que debe investigarlo y esclarecerlo. Todo delito es condenable, pero sería sumamente grave que esta acción intente reprimir y coartar nuestro derecho de informar, en una coyuntura de críticas serias hacia las acciones emprendidas por el Ejército -al amparo de la lucha contra el narcotráfico- y señalamientos al gobierno del estado por su apatía y condescendencia ante la represión y persecución a organizaciones sociales que cuestionan su desempeño en materia de derechos humanos. No demandamos privilegios, sólo una investigación seria y las garantías de todo Estado democrático para ejercer libremente nuestra actividad periodística.
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