sábado, 6 de junio de 2009

El juez Javier Sánchez dicta auto de formal prisión a 15 detenidos de Azumiatla


Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)

TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) dio a conocer que el juez primero de lo penal, Javier Sánchez, dictó auto de formal prisión a 15 de los 17 detenidos de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, quienes fueron arrestados por la policía después de un zafarrancho en su localidad ocasionado por la incursión de personas ajenas en las tierras ejidales.

Uno de los representantes de esta organización y abogado de algunos detenidos, Noé Flores Hernández, explicó: “Los policías, las autoridades municipales y estatales saben que las personas detenidas no fueron las que provocaron el enfrentamiento ni quemaron las camionetas estacionadas frente a la presidencia auxiliar, pero el gobierno estatal sigue acusándolas de los hechos”.

En conferencia de prensa, aseguró que las personas que provocaron la violencia fueron jóvenes vándalos que provenían de la ciudad de Puebla, quienes tenían la instrucción de “encender a la gente” y que terminara el conflicto con la intervención de la fuerza pública.

Dijo que el fin de lo que sucedió desde el 24 de abril es “asustar” a los campesinos e impedir que luchen por proteger sus tierras ejidales, las cuales algunas personas las quieren convertir en fraccionamientos residenciales.

“Existen muchos intereses inmobiliarios en donde los empresarios, en complicidad con los gobiernos, se quieren apropiar de varias hectáreas para hacer casas o centros comerciales”, dijo.

Acusó a José Luis Galindo Flores, quien se presentó hace un año como dueño de 546 hectáreas que pertenecen al ejido, pues 150 ejidatarios tienen sus títulos de propiedad de estas hectáreas. El ejido de Azumiatla mide más de 3 mil hectáreas y está conformado por mil 50 ejidatarios.

“Todo estaba planeado: la provocación, los vándalos que iban a ocasionar destrozos, la entrada de la policía y la detención de quienes estuvieran en el lugar”, dijo.

Los 15 campesinos presos –de los cuales sólo una persona es mujer– son acusados por los delitos de motín, daño en propiedad ajena por incendio, privación ilegal de la libertad y lesiones y están encarcelados en San Miguel; en tanto, salieron dos pobladores debido a que uno es menor de edad y otra persona sólo tenía un delito en su contra.

Agregó que en caso de que se niegue la liberación de los pobladores que siguen en la cárcel continuarán las manifestaciones en contra del gobierno estatal hasta que los liberen, porque son inocentes. La más próxima movilización es la del 10 de junio, la cual se realizará en conjunto con varias organizaciones.

El representante de los campesinos indicó que los detenidos fueron obligados a firmar unos documentos en donde se señalaron como culpables de los hechos de la tarde del 24 de abril; sin embargo, en la declaración que realizaron en presencia de los abogados, dijeron que no tuvieron que ver con lo que sucedió y la mayoría llegaba a descansar a sus casas cuando fueron detenidos por las policías municipal y estatal.

En un caso, un operador de la ruta San José Mayorazgo llegaba con el autobús para estacionarlo afuera de su casa, pero como no pudo pasar decidió caminar con su esposa para atravesar el pueblo y fueron detenidos ambos. Otro caso fue el del señor de la “bala perdida”, quien iba caminado por una de las calles de la junta auxiliar y le tocó un disparo, por lo que su familia lo llevó a curarse al Hospital General y ahí lo detuvieron.

Flores Hernández dijo que en estos momentos se están desahogando las pruebas porque el proceso está en periodo de instrucción. “Por nuestra parte, hemos solicitado interrogatorios a los integrantes de las policías que presentaron a estas personas, a los testigos de cargo, a los denunciantes y a todos los peritos, también, se pidió una reconstrucción de los hechos”.

Dijo que se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que existe una comisión de la Cámara de Diputados que ya investiga los hechos de ese día en Azumiatla.

Finalmente, indicó que la Policía nunca rescató a los topógrafos y trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se quedaron en la azotea y salieron “por su propio pie” hasta el día siguiente. “Los policías se preguntaban dónde están los que íbamos a rescatar”.

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