Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
Las gestiones que el Comité de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla y Tlaxcala ante el Congreso de la Unión realizaron la semana pasada prosperaron y ayer una comisión tripartita de la Cámara Baja se trasladó a la ciudad de Puebla a fin de, entre otras cosas, anunciar que el Poder Legislativo federal emprenderá una investigación sobre la represión perpetrada contra vecinos de Azumiatla la noche del pasado 24 de abril.
La comisión que indagará sobre la violencia en Azumiatla está integrada, entre otros, por los legisladores poblanos, Alberto Amador Leal, del PRI; Francisco Fraile García y José Antonio Díaz García, del PAN, amén del perredista Salvador Ruiz Sánchez.
Las indagatorias de la comisión considerarán la detención de 17 campesinos durante la operación que efectuaron agentes de la Policía Judicial y de la Secretaría de Seguridad Pública para rescatar a tres topógrafos que realizaban, sin autorización, mediciones para la ampliación de la prolongación de la 11 Sur en aquella junta auxiliar.
Los diputados también indagarán si hubo violación a los derechos humanos de los campesinos y si el gobierno estatal, encabezado por el priista Mario Marín Torres, intenta despojar de sus tierras a los labriegos.
El martes de las semana pasada una representación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla y Tlaxcala solicitó la intervención del Poder Legislativo federal para frenar los proyectos del arco norte y sur–poniente, amén del Programa Aura, impulsados por el gobierno estatal, argumentando que se intenta despojarlos de sus tierras para entregarlas a obras que sólo redituarán beneficios a las clases pudientes.
“No vamos a permitir que en Puebla se vuelva a repetir el caso Atenco, porque es casi similar lo que se está defendiendo en Puebla, y vamos a estar muy al pendientes”, expresó entonces la perredista Josefina Salinas, presidente del Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
Los campesinos y sus asesores denunciaron que el gobierno marinista intenta arrebatarles más de 546 hectáreas para desarrollar un proyecto inmobiliario que sólo beneficiará a sectores pudientes, pues se planea edificar hoteles, centros comerciales y hasta un campo de golf.
Concretamente señalaron que en la zona de la junta auxiliar de Azumiatla, la familia del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia Guillermo Pacheco Pulido tiene interés en apoderarse de los terrenos comunales.
A finales del mes pasado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Puebla–Tlaxcala, junto con otras organizaciones como la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive y el Movimiento de Pueblos Cholultecas, asistieron también a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que se realizará en El Salto, Jalisco.
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