Busca la CIDH respuesta del gobierno federal respecto a procesados por la represión en 2004

Exigen que Emilio González defina su postura en relación con los sucesos del 28 de mayo

Fuente: La Jornada de Jalisco

RAUL TORRES

Tras establecer contacto con Liliana Galaviz y Oscar Chávez, dos de los procesados por el caso de represión del 28 de mayo de 2004 en Guadalajara, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) espera que el gobierno federal se pronuncie ante la denuncia por tortura interpuesta el 13 de diciembre de 2006 en contra del ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, para entrar de lleno en la investigación de este asunto.

A cinco años de la represión contra quienes manifestaron su repudio a la III Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea en 2004, algunos de los procesados vuelven a organizarse y anunciaron públicamente que ya se ratificó la denuncia en contra de Ramírez Acuña y “todos los representantes de las corporaciones policiacas”, por lo que esperan una respuesta de la justicia.

Exigieron, además, que el gobernador del estado, Emilio González, quien en 2004 era presidente municipal de Guadalajara, “defina su postura respecto a la represión ocurrida la tarde-noche del 28 de mayo de 2004”.

“Exigimos que se realice un pronunciamiento por la aceleración de los procesos y sus consecuentes sentencias, respondiendo al principio básico en la procuración de justicia que debe ser imparcial, pronta y expedita”, señalan en un comunicado.

Los procesados consideraron que los agravios y los procesos injustos que han soportado hasta la fecha condicionan injustamente su vida cotidiana, pues muchos aún tienen que firmar en el penal cada semana. “Nuestros compañeros están muy agotados y cansados de un juicio tan largo y lento”.

En su opinión, el Poder Judicial del Estado demostró ser cómplice del operativo que aquel día montaron las autoridades estatales “al recibir, juzgar y condenar sin pruebas contundentes a la gran mayoría de los detenidos con sentencias risibles, pero condenatorias”.

Finalmente, exigieron la reparación del daño y una disculpa pública a todas las víctimas de tortura. “Reafirmamos nuestra convicción de que la criminalización de las luchas del pueblo sólo responde al miedo que tiene el gobierno de una sociedad crítica y consciente, que sabe que los derechos no se mendigan, sino que se exigen y se defienden”, concluyeron.