Crimen na savi, prioritario en la agenda
Fuente: La Jornada de Guerrero
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 20 DE ABRIL. Unas 20 organizaciones estatales defensoras de derechos humanos y sociales demandaron al gobierno estatal la creación de un programa de protección de defensores, y exigieron al gobierno federal que mediante la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga las investigaciones sobre los crímenes de los dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
Lo anterior, como parte de las conclusiones del Foro internacional sobre la criminalización de los defensores de derechos humanos y de la protesta social, efectuado en esta capital el lunes y martes, al que asistieron representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, en inglés), además de organismos civiles de derechos humanos de Perú, Chile, Colombia y Alemania, y otras más de Oaxaca, Chiapas y Nuevo León y alrededor de 20 organizaciones estatales.
Los participantes demandaron la atracción de las investigaciones sobre los crímenes de Lucas y Ponce “para que se garantice que la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de los defensores de derechos humanos no quede impune, efectuándose investigaciones imparciales, objetivas y expeditas de tal manera que se castigue a los responsables”.
Asimismo, las 20 organizaciones estatales –entre ellas Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, la OFPM y las organizaciones s de Alemania, Perú, Chile y Colombia– exigieron que cese el hostigamiento y amenazas contra los integrantes de la OPIM y la libertad inmediata e incondicional de Raúl Hernández Abundio, preso en Ayutla desde 2008, acusado de matar a un informante del Ejército.
Esta tarde, en la conclusión del foro, Abel Hernández, director de Tlachinollan, destacó que en la entidad muchos defensores de derechos humanos temen por su vida y parte de sus preocupaciones son dormir en un lugar seguro.
Destacó el trabajo de la OPIM en Ayutla, en la Costa Chica, donde la presidenta Obtilia Eugenio Manuel desde hace cinco años ha enfrentado amenazas de muerte “sólo por defender a su pueblo”.
Recordó que hace algunos meses, cuando planearon el foro, no pensaron que iba a estar enmarcado por los asesinatos de los dirigentes Lucas y Ponce.
En el foro participaron las viudas de los dirigentes asesinados, Guadalupe Castro y Margarita Marín, quienes al final, como a todos, se les entregó un reconocimiento por sus asistencia, lo mismo que a Orlando Manzanarez Lorenzo, Romualdo Santiago Enedina y Manuel Cruz Victoriano, tres de los cuatro integrantes de la OPIM que están libres desde hace un mes.
Barrera destacó que en adelante la lucha por la defensa de los derechos humanos no se concibe sin la presencia de ambas mujeres, ni una agenda es posible sin la exigencia del esclarecimiento de las muertes de Lucas y Ponce.
En sus conclusiones, criticaron que el estado en lugar de reconocer y respetar el trabajo de los defensores se han obstinado en descalificarlo “creando un ambiente de permisividad que alienta y legítima la agresión por parte de los diferentes agentes del estado”.
Por lo anterior, demandaron la creación de un programa estatal de protección de defensores, siguiendo los lineamientos establecidos por el informe elaborado por la Comisión Interamericana sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas, del año 2006.
Fuente: La Jornada de Guerrero
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 20 DE ABRIL. Unas 20 organizaciones estatales defensoras de derechos humanos y sociales demandaron al gobierno estatal la creación de un programa de protección de defensores, y exigieron al gobierno federal que mediante la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga las investigaciones sobre los crímenes de los dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
Lo anterior, como parte de las conclusiones del Foro internacional sobre la criminalización de los defensores de derechos humanos y de la protesta social, efectuado en esta capital el lunes y martes, al que asistieron representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, en inglés), además de organismos civiles de derechos humanos de Perú, Chile, Colombia y Alemania, y otras más de Oaxaca, Chiapas y Nuevo León y alrededor de 20 organizaciones estatales.
Los participantes demandaron la atracción de las investigaciones sobre los crímenes de Lucas y Ponce “para que se garantice que la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de los defensores de derechos humanos no quede impune, efectuándose investigaciones imparciales, objetivas y expeditas de tal manera que se castigue a los responsables”.
Asimismo, las 20 organizaciones estatales –entre ellas Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, la OFPM y las organizaciones s de Alemania, Perú, Chile y Colombia– exigieron que cese el hostigamiento y amenazas contra los integrantes de la OPIM y la libertad inmediata e incondicional de Raúl Hernández Abundio, preso en Ayutla desde 2008, acusado de matar a un informante del Ejército.
Esta tarde, en la conclusión del foro, Abel Hernández, director de Tlachinollan, destacó que en la entidad muchos defensores de derechos humanos temen por su vida y parte de sus preocupaciones son dormir en un lugar seguro.
Destacó el trabajo de la OPIM en Ayutla, en la Costa Chica, donde la presidenta Obtilia Eugenio Manuel desde hace cinco años ha enfrentado amenazas de muerte “sólo por defender a su pueblo”.
Recordó que hace algunos meses, cuando planearon el foro, no pensaron que iba a estar enmarcado por los asesinatos de los dirigentes Lucas y Ponce.
En el foro participaron las viudas de los dirigentes asesinados, Guadalupe Castro y Margarita Marín, quienes al final, como a todos, se les entregó un reconocimiento por sus asistencia, lo mismo que a Orlando Manzanarez Lorenzo, Romualdo Santiago Enedina y Manuel Cruz Victoriano, tres de los cuatro integrantes de la OPIM que están libres desde hace un mes.
Barrera destacó que en adelante la lucha por la defensa de los derechos humanos no se concibe sin la presencia de ambas mujeres, ni una agenda es posible sin la exigencia del esclarecimiento de las muertes de Lucas y Ponce.
En sus conclusiones, criticaron que el estado en lugar de reconocer y respetar el trabajo de los defensores se han obstinado en descalificarlo “creando un ambiente de permisividad que alienta y legítima la agresión por parte de los diferentes agentes del estado”.
Por lo anterior, demandaron la creación de un programa estatal de protección de defensores, siguiendo los lineamientos establecidos por el informe elaborado por la Comisión Interamericana sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas, del año 2006.
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