El Estado mexicano incumple con medidas en favor de indígenas, recrimina
Fuente: La Jornada de Guerrero
El organismo pide ampliar garantías para miembros de la OPIM, la OFPM y Tlachinollan
CITLAL GILES SANCHEZ
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución al gobierno mexicano y de Guerrero para que otorguen medidas de protección a todos los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), a los familiares de los dirigentes asesinados de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), así como a todos los integrantes del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, luego del recrudecimiento de las amenazas de muerte en su contra.
En el documento, la presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Cecilia Medina Quiroga, reprochó que a pesar de las medidas cautelares que anteriormente se han exigido, el estado no las ha aplicado de forma efectiva y tampoco ha investigado los hechos por las que fueron solicitadas, lo que ha causado más agresiones contra otros defensores, como fue el caso de los dirigentes na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
La resolución de la presidenta de la CIDH, emitida el 9 de abril, está basado en la petición que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 7 y 8 de abril, para que se proteja la vida e integridad de la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel y su familia; de los 41 integrantes de OPIM; de Inés Fernández Ortega y su familia; de los 29 miembros de Tlanichollan, así como para los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
Entre los argumentos que la Comisión Interamericana detalla para pedir las medidas provisionales, están que el 14 de enero de 2005 se pidieron medidas cautelares para Obtilia Eugenio Manuel y su familia, luego de las amenazas que recibió la dirigente de la OPIM por defender los derechos indígenas.
El 4 de septiembre de 2007 se extendió la solicitud a favor de Inés Fernández Ortega, quien fue violada sexualmente por militares, y cuyo caso ya está en manos de la Comisión, además de recibir varias amenazas de muerte “por parte de informantes del estado”.
El 27 de junio de 2008 la Comisión amplió las medidas cautelares hacia otros 41 miembros de OPIM, luego de la ejecución extrajudicial de Lorenzo Fernández Ortega –hermano de Inés Fernández– como consecuencia de su activismo en la organización indígena.
A pesar de que la Comisión solicitó al Estado mexicano las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los defensores de derechos humanos, “los beneficiarios continúan recibiendo amenazas contra su vida e integridad personal y sufriendo actos de hostigamiento, los cuales se han agravado en los últimos dos meses”, dice el comunicado.
Y cita el caso de los dirigentes na savi Raúl Lucas y Manuel Ponce, desaparecidos, torturados yejecutados en febrero de este año, así como las recientes amenazas contra integrantes de Tlachinollan.
“La extrema gravedad y urgencia se encuentran demostradas por la desaparición y muerte de dos defensores de derechos humanos de la zona, lo cual ha tenido como consecuencia que las amenazas contra la vida e integridad personal no sólo hayan aumentado en los últimos meses, sino que se hayan concretado en gravísimas amenazas de muerte de las personas a favor de quienes se solicitan las presentes medidas provisionales”, detalla el escrito enviado a la Corte.
Y agrega que hasta la fecha el Estado mexicano no ha aplicado “adecuadamente ni en forma efectiva” las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los defensores antes citados, ni tampoco “ha sido completamente diligente respecto del deber de investigar los hechos que las motivaron”, por lo que las amenazas y ataques contra la vida e integridad física de esas personas se han acentuado en los últimos meses.
Se integran las declaraciones de funcionarios estatales y militares, quienes “siguiendo un patrón de hostigamiento” desacreditan su labor al llamarlos mentirosos o vincularlos con el narcotráfico.
Fuente: La Jornada de Guerrero
El organismo pide ampliar garantías para miembros de la OPIM, la OFPM y Tlachinollan
CITLAL GILES SANCHEZ
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución al gobierno mexicano y de Guerrero para que otorguen medidas de protección a todos los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), a los familiares de los dirigentes asesinados de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), así como a todos los integrantes del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, luego del recrudecimiento de las amenazas de muerte en su contra.
En el documento, la presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Cecilia Medina Quiroga, reprochó que a pesar de las medidas cautelares que anteriormente se han exigido, el estado no las ha aplicado de forma efectiva y tampoco ha investigado los hechos por las que fueron solicitadas, lo que ha causado más agresiones contra otros defensores, como fue el caso de los dirigentes na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
La resolución de la presidenta de la CIDH, emitida el 9 de abril, está basado en la petición que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 7 y 8 de abril, para que se proteja la vida e integridad de la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel y su familia; de los 41 integrantes de OPIM; de Inés Fernández Ortega y su familia; de los 29 miembros de Tlanichollan, así como para los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
Entre los argumentos que la Comisión Interamericana detalla para pedir las medidas provisionales, están que el 14 de enero de 2005 se pidieron medidas cautelares para Obtilia Eugenio Manuel y su familia, luego de las amenazas que recibió la dirigente de la OPIM por defender los derechos indígenas.
El 4 de septiembre de 2007 se extendió la solicitud a favor de Inés Fernández Ortega, quien fue violada sexualmente por militares, y cuyo caso ya está en manos de la Comisión, además de recibir varias amenazas de muerte “por parte de informantes del estado”.
El 27 de junio de 2008 la Comisión amplió las medidas cautelares hacia otros 41 miembros de OPIM, luego de la ejecución extrajudicial de Lorenzo Fernández Ortega –hermano de Inés Fernández– como consecuencia de su activismo en la organización indígena.
A pesar de que la Comisión solicitó al Estado mexicano las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los defensores de derechos humanos, “los beneficiarios continúan recibiendo amenazas contra su vida e integridad personal y sufriendo actos de hostigamiento, los cuales se han agravado en los últimos dos meses”, dice el comunicado.
Y cita el caso de los dirigentes na savi Raúl Lucas y Manuel Ponce, desaparecidos, torturados yejecutados en febrero de este año, así como las recientes amenazas contra integrantes de Tlachinollan.
“La extrema gravedad y urgencia se encuentran demostradas por la desaparición y muerte de dos defensores de derechos humanos de la zona, lo cual ha tenido como consecuencia que las amenazas contra la vida e integridad personal no sólo hayan aumentado en los últimos meses, sino que se hayan concretado en gravísimas amenazas de muerte de las personas a favor de quienes se solicitan las presentes medidas provisionales”, detalla el escrito enviado a la Corte.
Y agrega que hasta la fecha el Estado mexicano no ha aplicado “adecuadamente ni en forma efectiva” las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los defensores antes citados, ni tampoco “ha sido completamente diligente respecto del deber de investigar los hechos que las motivaron”, por lo que las amenazas y ataques contra la vida e integridad física de esas personas se han acentuado en los últimos meses.
Se integran las declaraciones de funcionarios estatales y militares, quienes “siguiendo un patrón de hostigamiento” desacreditan su labor al llamarlos mentirosos o vincularlos con el narcotráfico.
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