Defienden pueblos indios sus recursos naturales

Fuente: La Jornada de Zacatecas

Redacción

Al concluir el foro nacional Tejiendo resistencias por la defensa de nuestros territorios, organizaciones pro derechos humanos y comunidades indígenas de diversas regiones de la entidad se pronunciaron por el respeto al derecho de los pueblos originarios de decidir sobre sus territorios y el uso de sus recursos naturales.

En ese contexto, demandaron la suspensión del proyecto de explotación minera de San José Progreso, Ocotlán, Oaxaca, que ocasionaría daños irreversibles al ambiente, así como la cancelación del proyecto hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina, en la costa de Oaxaca, La Parota, Guerrero, y Zapotillo, Jalisco. Además, exigieron que se conceda a las comunidades afectadas derecho de audiencia con el Ejecutivo federal.

Las organizaciones estatales, nacionales e internacionales también manifestaron su respaldo al trabajo de pastoral social del presbítero Martín Octavio García Ortiz en su compromiso con las comunidades afectadas por la minera de Cuxcatlán y quien ha sido objeto de la presión de autoridades priístas de la región.

En sus conclusiones finales, exigieron a los gobiernos un informe de los estudios técnicos e investigaciones sociales que se realizan con recursos públicos en los territorios afectados por proyectos de inversión y desarrollo, y que se cumplan los tratados y convenios internacionales sobre pueblos y comunidades indígenas, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Al foro realizado en el municipio de San Pedro Apóstol, Ocotlán, Oaxaca, asistieron comunidades indígenas de los pueblos zapotecos, mixtecos, mixes, chatinos y chontales, de los valles centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Papaloapan y costa de Oaxaca, quienes pidieron la cancelación de todos los proyectos que atentan contra los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Entre otras propuestas, destaca el respaldo y apoyo a la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa de Agua contra el régimen de concesiones y medidores volumétricos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como el cambio de medidores mecánicos por digitales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Asimismos, rechazan los mega proyectos y políticas públicas de los gobiernos que atentan en contra de “nuestros territorios, instituciones comunitarias y recursos naturales de las comunidades y pueblos indígenas y no indígenas del estado de Oaxaca”, y finalmente, se pronunciaron contra la construcción de la presa que se pretende realizar en el municipio de Santiago Yogana para surtir de agua a la ciudad de Oaxaca.

El foro nacional fue convocado por una veintena de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (Prodesc), Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto AC, Servicios del Pueblo Mixe AC, Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño AC (Barca), Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca SC (Unosjo), entre otros.

En su análisis explicaron que, como resultado del sistema económico neoliberal, México vive una situación de embate sistemático de los llamados macro proyectos, que son iniciativas promovidas como una política estratégica conjunta entre los diversos niveles de gobierno; “han utilizado la palabra ‘desarrollo’ para despojarnos de nuestros recursos naturales y modifican severamente nuestra alimentación original”.

Añadieron que lo anterior permite brindar una serie de concesiones y privilegios a las grandes trasnacionales que reproducen y fortalecen las oligarquías locales con una explotación irracional de los pobladores, dueños originarios de los recursos naturales, del deterioro y medio ambiente.

Sin embargo, con esa política el gobierno mexicano ha generado varios efectos negativos en la vida de las comunidades y municipios que han implicado la devastación y el saqueo irracional de la riqueza natural y territorial; explotación de la mano de obra, daños a la salud y la pérdida de la calidad de vida en perjuicio de la población de las localidades y comunidades.

También señalaron que como resultado de esa política hay una violación sistemática de los derechos indígenas, humanos y colectivos y la ruptura del tejido social comunitario, la violación al derecho al acceso a la información pública al negar aquella que es clave en torno al desarrollo de megaproyectos.

Asimismo, concluyen, los pueblos originarios se enfrentan a la persecución y hostigamiento, mediatización y/o soborno hacia líderes y autoridades comunitarias y sociales, con la creciente tendencia de los gobiernos a la criminalización de las manifestaciones ciudadanas.

Consideran que por mucho tiempo esos pueblos han resguardado sus recursos y han sabido cuidar y custodiar la tierra y sus recursos naturales como un patrimonio heredado por nuestros antepasados, sembrar y consumir maíz criollo como una acción política que fortalece a nuestros pueblos.

Por tanto, se propusieron promover la articulación de los movimientos de resistencia en defensa del territorio, elaborar estatutos comunitarios y reglamentos internos de las comunidades agrarias y ejidos para normar el aprovechamiento de recursos naturales de las comunidades; así como formar y capacitar a las comunidades y líderes en resistencia, en particular en temas como minas, presas, agua y maíz trasgénico.

De igual forma, difundir la problemática, documentar los conflictos para su difusión pública a escala nacional e internacional para romper el aislamiento promovido por los gobiernos; encontrar formas alternas a esos megaproyectos, a fin de que las comunidades no caigan en las garras del embate privatizador y cuenten con alternativas viables. A su vez, discutir nuevas visiones sobre el desarrollo que queremos para nuestros pueblos.