Buenas tardes compañeros,
Les escribimos desde el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan para pedir su apoyo durante estos momentos difíciles de persecución severa en contra de los defensores de derechos humanos en Guerrero; como resultado de los cuales Tlachinollan se ha visto obligado a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar una variedad de medidas de protección.
En febrero Tlachinollan solicitó medidas cautelares a favor de Raúl Lucas Lucía, Manuel Ponce Rosas, sus familias y otros miembros de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), después de su desaparición forzada que tuvo lugar el día 13. El 27 de febrero solicitamos a la CIDH que pida medidas provisionales a la Corte para Obtilia Eugenio Manuel y su familia, Inés Fernández Ortega y los miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) además de medidas de protección para el mismo personal de este Centro. Actualmente, la CIDH está valorando estas solicitudes y consideramos que sería muy valioso el apoyo de la sociedad civil para que sean otorgadas.
Por consiguiente, si están dispuestos a suscribir la carta que enviamos en adjunto (y que se entregará en 2 días), favor de contestar dando su permiso y el nombre de la persona (o la organización y el director que suscribe).
Muchas gracias de antemano,
Jane
Área Internacional
Centro de Derechos Humanos Tlachinollan
janetlachinollan@gmail.com
-------------------
23 de marzo de 2009
Dr. Santiago A. Cantón
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Referencia:
· Solicitud de medidas cautelares para los familiares de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas y los miembros de la OFPM , Guerrero, México.
· Petición para que la Comisión solicite medidas provisionales a la Corte IDH para los miembros de la OPIM, Guerrero, México.
· Petición para que la Comisión amplíe las medidas de protección a los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero, México.
Estimado Dr. Santiago Cantón,
Nos dirigimos a Usted como organizaciones de la sociedad civil de México y otros países para apoyar la solicitud de medidas cautelares y provisionales en los casos arriba citados.
Con preocupación hemos sido testigos del incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) que hasta la fecha siguen sufriendo hostigamientos, ataques y amenazas por su valiosa labor como defensores de derechos humanos del pueblo indígena Me’phaa, cuyo ejemplo más cruento fue la muerte de Lorenzo Fernández Ortega. Así como de la criminalización de la que han sido objeto, derivando en el encarcelamiento infundado de cinco de sus miembros, como lo acaba de confirmar un Juez Federal al ordenar su inmediata liberación por falta de pruebas.
Asimismo, hemos presenciado un aumento en la persecución de defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas de Guerrero con el ataque en contra de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) que se materializó con la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas en febrero de 2009. Hechos facilitados por la total inacción de las autoridades y la falta de debida diligencia, que a su vez incrementan el riesgo real e inminente de sufrir mayores daños irrevocables a la integridad física y psicológica de sus familiares y compañeros de la OFPM.
Finalmente, hemos sido informados de amenazas en contra del personal del Centro de Derechos Humanos de La Montana Tlachinollan por su trabajo de acompañamiento a estas organizaciones de base y hemos conocido una serie de pronunciamientos públicos de autoridades estatales descalificando a su organización.
Los casos de estas tres organizaciones se presentan en un contexto mucho más amplio de persecución, desprestigio y criminalización de los defensores de derechos humanos y los movimientos sociales en el Estado de Guerrero. Dicho contexto fue conocido ampliamente por esta Ilustre Comisión en una audiencia temática celebrada en octubre del año pasado. En esta audiencia, representantes de organizaciones civiles de Guerrero expusieron la actitud descalificativa del gobierno frente a los movimientos sociales que se traduce en el rechazo al diálogo, reiterados intentos de prohibir la protesta y una fuerte represión y criminalización cuando se radicaliza la protesta como consecuencia de la política gubernamental de oídos sordos hacia las demandas legítimas de los movimientos sociales, particularmente de los movimientos indígenas.
Desde el inicio de su gestión, el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, ha encabezado una política de criminalización y deslegitimación en contra de la sociedad civil organizada. En este sentido, se tiene conocimiento de 218 procesos judiciales desde 2005 en contra de dirigentes y miembros de movimientos sociales. Asimismo, han aumentado las descalificaciones hasta el punto de afirmar que los movimientos sociales tienen vínculos con la delincuencia organizada, lo que proporciona un marco de permisibilidad para que los agentes del Estado agredan o ataquen a los miembros de cualquier movimiento por tratarse de “criminales”.
Esta política de desprestigio se ha visto reflejada de igual manera entre varias autoridades, como es el caso del Comandante de la Novena Región Militar, Enrique Alonso Garrido Abreu, quien ha manifestado que el crimen organizado se escuda en las organizaciones de derechos humanos para actuar con impunidad. Particularmente, lamentamos que el Procurador General de Justicia del estado de Guerrero, Eduardo Murueta Urrutia, haya lanzado un ataque directo al Centro de Derechos Humanos Tlachinollan al acusarlos de armar “una campañita” en su contra. Tal deslegitimación pretende colocar a esta organización en una situación aún más vulnerable frente al clima de inseguridad que están viviendo los defensores de derechos humanos en Guerrero.
En fin, al observar el hostigamiento, persecución y criminalización que están sufriendo los defensores de derechos humanos a manos de autoridades que además buscan deslegitimar su trabajo, en lugar de atender a sus demandas legítimas, como organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional respaldamos las peticiones del Centro de Derechos Humanos de La Montana Tlachinollan para obtener medidas cautelares y provisionales a favor de los familiares de Raúl Lucas y Manuel Ponce, de los miembros de la OFPM y de la OPIM, y de los defensores de este mismo Centro.
Agradecemos de antemano su atención.
Atentamente
No hay comentarios:
Publicar un comentario