Fuente: La Jornada de Michoacán
FRANCISCO J. MORELOS BORJA
Los principios son como agua en nuestras manos, basta con abrir un poco para que se filtre entre nuestros dedo
Tomás Moro
En medio del vaivén económico, con una crisis mundial no sólo financiera sino de perspectivas realmente humanistas; en un país como el nuestro, donde en los últimos años no hemos podido consolidar un sistema político democrático y después de muchas negociaciones, cabildeando largas horas sobre la mejor opción normativa en la materia y tomando en cuenta todas las propuestas, los legisladores federales, con diligencia y una sensibilidad afortunada, retomaron, dictaminaron y aprobaron por unanimidad la semana pasada, en la Comisión de Puntos Constitucionales, las normas legales necesarias –pero no suficientes– para regular las percepciones de los funcionarios públicos que consideran como sujetos obligados a todos los servidores públicos, incluyendo a los que laboran en el Poder Judicial de la Federación, a los consejeros del IFE y a los titulares de organismos autónomos, como lo son el INEGI, la CNDH, el Banco de México, Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro e instituciones financieras.
Decimos normas necesarias pero no suficientes en virtud de que, tal como lo demuestra nuestro estado, no basta promulgar una ley para que su mandato y por tanto su objetivo se cumpla. Tal es el caso de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos en teoría vigente desde el 21 de noviembre del 2007.
Esperamos que corra con mejor suerte el dictamen aprobado en el Congreso federal, el cual establece la obligatoriedad de transparentar los tabuladores y remuneraciones de todos los servidores, así como el que estos queden claramente establecidos en los proyectos de presupuesto de las respectivas entidades y poderes del estado. En aras de acelerar la eficacia de la medida, el proyecto prevé que en el ejercicio fiscal siguiente al que entre en vigor la ley deberán ser ajustadas o disminuidas -en los presupuestos de egresos correspondientes- las percepciones totales de los funcionarios, es decir, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier remuneración en dinero o especie, las cuales sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo antes referido.
Estas disposiciones no sólo son justas ante la crisis económica que vivimos, sino que pueden, de fondo, transformar la visión patrimonialista con la que muchos “servidores públicos” administran el erario, empezando, y lo decimos en términos generales, por la experiencia que se vive dentro del propio Poder Legislativo, tanto en lo federal como en los estados.
Otro aspecto relevante que viene a colación es la profesionalización en el servicio público. Una gran parte de la cultura política mexicana fomentó, durante décadas, la idea de que el acceder a un puesto o a un cargo de elección popular en el gobierno constituía una inmejorable oportunidad para satisfacer necesidades económicas y de alguna manera proveerse de de una gran cantidad de bienes materiales. Es decir, la inclinación hacia la función pública no ha obedecido en muchos sectores a una real vocación, sino a la facilidad de “ganar bien”, máxime si se ha minimizado la importancia del adecuado perfil profesional del involucrado. Bastaba con ser amigo, pariente o ser acreedor a favores políticos para que se le obsequiara un puesto en el gobierno. No por nada el axioma de todos conocido que dice que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Esto, sin duda ha generado una gran vulnerabilidad administrativa y gubernamental, lo que además provoca un sistema de lealtades anacrónico, que corrompe a los bien intencionados y termina tratando de brindar impunidad.
Como ejemplo, el reciente estudio de la Encuesta Nacional sobre Desarrollo Institucional Municipal, muestra el bajo nivel de profesionalización de gobernantes y funcionarios. De los 2 mil 439 municipios evaluados en el país, se encontró que 18 por ciento de los presidentes municipales no tienen estudios medios o superiores; la mitad de los presidentes municipales no tienen experiencia previa en administración pública; los funcionarios de primer nivel de la administración municipal tienen poca experiencia acumulada en su función ya que 30 por ciento tiene menos de un año en el puesto, 55 por ciento tiene menos de tres años y sólo 5 por ciento tienen más de cinco años de antigüedad; la mitad de los funcionarios locales de primer nivel no tienen experiencia previa en la administración municipal. La Encuesta muestra que los gobiernos locales en México usan la designación política como sistema de administración de personal, pero lo peor es que aun siendo del mismo partido la mayoría de los funcionarios no repiten en el puesto. Al grado de que el 90 por ciento de los municipios mexicanos empiezan de cero sus actividades de gestión cada tres años, con mandos medios y superiores totalmente nuevos.
Por ello es necesario establecer reformas político-administrativas, entre las que destaca homogenizar, reducir y justificar los sueldos de todos los funcionarios, esto significaría ir cimentando administraciones de resultados, o sea la edificación de, realmente instituciones gubernamentales sólidas y eficientes, que en México -en muchos aspectos- apenas empezamos a construir.
Muchos pasos faltan por dar en la materia y uno no excluye al otro, por ejemplo: debemos consolidar el Servicio Civil de Carrera; pensar con seriedad la ampliación o renovación de los periodos de gobierno -por lo menos a nivel municipal y Poder Legislativo-; crear una Ley Federal de Profesionalización para los Gobiernos Locales en México; elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la capacitación y entrenamiento de los funcionarios de todos los niveles; mejorar los sistemas de control interno; crear órganos realmente efectivos y autónomos de fiscalización para evitar prácticas corruptas y de opacidad.
En suma en la medida que profesionalicemos la administración pública, formemos elites políticas -en el buen sentido de la palabra-, pero sobre todo en que logremos que los ciudadanos tengamos la oportunidad de desarrollar una actividad laboral producto de oportunidades equitativas y de una genuina vocación profesional, en esa medida las instituciones mexicanas estarán manejadas por personas eficientes, eficaces, responsables y a la altura de las expectativas de una justa demanda social.
FRANCISCO J. MORELOS BORJA
Los principios son como agua en nuestras manos, basta con abrir un poco para que se filtre entre nuestros dedo
Tomás Moro
En medio del vaivén económico, con una crisis mundial no sólo financiera sino de perspectivas realmente humanistas; en un país como el nuestro, donde en los últimos años no hemos podido consolidar un sistema político democrático y después de muchas negociaciones, cabildeando largas horas sobre la mejor opción normativa en la materia y tomando en cuenta todas las propuestas, los legisladores federales, con diligencia y una sensibilidad afortunada, retomaron, dictaminaron y aprobaron por unanimidad la semana pasada, en la Comisión de Puntos Constitucionales, las normas legales necesarias –pero no suficientes– para regular las percepciones de los funcionarios públicos que consideran como sujetos obligados a todos los servidores públicos, incluyendo a los que laboran en el Poder Judicial de la Federación, a los consejeros del IFE y a los titulares de organismos autónomos, como lo son el INEGI, la CNDH, el Banco de México, Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro e instituciones financieras.
Decimos normas necesarias pero no suficientes en virtud de que, tal como lo demuestra nuestro estado, no basta promulgar una ley para que su mandato y por tanto su objetivo se cumpla. Tal es el caso de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos en teoría vigente desde el 21 de noviembre del 2007.
Esperamos que corra con mejor suerte el dictamen aprobado en el Congreso federal, el cual establece la obligatoriedad de transparentar los tabuladores y remuneraciones de todos los servidores, así como el que estos queden claramente establecidos en los proyectos de presupuesto de las respectivas entidades y poderes del estado. En aras de acelerar la eficacia de la medida, el proyecto prevé que en el ejercicio fiscal siguiente al que entre en vigor la ley deberán ser ajustadas o disminuidas -en los presupuestos de egresos correspondientes- las percepciones totales de los funcionarios, es decir, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier remuneración en dinero o especie, las cuales sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo antes referido.
Estas disposiciones no sólo son justas ante la crisis económica que vivimos, sino que pueden, de fondo, transformar la visión patrimonialista con la que muchos “servidores públicos” administran el erario, empezando, y lo decimos en términos generales, por la experiencia que se vive dentro del propio Poder Legislativo, tanto en lo federal como en los estados.
Otro aspecto relevante que viene a colación es la profesionalización en el servicio público. Una gran parte de la cultura política mexicana fomentó, durante décadas, la idea de que el acceder a un puesto o a un cargo de elección popular en el gobierno constituía una inmejorable oportunidad para satisfacer necesidades económicas y de alguna manera proveerse de de una gran cantidad de bienes materiales. Es decir, la inclinación hacia la función pública no ha obedecido en muchos sectores a una real vocación, sino a la facilidad de “ganar bien”, máxime si se ha minimizado la importancia del adecuado perfil profesional del involucrado. Bastaba con ser amigo, pariente o ser acreedor a favores políticos para que se le obsequiara un puesto en el gobierno. No por nada el axioma de todos conocido que dice que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Esto, sin duda ha generado una gran vulnerabilidad administrativa y gubernamental, lo que además provoca un sistema de lealtades anacrónico, que corrompe a los bien intencionados y termina tratando de brindar impunidad.
Como ejemplo, el reciente estudio de la Encuesta Nacional sobre Desarrollo Institucional Municipal, muestra el bajo nivel de profesionalización de gobernantes y funcionarios. De los 2 mil 439 municipios evaluados en el país, se encontró que 18 por ciento de los presidentes municipales no tienen estudios medios o superiores; la mitad de los presidentes municipales no tienen experiencia previa en administración pública; los funcionarios de primer nivel de la administración municipal tienen poca experiencia acumulada en su función ya que 30 por ciento tiene menos de un año en el puesto, 55 por ciento tiene menos de tres años y sólo 5 por ciento tienen más de cinco años de antigüedad; la mitad de los funcionarios locales de primer nivel no tienen experiencia previa en la administración municipal. La Encuesta muestra que los gobiernos locales en México usan la designación política como sistema de administración de personal, pero lo peor es que aun siendo del mismo partido la mayoría de los funcionarios no repiten en el puesto. Al grado de que el 90 por ciento de los municipios mexicanos empiezan de cero sus actividades de gestión cada tres años, con mandos medios y superiores totalmente nuevos.
Por ello es necesario establecer reformas político-administrativas, entre las que destaca homogenizar, reducir y justificar los sueldos de todos los funcionarios, esto significaría ir cimentando administraciones de resultados, o sea la edificación de, realmente instituciones gubernamentales sólidas y eficientes, que en México -en muchos aspectos- apenas empezamos a construir.
Muchos pasos faltan por dar en la materia y uno no excluye al otro, por ejemplo: debemos consolidar el Servicio Civil de Carrera; pensar con seriedad la ampliación o renovación de los periodos de gobierno -por lo menos a nivel municipal y Poder Legislativo-; crear una Ley Federal de Profesionalización para los Gobiernos Locales en México; elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la capacitación y entrenamiento de los funcionarios de todos los niveles; mejorar los sistemas de control interno; crear órganos realmente efectivos y autónomos de fiscalización para evitar prácticas corruptas y de opacidad.
En suma en la medida que profesionalicemos la administración pública, formemos elites políticas -en el buen sentido de la palabra-, pero sobre todo en que logremos que los ciudadanos tengamos la oportunidad de desarrollar una actividad laboral producto de oportunidades equitativas y de una genuina vocación profesional, en esa medida las instituciones mexicanas estarán manejadas por personas eficientes, eficaces, responsables y a la altura de las expectativas de una justa demanda social.
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