Desde el pasado sábado fue desalojado el mobiliario de la institución educativa
La orden judicial se habría cumplido a petición del Arzobispado, actual dueño del predio
RAUL TORRES
Muchos de los alumnos del Cervantes Colomos piensan que Dios está enojado con ellos, otros escuchan a los mayores y dudan de la integridad de la Iglesia católica, piensan que el jerarca más alto de esa religión en el estado no respetó su palabra y por eso hoy tienen que tomar clases en la calle, moviendo su espacio de trabajo cada media hora porque el sol impide quedarse en un solo sitio.
Entre los pupitres, las bancas, los libreros, computadoras y demás cosas que bloquean totalmente la calle Alfredo R. Plascencia, frente al número 995, en la colonia Chapultepec Country, un niño uniformado que no rebasa el metro con 50 toma video con su teléfono celular: “esto es lo que nos hace la Iglesia, así nos trata”, dice a manera de narración para el video que quiere subir alYoutube.
La historia que llevó al desalojo del sábado –ilegal según padres de familia y maestros de la escuela– se remonta al tiempo en que los hermanos maristas tenían injerencia en la administración y conducción de la escuela. Así, sentado en una de las butacas a mitad de la calle, junto a un grupo de primaria que tomó clase de español, el director del Colegio Cervantes Colomos, José Miguel Veliz Hernández, inicia el relato.
La primaria existe desde 1954 y la secundaria desde 1976, entonces los hemanos maristas se hacían cargo de todo lo concerniente a la escuela, pero en 1981 deciden retirarse de las labores directivas, aunque siguen llevando las riendas del proyecto educativo.
En 1993 la Inmobiliaria de Occidente, empresa encargada de administrar todos los bienes de los maristas, firma un convenio en el que cede en comodato el predio donde se ubica la escuela a la asociación civil que la dirige.
Para 1997, los cambios en las expectativas educativas del colegio provocan que los maristas se retiren por completo de la escuela; cuatro años después, en 2001, la inmobiliaria inicia un proceso legal para dar por terminado el comodato por 99 años con la asociación civil, pero la notificación de la demanda en contra de esta se hace en un día inhábil y eso es motivo suficiente para que se impugne el procedimiento y éste se nulifique.
En la esquina de las calles Ayuntamieto y Alfredo R. Plascencia, un grupo de padres de familia improvisa una cafetería para que los alumnos puedan comer algo a media mañana; son los mismos que han montado guardia desde la madrugada del sábado para resguardar el mobiliario que está a la intemperie. El abogado de la escuela, Martín Vazquez, se une a la conversación con el director.
La nulidad del procedimiento no terminó con el conflicto, pues la inmobiliaria inicia un juicio, el 150/01, ante el juez tercero de lo Civil, argumentando que el comodato debe ser revocado porque la primaria otorgó a su vez en comodato el terreno para que la secundaria operara en la tarde.
El abogado asegura que el argumento es endeble debido a que la secundaria existía mucho antes de que se celebrara el convenio de comodato; insiste que por ese motivo que en 2003 la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado revocó el procedimiento del juicio bajo la toca 1114/03.
Es casi mediodía y algunos alumnos piden permiso para ir al baño, y aunque están en edad de ir solos, los padres de familia los tienen que acompañar porque por ahora en el Cervantes Colomos los sanitarios que se usan están a calles de distancia, en las casas de los vecinos que solidarios permiten a los alumnos entrar a sus casas.
En 2007, Inmobiliaria de Occidente entrega en donación el predio de la escuela al Arzobispado de Guadalajara y ese mismo año inicia un nuevo juicio contra la escuela. Las causas son las mismas, el promovente es nuevo, el juzgado es el Quinto en materia civil, el número de proceso el 422/07.
El abogado se pregunta por qué se otorga en donación un predio en litigio, después asegura que del juicio no se dieron cuenta sino hasta que se dictó la sentencia favorable al Arzobispado, el 6 de diciembre de 2007. La otra pregunta del litigante es por qué un juicio que antes tardó años, después se resolvió en unos cuantos meses. “No hemos sido escuchados ni vencidos en juicio”, asegura.
Presiones, convenio y desalojo
Mientras algunos padres de familia piden al director permiso para suspender las clases pasado el mediodía, cuando ya no hay sombra alguna donde resguardarse del sol, otros de los ahí presentes recuerdan la madrugada del sábado.
Llegaron policías estatales y rodearon la escuela, después sacaron todo sin dejar que nadie entrara, incluso –dicen– quemaron libros y dañaron inmobiliario. “Se robaron cosas, hay cosas que faltan”.
El director recuerda que al llegar junto con el abogado se les impidió el paso y nunca pudieron hablar con los actuarios, por ello desconocen quién ordenó el desalojo y bajo qué argumento.
Hoy casi todo el mobiliario de la escuela está en la calle, incluso algunas personas del barrio pensaron que se estaba haciendo una venta de cochera y fueron a preguntar a cómo daban las bancas. Pero lo sucedido el sábado se veía venir, o al menos así lo advierten maestros, padres de familia y la misma dirección.
Las presiones del Arzobispado llegaron desde octubre de 2008 con un primer intento de desalojo, luego con la presencia de una delegada de Profeco, Lilia Bejarano Cázares, quien colocó “dentro y fuera de dicho centro escolar, carteles con llamadas de atención a los padres de familia acerca de las irregularidades que presenta el Cervantes en su documentación ante la Secretaría de Educación Pública (SEP)” (nota publicada en El Semanario, organo de difusión del Arzobispado, el 28 de febrero pasado.
Frente al Colegio, por la calle Ayuntamiento, hay un centro de oración cuyo terreno también pertenece al Arzobispado; durante varias semanas, en la esquina del edificio se colocó una lona en la que se advertía a los padres de familia que no pusieran en riesgo la educación de sus hijos. La cuadra contigua a la casa de oración, por la calle R. Plascencia, donde se ubica un asilo de ancianos, también pertenece al Arzobispado.
A principios de año el Arzobispado citó a las autoridades del Cervantes Colomos para llegar a un acuerdo. Acudieron a escuchar la propuesta y la rechazaron porque el Arzobispado exigía desalojar la escuela al terminar el ciclo escolar, entregar el predio sin ningún adeudo y determinar que terminado el año no se prestaría ningún servicio educativo en el predio.
El 9 de febrero, el vocero del Arzobispado, Antonio Montaño, declaraba a la televisión local que la orden del juez para desalojar el colegio llegaría tarde o temprano, por lo que si alguien inscribía a sus hijos en la escuela corría el riesgo de que éstos no terminaran el ciclo escolar.
Los padres de familia
Por su parte, la sociedad de padres de familia iniciaron también una lucha paralela para defender la educación de sus hijos. El presidente de la organización, Carlos Navarro Curiel, señala que el mismo sábado se interpuso una denuncia en contra de la empresa de seguridad Centurión, que actualmente cuida el plantel, por daños al patrimonio de la escuela. A petición de la propia Procuraduría de Justicia, la ratificación de la denuncia se hará hasta el miércoles siguiente.
El también abogado recordó que el jueves de la semana pasada, dos días antes del desalojo, como sociedad de padres de familia promovieron ante el juez quinto de Distrito en Materia Civil un amparo en el que reclaman “actos desposesorios”, sin embargo, el magistrado no ha resuelto.
Los padres de familia comienzan a movilizarse por su parte, se organizan en grupos para pernoctar fuera de la escuela y cuidar el mobiliario, buscan ayuda profesional para iniciar la lucha legal y sobre todo hacen un llamado a las autoridades de educación, que hasta ahora no se han pronunciado al respecto. También preparan una queja para interponer ante la Comisión Estatal de derechos Humanos, que tampoco ha emitido opinión alguna.
“Antes la Iglesia hacía escuelas, ahora las quita en nombre de intereses privados; primero está la educación, antes que los intereses privados o la religión”, señaló Carlos Huerta de la Garza, miembro de la sociedad de padres de familia.
Fuente: La Jornada de Jalisco
La orden judicial se habría cumplido a petición del Arzobispado, actual dueño del predio
RAUL TORRES
Muchos de los alumnos del Cervantes Colomos piensan que Dios está enojado con ellos, otros escuchan a los mayores y dudan de la integridad de la Iglesia católica, piensan que el jerarca más alto de esa religión en el estado no respetó su palabra y por eso hoy tienen que tomar clases en la calle, moviendo su espacio de trabajo cada media hora porque el sol impide quedarse en un solo sitio.
Entre los pupitres, las bancas, los libreros, computadoras y demás cosas que bloquean totalmente la calle Alfredo R. Plascencia, frente al número 995, en la colonia Chapultepec Country, un niño uniformado que no rebasa el metro con 50 toma video con su teléfono celular: “esto es lo que nos hace la Iglesia, así nos trata”, dice a manera de narración para el video que quiere subir alYoutube.
La historia que llevó al desalojo del sábado –ilegal según padres de familia y maestros de la escuela– se remonta al tiempo en que los hermanos maristas tenían injerencia en la administración y conducción de la escuela. Así, sentado en una de las butacas a mitad de la calle, junto a un grupo de primaria que tomó clase de español, el director del Colegio Cervantes Colomos, José Miguel Veliz Hernández, inicia el relato.
La primaria existe desde 1954 y la secundaria desde 1976, entonces los hemanos maristas se hacían cargo de todo lo concerniente a la escuela, pero en 1981 deciden retirarse de las labores directivas, aunque siguen llevando las riendas del proyecto educativo.
En 1993 la Inmobiliaria de Occidente, empresa encargada de administrar todos los bienes de los maristas, firma un convenio en el que cede en comodato el predio donde se ubica la escuela a la asociación civil que la dirige.
Para 1997, los cambios en las expectativas educativas del colegio provocan que los maristas se retiren por completo de la escuela; cuatro años después, en 2001, la inmobiliaria inicia un proceso legal para dar por terminado el comodato por 99 años con la asociación civil, pero la notificación de la demanda en contra de esta se hace en un día inhábil y eso es motivo suficiente para que se impugne el procedimiento y éste se nulifique.
En la esquina de las calles Ayuntamieto y Alfredo R. Plascencia, un grupo de padres de familia improvisa una cafetería para que los alumnos puedan comer algo a media mañana; son los mismos que han montado guardia desde la madrugada del sábado para resguardar el mobiliario que está a la intemperie. El abogado de la escuela, Martín Vazquez, se une a la conversación con el director.
La nulidad del procedimiento no terminó con el conflicto, pues la inmobiliaria inicia un juicio, el 150/01, ante el juez tercero de lo Civil, argumentando que el comodato debe ser revocado porque la primaria otorgó a su vez en comodato el terreno para que la secundaria operara en la tarde.
El abogado asegura que el argumento es endeble debido a que la secundaria existía mucho antes de que se celebrara el convenio de comodato; insiste que por ese motivo que en 2003 la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado revocó el procedimiento del juicio bajo la toca 1114/03.
Es casi mediodía y algunos alumnos piden permiso para ir al baño, y aunque están en edad de ir solos, los padres de familia los tienen que acompañar porque por ahora en el Cervantes Colomos los sanitarios que se usan están a calles de distancia, en las casas de los vecinos que solidarios permiten a los alumnos entrar a sus casas.
En 2007, Inmobiliaria de Occidente entrega en donación el predio de la escuela al Arzobispado de Guadalajara y ese mismo año inicia un nuevo juicio contra la escuela. Las causas son las mismas, el promovente es nuevo, el juzgado es el Quinto en materia civil, el número de proceso el 422/07.
El abogado se pregunta por qué se otorga en donación un predio en litigio, después asegura que del juicio no se dieron cuenta sino hasta que se dictó la sentencia favorable al Arzobispado, el 6 de diciembre de 2007. La otra pregunta del litigante es por qué un juicio que antes tardó años, después se resolvió en unos cuantos meses. “No hemos sido escuchados ni vencidos en juicio”, asegura.
Presiones, convenio y desalojo
Mientras algunos padres de familia piden al director permiso para suspender las clases pasado el mediodía, cuando ya no hay sombra alguna donde resguardarse del sol, otros de los ahí presentes recuerdan la madrugada del sábado.
Llegaron policías estatales y rodearon la escuela, después sacaron todo sin dejar que nadie entrara, incluso –dicen– quemaron libros y dañaron inmobiliario. “Se robaron cosas, hay cosas que faltan”.
El director recuerda que al llegar junto con el abogado se les impidió el paso y nunca pudieron hablar con los actuarios, por ello desconocen quién ordenó el desalojo y bajo qué argumento.
Hoy casi todo el mobiliario de la escuela está en la calle, incluso algunas personas del barrio pensaron que se estaba haciendo una venta de cochera y fueron a preguntar a cómo daban las bancas. Pero lo sucedido el sábado se veía venir, o al menos así lo advierten maestros, padres de familia y la misma dirección.
Las presiones del Arzobispado llegaron desde octubre de 2008 con un primer intento de desalojo, luego con la presencia de una delegada de Profeco, Lilia Bejarano Cázares, quien colocó “dentro y fuera de dicho centro escolar, carteles con llamadas de atención a los padres de familia acerca de las irregularidades que presenta el Cervantes en su documentación ante la Secretaría de Educación Pública (SEP)” (nota publicada en El Semanario, organo de difusión del Arzobispado, el 28 de febrero pasado.
Frente al Colegio, por la calle Ayuntamiento, hay un centro de oración cuyo terreno también pertenece al Arzobispado; durante varias semanas, en la esquina del edificio se colocó una lona en la que se advertía a los padres de familia que no pusieran en riesgo la educación de sus hijos. La cuadra contigua a la casa de oración, por la calle R. Plascencia, donde se ubica un asilo de ancianos, también pertenece al Arzobispado.
A principios de año el Arzobispado citó a las autoridades del Cervantes Colomos para llegar a un acuerdo. Acudieron a escuchar la propuesta y la rechazaron porque el Arzobispado exigía desalojar la escuela al terminar el ciclo escolar, entregar el predio sin ningún adeudo y determinar que terminado el año no se prestaría ningún servicio educativo en el predio.
El 9 de febrero, el vocero del Arzobispado, Antonio Montaño, declaraba a la televisión local que la orden del juez para desalojar el colegio llegaría tarde o temprano, por lo que si alguien inscribía a sus hijos en la escuela corría el riesgo de que éstos no terminaran el ciclo escolar.
Los padres de familia
Por su parte, la sociedad de padres de familia iniciaron también una lucha paralela para defender la educación de sus hijos. El presidente de la organización, Carlos Navarro Curiel, señala que el mismo sábado se interpuso una denuncia en contra de la empresa de seguridad Centurión, que actualmente cuida el plantel, por daños al patrimonio de la escuela. A petición de la propia Procuraduría de Justicia, la ratificación de la denuncia se hará hasta el miércoles siguiente.
El también abogado recordó que el jueves de la semana pasada, dos días antes del desalojo, como sociedad de padres de familia promovieron ante el juez quinto de Distrito en Materia Civil un amparo en el que reclaman “actos desposesorios”, sin embargo, el magistrado no ha resuelto.
Los padres de familia comienzan a movilizarse por su parte, se organizan en grupos para pernoctar fuera de la escuela y cuidar el mobiliario, buscan ayuda profesional para iniciar la lucha legal y sobre todo hacen un llamado a las autoridades de educación, que hasta ahora no se han pronunciado al respecto. También preparan una queja para interponer ante la Comisión Estatal de derechos Humanos, que tampoco ha emitido opinión alguna.
“Antes la Iglesia hacía escuelas, ahora las quita en nombre de intereses privados; primero está la educación, antes que los intereses privados o la religión”, señaló Carlos Huerta de la Garza, miembro de la sociedad de padres de familia.
Fuente: La Jornada de Jalisco
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