sábado, 14 de marzo de 2009

Exigirán juristas sancionar a los legisladores por violar la Constitución


Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)

AMÉRICA FARÍAS OCAMPO

El coordinador de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana de Puebla, José Alberto Barrales Arias, informó que un grupo de juristas exigirá al Órgano de Fiscalización Superior del estado (OFS) y a la Contraloría estatal sancionar adminitrativamente a los legisladores que aprobaron la reforma constitucional para impedir la despenalización del aborto, por haber hecho modificaciones con plena conciencia de que estaban violando la Constitución Política de México y los tratados internacionales que defienden los derechos de las mujeres.

En entrevista, después de participar en el Foro sobre la despenalización del aborto y eutanasia en Puebla, el académico explicó que aunque no existe una norma para sancionar a los diputados, sí se puede interponer una analogía u otro tipo de ordenamientos y pactos internacionales para aplicarles responsabilidad por generar leyes anticonstitucionales.

Señaló que las sanciones administrativas que se les puede aplicar a los diputados locales pueden ir desde la suspensión de sus derechos políticos hasta la inhabilitación para ser nombrados como servidores públicos.

Indicó que los legisladores incurrieron en una falta de responsabilidad por aprobar una reforma constitucional creada “al vapor” y por incumplir con su obligación de consultar a los ciudadanos a quienes representan.

Aseveró que es “inconcebible” que los diputados locales no conozcan el marco jurídico que norma al Poder Legislativo.

Expuso que todos los legisladores tienen la obligación de respetar la Constitución y todos los tratados internacionales signados por el Estado porque son documentos con mayor peso que las legislaciones estatales.

El académico de la Ibero refirió que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados como el de Beijing afirman que “el varón y la mujer son iguales ante la ley, y toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos”.

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