Laura Itzel Castillo
03 de diciembre de 2008
La bancarización de la política social
En marzo de 2002, Miloon Kothari, entonces relator de la ONU en materia de derechos económicos, sociales y culturales, visitó por vez primera México. En esa ocasión tuve la oportunidad de conocerlo siendo la secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del GDF.
Posteriormente, este personaje originario de la India, regresó a nuestro país en el 2003 para llevar a cabo la Consulta Regional sobre Mujer y Vivienda Adecuada, con la participación de 14 países de Latinoamérica. El año pasado, poco antes de dejar el cargo, participó en un encuentro no oficial con organizaciones sociales en nuestro país sobre el mismo tema: el derecho a la vivienda adecuada.
Hace unas semanas que la oficina de la Coordinación Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) presentó un documento donde se recoge la participación de una veintena de expositores de distintos estados de la República, donde se concluye que las recomendaciones hechas por el relator de la ONU, a un lustro de su primera visita, no se han cumplido.
Un tema que destaca en el informe de HIC es el relacionado con los acreditados de los programas sociales o bancarios, es decir, el de los deudores hipotecarios. En especial resalta el caso del Infonavit, institución que ha bancarizado su política social y que a partir de la bursatilización de su cartera ha ocasionado la quiebra de miles de créditos, con el consecuente desalojo de las familias trabajadoras.
El pasado 12 de noviembre el diputado local Ramón Jiménez López promovió en el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un punto de acuerdo, aprobado por unanimidad, donde este órgano legislativo se pronuncia contra los desalojos y exhorta al Infonavit a que cese el hostigamiento extrajudicial contra los trabajadores y se den opciones administrativas y legales que respeten sus derechos de seguridad y previsión social. En él se plantean cuatro acciones concretas: un programa de reestructuración de créditos, la suspensión definitiva de los desalojos, rescindir los contratos a los despachos de cobranza que violan la normatividad y los derechos humanos y ofrecer a los acreditados la opción de readquirir sus viviendas bajo las mismas condiciones en que les fueron vendidas a las recuperadoras de deuda (al 15% del valor, aproximadamente).
El próximo miércoles se realizarán acciones de lucha y de protesta en distintas partes del mundo para conmemorar el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese marco, el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) convoca a la posada-mitin de fin de año para denunciar los abusos de las empresas recuperadoras de crédito. La cita es en Reforma 404, cerca de la glorieta de la Diana, el miércoles 10 de diciembre, a las 10 de la mañana.
http://www.eluniversal.com.mx/columnas/75531.html
03 de diciembre de 2008
La bancarización de la política social
En marzo de 2002, Miloon Kothari, entonces relator de la ONU en materia de derechos económicos, sociales y culturales, visitó por vez primera México. En esa ocasión tuve la oportunidad de conocerlo siendo la secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del GDF.
Posteriormente, este personaje originario de la India, regresó a nuestro país en el 2003 para llevar a cabo la Consulta Regional sobre Mujer y Vivienda Adecuada, con la participación de 14 países de Latinoamérica. El año pasado, poco antes de dejar el cargo, participó en un encuentro no oficial con organizaciones sociales en nuestro país sobre el mismo tema: el derecho a la vivienda adecuada.
Hace unas semanas que la oficina de la Coordinación Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) presentó un documento donde se recoge la participación de una veintena de expositores de distintos estados de la República, donde se concluye que las recomendaciones hechas por el relator de la ONU, a un lustro de su primera visita, no se han cumplido.
Un tema que destaca en el informe de HIC es el relacionado con los acreditados de los programas sociales o bancarios, es decir, el de los deudores hipotecarios. En especial resalta el caso del Infonavit, institución que ha bancarizado su política social y que a partir de la bursatilización de su cartera ha ocasionado la quiebra de miles de créditos, con el consecuente desalojo de las familias trabajadoras.
El pasado 12 de noviembre el diputado local Ramón Jiménez López promovió en el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un punto de acuerdo, aprobado por unanimidad, donde este órgano legislativo se pronuncia contra los desalojos y exhorta al Infonavit a que cese el hostigamiento extrajudicial contra los trabajadores y se den opciones administrativas y legales que respeten sus derechos de seguridad y previsión social. En él se plantean cuatro acciones concretas: un programa de reestructuración de créditos, la suspensión definitiva de los desalojos, rescindir los contratos a los despachos de cobranza que violan la normatividad y los derechos humanos y ofrecer a los acreditados la opción de readquirir sus viviendas bajo las mismas condiciones en que les fueron vendidas a las recuperadoras de deuda (al 15% del valor, aproximadamente).
El próximo miércoles se realizarán acciones de lucha y de protesta en distintas partes del mundo para conmemorar el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese marco, el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) convoca a la posada-mitin de fin de año para denunciar los abusos de las empresas recuperadoras de crédito. La cita es en Reforma 404, cerca de la glorieta de la Diana, el miércoles 10 de diciembre, a las 10 de la mañana.
http://www.eluniversal.com.mx/columnas/75531.html
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