Hace años que no se hablan. Que se ignoran. Pero entre ellos, la tensión se mantiene. Roto el diálogo y la negociación para la paz desde 2001, a consecuencia de la aprobación de la ley indígena que ignoró los acuerdos de San Andrés Larráinzar, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal libran, cada uno, una batalla de influencia sobre las comunidades indígenas de Chiapas, asentadas en la “zona de conflicto”.
Mientras el EZLN ha estado concentrado en la defensa, organización y operación de sus municipios autónomos, con el apoyo de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales, el gobierno federal ha mantenido la presencia militar y desplegada una política de atención social en la zona de la Selva, particularmente, cuya operación coordina la Secretaría de Desarrollo Social. Cada una de las partes zapatistas y gobierno reclama para sí logros y avances en la condición de vida de los grupos indígenas. Sin embargo, en Chiapas persisten los rezagos que inflamaron el levantamiento armado del primero de enero de 1994. Hay conflictos agrarios, religiosos, políticos, por la defensa y manejo de los recursos naturales, la demanda de servicios básicos y atención a la pobreza. A éstos se suman hoy los problemas por los 12 mil desplazados, los indígenas presos algunos simpatizantes del EZLN o integrantes de otras organizaciones, el despojo de tierras y los desalojos, la violencia por parte de presuntos grupos paramilitares y las divisiones entre comunidades.
Las Juntas de Buen Gobierno (JBG) de los cinco caracoles que integran a los 32 municipios autónomos de bases zapatistas han documentado y denunciado, junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), entre otras organizaciones, el acoso y violencia de las que han sido víctimas las comunidades autónomas, ya sea por parte de fuerzas de seguridad, militantes de PRD y PRI, o de grupos como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), al cual acusan de actuar bajo la protección oficial. También han señalado a los gobiernos federal y del estado de operar los recursos públicos de atención social con el propósito de dividir a las bases de apoyo zapatista y promover la confrontación entre éstas.
Las autoridades, por su parte, han denunciado la expulsión de sus comunidades de pobladores que renuncian al zapatismo y acusado a las bases zapatistas de cometer delitos ambientales, en contra del patrimonio histórico en zonas arqueológicas y de agresiones contra otras organizaciones. Hay tantos hilos que cruzan y enredan el conflicto indígena chiapaneco, que el riesgo de violencia sigue vivo. La paz, mientras tanto, es tema en punto muerto, 15 años después de la insurrección del EZLN.
Chiapas, oficialmente, es “zona de conflicto”. El Ejército mantiene posiciones en 118 instalaciones ubicadas en las tres zonas militares (la 31, la 38 y la 39), donde operan aproximadamente 10 mil 500 efectivos, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional. El despliegue de instalaciones militares ha obligado la compra y expropiación de cuatro mil 443 hectáreas para el Ejército, que mantiene 56 campamentos en comunidades indígenas, según datos de CAPISE.
Esta presencia militar ha sido objeto de denuncia por parte de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. En su informe de 2007, presentado en mayo de 2008, el CDHFBC afirma: “En el marco del conflicto armado interno no resuelto en Chiapas, la militarización es un fenómeno que de manera permanente ha mantenido presencia en comunidades indígenas, incursionando inclusive en poblados campesinos con el pretexto de operativos contra el narcotráfico; particularmente este Centro de Derechos Humanos documentó incursión militar en comunidades campesinas, intentando vincularlos con grupos armados, e invasión de tierras comunales para instalar campamentos militares”.
Mientras la tensión sigue viva en la zona de conflicto, en la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas la situación, al parecer, se toma con calma. Creada en 1998 en el organigrama de la Secretaría de Gobernación, esta oficina nació para “propiciar el diálogo y la conciliación” y “alcanzar la solución justa, digna y duradera al conflicto armado”, según consta en su página de presentación en internet. Pero en diez años de funciones y al paso de 14 titulares, nunca ha logrado reunirse con la comandancia del EZLN; el último intento de acercamiento ocurrió en 2005. De entonces a la fecha, la CDNCH ha sufrido un progresivo recorte en su presupuesto: de dos mil 86 millones de pesos que recibió en 2004, sus recursos bajaron a 755.8 millones en 2008 para sostener una oficina con 14 empleados, ubicada en la calle Hamburgo, de la colonia Juárez.
Si bien afirma en su página de internet que “mantiene abierta la vía del diálogo con el EZLN, atiende las causas que originaron el conflicto y promueve soluciones condensadas a diversas demandas dentro del Estado de derecho y a través de vías institucionales”, no hay detalles sobre estas tareas y el cumplimiento de las responsabilidades que le encomienda la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Sólo el primer informe de labores de la Segob, que contiene sus acciones hasta agosto de 2007, informa que esta oficina “ha buscado el contacto directo con los dirigentes del EZLN”.
Dice el documento: “Ante la ausencia de diálogo por parte de la dirigencia zapatista, la Secretaría de Gobernación, a través de la CDNCH, buscó una solución sustentada en la satisfacción de los reclamos indígenas, a fin de construir una nueva relación con el Estado mexicano, en donde se promueva la participación de las comunidades indígenas asentadas en la zona de conflicto en su propio desarrollo y bienestar. Para lograr esta nueva relación fue preciso integrar una cultura de pluralidad y tolerancia, sin importar las convicciones ideológicas, religiosas o partidistas de las voces indígenas”.
Para cumplir su cometido, esta dependencia ha realizado 108 recorridos de trabajo por comunidades indígenas, entre el primero de diciembre de 2006 y el 31 de agosto de 2007, “con el fin de conocer su situación política, social y económica, y establecer un diálogo directo con los habitantes, las autoridades y los actores vinculados al conflicto zapatista” para “escuchar y atender sus planteamientos”.
Más que una entidad dedicada a la negociación para la paz, la CDNCH se exhibe como una oficina de gestión social, compartiendo créditos de sus acciones con las distintas dependencias del gobierno federal. Informa, por ejemplo, que durante el primer semestre de 2007 llevó a cabo cinco talleres de inducción de promotores de salud; dos eventos con jóvenes emprendedores; parteras capacitadoras en salud materno-infantil y control de tracoma, y de fomento de desarrollo de actividades saludables. Todo en coordinación con IMSS-Oportunidades y “con el objeto de contribuir al desarrollo familiar y comunitario de la población indígena de los 32 municipios con asentamientos zapatistas”.
Cerrado el canal del diálogo con el EZLN y siempre latente la amenaza de violencia, el gobierno federal ha apostado por el gasto social en la zona de conflicto. La primera acción coordinada fue el Programa Cañadas, que operó de 1994 a 2001, durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Se puso en marcha con fondos del Banco Mundial y se anunció una inversión de 384 millones de pesos para los seis años siguientes, en beneficio de 382 mil 907 habitantes de las cañadas.
En 2001, al arribar al gobierno del estado el perredista Pablo Salazar, la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO) hizo público su rechazo al Programa Cañadas y propuso nuevos criterios para el eventual Plan de Desarrollo Sustentable que por entonces se negociaba con el gobierno federal. La propuesta presentada por la coalición de organizaciones indígenas de la región incluía un demoledor balance del programa zedillista: “En la práctica, el Programa Cañadas respondió a otros objetivos y estrategias, donde lo más importante era esconder un conflicto armado que se generó por la pobreza y la inconformidad de los habitantes de la región”.
Cuando el gobierno de Chiapas anunció la cancelación del Programa Cañadas, alzaron la voz el entonces senador priista Carlos Rojas y el ex funcionario Arturo Warman, padres del programa. Rojas llamó al gobernador “oportunista, ignorante, revanchista, o una combinación de los tres”. A su vez, Warman defendió la presunta “neutralidad política” y el desarrollo social llevado a las comunidades con el programa.
Enterrado el Programa Cañadas, los gobiernos federal y del estado pusieron en marcha el Programa Integral para el Desarrollo Sustentable de la Selva, que arrancó en 2001 y se diseñó a partir de “una amplia consulta pública” en cuatro foros que se llevaron a cabo en los municipios de Altamirano, Ocosingo, Las Margaritas y Palenque.
“A partir de estos foros se trazaron las líneas generales de acción de este programa y el territorio de operación”, explica Luis Mejía, subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol. El programa se extendió sobre una superficie de 23 mil 403 kilómetros cuadrados, que representan 30 por ciento del territorio estatal, en donde se asientan mil localidades y 320 mil personas de las etnias tzeltales, tojolabales y tzotziles de nueve municipios de la Selva. Estos son: Altamirano, Ocosingo, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Benemérito de las Américas y Las Margaritas, y parcialmente de La Trinitaria, La Independencia y Chilón.
A este plan de atención se sumó el programa Microrregiones, que puso en marcha la Sedesol en febrero de 2001, al arrancar el sexenio de Vicente Fox. Microrregiones opera en todo el país y su propósito es la atención integral y focalizada de los municipios con más alta marginación. En Chiapas hay 34 microrregiones, donde se aplican de manera coordinada programas sociales y acciones de 14 dependencias federales involucradas en el mejoramiento de la calidad de vida, infraestructura, servicios y proyectos productivos y de empleo de las poblaciones más pobres.
Este esfuerzo, explica Luis Mejía, ha significado la aplicación de 859 millones de pesos entre 2001 y 2008 para la atención de las comunidades de la Selva. “Fueron 578 millones entre 2001 y 2006, que significaron nueve mil obras de infraestructura, salud y educación para beneficio de 320 mil habitantes y en lo que entre 2007 y 2008 se han invertido ya 281 millones de pesos”.
En 2007, año de su lanzamiento, también llegó a Chiapas la estrategia 100 x 100, que se propone atender a los municipios con los menores Índices de Desarrollo Humano (IDH) del país, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En total, según documentos de la Cámara de Diputados, en esta entidad se han ejercido casi seis mil millones de pesos, en los últimos dos años, en obras de infraestructura, salud, educación y carreteras, que provienen de recursos federales. A este presupuesto se agregan los siete mil 500 millones de pesos que aplicó la Sedesol en la entidad, dentro del programa Oportunidades, atiende a 550 mil familias de los 118 municipios de la entidad.
Esos montos para la atención social no han logrado, sin embargo, sacar a muchos chiapanecos del atraso, sobre todo a los indígenas, y el estado se mantiene como uno de los tres más pobres del país, junto con Guerrero y Oaxaca. Las autoridades afirman que estos recursos han atendido a las comunidades chiapanecas, incluso a aquellas localizadas en territorio de influencia zapatista, aunque ninguna autónoma, pues las comunidades de base no aceptan apoyos gubernamentales.
Fue hasta febrero de 2008 que la Sedesol logró que la comunidad de Fracción Polhó, la cual se separó del zapatismo hace dos años, aceptara el apoyo de Oportunidades y la construcción de un jardín de niños, una primaria y un centro comunitario de aprendizaje. Estas obras, que se prevé se inauguren entre febrero y marzo próximo, significaron una inversión de cuatro millones de pesos para beneficio de 300 niños.
Involucrado con los problemas de la región, pues hace ocho años que conoce la zona, “desde el Programa Cañadas”, Luis Mejía aclara que la Sedesol no opera bajo la lógica de la división, sino del consenso. No estamos en el camino de una política de confrontación, sino de invertir para las comunidades, siempre mediante la consulta y atención de sus necesidades, de lo que ellas solicitan. “El gasto social es un tema de justicia y de solidaridad”, afirma.
Sedesol no divide, dice. Contribuye a mejor las condiciones de vida. No sólo a través de los programas específicos de la dependencia, sino mediante la coordinación de los trabajos de cada dependencia, en el seno de los Coplades (Coordinación de Planeación para el Desarrollo), donde funge como secretaría técnica. De lado del EZLN, sus esfuerzos están concentrados en la defensa y funcionamiento de sus 32 municipios autónomos, organizados en torno de las cinco Juntas de Buen Gobierno que operan en igual número de sedes conocidas como Caracoles, una especie de centros regionales de convención que sustituyeron a los Aguascalientes, aquellos espacios de los primeros encuentros con la sociedad civil.
Los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) funcionan al margen de la organización política constitucional y no reconocen la autoridad municipal oficial. Aunque el nacimiento de las JBG y de los Caracoles ocurrió en agosto de 2003, luego de que el subcomandate Marcos dio a a conocer la serie de comunicados que llamó la Treceava Estela, los municipios autónomos comenzaron a operar desde los primeros años del conflicto y desde entonces han resistido ataques y acosos.
Durante el gobierno de Roberto Albores Guillén que entró como sustituto, luego de la renuncia obligada de Julio César Ruiz por la matanza de Acteal ocurrida el 22 de diciembre de 1997—,se lanzó una ofensiva gubernamental contra estos municipios, declarándolos inconstitucionales. Albores mandó apresar a autoridades autónomas por usurpación de poderes y destruyó instalaciones, pero no logró su cometido. Al contrario, los municipios ganaron relevancia y recibieron apoyo de ciudades europeas que se hermanaron con ellos.
Luego vino un intento de remunicipalización, en 1998, que propuso la creación de 33 nuevos municipios. Se aprobaron, pero al año ya habían desaparecido.
Desde entonces, los municipios autónomos son símbolo de resistencia y a la fecha funcionan como estructuras paralelas y contrarias a los gobiernos oficiales, de los cuales rechazan todo. Desde 1997, las comunidades zapatistas tienen prohibido aceptar ayuda de los gobiernos o contribuir con éstos. Su principal apoyo proviene de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales del país y el mundo.
La canalización de recursos no ha sido fácil. En 2005 el banco BBVA canceló las cuentas de la asociación Enlace Civil, la organización legalmente constituida para recibir aportaciones que financian proyectos productivos en territorios zapatistas. El banco corrigió y hasta se disculpó, pero las cuentas mudaron a HSBC. Esta institución, sin embargo, hizo lo mismo en 2006, cuando anunció que “por convenir a sus intereses” cancelaba las dos cuentas de Enlace Civil. Hasta donde se sabe, ahora las aportaciones se reciben en el banco Scotiabank.
Para subsistir, los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) han instalado empresas cooperativas y modelos de economía solidaria, apoyados por organizaciones civiles. También han creado colectivos de asociación voluntaria para la realización de trabajos y misiones. A pesar de las limitaciones, hasta 2007 en los MAREZ había tres bodegas de abastecimiento para tienditas comunitarias, zapatistas y no zapatistas; cooperativas autónomas de café orgánico, bordados, artesanías; talleres de tecnología en zapatería; el centro de comercio Nuevo Amanecer, el café internet (tienda-cafetería-internet-comedor) Cyber-pozol, la cafetería El Paliacate, la editorial Ediciones Autónomas en Rebeldía y un sistema de medios de comunicación autónomo, con estación de radio regional, taller para elaboración de video y en la banda de los 49 metros de onda corta, la transmisión de “Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Voz oficial del EZLN”.
Las bases zapatistas tampoco tienen permitido asistir a las escuelas oficiales. En algunos casos expulsaron a los maestros y colocaron en su lugar a promotores zapatistas. Hasta 2007 contaban con mil delegados y promotores de educación, 13 centros de capacitaciónsiete de los cuales pertenecen al programa Organización para la Nueva Educación Autónoma Indígena por la Paz y la Humanidad, 200 escuelas comunitarias en resistencia, una con biblioteca; ocho escuelas secundarias, una perteneciente al Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional (SERAZLN), y un Centro Cultural de Educación Tecnológica Zapatista.
Junto con la educación, han promovido su propio sistema de salud. Para ello cuentan con 600 promotores; 500 casas de salud comunitarias con botiquines de medicinas básicas de farmacia y de herbolaria; una clínica-hospital con quirófano, consultorio dental, laboratorio de análisis clínicos, un área de oftalmología y otra de ginecología; laboratorio de herbolaria, farmacia y cuartos de hospitalización; dos hospitales, ocho clínicas municipales, una de ellas con consultorio dental, laboratorio de análisis clínicos y ambulancia; cuatro clínicas municipales que ofrecen consulta gratuita y, cuando hay, medicina también gratuita; laboratorio de herbolaria y casa de alimentos conservados para 300 mujeres yerberas, hueseras y parteras capacitadas.
Estos avances, sin embargo, no han impedido la deserción de comunidades de las bases zapatistas, ya sea por inconformidad o tentados por los apoyos y programas gubernamentales. La “convivencia” paralela de los municipios autónomos y oficiales también ha traído enfrentamientos entre zapatistas y no zapatistas, pero también ha obligado al desarrollo de mecanismos de negociación para la “cohabitación compartida”, como en el Caracol IV con sede en el municipio de Morelia, donde las tensiones se lograron controlar hasta 2004, al menos.
Sin embargo, en la mayoría de los municipios que componen los cinco Caracoles siguen las tensiones, enfrentamientos y disputas por motivos de tierras, manejo de recursos naturales y servicios de luz y agua, sobre todo. El tema de la tenencia de la tierra en Chiapas también es asunto pendiente. De allí que una buena parte de las denuncias de los comunidades zapatistas, documentadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, tienen que ver con despojos, desalojos y ataques de grupos priistas, perredistas y de organizaciones como la OPDDIC.
El origen de los conflictos agrarios es, en algunos casos, anterior al conflicto de 1994, pero en otros se agravó a partir del levantamiento y la ocupación de tierras por parte de las comunidades del EZLN, que rechazaron las reformas al artículo 27 constitucional impulsadas por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a partir de las cuales proclamó el fin de la reforma agraria, eliminó la obligación del Estado de proveer de tierras a los campesinos y promovió la privatización de los ejidos.
Se calcula que en Chiapas, entre 1994 y 1995 hubo mil 700 ocupaciones de tierras que significaron la toma de 14 mil 800 hectáreas por grupos zapatistas y no zapatistas. El gobierno, por su parte, ha tenido que resarcir en algunos casos a los propietarios privados y a la fecha las autoridades de la Secretaría de Reforma Agraria tienen identificados 13 puntos de alta complejidad, entre ellos Montes Azules, donde se hilvana una historia de desalojos, despojos y confrontaciones entre comunidades y aun autoridades.
Gracias al control de tierras y su rechazo a negociar en el marco de los Acuerdos Agrarios promovidos por las autoridades, el EZLN pudo detener durante un tiempo la aplicación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (Procede), mediante el cual se titulan los derechos ejidales a individuos para la privatización de los terrenos. Sin embargo, este procedimiento sigue en marcha y a la fecha ya abarca tres millones y medio de hectáreas, de un total de cuatro millones 350 mil que hay en el estado.
Pero los problemas en Chiapas también surgen por la dotación y cobro de servicios como la luz, el uso de recursos como el agua, la explotación de bosques de maderas preciosas y el manejo de zonas de reserva como Montes Azules y El Huitepec. Ahora, además, aparecen barruntos en la zona donde se proyecta la construcción de la carretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque y por la posible exploración de petróleo en la zona de la Selva. emás, están pendientes de solución el tema de los desplazados, los cientos de denuncias por violaciones a derechos humanos, detenenciones arbitrarias de indígenas y campesinos, sobre todo simpatizantes del EZLN, agresiones a sus comunidades y los 35 presos de las organizaciones La Voz del Amate y La Voz del Llano.
Más hilos que enredan el conflicto y ahogan las oportunidades para la paz definitiva en Chiapas.
