No especular, no investigar *

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Aun antes de que el propio presidente de la República anunciara la muerte del secretario de Seguridad Pública, su amigo entrañable Ramón Martín Huerta, y de ocho personas más, el secretario de Gobernación recomendó no especular sobre las causas del todavía no definido percance. En las horas y los días siguientes, la insistencia gubernamental en la pertinencia de no elaborar conjeturas parecía casi un acto de censura, una prohibición a explorar posibilidades que explicaran lo ocurrido.
Se trata, por supuesto, de un pedido de satisfacción imposible. Nadie puede vedar a nadie formular hipótesis, ni siquiera figuraciones con apenas algún asidero en los hechos, ni que las exprese. Es lícito, sí, apelar a la responsabilidad de quienes poseen voz pública, no para que se abstengan de especular, sino para que sus cavilaciones se sostengan en los hechos. Eso hago aquí ahora.
Puede ser que, como narró la autoridad, el helicóptero Bell 412, matrícula XCPFI, haya chocado el miércoles al mediodía contra un cerro en el límite entre los valles de México y de Toluca. El piloto Habacuc de León Galicia habría decidido, vistas las malas condiciones climáticas, apartarse de la ruta directa del Campo Marte al penal federal de La Palma, en Almoloya de Juárez y, en la búsqueda de un trayecto mejor, hubiera entrado en un banco de niebla que mermó la visibilidad e hizo posible que el aparato golpeara un árbol en la ladera del cerro, perdiera estabilidad, rasurara enseguida decenas de metros de bosque y, ya en pleno descontrol, se estrellara de frente contra un macizo rocoso. No indaguemos ahora con qué bases construyó el gobierno esta descripción. Podríamos darla por buena.
Pero de un modo igualmente razonable pueden presumirse situaciones diferentes, como el de un ataque deliberado contra los responsables del programa México Seguro. Como atiendo únicamente las exigencias de la lógica y no de la literatura, omito imaginar cómo se habría realizado ese ataque, si se planeó con anticipación y se estaba alerta para ejecutarlo cuando la ocasión lo permitiera, y quiénes lo urdieron y practicaron. Ni me detengo en suponer cuáles serían los propósitos que perseguían. Digo simplemente que tan razonable es admitir la versión del hecho fortuito como una diferente, puesto que aquélla se construyó también sobre supuestos, pues cuando los lectores tengan en sus manos este número de Proceso, no se conocerán los dictámenes periciales y otras evidencias que den sustento a lo expuesto como verdad oficial desde el miércoles mismo.
La conjetura diversa de la versión gubernamental puede partir del hecho objetivo de que en el helicóptero caído viajaban las dos autoridades principales de la seguridad pública federal, el titular de la secretaría y el jefe de su brazo armado, el general Tomás Valencia, comisionado de la Policía Federal Preventiva. Su muerte seguiría a las de no pocos jefes policiacos locales, esas claramente perpetradas por criminales. Entre ellas, la más reciente, y una de las de mayor efecto, había ocurrido apenas cinco días atrás, el 16 de septiembre. Rogelio Zarazúa, el director de Seguridad Pública de Michoacán, fue ultimado a balazos mientras comía en un restaurante moreliano al lado de su esposa. Téngase en cuenta que ella, Guadalupe Sánchez Martínez, es la subsecretaria de Gobernación estatal y que a ambos los unía un firme lazo de amistad con el gobernador Lázaro Cárdenas Batel.
Alimentaría también esta conjetura el que se hallara a bordo del aparato que transportaba a Martín Huerta un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Antonio Bernal. Auxiliares suyos habían recibido, el 9 de septiembre, un mensaje de Osiel Cárdenas Guillén que la oficina del ombudsman interpretó como una amenaza. El jefe de una poderosa banda delincuencial esperaba de la CNDH no sólo que se le asegurara el disfrute de sus derechos, sino que se le otorgaran o devolvieran privilegios. Irritado cuando supo que lo segundo no compete al ombudsman, pidió que se dijera al doctor José Luis Soberanes, presidente de la comisión, que todo en esta vida se paga.
El amago que esa sentencia de tenue sabiduría popular significa si la emite un delincuente peligroso fue puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la República una semana después, pero allí fue desestimada, y hasta se incurrió en la trivialidad de recomendar la contratación de agentes de la Policía Bancaria e Industrial que resguardaran a los presuntos amenazados. Peor aún, el procurador Daniel Cabeza de Vaca ni siquiera supo de esa denuncia informal, ya que se declaró sorprendido de que esos hechos hubieran sido expuestos ante la SSP y no ante el personal bajo su mando. Y es que, ante la reacción de la PGR, efectivamente se comunicaron los hechos a la SSP primero verbalmente y, como dijo el subsecretario Miguel Ángel Yunes, por escrito el miércoles.
La procuraduría debió interesarse al menos por la denuncia de la CNDH, si no la consideraba digna de investigación. Pero ese carácter debía mudar después de la desaparición del vehículo en que viajaba Bernal. Y, sin embargo, el procurador Cabeza de Vaca asegura, a priori, que nada tiene que ver un hecho con otro. Ni siquiera conoce, según su dicho, la denuncia de la oficina del ombudsman y, sin embargo, dictamina que esos hechos están desvinculados.
También induce a conjeturar que no fue un accidente, la insistencia de Cabeza de Vaca en que sí lo fue y su negativa o al menos reticencia a investigar. Al concluir el homenaje a los caídos el miércoles, y antes de acudir a la misa de cuerpo presente (que resultó falsa al menos en dos casos, pues sendos ataúdes estaban vacíos, apresuradas las ceremonias para cumplir el protocolo), se preguntó al procurador sobre el momento en que recibiría los peritajes técnicos de aeronáutica. Respondió presto: "No tenemos todavía fecha, pero todo apunta para un accidente". El accidente es la única hipótesis, reiteró, "no hay nada que apunte a otra cosa". Todavía repitió más adelante: "Todo apunta para un accidente". Y sugirió: "no hay mucho tampoco que darle vuelta".
Y concluyó con un diagnóstico que sería confortante si no chocara tan rudamente con una percepción generalizada en sentido contrario:
"Pues hay problemas, como hay problemas siempre, pero la seguridad está normal, el país está tranquilo, la gente hace su vida normal. Los lugares donde ha habido algunos problemas se están atendiendo. No pasa nada especial, nada anormal."
En la normalidad ni se especula ni se investiga.
*Este artículo se publicó originalmente el 25 de septiembre de 2005 en el número 1508 de la revista Proceso.