■ Pocas propuestas de la iniciativa del FAP se tomaron en cuenta, sostiene Di Costanzo
■ Se mantienen los objetivos privatizadores en los documentos que serán la base de la reforma energética
■ Persisten diferencias de fondo en el capítulo de los contratos
■ Temas torales están “encorchetados”
Andrea Becerril
En los anteproyectos de dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos (Pemex), que son la base de la reforma energética, pocas propuestas de la iniciativa del Frente Amplio Progresista (FAP) se tomaron en cuenta y lo que predomina son los planteamientos de los proyectos legislativos de Felipe Calderón y del senador priísta Manlio Fabio Beltrones.
Además de las diferencias de fondo en el capítulo de contratos, donde se dan facultades al Presidente de la República para crear por decreto filiales de la paraestatal dedicadas a la refinación de petróleo y al transporte y distribución del mismo, en lo que se refiere al órgano de gobierno de Pemex se mantiene a los cinco representantes del sindicato petrolero, en lugar de disminuirlos a dos, como propone el FAP.
En el anteproyecto de dictamen de Ley Orgánica de Petró-leos Mexicanos se retoma la propuesta de Calderón de expedir “bonos ciudadanos”, cuyo monto y reglamentación quedará a cargo de la Secretaría de Hacienda, y se establece que la paraestatal acudirá a tribunales internacionales en caso de controversia con alguna trasnacional.
Un análisis preliminar realizado por Mario Di Costanzo, del consejo de asesores del FAP, precisa que en ambos anteproyectos de dictamen se mantienen las objetivos privatizadores de las iniciativas de Calderón y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Si bien quedó fuera la privatización de las refinerías, planteada en la iniciativa presidencial, se retomó la propuesta de Beltrones de crear filiales de Pemex encargadas de producir tanto gasolina como otros combustibles.
Di Costanzo, secretario de hacienda del “gobierno legítimo”, advierte que es básicamente el planteamiento del senador priísta, aunque falta por definir varios puntos centrales. Uno de ellos está encorchetado: “Los consejos de administración de estos organismos filiales podrán aprobar las adecuaciones a sus presupuestos, el calendario de ejecución de los mismos y su incremento con el base en el financiamiento de sus excedentes de recursos propios, sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
En el amplio capítulo de contratos, los planteamientos contenidos en la iniciativa del Frente Amplio Progresista para dar preferencia al empleo de recursos humanos del país y utilizar bienes o servicios de procedencia nacional, está a discusión –entre corchetes–, al igual que la propuesta de que Petróleos Mexicanos no suscriba contratos de exploración o de producción que contemplen entregar en bloques o áreas exclusivas a alguna empresa nacional o extranjera.
También está a discusión parte del artículo 62, en el que a las empresas extranjeras a las que se han asignado obras por varios años, se les da la posibilidad de revisiones necesarias de los términos del contrato, “por la incorporación de avances ecnológicos o la variación de precios de mercado de los insumos o equipos”.
Todo el capítulo referido a la conformación e integrantes del consejo de administración de Pemex está entre corchetes, ya que no se aceptan las propuestas del FAP, pero hay divergencias también entre el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN).
Según el análisis de Di Costanzo, las diferencias fundamentales se observan en la manera de designar a los cuatro consejeros independientes, ya que mientras Calderón propone que sea el Ejecutivo federal quien los designe, en la iniciativa de Beltrones se indica que deberán ser ratificados por el Senado.
Las diferencias se mantienen, ya que en el anteproyecto de dictamen el texto está encorchetado, es decir, ambas posturas están aún a discusión.
En lo que se refiere a la participación del sindicato petrolero prevalecen también las propuestas de Calderón y de Beltrones, de que sean cinco los representantes de ese organismo gremial en el consejo de administración y no dos, como se asienta en la iniciativa del Frente Amplio.
También están a negociación las requisitos para los consejeros ciudadanos, entre ellos no haber desempeñado cargos en partidos políticos o asociaciones religiosas durante los cinco años anteriores a su nombramiento.
En la conformación de la comisión nacional de hidrocarburos se impusieron también los planteamientos de Calderón y del PRI. Durante la reunión de comisiones dictaminadoras, del sábado pasado, los senadores perredistas Arturo Núñez y Pablo Gómez dejaron claro su desacuerdo, toda vez que se le dan facultades por encima de las que tiene Pemex, lo que es incluso violatorio de la Constitución.
El anteproyecto de dictamen que rechazó el Partido de la Revolución Dermocrática (PRD) es el que crea la ley para el aprovechamiento de las energías renovables y para el financiamiento de la transición energética. En ese contexto, el senador Gómez advirtió que viola el artículo 27 constitucional, ya que permite otorgar concesiones a particulares para la generación de electricidad.
Este tema no está incluido en la reforma energética del presidente Felipe Calderón, pero tanto el senador del Partido Verde Arturo Escobar, como el priísta Manlio Fabio Beltrones presentaron sendas iniciativas que ya fueron dictaminadas con gran interés de la Secretaría de Energía.
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