De Vasconcelos a AMLO una reflexión sobre el destino de los movimientos sociales

Por Francisco Estrada Correa
Secretario Técnico del FAP
México, julio de 2008.

DE VASCONCELOS A AMLO:
UNA REFLEXION SOBRE EL DESTINO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

En la lucha por la democracia en México, es necesario decir que el movimiento de AMLO no es el único que ha existido. Esto es importante recordarlo, porque el entusiasmo por la respuesta popular y por la sobrevivencia misma del movimiento a pesar de todo lo que se ha hecho para desbaratarlo a raíz del fraude del 2006, puede hacer caer a más de uno en el error de que se trata del primer movimiento de este tipo, de un caso inédito de respuesta popular y, por lo mismo, que el futuro nos pertenece.

La verdad es que antes que él, con igual o mayor magnitud incluso, se dieron los movimientos vasconcelista, almazanista, padillista y el henriquista, y todos ellos pasaron a la historia sin mayores consecuencias y en muchos casos quedaron más bien en el olvido.

Andrés Manuel López Obrador en 2006 y Miguel Henríquez Guzmán en 1952:
dos liderazgos, dos momentos políticos, una lección histórica.

Efectivamente, igual que AMLO, fueron proclamados presidentes "legítimos" José Vasconcelos, Juan Andreu Almazán y Ezequiel Padilla, víctimas de fraude en las elecciones presidenciales de 1929, de 1940 y de 1946 respectivamente. Los tres intentaron organizar una revolución popular, para ese efecto nada más pasaron las elecciones salieron del país siguiendo el ejemplo de Francisco I. Madero; pero fracasaron por una razón o por otra, y dejaron "colgados" a sus partidarios, que padecieron aquí represiones y persecuciones sin cuento (Topilejo en 1930, es sólo un ejemplo), hasta que los tres movimientos -el vasconcelista, el almazanista y el padillista-, simplemente desaparecieron.

La nota común pues, de todos estos movimientos, fue la dilapidación de su capital político, por distintas razones.

El vasconcelismo fracasó, entre otras muchas, por la represión oficial desde luego, pero además porque Vasconcelos abandonó a su suerte a sus partidarios, salió del país esperando que ellos solos harían una revolución para traerlo de vuelta como presidente, y se quedó esperando en el extranjero sin hacer nada efectivo más que un manifiesto llamando a tomar las armas, mientras los vasconcelistas se organizaban en contingentes armados esperando que su candidato se pusiera al frente de ellos.

El almazanismo fracasó por algo similar, o quizá hasta más burdo: pasadas las elecciones Almazán aseguró en todos los tonos que no iba a aceptar la imposición, que era él el ganador y que iba a tomar posesión “cueste lo que cueste”. Desconoció las instituciones existentes y llamó a sus partidarios a organizarse y crear sus propias instituciones. Ordenó la instalación de un Congreso almazanista para declararlo presidente legítimo y tomar posesión en él y salió del país para preparar su revolución, pero al final rehusó ponerse al frente de sus partidarios.

Almazán dijo años después que se fue a los Estados Unidos para ver "si había condiciones" para levantarse en armas y que cuando se dio cuenta de que el gobierno de allá apoyaba la imposición decidió que era inútil cualquier intento, así que regresó antes de la protesta de Manuel Avila Camacho sólo para "renunciar" a la presidencia y pedirle a sus partidarios resignarse con la imposición del presidente espurio, "por patriotismo".

Padilla igual: se fue del país dizque para preparar su revolución y simplemente, un buen día, cuando lo fueron a visitar los directivos de su partido para anunciarle que ya tenían un comité revolucionario listo para actuar, les dijo que todo lo que se hiciera era inútil porque no tenía armas ni dinero.

El caso del henriquismo fue diferente, pero por lo mismo, es aún más aleccionador.

En 1952, pasadas las elecciones, Miguel Henríquez Guzmán se negó de entrada a salir del país y seguir el camino de sus antecesores defraudados abandonando a sus partidarios. A diferencia de Vasconcelos, Almazán y Padilla se negó a ir a una revuelta, pero también a transar con el gobierno. Le apostó a la democracia y optó primero por organizar un movimiento de resistencia civil para tratar de impedir el fraude y luego, consumado éste, optó por hacerle la oposición legal al gobierno espurio.

Tan pronto como el 13 de julio de 1952, es decir apenas una semana después de los comicios, Henríquez Guzmán hizo público un manifiesto estableciendo su postura:

"I.- Estaré al lado del pueblo para rechazar como inaceptable la consumación del gran fraude electoral.
"II.- No abandonaré el territorio de mi patria ni rehuiré las responsabilidades que pudieran imputárseme como consecuencia de mi actitud, en esta lucha cívica.
"III.- Sólo tengo un compromiso: el que he formulado con mis conciudadanos, de luchar por la dignificación de los procedimientos electorales, por el respeto al voto y por el cumplimiento del programa de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, del Partido Constitucionalista, del Partido de la Revolución y de la Plataforma Mínima elaborada por la Coalición de partidos Independientes... Rechazaré, por lo tanto, toda proposición que tienda a ponerme en el caso de faltara ese compromiso único" (El Heraldo del Pueblo, EHP, 15 de julio de 1952).
Lo que siguió, después de esto, fue una convocatoria a los henriquistas de todo el país para organizar movilizaciones pacíficas de repudio al fraude, y la decisión del comité nacional de la FPPM de retirarse de la Comisión Federal Electoral por "no merecer la confianza de los partidos independientes ni del pueblo en general", desautorizando a cualquiera de sus candidatos a diputados o senadores e incluso funcionarios suyos "que hayan presentado por su cuenta quejas" ante la propia CFE, "supeditada a los intereses y conveniencias del partido oficial" (EHP, 15 de agosto de 1952).

Esto significaba, en términos llanos, el no reconocimiento de la imposición y la no legitimación de las elecciones mediante la aceptación de curules. Al asumir que el fraude no había sido sólo con respecto a la presidencia, los henriquistas renunciaban de ese modo también a tener senadores ni diputados y apelaban a la soberanía popular, es decir que lo que seguía era darle forma aun gran movimiento popular.

Es interesante retrotraer a la memoria la página henriquista, por sus similitudes y por sus diferencias con el movimiento de AMLO, pero sobre todo por las lecciones que se pueden desprender de él.

El henriquismo fue un movimiento político que abanderó Henríquez Guzmán, pero que contó con la participación destacada de Lázaro Cárdenas y del cardenismo en oposición a Miguel Alemán y su proyecto gubernamental.

La idea era establecer una gran alianza de las fuerzas progresistas, en defensa de la Constitución, se llegó hasta a acordar una plataforma común de la Coalición de Partidos Independientes, pero Vicente Lombardo transó con el gobierno y la impidió, así que en las elecciones del 52 la izquierda se presentó a contender dividida frente a un poderoso aparato gubernamental que hizo de la corrupción y del apoyo ejército su principal fuerza.

Por eso, tan pronto pasaron las elecciones y se dejó ver que el alemanismo no estaba dispuesto a soltar el poder, los cardenistas le propusieron un plan a Henríquez: boicotear la celebración del informe y las fiestas patrias, convocar a una Convención o Congreso que lo declarase “presidente legitimo” e instalar un gobierno “paralelo”, para luego desatar la guerra de guerrillas que impidiera la toma de posesión del ganador oficial, el priísta Adolfo Ruiz Cortines.

Por cierto que aquella convención nacional se iba a realizar nada menos que en una finca de Cárdenas en Apatzingán, pero Henríquez se negó. En lugar de eso, se llevó a cabo una magna manifestación en los alrededores de su casa en San Angel, y ahí recibió la banda presidencial y el nombramiento de presidente legítimo por cada uno de los representantes estatales, sólo que en ese mismo acto anunció que se terminaba la resistencia civil, es decir que no se iba a impedir la toma de posesión de Ruiz Cortines. Calmó a sus partidarios y advirtió que como su lucha era legal y democrática, y que así la iba a mantener, lo que seguía era no aceptar ningún trato con el gobierno, desconocerlo de plano, y fortalecer el movimiento popular para hacerle la oposición legal.

No era el llamado a la insurgencia desde luego; fue más bien una decisión ética, pero con ella Henríquez dividió al movimiento y a su principal partido, la FPPM, dirigido por los cardenistas, pues lo que en realidad siguió fue el aislamiento del movimiento y su desaparición, por varias razones.

El presidente legítimo de 1952 con la banda presidencial que le dio el pueblo

La Convención que proclamó a Henríquez presidente legítimo

Como Henríquez se negó a transar, y el gobierno no estaba dispuesto a aceptar una oposición legal independiente, Alemán y Ruiz Cortines negociaron con Cárdenas a cambio de algunas concesiones, así como de la adopción de algunos postulados henriquistas y de la Coalición de Partidos Independientes.

Convencido de que Henríquez no se iba a levantar en armas, Cárdenas dobló las manos, así que negoció no sólo su participación en el henriquismo, sino la disolución del movimiento, y a partir de ese momento trató por todos los medios de que regresara la "paz" a la familia revolucionaria y que se diera una conciliación del henriquismo con el nuevo presidente espurio.

Henríquez, por su parte, anunció en enero de 1953 que seguiría en la lucha, que estaba dispuesto a hacer lo que su partido, lo que la FPPM le ordenara, y que si esa actitud habría de traer consecuencias: "seré yo y no el pueblo, el que las afronte" (EHP, 18 de enero de 1953).

Poco después, la FPPM lanzó un manifiesto aclarando su posición: se mantenía firme y en pie de lucha; seguiría defendiendo su programa; y denunciaba la maniobra de simulación del gobierno espurio que, después haber "innoblemente combatido" ese programa en la campaña electoral, ahora "ellos mismos pretenden ahora hacerlo suyo para atraerse las adhesiones ciudadanas" (EHP, 24 de enero de 1953).

Henríquez a su vez, se apresuró a declarar: "Estoy dispuesto a seguir el camino que el deber revolucionario y la dignidad del pueblo me señalen, en todas circunstancias" (EHP, 24 de enero de 1953).

Todavía empujado por los cardenistas, Henríquez Guzmán aceptó reunirse con Ruiz Cortines, el 23 de febrero de 1953, para acordar con él un gobierno de coalición. Sin embargo, no pudieron llegar a ningún arreglo porque como la primera de las condiciones del henriquismo era la expedición inmediata de una nueva ley electoral que le quitara al gobierno el control de las elecciones y lo dejara en manos de los ciudadanos, lo que implicaba el final del PRI, el pacto se quedó en el papel, y Henríquez decidió seguir en la oposición.

Es decir que era una farsa eso de que se pretendía reivindicar el programa henriquista, por lo que Henríquez declaró que él no estaba de acuerdo con una aceptación indecorosa del fraude a cambio de una mínima e inoperante representación en el gobierno, sino que lo que debía de hacerse era una verdadera transformación del régimen, así que iba a seguir luchando por ella, con quien quisiera seguirlo.

"Si consideraciones egoístas o compromisos de partido se anteponen al interés de la nación y a los anhelos de los ciudadanos –declaró a propósito de la entrevista-, el pueblo de México no podrá contener su inconformidad y bajo las banderas de nuestro partido buscará, por todos los medios a su alcance, la realización de esos ideales y la satisfacción de sus necesidades" (EHP, 1 de marzo de 1953).

El programa henriquista que el candidato defraudado había expuesto al presidente espurio podemos sintetizarlo en los siguientes 10 puntos:

"I.- Reintegración de la República al régimen constitucional. Igualdad de trato a todos los partidos y desaparición del PRI como monopolio electoral.
"II.- Expedición de una ley electoral que impida al gobierno hacer y decidir las elecciones. Vigencia de las garantías individuales y los derechos sociales, garantía plena de la libertad de reunión y fin de la persecución de líderes sociales.
"III.- Consignación de los funcionarios ilícitamente enriquecidos.
"IV.- Revisión de las concesiones otorgadas a empresas nacionales o extranjeras que exploten recursos del país, especialmente en lo que respecta al petróleo, minería y energía eléctrica. No aceptar ningún convenio o pacto internacional sin informar previamente a la nación, a fin de conocer el sentir de la opinión pública y obrar en consecuencia.
"V.- Revisión de la política agraria para rectificar las desviaciones contrarias al espíritu de la Constitución. Reanudación del reparto de tierras y eliminación de ka reforma de 1946. Libertad para que los campesinos designen a sus dirigentes. Cancelación de los adeudos que ejidatarios y propietarios en pequeño tienen con los Bancos Ejidal y Agrícola.
"VI.- Reorganización y moralización de las instituciones oficiales de crédito.
"VII.- Respeto al artículo 123, extensión del beneficio del seguro social a los campesinos, trabajadores del Estado y miembros de las Fuerzas Armadas. Celosa vigilancia del México para proteger a nuestros connacionales en el país del Norte.
"VIII.- Reestructurar el servicio militar nacional.
"IX.- Derogación de los decretos que autorizan los monopolios de combustibles derivados de petróleo, transportes, Azúcar S.A., CEIMSA. Revisión de las tarifas de servicios públicos para impedir cobros exagerados en luz y energía eléctrica, teléfonos, gas y transportes.
"X.- Atención preferente del Estado a la situación en que vive la mayoría de nuestra población rural y las familias de modesta condición económica en las llamadas colonias proletarias de los centros urbanos" (EHP, 28 de febrero de 1953).

Después de la entrevista Henríquez-Ruiz Cortines el movimiento se dividió pues, entre los que proponían negociar a cambio de algunas posiciones políticas y concesiones económicas y los "radicales" que se negaron a avalar el fraude, que desconocieron al gobierno y no aceptaron ningún trato con él. Los primeros fueron considerados "la izquierda civilizada, constructiva, madura" y los segundos, los "intransigentes", los "destructivos", los "molestos".

Cárdenas, entonces, dio la orden de romper filas, y en unos días los cardenistas estaban haciendo fila en Los Pinos para reconciliarse con Ruiz Cortines. Se les dieron empleos, embajadas, todo con tal de cooptarlos. Incluso se les volvió a abrir las puertas del PRI, y a quienes se rehusaron por mostrar ciertos "escrúpulos", hasta se les creó un nuevo partido, el PARM, dizque para dar abrigo a los que pensaban que el PRI ya no representaba a los "revolucionarios auténticos", que era como se ostentaban los cardenistas y los henriquistas.

Henríquez asumió públicamente su rompimiento político con Cárdenas, y también rompió su alianza con el Partido Comunista, con el Partido Obrero Campesino, y en general con la Coalición de Partidos Independientes, que había intentado recomponerse cuando se evidenció la alianza de Lombardo con el régimen. Poco a poco, el movimiento se fue desmoronando: el Partido de la Revolución desapareció, luego de que su dirigente, Candido Aguilar, fue detenido y acordado su exilio. Y en cuanto al Partido Constitucionalista, se le descabezó al mandar a prisión a casi todos sus dirigentes.

Y a pesar de todo, Henríquez mantuvo su decisión de seguir sólo, lo que implicó, para empezar, reorganizar la FPPM con gente suya, con henriquistas leales. Y además implicaba en ese tiempo que el financiamiento del partido iba a correr por cuenta de sus afiliados, pues el candidato defraudado se negó también a recibir ninguna dádiva o subsidio oficial, por lo que se abrió una colecta nacional para obtener fondos.

Se tuvo que reestructurar todo el comité de la FPPM. Pedro Martínez Tornel y Bartolomé Vargas Lugo dejaron la presidencia y la secretaría general, y se hicieron cargo Vicente Estrada Cajigal y José Muñoz Cora. También dejaron sus puestos Roberto Molina Pasquel, Wenceslao Labra, Agustín Leñero, Bernardo Bátiz, Luis Chávez Orozco, Salvador Solórzano, Jorge L. Tamayo, Antonio Ríos Zertuche, Francisco Martínez de la Vega y César Martino, entre otros integrantes de la plana mayor que obedecía a la corriente cardenista.

Sin embargo, lejos de debilitarse, el movimiento siguió creciendo. Se reunían en las oficinas del partido, organizaban mítines y manifestaciones multitudinarias, cada vez más numerosas; de tal suerte que la nueva dirigencia pudo anunciar a fines de 1953, es decir más de un año después de las elecciones, que el número de afiliaciones lejos de descender se había elevado ya a 2 millones 707 mil 826 ciudadanos, perfectamente organizados en subcomités de manzana, de colonia y territoriales, y estos a su vez en comités municipales, regionales y estatales (EHP, 25 de abril de 1954).

Y no sólo esto lograron los henriquistas a pesar del acoso oficial, sino que se dedicaron a desnudar todas las mentiras de la política gubernamental y todavía, el 27 de agosto de 1953 presentaron, debidamente documentada una denuncia ante la PGR acusando a Miguel Alemán y a todos sus secretarios de Estado de olvidarse cumplir y hacer cumplir la Constitución, y de enriquecimiento ilícito en detrimento del patrimonio nacional.

Frente a esto, el gobierno de plano optó por la línea dura, cientos de henriquistas fueron entonces a parar a las cárceles, a otros tantos se les asesinó mediante "carreterazos" o burdos ajusticiamientos. Mas, como seguían las manifestaciones y las concentraciones henriquistas, y al movimiento nada lo detenía, Ruiz Cortines acabó finalmente por ordenas la cancelación del registro legal a al FPPM, llegando al extremo hasta de impedir cualquier reunión de los henriquistas.

Y como, por si fuera poco, Gobernación ejercía un férreo control sobre los medios, todo esto fue minando el movimiento popular que, o bien era presentado como algo nocivo y "peligroso", o simplemente "no existía" para el mundo oficial.

Mitin henriquista en Paseo de la Reforma después del fraude del 52.

Está, por ejemplo, éste comentario aparecido en la columna “Perifonemas” de Ultimas Noticias del 15 de febrero de 1955: “Cuando ya nadie se acordaba de que el señor general Henríquez había aspirado a ser presidente de la República, nos enteramos de que su partidarios trataban de llevar a cabo el domingo pasado un acto de carácter tumultuoso… Si en alguna ocasión ha podido decirse de un candidato de oposición que fue derrotado en los comicios, esa ocasión fue la de las últimas elecciones… Una vez puesto de manifiesto la ostensible derrota, lo sensato habría sido retirarse con patriotismo y buscar los medios de ayudar en la obra del nuevo gobierno, para probar que lo que únicamente se ambicionaba era servir a la nación. No se hizo así, por desgracia… pero los dirigentes del henriquismo deben saber que cuanto mayor es su insistencia en provocar desórdenes, mayor es la repulsa popular”.

Era un ambiente realmente tan poco propicio para la democracia, que hasta se llegó a justificar el asesinato, por un agente de la Federal de Seguridad, del abogado que defendía a los henriquistas presos; esto, en Excélsior del 2 de septiembre de 1953: “La lamentable muerte del abogado Antonio Lanz Galera es la consecuencia directa del inexplicable afán del ex candidato presidencial de realizar actos escandalosos al margen de la normal actividad cívica de un partido político… Henríquez quería sangre… y la tuvo. Sólo que la de un partidario”.

Y así se calificaba en esos días a las manifestaciones y mítines, como lo hacía La Prensa el 6 de febrero de 1954, justamente en la celebración de la Constitución: “Buscabullas comunistas armaron un mitote en El Salto del Agua. Los detectives y policías que trataban de conservar el orden fueron agredidos; hay heridos”. Lo que desató un “clamor nacional” para poner un “hasta aquí” a los “revoltosos” henriquistas, que pedían… respeto a la Constitución.

Así que ese hasta aquí llegó en la forma de la cancelación del registro a su partido y con el espectacular desalojo por la fuerza de las oficinas de la FPPM, sobre el cual dio cuenta así, el periódico Ultimas Noticias del 3 de marzo de 1955: “Para acabar con la molestia y hasta amenaza sanitaria que significaba la cloaca henriquista en las calles de Donato Guerra, la policía desalojó esta mañana el local entregando sus ‘chivas’ a los inquietos politiquillos”.

De ese modo, la misma "democracia" y las mismas instituciones a las que le apostó Henríquez, lo eliminaron. El argumento fue "legal", y "muy legal" la prohibición de la militancia henriquista.
Todavía en mayo de 1954, el presidente legítimo de entonces reiteró: "Esta es una lucha permanente que no persigue una simple renovación de hombres en el poder, sino que se orienta hacia la cabal vigencia de la Constitución. Ninguna consideración podrá hacerme abandonarla". Y a continuación denunció las falacias del gobierno espurio: "El grupo en el poder ha comprobado hasta la evidencia su incapacidad. Como se hizo precisamente lo contrario de lo que debía haberse hecho, vemos que estos últimos años, que son los que registran más angustiosas miserias para el pueblo, son también los que arrojan mayores utilidades para los grandes monopolios y para las empresas favorecidas por la protección oficial. El último cambio de régimen no ha constituido modificación alguna en esa desastrosa política, y es que los compromisos que los imposicionistas dejan a los herederos, impiden la observancia de la Constitución... " (EHP, 6 de junio de 1954).

Muchos fueron los henriquistas entonces, que advirtieron que no quedaba más camino que la ruptura del orden legal, que irse a la revolución, vaya, pero Henríquez una vez más se negó. Dijo que con registro o sin registro, la lucha democrática seguiría por los causes democráticos. Y efectivamente, hasta poco más allá de los años 80 había núcleos henriquistas en todo el país; pero la verdad es que en los hechos, el movimiento desapareció del escenario político e incluso en 1977, cuando se dio la llamada "apertura lopezportillista", se les negó reiteradamente el reconocimiento oficial.

El movimiento henriquista pasó a la historia.

Conclusiones.

El movimiento social de ahora, generado en torno al petróleo, pero sobre todo generado en torno al liderazgo de AMLO, está frente al reto de pasar a la historia. Y la pregunta es cómo. ¿Como un movimiento revolucionario o como uno más de los que le apostaron a la democracia?, ¿como un movimiento acogido a la ley y a las instituciones o como uno subversivo?

¿Qué va a pasar si, como es previsible, el gobierno se cierra y sigue empeñado en imponer sus políticas anti-patrióticas y anti-populares? ¿Qué va a pasar si el gobierno, aliado con el PRI, impone sus "reformas" y sigue impidiendo la democracia y perjudicando al pueblo "legalmente"?

Es que no solo hay que leer bien la historia... hay que leer bien el presente. Y no podemos esperar que jueguen limpio quienes ahora están en el poder precisamente por su habilidad para jugar sucio.

Frente a la fuerza que día a día va adquiriendo el movimiento popular progresista y la imposibilidad cada vez más evidente de poder gobernar como ellos quieres, como la derecha quiere, a lo mejor es muy tentador pretender eliminar de plano al adversario y reprimirlo para acabar los problemas, como muchas otras veces se ha hecho en el pasado.

Vasta ver lo que se ha dicho con motivo de la toma de las tribunas del Congreso por parte de los diputados y senadores del FAP, y el consecuente debate sobre el petróleo logrado gracias a esta. Los mayores absurdos, y sin dejar margen para el desacuerdo.

Y no sólo eso, hay que ver también la actitud de panistas y gobiernistas ante las contrapropuestas que presenta el FAP (¿¿¿¡¡¡pero si el FAP no tiene propuestas???!!!): sólo descalificaciones personales y denuestos.

La "guerra sucia" del 2006 tantas veces negada y minimizada, resucitada, retrotraída a nuestros días con un único fin: despejarle el camino a la iniciativa presidencial sobre el petróleo, y que ésta sea aprobada nada más termine el debate a que se les forzó, haciendo caso omiso de todo lo que se ha dicho.

¿O es que alguien confía en el buen criterio de nuestros legisladores para "interpretar" los debates? ¿Ya se nos olvidó la "consulta" de oídos sordos que realizó el Congreso con motivo de la aprobación de la ley electoral hace tan solo unos meses?

Dicen que no es consigna, pero se parece mucho. Sí, se parece mucho a los peores tiempos del PRI, a los peores momentos de nuestra historia, en los que como es bien sabido nuestras Cámaras, dóciles, se ufanaban en aprobar las leyes del presidente en turno, y ninguna información salía de las redacciones, nada pasaba a las planas de los periódicos, sin la aprobación de Gobernación. Vaya, hasta están pidiendo ahora exactamente lo mismo que se pedía hace años como castigo contra los partidos que estorbaban al partido gobernante: la cancelación del registro.

Si revisamos las páginas de nuestra historia, veremos que ese ha sido el mismo argumento que siempre se ha esgrimido para eliminar a los adversarios de la escena: que eran unos "revoltosos", que constituían "un peligro", que eran "golpistas", que sólo querían "el colapso" del país, que no dejaban gobernar al partido en el poder, que le hacían la vida "imposible" al presidente, que se les tenía "demasiada la tolerancia".

Eso pasó con los liberales cuando le estorbaban a Santa Anna. Igual pasó con los magonistas cuando empañaron la "paz" porfiriana. Y, a pesar de la Revolución, lo mismo pasó con los vasconcelistas, y con los almazanistas, y con los padillistas, y con los henriquistas. Contra todos los que contradecían la unanimidad priísta y hacían peligrar el predominio de la aristocracia post-revolucionaria.

Por eso hay que advertir los peores augurios de prosperar las iniciativas calderonistas. Porque no son sólo los intereses coyunturales de un gobierno que le ha apostado todo al petróleo para afianzarse y garantizar su política, sería algo peor: pagar facturas y cuentas pendientes para asegurar la entronización de la derecha por lo menos 20 años en el poder.

Una anécdota final: en la casa de Henríquez Guzmán, en San Angel, había un retrato al óleo de Venustiano Carranza, paradigma de la constitucionalidad. Fue un regalo de Ruiz Cortines, después de todo lo que pasó, en muestra "de respeto y de reconocimiento". El gesto de un presidente espurio que de ese modo le patentizaba al candidato derrotado mediante la violación de la ley, su apego la legalidad.

Cuestión de responsabilidad histórica y de maneras de entender el ejercicio del liderazgo.