Debate energético sí; organizar la lucha social, también

Al margen del debate "oficial" el pueblo mexicano se organiza para informarse y planear las acciones que habrán de llevarse a cabo una vez que concluya la simulación y priístas y panistas pretendan imponer una reforma energética regresiva. En reuniones, pláticas, conferencias, foros, etc. Organizadas por distintos grupos pertenecientes a diferentes sectores, va cobrando fuerza la idea de que la iniciativa de reforma del gobierno de facto ni siquiera debe discutirse, sino desecharse por contravenir la Constitución mexicana, despojando al país de los recursos derivados del petróleo de México. Ante la simulación, la organización.

Coincidencias borrosas

A partir de ideas generales, que coinciden con aspiraciones populares, el gobierno neoliberal de México construyó una propuesta de reforma energética (de Pemex) lesiva al interés del pueblo mexicano. Tales ideas son fundamentalmente: 1- que el petróleo es (y seguirá siendo) una gran fuente de riqueza para México y, 2- que el país merece tener una industria petrolera dedicada no solo a exportar petróleo sino a asegurar el abasto energético futuro, con una industria petroquímica propia que desarrolle el proceso local de los hidrocarburos, generando más empleos para los mexicanos, asegurando la distribución equitativa de la renta petrolera.

La disputa es por el futuro de México

Respecto del segundo punto, el gobierno sostiene que la situación actual de Pemex es de desastre, que presenta un grave endeudamiento y que solo posee reservas probadas para "cuando mucho" nueve años más. Añade que, carece de los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios no solo para explotar las enormes reservas de petróleo que "probablemente" están bajo sus aguas territoriales, en el Golfo de México profundo, sino incluso para reducir las importaciones de destilados de petróleo que hoy alcanzan el 40% del mercado interno. Su diagnóstico es, que si no se permite que PEMEX "se acompañe" de empresas petroleras privadas, terminaremos perdiéndolo todo. En ningún momento explican que tal "acompañamiento" no sería gratuito sino a cambio de la enajenación de los recursos estratégicos y de una buena parte de la renta petrolera a favor de las grandes petroleras. Pero no solamente se trata de la renta, las "asociaciones" propuestas tampoco aseguran que el petróleo mexicano se transformará en el país en condiciones satisfactorias, ni que con él se producirán los insumos básicos para nuestro desarrollo. El centro de la disputa consiste en recuperar a la industria energética de México, definida por su proceso de trabajo, como elemento de desarrollo del país.

Apropiación, "dentro de la Constitución"

El gobierno no explica cómo arribó Pemex a tal condición, pero no puede ocultar que, aún así, ésta produce enormes ganancias, por lo cual resulta imposible explicarse —con los contratos que ilegalmente Pemex otorga hoy día a particulares para la realización de diversas funciones, incluso estratégicas—, ¿por qué es necesario ampliar ese esquema violatorio de la Constitución para otorgar nuevos tipos de contratos, todavía más riesgosos?

La lógica es tan absurda que incluso una parte del priísmo se ha deslindado públicamente de la iniciativa panista, cayendo en contradicciones evidentes: "privatización no, apertura sí", dicen. Es lo mismo, y el hecho de que actualmente se viole la norma, no convalida "de facto" una nueva norma. Este tipo de ambigüedades, fomentadas desde el gobierno, pretenden ocultar la respuesta obvia: se requieren nuevos contratos, fuera de la Constitución, porque para las transnacionales no representa ningún incentivo trabajar "por honorarios", es decir a cambio de remuneraciones pre-establecidas; lo que ellas quieren es controlar la producción de petróleo en todas partes del mundo, porque de esa manera dominan el mercado, apropiándose de la mayor parte de la renta petrolera.

Desincorporar a Pemex, el objetivo

En cuanto al primer punto, la riqueza que produce Pemex, solo en gasto programado la paraestatal aporta actualmente alrededor del 40% del presupuesto federal. Se trata de recursos que el estado tendría la obligación de distribuir entre todos los mexicanos, priorizando los objetivos sociales, pero que en cambio utiliza para apuntalar un inequitativo régimen fiscal, favorable solo a los grandes empresarios. La iniciativa enfatiza la necesidad de aumentar o mantener la actual plataforma de explotación, para seguir exportando y mantener así (sangrando a Pemex) un elevado ingreso fiscal, que compense la parte de la renta petrolera que habrían de apropiarse las transnacionales si se aprobara la reforma. Se trata de una política depredadora que aceleraría la pérdida de los recursos y precipitaría a México hacia una crisis energética.

Aún en la situación actual, sin dejar de hacer una importante aportación al erario, Pemex podría financiar su propio desarrollo reinvirtiendo cuando menos parte de los recursos "excedentes". De tal magnitud son los recursos que genera la industria. De ese tamaño el interés por destruir a Pemex. La iniciativa de reforma no trata de "reforzar" a Pemex, por el contrario. Lo que el gobierno pretende es desincorporar a Pemex, haciéndola operar como una empresa privada, adecuada a los estándares de una Sociedad Anónima. Lo hicieron antes con más de mil empresas públicas, con funestos resultados. Peor sería con Pemex, que maneja un recurso estratégico, de propiedad colectiva social.

Enfoque "místico-sicológico" de la derecha

Ante la falta de argumentos, en el debate oficial, en la sesión del día 15 de mayo, la derecha se subió de plano al diván argumentando que ni Lázaro Cárdenas, el "santo patrón" del petróleo de México (como la prensa derechosa ha ridiculizado), era tan estricto como los opositores de hoy a la inversión privada, distorsionando el hecho de que el propio presidente Lázaro Cárdenas permitiera en 1939 (40) la asociación de Pemex con empresas privadas.

"Pensar libremente", pidió primero Aguilar Camín, pero de inmediato amenazó: "Se les está acabando el rollo, se les está acabando la Revolución Mexicana..." Habló el inconsciente: ¿se les acaba? ¿a quiénes? ¿a ustedes los mexicanos? ¿Camín cree que su "rollo" supera los ideales de la Revolución Mexicana? ¿él mismo, se siente por encima de la Constitución?

Lo que el intelectualoso de marras trataba de destacar es que Cárdenas reformó el artículo 27 constitucional tratando de paliar el bloqueo de las petroleras. Para él ello significó en realidad un cambio en el pensamiento nacional: "(en) 1917 (cuando se promulga la Constitución) el país piensa y siente de una manera, (en) 1939 (cuando Cárdenas autoriza a Pemex para celebrar contratos con empresas privadas) piensa y siente de otra manera (y en) 1960 (cuando se prohíben expresamente los contratos) piensa más o menos de la misma manera con un agregado".

Aguilar omite que sendas guerras mundiales determinaron las condiciones geopolíticas de 1917 y 1939, y que con la reforma del 60 trataba de remediar los nuevos abusos cometidos por las transnacionales, y que para ese momento se había consolidado un desarrollo tecnológico propio en el sector. Se trata de una vulgar manipulación histórica, de las que Aguilar Camín acostumbra cuando se trata de apuntalar a la derecha.

En esa misma sesión, el místico doctor Arturo Fernández Pérez, quien cobra como rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México, uno de los centros de enseñanza privados al servicios del pensamiento neoliberal en México, añadiría, creyendo abonar a la conceptualización de esa "mitología nacionalista" que, según Aguilar Camín, "nos impide hablar del petróleo y de PEMEX como lo que son, una matera prima y una empresa": "Ni Pemex ni el petróleo son sagrados ni tienen carácter divino, no son fines, son instrumentos, son medios para el desarrollo y la prosperidad del pueblo" aseguró el rectorzuelo, pretendiendo minimizar la importancia de Pemex para México.

Regulación = privatización

Engallado, Fernández todavía trató de increpar al Ing. Jiménez Espriú: "¿por qué se lamenta usted? (en referencia a quién antes había denunciado que el 30% de la energía eléctrica es producida en México por particulares), son empresas que están ganando una tasa de rendimiento al capital controlado, cuando la venta se realiza a Comisión Federal de Electricidad, son empresas modernas que cumplen con normas ambientales, pagan impuestos, generan empleos, usan tecnologías modernas." ¿De veras? Veamos. Este individuo pretende desconocer que las llamadas "sociedades de auto-consumo (y autoabastecimiento) remoto" (que poseen generadoras que representan al menos otro 15% de privatización de la capacidad de generación instalada total), es una figura ilegal pergeñada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), reinterpretando la de por sí ilegal reforma eléctrica de 1992 que "abrió" la Generación eléctrica, a partir de la desnaturalización del concepto de Servicio Público de Energía Eléctrica. La CRE no regula nada, en el sector eléctrico simplemente se ha dedicado a concesionar los proyectos nuevos de generación de la CFE (otorgando permisos muchas veces sin los certificados de impacto ambiental, en condiciones laborales criminales). La CRE ha interferido en el funcionamiento del sistema eléctrico al provocar un superávit de generación (40%) a base de gas natural importado que encarece las tarifas.

Esa es la realidad de la reventa de energía privada por parte de CFE. Además, se trata de empresas que cobran —a precios garantizados— por la capacidad instalada, se emplee o no la energía. Más de un centenar y medio de plantas propias (de CFE) han parado o se han "reconvertido" (a gas natural), para solapar este pingüe negocio privado.

Debate sin perspectiva

Mientras todos estos temas son expuestos y discutidos en el debate popular, sin nadie que rebata, en la "encerrona" de Xicoténcatl el prianismo apenas si alcanza a balbucear sus razones neoliberales. Pero eso no importa a priístas y panistas que, simplemente, dejan pasar el tiempo sabedores que al final ELLOS tomarán las decisiones que les convengan. Así concluyó la primera semana de debate oficial, se realizaron los 2 primeros foros, de los 23 que en otras tantas sesiones repartidas a lo largo de 71 días, habrán de realizarse. El tema fue "Los principios que deben regir la Reforma Energética en México". Nada en concreto se convino, porque así quedó previamente reglamentado; cero acuerdos o conclusiones, nada que permita normar el resto de la discusión.

El primer foro debió establecer un marco de definiciones trascendentales, al menos sobre las actividades que constituyen el proceso de trabajo petrolero considerado estratégico; en materia de producción, sobre los campos que conviene explotar y la plataforma de producción idónea. En materia de reservas, sobre las nuevas zonas prospectivas que deberán comenzar a explorarse desde ahora y sobre la política de estado que asegure los yacimientos transfronterizos. Se trata de conceptos que determinan buena parte de la política energética de México.

Más allá de la resistencia pacífica

En el senado se discutirán varios temas fundamentales. Esta misma semana comenzará el necesario análisis constitucional de la iniciativa que, rebasado, permitirá continuar el diálogo de sordos —con límite de tiempo—, transcurrido el cual el prianismo en conjunto presentará un dictamen previsiblemente adverso a la causa popular. Luego vendrá la imposición y finalmente la lucha en la Corte. Todo con resultados predecibles. En tanto, el Frente Amplio Progresista anuncia la realización de un plebiscito a la conclusión del debate, los congresistas de PRI y PAN la rechazan, advirtiendo que la decisión final la tomarán exclusivamente ellos, en "ejercicio de su representatividad". Por su parte, López Obrador ha reiterado atinadamente que no se puede permitir la privatización de Pemex, desarrollando la resistencia en dos planos: mientras los representantes del gobierno legítimo debaten en el legislativo, Obrador en persona encabeza una campaña nacional de información. El paso siguiente es acordar un plan unificado de movilizaciones para después del debate.

Frente de Trabajadores de la Energía, de México