Alguien miente

jorge carrasco araizaga

México, D.F., 25 de febrero (Apro).- Los “daños colaterales” de los operativos militares contra el narcotráfico ya alcanzaron a la iglesia católica, pero la Sedena niega que así haya ocurrido.

La cúpula militar y eclesiástica están ahora enfrentadas en sus versiones sobre lo que ocurrió la madrugada del pasado domingo 17 en Tamaulipas, en la carretera Reynosa-San Fernando, a la altura de Valle Hermoso, un poblado con alta presencia de narcotraficantes.

En esa zona, donde son conocidas las referencias sobre las rifas de camionetas y de miles de dólares durante fiestas organizadas en algunos ranchos de la localidad, tuvo lugar lo que hasta ahora es la mayor muestra del desgaste al que se encuentra sometido el Ejército mexicano con los operativos ordenados por Felipe Calderón.

Si las violaciones a los derechos humanos en distintas partes del país, incluidas muertes de civiles en Sinaloa, ya habían provocado presiones sobre el Ejército, lo ocurrido el domingo en Tamaulipas con el sacerdote Guadalupe Barbosa Cruz y tres de sus acompañantes puso a la cúpula militar en tensión con la iglesia católica.

El sacerdote, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en San Fernando, Tamaulipas, asegura que junto con sus acompañantes fue golpeado, vejado y robado por un grupo de militares en lo que describió como un retén militar.

Hasta ahora, la jerarquía católica había hecho público y reiterado su apoyo a la decisión de Calderón de sacar al Ejército a las calles del país para combatir el narcotráfico.

Pero el pasado martes 19, la Conferencia del Episcopado Mexicano tuvo que moderar ese respaldo ante la molestia e indignación expresada por la Diócesis de Matamoros, Tamaulipas, a la que pertenece el religioso ofendido.

El padre Barbosa se sostiene en su dicho, incluso ante el ministerio público, a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desacredita su versión.

La Sedena no sólo niega los hechos, sino que imputa a los acompañantes del sacerdote haber estado alcoholizados al momento en que incurrió la alegada agresión.

Según la versión oficial, un grupo de efectivos de la 8/a Zona Militar, que tiene su sede en Reynosa y que está al mando del general de brigada Luis Villegas Meléndez, realizaba esa noche una labor de reconocimiento por el lugar cuando ocurrió un accidente en la carretera.

Dice el Ejército que el sacerdote y sus acompañantes, “que viajaban en una camioneta pick up con vidrios polarizados” no respetaron el camino que los propios militares les señalaron para despejar la carretera, donde eran atendidos los heridos del accidente, siete militares y un civil.

El sacerdote y sus colaboradores, así los define la iglesia, tuvieron que detenerse y según la Sedena en ningún momento se violaron sus derechos humanos.

A pesar de que entre la población de Tamaulipas se apoya la presencia de los militares en el estado, el hecho en nada ayuda al Ejército en un estado donde según el mismo secretario de la Defensa Nacional, el general de división Guillermo Galván Galván, los narcotraficantes han pagado algunas de las manifestaciones públicas en contra de los operativos militares.

Ni el Ejército ni la iglesia católica mexicana querrán que el asunto crezca, así es que están obligadas a aclarar lo más pronto lo sucedido, pues lo único claro hasta ahora es que una de las dos parte miente.

jcarrasco@proceso.com.mx

http://www.proceso.com.mx/analisis_int.html?an=57366