“Estamos enfrentando una nueva forma de explotación de la infancia y es la que el crimen organizado está utilizando a adolescentes, tal y como El Ponchis lo señala”, dijo el presidente ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, y abundó que el gobierno de Felipe Calderón incumple con el artículo 33 de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, porque debió incluir medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas e impedir que se los utilice en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.
Un caso paradigmático: la detención Édgar N., El Ponchis, de 14 años de edad, acusado de degollar a los adversarios del cártel de los Beltrán Leyva en Morelos, fue detenido por soldados de la 24 zona militar la noche de ayer en el aeropuerto estatal Mariano Matamoros, a 17 kilómetros al sur de la capital morelense, junto con dos de sus hermanas, como lo informaron distintos medios de comunicación.
Esto fue orquestado a nivel internacional para presentar a este adolescente como el sicario más joven, cuando su propio “testimonio se refiere a un carácter muy claro y es que fue levantado, alguien que es forzado y privado de su libertad para cometer delitos que es una explotación económica y que tendríamos que ubicar y no perder de vista que es un adolescente que es víctima y que no es victimario”, señaló el defensor de los derechos de la infancia.
Dijo es muy peligroso que las autoridades antes de iniciar un proceso como debe ser para cualquier ciudadano o ciudadana se le etiquete ya como un sicario y se le asigne un carácter sanguinario.
Entonces se le preguntó:
–¿Con esta detención se están violando los tratados internacionales?
–Claro, la Convención de los derechos de los niños, en su artículo 33 establece que tiene que ser protegido, el Estado tiene que proteger a los niños y a las niñas de que no sean vinculados ni a la producción, ni al consumo ni al tráfico de sustancias, por supuesto en el caso del niño Ponchis y Cristian Martínez o el Cris, al ser expuestos o se les coloca en mayor riesgo.
Actualmente las detenciones de niños, niñas y adolescentes por participar en delitos federales se están llevando a cabo desde el vacío legal, es decir, debido a la falta de expedición de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, sin concluir desde 2005. Es urgente concluir el proceso para tener una la ley federal con una importante reestructuración orgánica, operativa y presupuestal para la creación de agencias del Ministerio Público, juzgados, policías, defensores públicos y centros de internamiento especiales para adolescentes en todo el país.
Ante esta situación la Redim exige a las autoridades queue las autoridades mexicanas concluyan la reforma al artículo 18 Constitucional para avanzar en la construcción de un sistema especializado de justicia penal juvenil, diferente en jueces, proceso e instalaciones de los adultos; así como combatir la impunidad de los adultos en estos casos. Así como incorporar en el Código Penal Federal y en otras leyes estatales la prohibición explícita al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados y cumplir con el artículo 2.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño que establece: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”.
Cumplir con el artículo 33 de la Convención que establece: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias”.
E informar públicamente del número y situación jurídica de niños, niñas y adolescentes víctimas y detenidos desde que se declaro la guerra contra el crimen organizado, señaló el presidente de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Fuente: La Jornada de Veracruz
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