miércoles, 30 de junio de 2010

Repudian los 33 ombudsman del país los ataques de Gómez Mont a su trabajo

Nuestra labor, apegada a la investigación y la ética, asevera Felipe Álvarez Cibrián

JUAN CARLOS G. PARTIDA

Tras criticar las “barbaridades” y el “desconocimiento” del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el tema de derechos humanos, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, dio a conocer un extrañamiento que los 33 ombudsman del país, incluido el titular nacional, firmaron para repudiar el señalamiento de que la labor que realizan sus organismos está al servicio de la delincuencia.

“Daremos a conocer a todos los medios nacionales un documento en donde establecemos nuestro repudio y nuestra indignación por el desconocimiento que tiene en el tema de derechos humanos el secretario de Gobernación, donde da un mensaje totalmente erróneo, donde no lo podemos permitir y obviamente que los ombudsman del país hoy estaremos expresando con mucha energía toda nuestra inconformidad en su sentir, en su discurso”, dijo.

El viernes pasado durante la inauguración de La Jornada Nacional Contra la Tortura, Gómez Mont pidió a los organismos de derechos humanos que dejen de ser tontos útiles en el combate a la delincuencia, lo que generó una inmediata respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la que se sumaron este lunes el resto de organismos oficiales estatales en la materia.

El pronunciamiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, señala que es preocupante que en el marco de La Jornada 2010 de Prevención de la Tortura, el secretario de Gobernación por un lado reconozca categóricamente la existencia en México de este delito, y por el otro, descalifique a los organismos públicos de derechos humanos que la han documentado.

“Es paradójico que, a pesar de ello, los resultados de las instituciones de procuración de justicia en la nación sean mínimos en comparación con los casos acreditados en Recomendaciones. Las consignaciones que se han realizado por esta práctica ilícita son escasas, lo que, indiscutiblemente, genera impunidad y pone en riesgo la convivencia social. En las instituciones de Estado no debe existir polémica sobre el tema de derechos humanos porque éstos son universales e indisolubles. El discurso debe ser único, firme, claro y contundente; de lo contrario se corre el riesgo de confundir y generar malinterpretaciones en los servidores públicos que tienen el contacto directo con la población”, señalaron los ombudsman en su pronunciamiento.

Recordaron a Gómez Mont que las comisiones y procuradurías defensoras no actúan por suspicacia, como afirmó, sino que sus investigaciones son efectuadas con ética, profesionalismo, estricto rigor jurídico y una metodología científica que garantizan un resultado confiable y no admiten debates propiciados por suspicacias del Estado, que debe ser el primer garante del respeto a los derechos humanos.

“Las comisiones defensoras de los derechos humanos son las únicas entidades facultadas por el máximo ordenamiento jurídico para acreditar las violaciones. Ahí radica lo delicado del discurso del secretario de Gobernación. Al desacreditarlos pone en riesgo la salud de la República y la integridad de nuestro sistema democrático, que, como él mismo lo dijo, ‘tiene que partir del respeto a los derechos fundamentales, que son la base de la legitimación política e histórica del Estado’”, agregaron.

También señalaron que las resoluciones que emiten estos organismos de ninguna manera debilitan al Estado ni fomentan la arbitrariedad; al contrario, fortalecen a las instituciones, les dan la oportunidad de resarcir los daños causados por servidores públicos, de cambiar prácticas administrativas que vulneran la dignidad de las personas, de sancionar a quienes han vulnerado derechos y de reconocer actos de injusticia, por lo que difundir esta idea, como lo hizo el funcionario, puede fomentar la ingobernabilidad.

“En un Estado democrático, quien deslegitima y debilita la acción de la autoridad, es la autoridad misma, cuando, con el pretexto de brindar seguridad pública, actúa al margen de los ordenamientos jurídicos vigentes y de los compromisos asumidos en el contexto internacional en materia de defensa de los derechos humanos. En estos momentos críticos que vive México en el tema de la seguridad pública, lo que se necesita es que las instituciones trabajen en un clima de respeto y de responsabilidad, de acuerdo con sus atribuciones y competencias. La confrontación y descalificación sólo abona a la incertidumbre”, dijeron.

Por último informaron que por unanimidad, los 33 ombudsman del país manifiestan “nuestro absoluto rechazo e indignación al discurso del secretario de Gobernación, quien afirmó que las comisiones pueden ser ‘tontos útiles de la delincuencia’. Le exigimos respetar el trabajo que realizan los organismos públicos de derechos humanos”.

Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: Soberanía Popular

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