Un sacerdote y otros diez hombres han sido detenidos y acusados del homicidio de dos oficiales locales en el municipio de San José del Progreso, Oaxaca, al sur de México. Se encuentran en riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos durante su reclusión, así como un juicio injusto.
El 18 de junio, el edil municipal de San José del Progreso y otro oficial fueron asesinados cuando sus simpatizantes se enfrentaron a opositores en el área del Cuajilote, en la municipalidad. Las circunstancias del asesinato no son claras. Poco después, simpatizantes del edil secuestraron y golpearon al sacerdote católico, Martín Octavio García Ortiz, quien estuvo en San José del Progreso para liderar a la gente. Los secuestradores aparentemente lo golpearon y amenazaron con matarlo a menos de que aceptara ser procesado por incitar los asesinatos. El 19 de junio, el sacerdote fue detenido bajo custodia por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Al día de hoy, es vigilado en el hospital donde está siendo tratado por las lesiones ocasionadas cuando lo golpearon.
El Padre Martín García fue puesto bajo arraigo por órdenes del juez, junto a otros diez hombres sospechosos de los dos asesinatos. Los hombres son activistas de la localidad que se han opuesto al reciente respaldo, por parte del presidente municipal, a la explotación de los yacimientos de oro y plata a cargo de una compañía minera. Todos ellos permanecerán en arraigo por al menos 30 días mientras la policía y los investigadores de la PGJE deciden si habrán de imputarles los cargos. A pesar de los informes contradictorios en relación a los asesinatos y la evidencia de que el Padre Martín García no estuvo involucrado, la PGJE ha emitido pronunciamientos atribuyendo las muertes a los activistas comunitarios, oponentes de la explotación minera.
Amnistía Internacional considera que estas declaraciones son violatorias del derecho de los detenidos a la presunción de inocencia y a un juicio justo. En varios casos documentados por Amnistía Internacional, la PGJE de Oaxaca y la policía han torturado y sometido a malos tratos a los detenidos para obligarlos a emitir declaraciones falsas. La PGJE ha procesado a personas con bases falaces y fines políticos, denegándoles el derecho a un juicio justo. Estrechos lazos entre los simpatizantes de la comunidad en favor de la operación minera y el partido del gobierno local, podrían poner en riesgo de represalias al Padre Martín García durante su estancia en el hospital. Las autoridades deben garantizar a los parientes de los difuntos, acceso a la justicia; así como defender los derechos de los detenidos y asegurar una investigación plena e imparcial
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INFORMACIÓN ADICIONAL
El Padre Martín García es un defensor de derechos humanos que ha promovido los derechos de los miembros más pobres de las comunidades, incluyendo su derecho a oponerse a la operación de la mina, contra la que muchos claman un daño real al medio ambiente. El edil municipal que fue asesinado, así como otros en favor de la mina, acusaron falsamente en ocasiones previas al Padre Martín García en declaraciones públicas, de su supuesto involucramiento con grupos opositores armados, en un intento por demeritar su credibilidad como defensor de los derechos humanos. Las tensiones entre ambas posturas en la comunidad se han incrementado.
Amnistía Internacional ha llamado en repetidas ocasiones a poner fin al uso del arraigo, por ser violatorio de la presunción de inocencia y colocar a los detenidos en una situación de vulnerabilidad frente a coerciones y malos tratos. Los defensores de derechos humanos que llaman la atención sobre los derechos de las comunidades marginadas son frecuentemente difamados y declarados como agitadores, por las autoridades locales, alentando así acoso y persecución en su contra. Las operaciones mineras, en varias comunidades de diversas partes de México, han creado un contexto de polarización y violencia en las comunidades afectadas, tratando a los opositores como personas subversivas.
Difusión: Soberanía Popular
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