Acciones, procedimientos y tribunales necesarios para la defensa del agua y sus pueblos
México D.F., 4 de junio de 2010 (Cencos).- ¿Cómo resolver la problemática de acceso y la de contaminación al agua utilizando la vía jurídica?, fue la pregunta planteada por abogados ambientalistas y defensores de derechos humanos en Morelos y Tlaxcala al iniciar una discusión clave en la lucha por derecho humano al agua.
El panorama planteado por Gabriel Calvillo, abogado ambientalista de la Barra Nacional de Abogados y ex director jurídico de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), es que “el sistema jurídico en materia de aguas no es un aliado para resolver violaciones al derecho humano al agua”.
Aunque México es firmante de tratados internacional que lo obligan a garantizar este derecho, el procedimiento jurídico no ofrece una vía para su cumplimiento, dijo. También criticó el bajo perfil que ha tenido la Profepa e hizo un llamado a los legisladores ya que en ellos está el darle fuerza a este órgano como defensor ambiental y urgió a un proceso de ciudadanización del mismo. “Mientras no haya vías jurídicas las respuestas de la población organizada se seguirán dando a nivel de la movilización social justificadamente” afirmó.
Río Atoyac, cáncer y destrucción ambiental
En los años 70 se construyó el complejo industrial Independencia con textileras, industrias metalmecánicas, refresqueras y de otros giros, todas teniendo como lugar de descarga al río Atoyac y al poco tiempo este cuerpo de agua que servía para consumo de la población y para el riego quedó contaminado.
El Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garces, recibió información por los propios pobladores quienes comenzaron a notar el aumento de casos de cáncer en sus comunidades. A lo largo de la década han conseguido hacer estudios del agua los cuales han rebasado los indicadores de las normas oficiales mexicanas y un estudio a muestras de sangre de 5 grupos de la zona revelo daños genotóxicos en sus células haciéndolos hasta 5 veces más propensos a desarrollar cáncer.
60 personas que viven en las orillas del río tienen algún tipo de enfermedad crónica, terminal o ya han muerto por las mismas y no existe la manera de comprobar que las descargas de agua de las industrias son el origen de esta contaminación y por tanto sus dueños responsables.
Con la reforma penal de2002 se consiguió que se pueda ejercer acción penal contra aquella persona física responsable de una descarga de agua que ocasiona riesgo ambiental, y esta herramienta a decir de Calvillo, es un gran avance en la defensa del derecho a un medio ambiente sano, pero es inútil para imputar responsabilidades por las enfermedades.
Además, Alejandra Méndez del Fray Julián Garces, resaltó que más allá de los obstáculos par la defensa legal “el gobierno ni siquiera está del lado de los pobladores ya que asume los casos de cáncer como hereditarios o relacionados a problemas de nutrición”.
Consejo de Pueblos de Morelos. Agua para los desarrollos inmobiliarios
“El Consejo detectó la carencia de agua en las comunidades del sur del estado, había agua sólo cada ocho día o incluso cada 15, mientras que las unidades habitacionales, la mayoría de casas de fin de semana, tienen agua las 24 horas del día” explica Saúl Roque, uno de los campesinos que comenzó a organizar a los 13 pueblos (ahora muchos más en todo el estado) para defender el ecosistema y los mantos acuíferos.
“El gobierno y los empresarios están coludidos-explica-, nos decían que teníamos que demostrar por la vía legal lo que se observa a simple vista; se puede ver el bajo nivel de los acuíferos, las empresas inmobiliarias nos chupan el agua y además la regresan contaminada al medio ambiente. Prevalece el autoritarismo y el favoritismo a pesar de todas las acciones que hemos hecho”.
Este caso es un claro ejemplo de discriminación en el acceso al agua. A los pueblos indígenas originarios se les quita el agua y los recursos, “este es un caso ideal para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, piensa Priscila Rodríguez del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Otra vía que parece posible en un horizonte cercano, es la de las acciones colectivas. Esta reforma constitucional (a la espera de ser ratificada por los congresos de los estados) permitirá que un grupo de afectados pueda demandar a una empresa o al gobierno de manera conjunta y no individualmente, esto abre una nueva forma de exigibilidad de los derechos humanos en la legislación nacional.
Fuente: CENCOS
Difusión: Soberanía Popular
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