ARTURO ALFARO GALAN
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acumuló ayer un retraso de 11 meses en la definición de la queja interpuesta por un grupo de 15 integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) y dos activistas del Nodo de Derechos Humanos, quienes sufrieron agresiones, malos tratos, privación de su libertad personal y vejaciones por parte de elementos de la Policía Ministerial, Metropolitana y Estatal.
El organismo, que dirige Marcia Maritza Bullen Navarro, se ha limitado a informar que el expediente de queja número expediente 5774/2009–C, interpuesto por Eduardo Almeida Sánchez, “se está integrando”. No obstante, el proceso para emitir la recomendación a las autoridades responsables de cometer violaciones a las garantías individuales de los profesores y activistas no ha registrado ningún avance desde hace más de dos meses.
Hasta el momento, informó el organismo, se ha cumplido con la recepción de las declaraciones de los quejosos, la solicitud de medidas cautelares a las autoridades para que cesaran las violaciones de que se duelen los quejosos, radicación de la queja, solicitud de los informes justificados a las autoridades responsables de haber violentado las garantías individuales de los quejosos y la solicitud de copias certificadas de las diversas averiguaciones previas presentadas ante el ministerio público.
Es decir, para que exista un pronunciamiento al respecto por parte de la CEDH, sólo está pendiente que la presidente Marcia Maritza Bullen Navarro autorice la emisión de la recomendación hacia los titulares de la Policías Metropolitana, Municipal, Estatal y Ministerial; así como en contra del titular del Poder Ejecutivo, Mario Marín Torres, debido a las agresiones que sufrieron 15 profesores disidentes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el pasado 10 de junio, mientras se encontraban manifestándose en las calles del Centro Historico.
Hace unos días, Eduardo Almeida Sánchez acudió a las instalaciones de la CEDH para dar vista al expediente y conocer los informes que hasta el momento han rendido las autoridades correspondientes; ahí se enteró, como promotor de la queja, que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) aseguró que no existen las pruebas suficientes para demostrar que ese día hubo agresiones hacia los profesores de la disidencia magisterial, a pesar de las fotografías y videos y exámenes médicos que se presentaron ante el organismo para sustentar los golpes.
Al respecto, Eduardo Almeida señaló que existe la clara intención de dar un “carpetazo al caso”, archivando la queja que el próximo 10 de junio cumplirá un año de apertura ante la CEDH, debido al involucramiento de las autoridades que deja al descubierto la “actitud represiva” del gobierno estatal.
Fuente: La Jornada de Oriente
Difusión: Soberanía Popular
No hay comentarios:
Publicar un comentario