Maniatado por la crisis, el alcalde de Angangueo ofrece mano de obra “abundante y barata”
ÉRICK ALBA (I Parte)
El comentario del presidente municipal de Angangueo, Alfredo Olmos Moreno, recordó a muchos las viejas prácticas prehispánicas en que los jefes de la tribu ofrecían sus mujeres a los hombres blancos y barbados en señal de buena fe y prosperidad futura: “hay algunas mujercitas que ya pueden trabajar, que ya saben coser”, dijo el munícipe al titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, como una forma de explicar que en ese municipio del Oriente de Michoacán es posible encontrar mano de obra abundante y barata, y con la esperanza de ver pronto por sus tierras una empresa maquiladora que genere fuentes de empleo a los habitantes tras las lluvias y deslaves convertidos en tragedia meses atrás, aunque el alcalde no midió sus palabras, pues especialistas coinciden en que colocar maquiladoras en Michoacán provocaría un entorpecimiento social mucho mayor al que ya vivió esa zona.
Javier Lozano aceptó estudiar la propuesta del munícipe ese 14 de abril, lo que coincidió con la postura del secretario de Desarrollo Económico en el estado, Isidoro Ruiz Argáiz, cuando juntos prometieron reactivar la mina local que hoy pertenece al grupo empresarial Industrial Minera México, el mismo acusado de sostener contubernios con el gobierno mexicano para desconocer y reprimir huelgas laborales así como de contaminación ambiental en los lugares en que opera.
Pero la propuesta de los funcionarios sobre la atracción de una maquiladora a Angangueo, que se infiere será del ramo textil por eso de las “mujercitas que ya saben coser”, no gustó ni a especialistas en economía, ni a abogados, ni a analistas políticos, quienes desde sus respectivas trincheras alertaron a este diario sobre tres impactos negativos y fácilmente previsibles en la rutina michoacana en caso de concretarse la colocación de empresas maquiladoras en el Oriente del estado: la ruptura de la cadena productiva local en el lapso inmediato, descontento generalizado por el sistema de explotación laboral en el mediano plazo, e injerencia política estadunidense, avalada por México, con la intención de “flexibilizar” el sistema laboral a través del pisoteo a derechos humanos fundamentales.
La ruptura productiva
Para el investigador en temas laborales y actual director de la Escuela de Educación para Trabajadores, dependiente del Sindicato Unico de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), Raúl Jiménez Lescas, el modelo laboral que plantean las maquiladoras en México tuvo su éxito en los años 80, con la implantación del sistema neoliberal, sustentado entonces por la cercanía del país con los Estados Unidos y “que apareció como un detonante del empleo”, aunque con el tiempo surgieron otros fenómenos que definieron a la industria maquiladora como un problema nacional porque “es una combinación de trabajo precario, explotado, con pocas prestaciones, muy temporal, pero sobre todo que no logra un desarrollo de la comunidad, no detona un desarrollo económico y más bien rompe las cadenas productivas naturales en esa comunidad”.
Sin negar el aliciente económico que representa la instalación de una empresa maquiladora en una comunidad marginada, y que en este caso explica la postura de los funcionarios públicos reunidos en Angangueo, Jiménez Lescas subrayó los riesgos que subyacen en el proyecto al aplicarlo en esa zona michoacana, “porque (el sistema de manufactura) está diseñado para ser una plataforma de despegue para la empresa extranjera: ponen su planta, utilizan los recursos naturales de la región, la mano de obra, pero finalmente el recurso económico no es para la comunidad; entonces viene un desequilibrio porque se rompe la cadena productiva local o regional y no hay un detonante económico, por eso creo que se debería pensar con otra visión económica, no inmediatista”, sostuvo.
Según el investigador, existe una mezcla de factores que provocan el asentamiento de empresas manufactureras en zonas no acostumbradas a la producción industrial, como Angangueo, entre ellos la mano de obra de bajo costo y la necesidad de la población por mayores fuentes de empleo, lo que significa un atractivo para los inversionistas extranjeros, aunque en esos casos, la maquiladora en cuestión se instala sin tomar en cuenta que su presencia provocará una migración interna de personas atraídas por el nuevo trabajo, lo que redunda en que la comunidad reciba a esa nueva población sin contar con servicios suficientes, infraestructura o vivienda para atenderlos, a lo que se suma el surgimiento de vicios sociales que antes no configuraban un problema para esa comunidad, como el alcoholismo, prostitución, consumo de drogas y violencia intrafamiliar, entre otros.
“Si no hay mano de obra suficiente hay que traerla de otro lado, llega la gente de otros lugares y no tiene nada que ver con el entorno: va, trabaja y se regresa. La gente (que trabaja) en el norte viene de fuera, de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz; es gente que no alcanza a pasar a Estados Unidos pero se queda y no hay una vivienda digna, no hay atenciones de salud, educación, esparcimiento”, indicó Jiménez Lescas.
Y aunque ese problema luce inminente y desolador, existe otro más devastador aún que se presenta como consecuencia del primero, cuando la empresa maquiladora, que ya es vista como incosteable por aumentos salariales y criminalidad en el entorno, simplemente se va a otra ciudad u otro país para repetir el mismo esquema: “simplemente el empresario dice ‘nos vemos muchachos, tenía mi maquiladora en Ciudad Juárez pero ahora me voy a Panamá o al Salvador o Nicaragua porque ahí es más barata la mano de obra’, y entonces se genera el desempleo”, indicó
El outsourcing
Pero en el ámbito legal, la instalación de una empresa maquiladora en Angangueo obligaría a la inmediata celebración de un Contrato Colectivo de Trabajo o de un Contrato de Protección, amparado el último por organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) o la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), entre otras, pues a decir del jurista Néstor de Buen, al no hacerlo “la empresa está incurriendo en una conducta que puede ser peligrosa para ella”.
Sin embargo, el tema del respeto a los derechos laborales como una consecuencia de los contratos colectivos o de protección, aún levanta demasiadas suspicacias por la manera en que esos mismos derechos se aplican a la base laboral femenina, la más numerosa que contiene una empresa maquiladora del ramo textil.
La investigadora Cirila Quintero Ramírez, a través de un estudio sobre el comportamiento de los trabajadores de empresas maquiladoras en el norte de México y su protección legal, encontró que los sistemas laborales regidos por contratos colectivos de trabajo “reflejan escasa preocupación en cuanto a las cláusulas propiamente de género”, aunque esa poca atención se traduce en prestaciones más evidentes hacia las mujeres que las que contiene el contrato de protección: “Los contratos colectivos tradicionales continúan cumpliendo con los derechos laborales estipulados en la Ley Federal del Trabajo para las mujeres, como los de maternidad y lactancia. Incluso han logrado ciertas ventajas mínimas, cómo la garantía de trabajadoras temporales en estado de gravidez en el caso del Sindicato de Jornaleros en Matamoros (Tamaulipas).
“No obstante, en regiones con sindicalismo subordinado (regido por otras organizaciones) hay permisividad hacia prácticas discriminatorias de contratación femenina, como la exigencia de pruebas de no embarazo para ingresar a la empresa, o el despido una vez detectada la gravidez de la trabajadora”.
Esa práctica de segregación laboral que atenta contra el derecho del mujer a obtener un empleo, lejos de disminuir se vio fortalecida por la legislación mexicana en la década de los 90, pues a decir de Cirila Quintero, “el empresariado maquilador parece haber aprovechado algunos intersticios en la legislación mexicana para aplicar estos exámenes (de no gravidez), y al haber extendido de 30 a 90 días los periodos de prueba, se les ha dado formalmente un mayor espacio para ello, y en el papel, para despedir a las mujeres que pudieran estar embarazadas”.
También añadió la investigadora que “otro punto importante al respecto ha sido el incremento de medidas para evitar embarazos entre las trabajadoras. Las empresas pusieron en marcha sistemas de planificación familiar al interior de las plantas, lo que sin duda también resulta una injerencia en la vida privada de las trabajadoras”.
En entrevista telefónica sobre los derechos del asalariado mexicano, el abogado defensor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Néstor de Buen, destacó que el sistema laboral en el país tolera “desde hace alguno años el celebrar contratos con empresas proveedoras de trabajadores, una especie de arrendamiento entre la empresa proveedora y la empresa arrendataria, donde la arrendataria paga los salarios a la proveedora con una utilidad marginal, la (empresa) proveedora se encarga de pagar el salario a los trabajadores pero no están bajo su dirección, en realidad es todo un artificio”.
De Buen reconoció la necesidad de educar a la base trabajadora sobre sus propios derechos laborales, aunque también dijo que “en este momento, el trabajador está muy desesperado por la falta de empleo (como ocurre en Angangueo), y en situaciones de este tipo, una empresa intermediaria le ofrece (al desempleado) conseguirle chamba pero trabajando con un tercero, todo es artificial pero la gente dice ‘bueno, voy a aceptarlo, qué otra cosa hago’, es un problema de necesidad”, estipuló.
En su experiencia, Néstor de Buen considera que esa práctica en perjuicio del trabajador amenazan ahora con convertirse en una metodología institucional a través de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo propuestas por el Partido Acción Nacional (PAN): “laoutsourcing la quiere colocar Javier Lozano (secretario del Trabajo) en la nueva ley y es un tema realmente ilegal, es absolutamente ilegal porque la empresa que recibe a los trabajadores, como no son teóricamente sus trabajadores, no les tiene que dar utilidades, no tiene responsabilidades por despidos, eso lo asume la otra empresa que a lo mejor es insolvente, en fin, es un tema que hay que ver con profundidad”, dijo.
Como un agravante a esa situación, los datos estadísticos señalan que la percepción salarial de los trabajadores manufactureros del ramo textil “van a la baja”, según lo informó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, en mayo del 2000, mientras que una actualización sobre el mismo tema, publicada por el mismo organismo bajo el título de Aprendizaje e industria maquiladora, análisis de las maquiladoras de la frontera del norte de México, como investigación de Alfredo Hualde Alfaro, destaca que “el salario de los trabajadores directos (incluidas prestaciones) es a finales de los noventa muy similar al de principios de la década: alrededor de tres salarios mínimos”.
La OIT añadió: “aunque la media salarial de las maquiladoras se sitúa por debajo de la media nacional, hay que señalar que los sueldos medios de las maquiladoras son atraídos a la baja por las industrias del sector textil y del vestido, que emplean trabajadores poco calificados y retribuidos con bajos salarios. Las diferencias salariales entre las industrias son significativas. Los trabajadores de las industrias de fabricación de piezas de automóvil ganan un 89 por ciento más que los de la industria textil y del vestido, mientras que los empleados de las industrias eléctrica y electrónica ganan un 70 por ciento más que los de la industria textil y de la confección”, un fenómeno que también propicia el fortalecimiento de la subcontratación llamado outsourcing.
Fuente: La Jornada de Michoacán
Difusión: Soberanía Popular
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