Primero de mayo de 1952
Por Mario Rivera Ortiz
Primero de mayo de 1952, calle Ángela Peralta, a un costado del Palacio de Bellas Artes, 10 AM. Contingentes de los partidos Comunista Mexicano y Obrero Campesino se concentraron para integrar la Columna Independiente y participar en el desfile obrero. Unos minutos más tarde, en el mismo lugar, la columna referida fue atacada con fuego de pistola y ametralladora por el grupo paramilitar conocido como Camisas Doradas. El balance de dicho ataque fue el siguiente:
Víctimas mortales:
Luis Morales Jiménez, estudiante del Instituto Politécnico Nacional y miembro distinguido de la Juventud Comunista de México (JCM)
Lucio Arciniega Gómez, artesano, zapatero, dirigente del Comité de inquilinos de la Colonia “20 de noviembre” de la ciudad de México.
“Daños colaterales”: El primero de mayo no hubo fuego cruzado, sólo “balas perdidas” disparadas por las armas de los Camisas doradas quienes asesinaron también a: Marco Antonio Borreguí y José García Diego, ambos, obreros afiliados a sindicatos de la CTM y CROC.
Heridos por proyectil de arma de fuego
Trabajadores y miembros de la Columna Independiente fueron heridos por proyectiles de arma de fuego en número indeterminado, entre ellos Camilo Chávez miembro del Comité Central del PCM.
Grupo paramilitar agresor
Según datos publicados por los diarios del 2 de mayo de la ciudad de México, Excélsior, El Universal, La Prensa, El Popular y Zócalo, el grupo agresor paramilitar identificado como Camisas doradas, estuvo constituido por cerca de 50 hombres armados con pistolas y ametralladoras, comandados por los coroneles Moisés Gutiérrez Galindo y Aniceto López Salazar, el teniente de Guardias Presidencias Alfredo Portes Tagle; el policía secreto Carlos Salazar Puebla, cuya fotografía de los hermanos Mayo fue presentada más tarde por un grupo de intelectuales liberales despistados, como la de un “agitador infiltrado” o como la de un “obrero herido”, (La Jornada, 29 de mayo de 2003); el agente confidencial de la Presidencia de la República, Ventura Barrios Jiménez, el capitán primero, Manuel (Sapo Macho ) Díaz Ordaz,; el cabo o sargento primero Carlos Pérez Díaz, chofer del general Joaquín de la Peña y dos o tres docenas de hampones detenidos, desarmados e identificados en el Palacio de Bellas Artes por un grupo de agentes judiciales comandados por Silvestre Fernández, jefe del Servicio Secreto, que acudió a salvarlos de un seguro linchamiento.
No obstante todas las evidencias en su contra, los agentes gubernamentales y elementos del hampa que integraban el grupo paramilitar, capturados e identificados fotográficamente, todos sin excepción, fueron puestos en libertad al amparo de un batallón de granaderos, por órdenes expresas del procurador de Justicia del DF, Carlos Franco Sodi.
Desde entonces la impunidad se estableció como norma en este tipo de canalladas.
La respuesta de los trabajadores
Fueron a los trabajadores sindicalizados de la CTM y la CROC que estaban participando en el desfile obrero mientras pasaban al frente del Palacio de Bellas Artes rumbo al Zócalo, a quienes alcanzaron las balas “perdidas” que los paramilitares dispararon contra los comunistas. Los obreros respondieron a la agresión inmediatamente: pusieron en fuga a los atacantes, sitiaron el gran edificio, forzaron su puerta trasera, inmovilizaron al grupo de delincuentes, capturaron y desarmaron al agente Carlos Salazar Puebla y, finalmente lo llevaron a rastras hasta frente al balcón presidencial: “¡Aquí está tu asesino!”, gritaron al presidente Miguel Alemán.
Los jóvenes comunistas sólo organizaron y politizaron la protesta.
Después, ni las directivas “charras” de las corporaciones sindicales mencionadas, ni la Orquesta Sinfónica Nacional, protestaron nunca por aquella agresión gratuita, ni demandaron la libertad de los encarcelados. Fueron los partidos de izquierda: PCM, POCM y PP los únicos que lo hicieron.
Varios años después los estudiantes de la UNAM, lapidaron y demolieron la estatua de Miguel Alemán Valdés y expulsaron así de Ciudad Universitaria al principal responsable de la matanza del primero de mayo de 1952.
Primeros procesados por el delito llamado de “disolución social” y encarcelados en Lecumberri
Armando Rivera Navarrete, del Sindicato de Trabajadores Telefonistas
Luis Hernández Ortiz, trabajador del Sindicato de Empleados de Restaurantes, Hoteles y Similares.
José Torres Lázaro, trabajador del Sindicato Refrescos Mundet.
Mario Martínez Flores, celista de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Manuel Mares Ramírez, trabajador de la CTM
Salvador Mares Ramírez, trabajador de la CTM
Antonio Molina Cázares, trabajador miembro de la CROC
Eduardo Peña Martínez, trabajador miembro de la CROC
José Salazar Hernández, trabajador miembro de la CTM
Salvador Salcedo Cisneros, menor de edad.
Manuel Díaz Arzave, cuadro profesional del PCM
Carlos Sánchez Cárdenas dirigente nacional del POCM
Mario Héctor Rivera Ortiz, estudiante de medicina de la Universidad de Guadalajara y secretario general de la Juventud Comunista de México.
De los 13 consignados a Lecumberri sólo tres eran militantes de partidos políticos de izquierda, el resto eran trabajadores de diversos sindicatos de la CTM y CROC, más un músico y un menor de edad de 16 años.
El poder judicial
El poder judicial representado dignamente por la persona del juez federal, Alberto González Blanco, “legalizó” la represión estatal, eso sí, “con la ley en la mano” y dio una de las primeras pruebas públicas de lo que es el orden burgués: salvajismo descarado y venganza sin ley.
Los medios de comunicación. Casi todos los grandes diarios de la ciudad de México informaron objetivamente de los sucesos acaecidos en la Calle Ángela Peralta el día dos de mayo, pero al día siguiente llegó el regaño de “arriba” y la consigna de difundir en las primeras planas el infundio anticomunista del “Bogotazo frustrado”, inventado por el gobierno alemanista. Sólo los periódicos de izquierda: La Voz de México, Noviembre y El Popular siguieron denunciaron la matanza y a sus verdaderos responsables. En vano clamaron justicia.
Y algo muy importante y típico de estas crisis sociales, específicamente en el campo de los medios de comunicación, fue la actitud que asumió la revista liberal Tiempo, dirigida por el escritor Martín Luis Guzmán. Su comportamiento francamente mercenario, demostrado en el número del día 9 de mayo de 1952, lo llevó no sólo a solidarizarse con la versión oficial de los hechos sino, incluso a retocar fotografías para reforzar sus posiciones anticomunistas, mismas que inmediatamente fueron condenadas y denunciadas públicamente por un grupo de sus propios redactores. Los periodistas al servicio del Estado y el Capital pues, volvieron a la carga a la zaga de la policía y el grupo paramilitar para difundir su mierda.
Fuente: Forum
Difusión: Soberanía Popular
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