Los defraudadores de la Montaña

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

28 de septiembre de 2009

Las políticas públicas impuestas por los gobiernos neoliberales durante los últimos tres lustros, han sido las principales defraudadoras del pueblo pobre. Con el nuevo paquete económico diseñado por el presidente de la república y avalado por el gobernador, se busca esquilmar más a la clase trabajadora al querer imponer el nuevo gravamen del dos por ciento al consumo. En lugar de empleos se generan más impuestos hacia los que menos tienen.

Las autoridades que hoy tenemos se niegan a corregir el rumbo de la economía y se siguen apuntando para un pleito sin precedentes con la población que no encuentra empleo. Los que están decidiendo estas políticas no les preocupa el mayor sufrimiento que están ocasionando a los más indefensos, no tienen sensibilidad, simplemente defienden los intereses de su clase. Se niegan a acrecentar la inversión pública en áreas estratégicas y sólo atizan más el fuego del malestar social.

A nivel local los presidentes municipales han recibido órdenes de las autoridades estatales para que se ausenten de los ayuntamientos y de este modo desactiven la presión que realizan los ciudadanos que acuden a sus oficinas para exigir el cumplimiento de obras pendientes. El gobierno está ausente y evade a la población. Huye a la interpelación, le teme a la gente, porque sabe que no cumplirá con sus compromisos.

Ante la incapacidad de las autoridades para resolver las necesidades básicas de la población, ahora vemos la proliferación de acciones caritativas y de gastos suntuosos, como recurso mediático para granjearse la simpatía de la gente. La pura simulación y tomadura de pelo es lo que aparece en los anuncios pagados en los medios, para llenar el vacío de la acción gubernamental.

La gente no encuentra los canales institucionales para plantear sus demandas. Sus gestiones ante las autoridades son en vano, difícilmente encontrará una intervención apropiada de la autoridad competente para resolver sus conflictos. No hay garantías para que los asuntos tengan seguimiento y respuestas apropiadas. Se trata de un aparato que tiene autoridades de fachada, donde no hay conciencia de ser servidores de la sociedad, tampoco tenemos a funcionarios que tengan capacidad para atender y dar respuestas convincentes a los sectores más depauperados.

Si los ciudadanos hiciéramos una radiografía meticulosa de lo que sucede al interior de los gobiernos municipales descubriríamos a los verdaderos defraudadores de los pueblos indígenas de la Montaña. Sin negar las ventajas que conlleva nuestro federalismo y la gran conquista que han logrado los gobiernos municipales, la realidad política que impera en gran parte de los municipios de nuestro estado y del país, es que estas células del poder público se han contaminado por la corrupción y han sido el botín más preciado de las mafias del poder político.

Los partidos políticos han adquirido experiencia y saben muy bien que las presidencias municipales representan poder económico y político y por lo mismo, necesitan crear empresas que trabajen de la mano con las autoridades para ordeñar bien la ubre de las arcas municipales. Los recursos públicos están mediatizados y etiquetados para cumplir objetivos ajenos al desarrollo justo y equitativo de la población, y son utilizados para fortalecer a los grupos políticos. Todos los programas están manoseados y tienen destinatarios muy concretos; se trata de familiares, amigos o socios de las autoridades locales. Los ganones son los que invirtieron más recursos en las campañas políticas y por este hecho, son los que ostentan el poder factico en los gobiernos municipales, y son los filtros donde se toman las decisiones para el manejo de las finanzas públicas. Los ciudadanos son meras clientelas políticas a las que hay que controlar con acciones caritativas y espectáculos masivos que sirvan de distractores políticos.

Este desmantelamiento de los gobiernos municipales ha permitido el florecimiento de empresas privadas que promueven la asistencia y la solidaridad social, que aprovechan la ausencia o la ineficiencia de los gobiernos. Aparecen en el momento adecuado con el fin de brindar atención a la población que no encuentra alternativas para acceder a instituciones financieras que les brinden la oportunidad de tener un alto rendimiento con la inversión de su dinero.

En la Montaña, desde hace 10 años, cuando el Estado empezó a disminuir drásticamente el gasto social y canceló programas estratégicos para el desarrollo de los pueblos indígenas, esta retirada vino a ser suplantada por empresas patito, que encontraron un terreno fértil para cultivar promesas entre las familias pobres, que ilusamente se transformaron en nuevos socios de empresarios desconocidos que encontraron entre los indígenas el gran negocio de su vida.

La empresa de Productos Amor ha logrado llegar a todos los rincones de la Montaña, gracias a los promotores que son de las mismas comunidades y que se encargan de vender la idea de que si invierten su dinero en productos amor, se les multiplicará al ciento por uno, en un periodo de 18 meses. Para contar con todas las facilidades que requiere este tipo de negocios, los empresarios han invitado a algunos presidentes municipales a sus oficinas en Veracruz. Ahí reciben un curso de inducción sobre las bondades y el espíritu filantrópico de esta empresa. Además de pagarles todos los gastos a los presidentes y sus acompañantes, los más afortunados regresan con regalos, como camionetas, camión de volteo o computadoras. Es impresionante el grado de penetración que ha tenido esta empresa en toda la Montaña y hasta la Costa Chica. Entre sus promotores principales se encuentran funcionarios públicos de nivel estatal y municipal, ex funcionarios federales, sacerdotes, maestros, comerciantes, académicos de nivel superior y ex presidentes municipales.

La empresa se da el lujo de presentar los éxitos de personas que han logrado salir de pobres y que ahora cuentan con casas, carros y negocios. La clave es invertir la mayor cantidad de dinero con la empresa y ser paciente para esperar la retribución soñada. Desde el momento en que una persona decide entrarle al negocio, tiene que acatar las normas de la empresa. Una de ellas es que un porcentaje del dinero que obtiene de las ganancias tiene que quedarse como fondo para que aumente el volumen de los recursos financieros que redundarán en beneficio de los socios.

En el 2007 apareció también en Tlapa una pequeña empresa que hoy tiene por nombre Cooperativa Tlapaneca de Abasto Popular, que en poco tiempo adquirió gran popularidad porque ofrecía triplicar el dinero que la gente invirtiera con ellos en un periodo no mayor de ocho meses. Esta oferta se regó como pólvora en los diecinueve municipios de la Montaña y en menos de dos años logró reclutar a más de cuarenta mil personas que decidieron apostar gran parte de su dinero para poderlo multiplicar al 3 por 1.

La señora Alma Delia, indígena Naua de Xalpatláhuac es la principal promotora de esta cooperativa que logró conformar una red de promotores y promotoras de los tres pueblos indígenas que se abocaron a reclutar a la población, sin necesidad de firmar algún documento, reduciéndose únicamente a registra el nombre de la persona y la cantidad que entregaba. Existen promotores que han podido reclutar a 20 mil personas con la única promesa verbal de que su dinero se triplicaría en 8 meses.

El problema empezó a complicarse cuando vencieron los plazos a finales del 2008 y no vieron que se multiplicó el dinero prometido. Tuvieron un tiempo de espera en todo lo que va del 2009, hasta que la gente dio un ultimátum a sus representantes para que les reembolsaran su dinero al tres por uno. Fue el 17 de septiembre cuando los socios decidieron bajar de sus comunidades para plantarse en una de las casas que compró recientemente la señora Alma. La intención era retenerla y obligarla a pagar una deuda exorbitante que rebasa los 100 millones de pesos. A 10 días del plantón, las autoridades municipales y estatales se han desentendido de este conflicto y como ya es costumbre, han dejado en total indefensión a miles de gentes pobres, quienes al no encontrar el apoyo del gobierno para resolver los problemas de sobrevivencia, se vieron obligados a involucrarse con estos grupos privados. Los vacios que han dejado las instituciones públicas y la ausencia de los gobiernos permitieron la instalación de negocios privados para realizar acciones con la población excluida y migrante de la Montaña.

Existe responsabilidad de las autoridades estatales y municipales por múltiples razones: porque no atienden las demandas básicas de la población, porque permiten que se instalen grupos privados sin exigirles que cumplan con las leyes que rigen a estas instituciones privadas. Implícitamente son cómplices de estas irregularidades al no atender el reclamo de la gente que se ha visto obligada a plantarse en la vía pública para exigir su dinero. La indiferencia de las autoridades pone en evidencia su falta de sensibilidad y de compromiso con la población mayoritariamente indígena que se siente defraudada. Pone de manifiesto también su actitud discriminatoria y la falta de oficio político para utilizar los recursos legales y obligar a que las personas respondan por los actos que la población afectada reclama. Este conflicto pone al descubierto el descuido y el abandono de las autoridades sobre los asuntos que más afectan a la población indígena.