Hay insensibilidad y falta de compromiso de autoridades estatales en caso, recrimina
Fuente: La Jornada de Guerrero
CITLAL GILES SANCHEZ
El veredicto que hace la organización Amnistía Internacional (AI) comprueba lo señalado por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, en el sentido de que sí fueron fabricadas las pruebas contra los cinco integrantes de la Organización para los Pueblos Indígenas Mep’haa (OPIM), aseguró el director del organismo estatal, Abel Barrera Hernández.
Este lunes, AI informó que luego de analizar y estudiar el caso del indígena mep’haa Raúl Hernández Abundio encarcelado por el delito de homicidio contra un informante del Ejército, concluyó que las pruebas presentadas en su contra, fueron “fabricadas” y las que se presentaron a su favor “desestimadas”.
Entrevistado al respecto, Barrera Hernández consideró que lo señalado por AI está respaldado por el prestigio que tiene como organización civil independiente que se avoca en documentar y analizar este tipo de casos y valorar hasta donde las actuaciones de las autoridades se apegan a los derechos.
Consideró que con el resolutivo que da AI “se corrobora que efectivamente se fabricó el delito de homicidio que supuestamente cometieron y que responde más a intereses políticos, y que las investigaciones no atiende a las normas internacionales y fundamentos legales”.
Barrera Hernández comentó que desafortunadamente han notado falta de sensibilidad y de compromiso en las autoridades estatales para investigar en el caso y para atender las recomendaciones, comentarios y análisis de las diferentes organizaciones civiles.
De hecho, recordó que en el caso del ecologista de Petatlán Felipe Arreaga fue planteado en su momento a la autoridad estatal, que en ese tiempo apenas iniciaba el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, sin embargo lamentó que la respuesta fue el no dar atención del caso.
Barrera Hernández destacó que hay una consigna de las autoridades estatales en querer demostrar que sus acciones en las investigaciones han sido legales y que cumplen con todos los procedimientos.
“No hay interés de reconocer que no todos los actos de la autoridad se apegan a derecho, más bien, es falta de sensibilidad de poder revisar, rectificar las actuaciones, hay como una cerrazón y un reto de que no van a estar sujetos a presiones de organizaciones de derechos humanos”, reprochó Barrera Hernández.
Y lamentó que seguirá la misma lógica de falta de apertura, de diálogo, de intercambio de opiniones, de revisión del expediente, y una falta de disposición de la autoridad para resolver este tipo de casos.
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