Canales de diálogo con el gobierno estatal, cerrados, reclama
Fuente: La Jornada de Guerrero
JESUS RODRIGUEZ Y REDACCION (Corresponsal
)
Tlapa, 12 de junio. Definitivo: en Guerrero no hay condiciones de seguridad para los defensores de derechos humanos. “Hoy es el caso más representativo y paradigmático de nuestro país: difundir y promover los derechos humanos genera un riesgo a la integridad, a la vida de los defensores”, sostiene en entrevista Mario Patrón Sánchez, abogado y activista con más de una década de trayectoria, actualmente coordinador técnico de la organización Monitor Civil de la Policía y Cuerpos de Seguridad en La Montaña.
El caso de amenazas contra el abogado Rommel Caín Chacan Pale, integrante del Monitor, que se hicieron públicas en los medios a cuatro días de que ocurrieron, ha reavivado el tema sobre la “vulnerabilidad” de los activistas y líderes sociales que por motivo de su labor, son objeto de amenazas.
Pero el caso de Chacan, dice Patrón Sánchez, es sólo la punta del iceberg, pues desde hace años en Guerrero, tal vez una década atrás, se comenzaron a tejer historias de impunidad, en las cuales los agravios contra los defensores quedaron archivados en la Procuraduría de Justicia del Estado. Esa situación del pasado, asevera, en la actualidad es lo que “nos hace más vulnerables”.
Durante casi una década, opina el abogado –de 2003 a 2007 fue coordinador de defensa integral, del área jurídica del Centro Tlachinollan y ha asistido a víctimas en audiencias ante organismos de justicia internacional– lejos de disminuir, han seguido ocurriendo hostigamientos, persecuciones y amenazas contra defensores.
Eso sólo se explica, asegura, porque desde las mismas instituciones del gobierno hay una “estrategia de criminalización” que tiene por objeto desmovilizar a las organizaciones, tachándolos de delincuentes. “Siempre nos han calificado: defensores de derechos humanos, es igual que defensores de delincuentes y de guerrilleros”.
Bajo esas circunstancias, condena, es que el gobierno del estado ha construido un falso mensaje sobre el papel que desempeñaban los dirigentes indígenas en sus pueblos. “Hoy casos como el de los compañeros se califican no como desapariciones ni agravios, sino comolevantones”, la expresión común en la jerga del narco.
–Hoy, en palabras del gobernador, en palabras de propio procurador los defensores de derechos humanos parece que somos defensores de la delincuencia organizada.
–¿Qué es lo valdría la pena revisar en este momento en cuanto a la relación entre autoridades y organizaciones, sobre qué se tiene que trabajar?
–Lo primero que hay que concluir es que los espacios de diálogo y de participación ciudadana en este gobierno se han cancelado, han estado cerrados, la única vía que se le permite a la gente es la vía de la manifestación y la única vía de respuesta que hay es la policía. Entonces, la primera exigencia es la construcción de espacios de diálogo, de condiciones de igualdad y donde realmente se analice la problemática a profundidad y se den respuestas.
Postura del José María y Pavón
El Centro de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón señaló que todo el hostigamiento y amenazas de muerte a los defensores de los derechos humanos son parte de la criminalización hacia la lucha social del gobierno del estado.
Mediante un boletín de prensa, manifestó su preocupación por los recientes acontecimientos que violentan los derechos humanos tanto de defensores como de la población en general.
Se cita en el documento el caso de Chacan Pale, quien el día 5 de junio recibió amenazas de muerte que incluyen a su familia.
Se menciona que es más preocupante este problema cuando el propio mandatario de la entidad señala que “el gobierno del estado no tiene la capacidad para poner un policía detrás de cada ciudadano”, a pesar de que el mismo Ejecutivo estatal tiene guardias de seguridad que lo cuidan a él y su familia, así como a los diferentes funcionarios de su gobierno.
“No entendemos cómo es que se atreve a declarar que como la principal autoridad política en el estado garantiza el trabajo y el respeto a los organismos defensores de los derechos humanos. ¿Por esas garantías se dio el asesinato de Manuel (Ponce) y Raúl (Lucas), los dos líderes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco?”, cuestionó.
También exigió la salida del Ejército mexicano y de los grupos paramilitares tanto de la zona serrana como de La Montaña.
No hay comentarios:
Publicar un comentario