No se puede poner un policía por ciudadano: Torreblanca
Fuente: La Jornada de Guerrero
CITLAL GILES SANCHEZ
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las agresiones y amenazas que han recibido defensores de derechos humanos en el último año, a pesar de tener medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y enfatizaron las ejecuciones de los dirigentes na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
El 11 de febrero se presentó el informe del Examen Periódico Universal, en el que participaron varias organizaciones de derechos humanos de México y este jueves fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el seguimiento que se ha dado a las recomendaciones que se emitieron luego de ese informe.
Por parte de Tlachinollan, tomó la palabra el abogado defensor Vidulfo Rosales Rosas, quien argumentó que a pesar de que México aceptó sólo cinco recomendaciones se han dado sucesos que contradicen lo acatado, pues enumeró las agresiones contra defensores de derechos humanos.
Criticó que dos días después de que México fue examinado, los dirigentes de la Organización Para el Futuro de los Pueblos mixtecos (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron levantados, torturados y posteriormente ejecutados.
Además de las amenazas de muerte, persecuciones de defensores de derechos humanos impidiendo que continúen con sus labores, como los integrantes de Tlachinollan, quienes cerraron sus oficinas en el municipio de Ayutla, luego de recibir amenazas.
Reprochó que el gobierno de México no ha cumplido en su deber de prevenir, investigar y sancionar estas agresiones, pues hasta la fecha no hay ningún responsable por esas agresiones.
“No ha tenido la voluntad para brindar seguridad y garantías para el trabajo de los defensores y defensoras”, insistió.
Rosales Rosas solicitó al Consejo de Derechos Humanos que exhorte al Estado mexicano a que cumpla con estas recomendaciones, que prevenga, investigue y sancione a los responsables de las violaciones derechos humanos además de que se de seguimiento a las recomendaciones a fin de no esperar a otro análisis en cuatro años.
Finalmente pidió que se establezca un marco jurídico y un programa de gobierno de protección para los defensoras y defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero.
“Clima de confianza”
Ante las amenazas de muerte que se han dado contra defensores de derechos humanos en menos de una semana, a pesar de que uno de ellos tiene medidas cautelares por la Corte Interamericana, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo recalcó que en el estado se tiene un clima de confianza y aunque argumentó que el estado vive una situación difícil, sí se dan las garantías para que cualquier ciudadano se exprese libremente.
La semana pasada uno de los dirigentes de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, Espiridión Lemus, junto con uno de sus hijos fue desaparecido; este lunes el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, fue amenazado de muerte al igual que el activista de Monitor Civil en la región de La Montaña, Rommel Chacan Pale.
Consultado al respecto, el jefe del Ejecutivo estatal insistió en que su respuesta ante estas demandas de los defensores de derechos humanos, es la misma, pues su gobierno busca “en términos generales” tener un clima de confianza.
Agregó que Guerrero es un estado difícil así como la situación por la que atraviesa, por tanto remarcó que “es evidente que el gobierno en sus tres órdenes no puede tener un policía detrás de cada ciudadano, eso es claro”.
Por ello, dijo que se busca generar ese clima de confianza a través de las revisiones coordinadas.
“Manifiesto mi absoluto respeto a los defensores de derechos humanos y cualquier otro ciudadano que se exprese libremente en un estado donde tiene garantizados esa participación consagrada no solamente en las leyes, sino por plena convicción de quien le toca ser titular del ejecutivo en el estado”, afirmó.
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