El gobierno se encabronó con nosotros porque nos organizamos: OPIM

Reprocha 11 años de agresiones militares y policiacas

Fuente: La Jornada de Guerrero

JESUS RODRIGUEZ (corresponsal)

Tlapa, 26 de junio. A la dirigente me’phaa Obtilia Eugenio Manuel se le quebró la voz al hablar de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía. A ambos los mataron de manera brutal, cruel. Pasaron varios días antes de que encontraran sus cuerpos: aparecieron atados, con huellas de tortura, en febrero de este año.

Mucho antes, desde 1994, Eugenio Manuel cuenta que a las localidades alejadas de Ayutla, los soldados llegaban y cometían acciones atroces contra los lugareños: violaciones sexuales a las mujeres, asaltos y tortura a los hombres. Muchos fueron desaparecidos. En 1998, en la comunidad El Charco, diez na savi de la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fueron acribillados fueron asesinados por militares, a balazos.

En 2002, a Valentina Rosendo Cantú, unos soldados la interceptaron en una brecha de tierra, en Barranca de Guadalupe. La interrogaron y después la violaron dos militares. Ese mismo año, a Inés Fernández Ortega, de Barranca Bejuco, también la violaron los soldados, cuando allanaron su jacal. En febrero de 2008, el cadáver de Lorenzo, hermano de Inés, fue localizado en la cabecera municipal. Se dice que murió por tortura. Otro agravio contra los Fernández: Obtilia dio a conocer que ahora las amenazas de muerte han sido para su hermano menor y que se incrementaron en los últimos días.

Obtilia Eugenio Manuel es la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). Hace siete años alguien la amenazó de muerte y desde entonces, las acciones de intimidación en su contra no han cesado. La más reciente ocurrió hace un par de días, cuando en un mensaje a su teléfono celular le advirtieron que le pasará lo mismo que a Raúl y Manuel. Aunque Obtilia goza de medidas de protección concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el respaldo de organizaciones como Amnistía Internacional (AI), no hay garantías a su seguridad.

El testimonio de Eugenio Manuel fue un largo historial de los agravios hacia los pueblos indígenas de Ayutla de los Libres, que expuso ante más de 300 personas en el foro estatal denominado Defensores, entre el dolor y la esperanza, con motivo de los 15 años del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, que en esta ocasión se distingue por ser un evento también en homenaje a los dos indígenas asesinados.

La dirigente narró varios hechos violentos ocurridos en Ayutla durante los últimos 11 años, y en todos ellos las víctimas han sido indígenas adheridos a la organización y pueblos que simpatizan con ella, mientras que los agresores han sido soldados y agentes de la policía municipal o del estado. Desde hace más de una década, dice Eugenio Manuel, todo ha sido como si se tratara de una guerra que emprendió el gobierno cuando los pueblos me’phaa y na savi de Ayutla se organizaron.

“El gobierno está encabronado con nosotros porque decidimos organizarnos, porque les decimos cuál es la realidad en nuestros pueblos: no hay obras de calidad, hay abusos, mataron al hermano de la compañera Inés, eso fue hace un año y todavía no hay culpables. El gobierno dice que todo lo que pasa es por pleitos personales, pero ya han aumentado las amenazas: he recibido con mensajes (al celular) donde me dicen que aunque tenga apoyo internacional las balas me van a pasar, y dicen que a los de Tlachinollan lo mismo les va a pasar”, reveló.

Orlando Manzanárez Lorenzo fue declarado preso de conciencia por AI junto con otros cuatro compañeros de la OPIM, que fueron aprehendidos porque se les imputaba el asesinato de un presunto informante del Ejército. El reveló que tras salir de prisión, desde el 19 de marzo, han sido blanco de amenazas.

Agregó: “nos detuvieron en un retén por la muerte de esta persona, pero demostramos que somos inocentes, sabemos que el delito fue fabricado porque sabemos cómo hace el gobierno, si no porqué a nosotros nos agarró en seguida, y del hermano de Inés y su familia no hay nada todavía”.

“Si supieran cómo me siento”

Guadalupe Castro Morales es una mujer na savi, viuda de Raúl Lucas Lucía. Su testimonio fue el siguiente: “estoy aquí para exigir justicia, porque no hay nada de las investigaciones, no hay ningún resultado. Pero las autoridades en vez de que nos ayuden, nos perjudican más.

Agregó: “a las comunidades siguen subiendo la policía, los judiciales y los niños parece que se asustan sólo al verlos, porque en vez de ayudar a las personas empieza la persecución. Yo la verdad no tengo la esperanza de que se haga justicia. Si supieran cómo me siento. Si supieran lo que sentí cuando no sabía nada de mi esposo, cuando vi cómo se lo llevaron. Esto que hablo lo estoy hablando para que la gente sepa, para que ustedes sepan qué es lo que está pasando en Ayutla”.