Activistas, víctimas de la represión y la impunidad del gobierno, afirman en foro

Documenta el Colectivo Contra la Tortura unos 600 desaparecidos en 4 años

Fuente: La Jornada de Guerrero

No podemos acostumbrarnos a esta barbarie, advierte el presidente de Tlachinollan

JESUS RODRIGUEZ (corresponsal
)

Tlapa, 26 de junio. En el foro estatal Defensores, entre el dolor y la esperanza, que comenzó este viernes en Tlapa, líderes de organizaciones indígenas y de derechos humanos manifestaron que no hay condiciones de seguridad para los activistas y dirigentes sociales, ante actos de represión, amenazas e impunidad que provienen del gobierno.

“Hoy nos encontramos en momentos difíciles, ser defensor en Guerrero y en México es una situación de alto riesgo. No podemos acostumbrarnos a esta barbarie y que se sigan violando los derechos que otros defensores y defensoras han venido construyendo”, expresó Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan durante el acto de inauguración del foro, que se celebra con motivo de los 15 años de la organización.

Más de 300 integrantes de organizaciones sociales, civiles, estudiantiles e indígenas acudieron en el primer día de actividades del foro. En la presentación del panel sobre agravios a los defensores, Obtilia Eugenio Manuel, Manuel Manzanárez Lorenzo, de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), de Ayutla, expusieron que desde hace más de una década los integrantes de la organización han sido víctimas de diversos actos de intimidación y agravios cometidos por militares y la policía.

“Lo que hace el gobierno es amenazarnos, es orillarnos, es no tomar en cuenta nuestras necesidades, la necesidad de educación y salud en los pueblos”, manifestó Manzanárez, quien tras ser aprehendido en abril del año pasado, acusado de la muerte de un presunto agente paramilitar, fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional (AI).

600 desaparecidos en cuatro años

Raymundo Díaz Taboada, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), reveló que en su organización han documentado 600 casos de desapariciones en Guerrero desde 2005, todas ellas ocurridas en lo que va de la actual periodo, del gobernador Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.

“Tenemos un estado crucificado. El gobierno dice que hay garantías, pero la realidad es que se trata sólo de un discurso que no se apoya en hechos y el marco legal que nos protege resulta insuficiente”, manifestó.