lunes, 22 de junio de 2009

El ERPI confirma la sospecha de nexos entre narco y el estado: ONG

Visiita de diputados a Las Ollas y Las Palancas denota desconfianza a nuestra labor, reprochan

Fuente: La Jornada de Guerrero


Exigen al Congreso y al gobernador medidas cautelares para pobladores de esas localidades

Castigo contra militares agresores y seguimiento a quejas levantadas por Coddehum, demandan

CITLAL GILES SANCHEZ

El coordinador del Taller Comunitario de Desarrollo (Tadeco), Javier Monroy Hernández, dijo que las declaraciones del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) confirman los señalamientos de diversas organizaciones sociales que grupos paramilitares están al servicio del gobierno del estado y del cacique Rogaciano Alba para violentar los derechos de los indígenas.

Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero (COMS) calificó como “fuera de lugar” que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local acuda a Puerto las Ollas y Las Palancas a constatar las agresiones de los militares, pues consideró que debería elaborar un punto de acuerdo donde exijan medidas cautelares para esas familias.

Consultado sobre las declaraciones del ERPI que un grupo de narcoparamilitares al servicio del gobierno secuestró, torturó y ejecutó a los dirigentes mixtecos, Raúl Lucas y Manuel Ponce, Monroy Hernández aseguró que aunque había sospecha de que el crimen fue de Estado, no tenían esa información “tan precisa”.

“La manera en que se dieron los asesinatos hicieron notar que había una intervención del Estado, pero no teníamos algo tan preciso de que habían sido sicarios que actuaron coludidamente con policías y eso que expresa hoy el ERPI viene a confirmar la hipótesis”, manifestó.

La COMS criticó que los diputados locales anuncien una visita a Las Ollas y Las Palancas, pues “pone en duda no sólo el trabajo de las organizaciones y organismos de derechos humanos sino también reduce la labor de la Coddehum (Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos) que fue a levantar actas de lo sucedido”.

Agregó que la labor del Congreso local es atender el llamado de los habitantes y no poner “en tela de juicio” el trabajo de las organizaciones sociales y organismos civiles, lo cual corresponden a las autoridades.

Por tal motivo exigieron al Congreso local y al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo atender las demandas de las víctimas y no dejar el caso “rezagado ni en la impunidad”, y solicitaron medidas cautelares así como la reparación integral, física, moral y económica de los daños a los pobladores de Puerto las Ollas y Las Palancas.

Además pidieron el seguimiento a las quejas levantadas por la Coddehum y la Comisión Nacional del Derechos Humanos; respetar el Estado de Derecho, y castigar a los elementos castrenses involucrados y a las autoridades responsables de las agresiones así como la salida inmediata del Ejército de las comunidades.

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