Escrito por Elizabeth Cuevas Villalobos
Viernes, 15 de Mayo de 2009 00:00
CUERNAVACA. Diferentes organizaciones de abogados se unieron para exigir al Ejército Mexicano detenga el abuso y los excesos en los que incurren los militares durante las acciones instrumentadas en diferentes puntos del estado. Los juristas que signaron un exhorto dirigido a Leopoldo Díaz Gómez, general de brigada de la 24 zona militar, subrayaron su llamado enérgico para que los elementos de las fuerzas castrenses dejen de abusar de la ciudadanía.
Los abogados mostraron casos de “abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y, en algunos casos, hasta golpes”. José Antonio Rodríguez Montoya, presidente de la Barra de Abogados, expresó que es necesario el respeto a la legalidad y a las garantías constitucionales.
“Esta situación que sucede en nuestros estado nos exige demandar que se frenen esos abusos y demandar mejor seguridad pública, procuración y administración de justicia”. Los abogados pidieron a los gobiernos estatal y federal poner un alto a los excesos en los que se han visto involucrados militares, elementos preventivos y policías ministeriales.
Durante la lectura del comunicado, el representante de la Barra de Abogados reprochó que los materiales tecnológicos y de armamento que han sido entregados a las corporaciones policiales sean usados contra la población, a la cual están obligados a resguardar, y no contra la delincuencia que opera sin mayores problemas.
En la conferencia de prensa, Cipriano Sotelo Salgado, representante de la Asociación de Penalistas; Enrique Paredes Sotelo, del Colegio de Abogados; el jurista Carlos de la Rosa Seguridad y el ex procurador José Luis Urióstegui Salgado coincidieron en la urgente necesidad de frenar los evidentes casos de violación de derechos humanos, cometidos por militares en distintos lugares de la entidad.
Septuagésima González es una víctima más de los militares que cometen excesos y, abusan a merced de las mismas autoridades, de la población. La mujer es madre de tres hijos y, durante la entrevista, intenta controlar las lágrimas que se mezclan entre el coraje y el temor de que los militares regresen nuevamente a su domicilio, para amedrentar a su familia y robarles lo poco que tienen.
La madrugada del 15 de abril pasado no se borra para la familia González Cornelio, quien repentinamente recibió la visita de más de un centenar de militares que sin más trámites la acusaron de secuestro y, junto con su esposo, la remitieron a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), de donde horas más tarde obtuvo su libertad, porque no había elementos que la culparan.
Sin embargo, al llegar a su casa, la mayoría de sus pertenecías habían desaparecido: muebles, dinero y algunos artículos de joyería. “Entraron a la casa, rompieron el portón, sacudieron nuestra casa y nos llevaron a la Procuraduría, nosotros tenemos mucho miedo de que regresen, porque estamos dando a conocer esto que nos sucedió a nosotros”, relata la mujer que se frota las manos e intenta contener el llanto, pero su mirada no puede ocultar el miedo.
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