viernes, 17 de abril de 2009

Acoso enfermizo del gobierno federal contra sindicato minero



Fuente: La Jornada de Zacatecas

El presidente Felipe Calderón es una marioneta del propietario de Grupo México: dirigente

Redacción

Cierran filas en la defensa de los trabajadores de Cananea, en huelga desde hace 21 meses

VEREMUNDO CARRILLO-REVELES Y FRANCISCO JAVIER SORIA

“Es inconcebible que el Presidente de la República se pase literalmente la Ley del Trabajo por el arco del triunfo y permita el despido de trabajadores de Cananea, violando el derecho a huelga, lo que demuestra que él y Javier Lozano son meras marionetas de Germán Larrea, dueño de Grupo México”, señaló J. Jesús Jiménez, delegado en Zacatecas del sindicato minero.

En entrevista vía telefónica desde Cananea, Sonora, el dirigente manifestó que el despido de mil 200 mineros que mantenían una huelga desde hace 21 meses sienta un antecedente negativo en contra del movimiento que se lleva desde el mismo lapso en el complejo de San Martín, en Sombrerete, al demostrar la complicidad de las autoridades, que en un primer momento reconocieron como legal la huelga.

El delegado, que junto a un contingente de 80 trabajadores de San Martín apoya a los obreros de la sección 65 en Cananea, a pesar del riesgo que podría representar para la mina zacatecana el actual precedente, confió en que el respaldo de la administración estatal evitará despidos: “la gobernadora siempre nos ha apoyado y sabemos que ella nunca permitirá un atropello contra los derechos laborales como éste; el gobierno de Zacatecas no es como el de Sonora”, indicó.

Jiménez manifestó que los mineros zacatecanos permanecerán en la ciudad del norte el tiempo que sea necesario y no descartó posibles enfrentamientos, al alertar que en los alrededores de la mina se apostaron alrededor de 80 camiones con elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP).

A finales de julio de 2007 estalló al mismo tiempo la huelga en los complejos de Cananea, San Martín y Taxco, Guerrero, los tres propiedad de Grupo México, bajo distintas justificaciones; sin embargo, con un fondo común: el no reconocimiento de dicha empresa a Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (Sntmmsrm).

En el caso de San Martín, considerada como la mina subterránea más grande del país, el argumento principal es la falta de medidas de seguridad. El complejo producía a diario un promedio de 4 mil 500 toneladas de mineral, principalmente plata y zinc, y su planta laboral total era de casi mil 200 trabajadores, entre sindicalizados, de confianza y contratistas.

Solidaridad del FSSP

Por separado, en conferencia de prensa, José Santos Cervantes, miembro de la Coordinación Ejecutiva del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), a nombre del gremio expresó “su más amplia y combativa solidaridad a los compañeros mineros”.

En torno a las condiciones en las que se encuentra el Sntmmsrm y su dirigente, afirmó que sufren un acoso “enfermizo de las autoridades federales”.

Indicó que las huelgas sostenidas por las minas de Cananea, en Sonora, la mina de Taxco, en Guerrero, y la de San Martín, en Sombrerete, lleva cerca de dos años “sin que las autoridades federales muestren la menor intención de resolver los problemas generados por la patronal y por el gobierno federal, que se ha puesto ostensiblemente al servicio del multimillonario Germán Larrea, explotador inmisericorde y carente de escrúpulos”, manifestó.

Subrayó que los mineros han sido víctimas de agresiones de las autoridades federales, como “el desconocimiento de la dirección sindical que los trabajadores han elegido”. Habló de las agresiones que los mineros han sufrido de las autoridades con la policía y el Ejército, con un saldo de dos muertos y cientos de heridos en Michoacán en 2006.

Expuso que en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, hay 65 mineros muertos como resultado del “crimen industrial” cometido por Germán Larrea en complicidad con las autoridades. También mencionó los múltiples intentos de los gobernantes por sustituir a los dirigentes sindicales, “la dolosa calificación de inexistencia de tres huelgas”, a las que mediante juicio de amparo se declararon existentes.

Asimismo, precisó que el gobierno de Felipe Calderón congeló cuentas bancarias que son propiedad de los trabajadores, provenientes de cuotas sindicales, además de la detención arbitraria e inconstitucional de los líderes sindicales Carlos Pavón Campos y Juan Linares Montúfar.

Santos Cervantes aludió a la amenaza que enfrentan los huelguistas de rescindir el Contrato Colectivo de Trabajo de los mineros en Cananea, pertenecientes a la sección 65 del Sntmmsrm. En la conferencia de prensa, informó del despliegue de 10 camiones de la Policía Federal Preventiva (PFP), que la mañana del miércoles se atrincheraron en la periferia de la mina de Cananea para actuar en caso de una orden de desalojo.

A raíz de esos hechos, el FSSP anunció su “apoyo y combativa solidaridad a los compañeros mineros”, y exhortó a todos los sindicatos del país a hacer lo propio, para impedir los atropellos al sindicato en mención y evitar un precedente que atente contra los sindicatos obreros del país.

Finalmente, exigió a las autoridades, en particular a las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Gobernación (Segob), que cesen su actitud violatoria de la Constitución y las leyes vigentes; que dejen de agredir a los trabajadores mineros y sus sindicatos y abandonen la función que cumplen de “alcahuetes” de Germán Larrea y el Grupo Industrial Minera México.

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