Nuevo testigo también implica al alcalde de Ayutla en el caso na savi

El teléfono celular de la regidora Castro y otros líderes fueron intervenidos, revela

“Mejor no abran la boca porque sale caro”, habría amenazado el priísta García Rendón
Por intimidaciones, familiares de los dirigentes de la OFPM evaden hablar del doble asesinato

CITLAL GILES SANCHEZ (Enviada)

Fuente: La Jornada de Guerrero

Ayutla, 16 de marzo. Días antes de que los defensores de los derechos de los na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueran secuestrados, algunos ediles, entre ellos la esposa de Lucas, la regidora Guadalupe Castro Morales, fueron amenazados por el alcalde priísta Armando García Rendón, incluso sus teléfonos fueron intervenidos, reveló uno de los testigos, quien pidió reservar su identidad.

A casi un mes de que los dirigentes fueron encontrados asesinados mediante torturas, según las evidencias, algunos vecinos de El Ranchito y La Cortina, de donde eran originarios Lucas y Ponce, así como amigos y familiares, evaden hablar del tema por temor a las amenazas y represiones de las que han sido víctimas. Apenas hacen comentarios.

Uno de los testigos reveló que días antes de la desaparición de los líderes indígenas los teléfonos celulares de los regidores que apoyan a la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) fueron intervenidos, ya que al iniciar alguna conversación escuchaban en la línea otras voces y conversaciones, lo que anteriormente no sucedía.

Comentó que antes de la desaparición de Lucas y Ponce, el alcalde García Rendón amenazó a los ediles que simpatizaban con la OFPM al pedirles que dejaran de denunciar los abusos en las comunidades indígenas, porque les “podría costar muy caro”.

Relató que “ese día sí fue una advertencia para conducirnos por un buen camino; el presidente nos dijo ‘por favorcito compañeros, estamos en tiempos complicados, me preocupa la inseguridad y violencia que vivimos en Ayutla, así que mejor no abran la boca porque sale demasiado caro hacer señalamientos indebidos’; nosotros sí lo sentimos como amenaza, una advertencia de lo que pudiera venir”.

Otro entrevistado rechazó que los dirigentes hayan estado vinculados con la delincuencia organizada, como lo quieren hacer ver las autoridades, y señalaron que fue un crimen político que viene del presidente municipal, a quien acusaron de intentar callar las voces y los movimientos sociales de Ayutla, como la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y la OFPM.

Amigos y familiares de Raúl Lucas exigieron que la PGR atraiga el caso, ya que lamentaron que a la fecha la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha hecho nada para investigar el doble asesinato, y rechazaron que hayan identificado a los responsables, como declaró el director de la Policía Ministerial, Erit Montúfar Mendoza.

“No es cierto que ya tienen a los sospechosos, son chivos expiatorios porque sabemos que ya le quieren dar carpetazo, como en otros casos delicados, porque no vemos que la justicia la encausen como debe ser, porque no vemos ninguna claridad”, reclamó uno de los familiares de Lucas Lucía.